La represión habilitada:
indígenas bajo
sospecha,
fuerzas de seguridad
e intereses
privados por los territorios.
11 de mayo de 2018
Los asesinatos de Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel en el marco de operativos represivos en territorios reclamados
como indígenas. La construcción del “enemigo interno” y el fantasma de la RAM. El “problema de la
tierra” como parte de una agenda mediática y política que se impone. Las
memorias históricas de las conquistas militares de territorios infértiles que,
a partir de desarrollos tecnológicos recientes, se valorizaron y adquirieron
nuevo interés. La Ley de Emergencia Territorial Indígena de 2006 y sus límites.
Este artículo nos ayuda a comprender mejor los contornos de la “cuestión
indígena” que sacudió el 2017 y que se instala como un asunto ineludible para
pensar alternativas al neoliberalismo. Por Marcelo Musante
Son “terroristas”, son “usurpadores”,
“están armados”, son “chilenos”. Todas estas adjetivaciones sobre el pueblo
Mapuche, entre muchas otras, ocuparon las tapas y pantallas de los grandes medios de comunicación durante los últimos meses.
El 1 de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional
ingresó de modo ilegal al Pu Lof en Resistencia de Cushamen en Chubut y
reprimió violentamente. Ese día, en ese marco, desapareció Santiago Maldonado,
que estaba acompañando a la comunidad mapuche en el corte de ruta. El 17 de octubre
fue hallado muerto en el Río Chubut.
Poco más de cien días después, el 25 de
noviembre, fue asesinado por el escuadrón Albatros de la Prefectura Argentina
el joven mapuche Rafael Nahuel. Tenía 22 años. La autopsia reveló que la bala
fue de una pistola nueve milímetros. Un arma policial. Del operativo formaron
parte cinco fuerzas de seguridad: la Policía Federal , la Gendarmería Nacional ,
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de Río Negro y la Prefectura Naval. Cinco
fuerzas de seguridad en un operativo absolutamente desmedido en términos de
relación de fuerzas para desalojar a una decena de familias indígenas en las
inmediaciones del Lago Mascardi en Bariloche .
A partir de la desaparición de
Maldonado, se construyó desde el primer momento una campaña mediática para
blindar la acción del gobierno obstinado en proteger a la Gendarmería Nacional
en su responsabilidad por el asesinato. La ministra de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich, desligó instantáneamente a la fuerza de seguridad. Lo mismo
hizo tras el asesinato de Rafael Nahuel con la Prefectura. Expresó
públicamente el apoyo al accionar de las fuerzas para desalojar el territorio.
Poco después, sus palabras fueron avaladas por la vicepresidenta
Gabriela Michetti y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El
cerramiento de filas tras un discurso único fue unívoco.
Una sola verdad, la verdad del discurso de las fuerzas de
seguridad que es avalado por los funcionarios del gobierno y al que se sumaron
irrestrictamente los medios de
comunicación hegemónicos.
Para justificar la represión violenta, indiscriminada y masiva de
las fuerzas policiales y militares, anulando unilateralmente las instancias de
diálogos en los casos de ambos conflictos, se requirió encontrar un culpable.
Se construyó un enemigo interno, la RAM (la Resistencia Ancestral
Mapuche ), que justifique la necesidad de una nueva política
de “mano dura” definida por el gobierno en términos de seguridad interior.
El Estado y los medios
de comunicación construyeron un enemigo público como la RAM, lo caracterizaron
con definiciones como antiestado, anticapitalistas, y le crearon atentados
nunca reivindicados. En este caso, sería la primera organización terrorista en
la historia de la violencia política en el mundo que no se autoproclama un
atentado. Diferentes dirigentes y organizaciones mapuches niegan la existencia
de la RAM. Nadie
retoma esas palabras en los titulares. La verdad ya está preconfigurada.
Definir la peligrosidad de la RAM,
caracterizarlos en su supuesta y ex profesa “no argentinidad”, volvió los
discursos a teorías ya perimidas y rebatidas desde muchos años en las ciencias
sociales, de que los mapuches son chilenos y que por lo tanto no tienen derecho
a ocupar esas tierras. Ese giro en el sujeto de análisis implicó que cada vez
que se pretenda hablar sobre los asesinatos de Santiago Maldonado o Rafael
Nahuel en el marco de represiones, se hará hincapié en la ilegitimidad de la
demanda mapuche.
Se diseñó un enemigo interno a medida.
Un enemigo interno que ya había sido elegido cuando se necesitaron las tierras
para ser entregadas a los grandes terratenientes de la Sociedad Rural Argentina
en las Campañas del Desierto a fines del siglo XIX.
Si para las campañas militares se
necesitó construir al mapuche como malonero y salvaje, ahora se lo reinventa
como parte de una organización terrorista armada que ocupa ilegítimamente rutas
y territorios.
El movimiento simbólico es el mismo:
definir negativamente al indígena como colectivo social para habilitar la
represión legítima del Estado. Los beneficiarios de la ecuación son los mismos:
el Estado y el capital económico concentrado. Los que financian también. Si
antes lo fue la
Sociedad Rural ahora lo son grupos empresarios como, por
ejemplo, Benetton y Lewis en el sur o la empresa Manaos , de
Orlando Canido, en Santiago del Estero, por mencionar un caso en otra región.
El objetivo discursivo fue doble. Por
un lado, ocultar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y, por el otro,
ser fértil a una renovada avanzada de intereses privados, estatales y
mediáticos sobre las tierras indígenas de todo el país.
Para eso, los medios
hegemónicos incluyeron un eje más en el avance de este objetivo, que fue
nacionalizar el conflicto por las tierras en el sur poniendo en cuestión la
legitimidad de las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas
de todo el país.
En este sentido, la nacionalización del
conflicto implica un intento de disciplinamiento de lo particular a lo general.
Mostrar la nueva forma violenta de resolución de los conflictos en el sur y
sostener ese accionar a través de los discursos gubernamentales y mediáticos
implica “avisar” lo que puede pasar en situaciones similares en otros lugares.
Los discursos y los desalojos
Un año atrás, el entonces ministro de
Educación de la Nación, Esteban Bullrich, anunciaba en Choele Choel el inicio
de una nueva campaña al desierto. El lugar elegido era el mismo en el que Julio
Argentino Roca iniciaba la avanzada militar sobre los territorios mapuches en
1879. Nada es casualidad.
Los discursos y la necesidad de
desalojos de las tierras ocupadas por las comunidades es un sinfín circular que
regresa de modo constante. El “problema de la tierra” comenzó a ser un tema de
agenda mediática. Siempre en relación con la propiedad territorial. Siempre en
relación con la legitimidad de las comunidades indígenas para habitar sus
territorios.
Esos territorios que son los que el
propio Estado nacional les habilitó tras ser corridos en las diversas campañas
militares del sur y el norte. Esos territorios que eran infértiles y no
importaban a las oligarquías del momento. Esos territorios que no tenían agua
ni posibilidades. Esos territorios en los que debieron reorganizarse las
familias mapuches y tehuelches del sur, los huarpes en Cuyo, los diaguitas en
el noroeste o los wichí, qom, pilagá o moqoit en la región chaqueña, por
mencionar a solo algunas de las más de cuarenta etnias de nuestro país.
Esas tierras que ahora, con el
desarrollo de las nuevas tecnologías, se valorizaron y adquirieron interés para
los capitales privados y para el propio Estado. Esas tierras secas de la meseta
patagónica que ahora pueden ser útiles para la extracción de hidrocarburos a
través del fracking.
Esas reservas de litio en la puna
jujeña que despertaban menos interés que la belleza de los salares y que ahora,
por ser el mineral utilizado para las baterías de teléfonos celulares y
computadoras, se transformaron en una preciada joya para empresa mineras
extranjeras. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el Presidente de la
Nación, Mauricio Macri, se reunieron en junio de 2017 con los representantes de
las firmas SQM, Sociedad Química y Minera de Chile, Lithium Americas (Canadá),
que operan a través de Minera Exar SA y Sales de Jujuy SA, una creación de
Orocobre Limited (Australia) y anunciaron las ventajas y millones de dólares
que lloverán a la región.
Las comunidades indígenas denuncian la inconsulta por esos
acuerdos en sus territorios.
Esas tierras del Chaco que siempre
fueron olvidadas por los dueños de la pampa húmeda y que desde los noventa, con
los nuevos tipos de semillas de cereales, permitieron un corrimiento de la
frontera agropecuaria a costa del desmonte y avance del sector privado sobre
tierras fiscales cedidas a las comunidades indígenas.
Y entonces se produce la tríada de acciones consecuentes. Se
invisibiliza y/o deslegitima el reclamo indígena, después se lo estigmatiza
tornándolo en peligroso para el progreso y finalmente se resuelve con el avance
violento sobre el territorio por medio de represiones y desalojos.
Lo que se hizo explícito no es que las fuerzas de seguridad se
extralimitaron en las represiones que terminaron con los asesinatos de
Maldonado y Nahuel, sino que es el modo en que el Estado y sus fuerzas de
seguridad visibilizan el “problema indígena” y la manera en que proponen
“resolverlo” mediante el uso de la violencia institucional.
Los límites de la Ley 26160
En el marco de las campañas discursivas
mencionadas se desarrolló en el Congreso de la Nación el debate por la prórroga
de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Una ley promulgada en 2006 que
pone en cuestión los conflictos por la tierra de los que son víctimas los
pueblos originarios en nuestro país. La legislación promueve la suspensión de
los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento territorial con la
participación estatal e indígena. La prórroga de la ley se terminó de aprobar
en noviembre. Era fundamental que en medio de esta coyuntura así sea, en
términos simbólicos y fácticos.
Al principio, la prórroga había intentado
ser tratada sobre tablas en el Senado pero el proyecto no prosperó. Había un
interés claro del oficialismo por no prorrogarla y el resto de los bloques
mayoritarios tampoco quisieron dar la discusión.
Con el paso de los días, desde el
gobierno comenzó a cambiar la idea sobre cómo se debía votar. ¿A quién le
serviría votar en esta coyuntura político mediática en contra de la ley? La
evaluación de costos/beneficios que planteaba ameritaba la continuidad de la
prórroga.
De todos modos es importante señalar los límites de la ley y
plantear que es apenas un paso necesario para que sigan funcionando como un
cierto freno a los desalojos pero que no implica un cambio de situación en la relación Estado /pueblos
indígenas.
La Ley 26160 lleva once años y sus resultados son disímiles. Al
ser de carácter nacional y su aplicación provincial hizo que en muchos lugares
los relevamientos no se hayan concluido o que recién se estén iniciando. Sobre
todo en provincias con más presencia indígena como Neuquén, Salta, Jujuy, Formosa
y Chaco.
Incluso, desde la vigencia de la ley,
en 2006, hubo desalojos en muchas provincias. Por ejemplo, en 2013 en Santiago
del Estero la imagen de la policía provincial apuntando y gatillando en la
cabeza de familias de la comunidad tonocoté es una postal de una violencia
feroz y perversa. La ley enuncia el freno a los desalojos pero no alcanza para
oponerse en los territorios a los poderes locales ni muchos menos a los
intereses empresarios ligados a ellos.
Los incendios de casas en La Primavera,
Formosa, en 2010, con la represión de la misma Gendarmería
Nacional que finalizó con la muerte del qom Roberto López; la represión Paichil Antriao
en 2009 con las cenizas de los hogares mapuches y los ojos moreteados por los
palos gendarmes; y la ocurrida en el Lof en Resistencia Cushamen en la que
asesinaron a Santiago Maldonado, son algunos ejemplos con la ley en plena
vigencia.
A los días de aprobada la prórroga
ocurrió el violento intento de desalojo de la comunidad Lafken Winkul
Mapu, en la zona del lago Mascardi. La nueva prórroga ya tiene un muerto,
Rafael Nahuel.
Si la prórroga es planteada como un cambio de paradigma en la
mirada del Estado sobre los pueblos indígenas será un error. Los discursos
mediáticos no se frenan con la
ley. Los desalojos muchas veces tampoco. Las discusiones
deben ser más profundas. Por ejemplo, en el avance del reconocimiento efectivo
de la propiedad indígena de la tierra y de las entregas de títulos comunitarios
a las comunidades.
Si los mapuches siguen siendo “chilenos, usurpadores o
terroristas”, la ley no alcanza.
Si grupos económicos concentrados como Benetton, IRSA o
Grobocopatel siguen adquiriendo tierras y corriendo la frontera agropecuaria
“legalmente”, la ley no alcanza.
Si el glifosato de Bayer/Monsanto sigue bañando los territorios,
la ley no alcanza.
Si el fracking es la práctica del futuro (y del presente) o si la
minería a cielo abierto y a gran escala es la norma, la ley no alcanza.
La lógica planteada responde al modo en
que se construyó el Estado-nación a partir de un genocidio que no está puesto
en debate y que sigue considerando a los pueblos indígenas como sujetos con
accesos restringidos a ciertos derechos ya reconocidos por ley.
El violento proceso mediante el cual se
sometió a los pueblos indígenas tiene aún consecuencias en el presente y es el
que retroalimenta una situación de subalternidad. La desigualdad en el modo en
que como sociedad conceptualizamos al indígena continúa teniendo raíces en ese
genocidio constituyente. Ese genocidio sigue obturando la manera en que el
Estado reconoce (o no) a las comunidades originarias.
Reconocer el genocidio como un proceso de
largo plazo implica poder comprender el complejo desarrollo de una relación
marcada por la negación, el despojo y la violencia.
Las comunidades indígenas no son “pobres”
porque sí, no tienen los índices socioeconómicos y sanitarios más bajos del
país como grupo social porque sí. Este presente se explica en un proceso
histórico y ese mismo proceso histórico es el que explica que sea tan difícil
discutirlo en la actualidad.
Mientras no se dé ese debate, las
identidades indígenas seguirán siendo “sospechosas”, sus territorios
ilegítimos, sus posesiones serán ocupaciones delictivas y la represión quedará
como única respuesta de acción.
Más aún en esta reconfiguración política en la que las fuerzas
policiales tienen la libertad propia de la lógica del mercado. El mantra
filosófico del laissez faire, laissez passer. Un “dejar hacer” que en los
términos actuales del ejercicio de la violencia represiva está significando un
recrudecimiento voraz de la criminalización de la protesta con un carácter
disciplinador para el conjunto de la sociedad.
Fuente: http://www.anred.org/?p=95411
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