Tengamos presente que los K ilusionaron con un capitalismo que no concretaron por inexistente y ahora vuelven a mentirnos que nos salvamos con otro gobierno, el suyo. Pero la realidad oprobiosa del sistema es descrita en la nota siguiente.

El capital €$pañol en el saqueo 

de Amèrica Latina:

Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo.

12 de mayo de 2018

 

El Régimen de la Transición (1) y el capital español en el saqueo de América latina Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo.

Por Ángeles Maestro *

 

“Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”. Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina.

A. La construcción reciente del capitalismo español.

A.1.- Chorreando sangre y lodo.

Una nueva sucesión de golpes de Estado², más o menos encubiertos, recorre nuevamente América Latina en un intento de revertir las alianzas aintiimperialistas que siempre han tenido a Cuba como eje y que Chávez recreó. Los tambores de guerra contra la Venezuela Bolivariana no dejan de resonar, buscando nuevas vías tras el brutal escenario de violencia fascista protagonizado en 2017 por una “oposición” criminal financiada y dirigida por multinacionales extranjeras, como ha ocurrido una vez tras otra en la desangrada Patria Grande. La novedad desde el golpe contra Chávez en 2002 es que los resortes que mueven la banda armada que perpetra el crimen están dirigidos, también, por capitalistas y políticos españoles.

Marx nos recordaba que el capital llegó al mundo chorreando sangre y lodo³ y que el expolio y el genocidio fueron condiciones necesarias para la existencia del capitalismo.

Sangre y pillaje a las clases populares europeas y a los pueblos originarios que resistieron el saqueo, y lodo de la miseria moral y la ignominia de la cruz y la espada que, en América Latina, fueron mayoritariamente españolas. Las dimensiones del exterminio no hicieron temblar la mano de nuestros patriotas: se calcula que en 1492 había 65 millones de habitantes en América Latina. En 1700 quedaban 5 millones.

 

Si pudiera parecer que los más de cinco siglos transcurridos es remontarse demasiado para abordar lo que pasa ahora mismo, baste recordar las palabras del cónsul español Pablo Sánchez Terán en Córdoba (Argentina) en 2004 durante el discurso conmemorativo del 12 de octubre. Toda su zafia estupidez transparenta el relato imperial español: “..estarían mucho peor hoy bajo el dominio de las civilizaciones indígenas..(…) mucho peor estarían o estaríamos bajo las civilizaciones incaicas, aztecas, mapuches, sioux, apaches, que han sido idealizadas por historiadores y antropólogos, cuando es bien conocida su división en castas y su carácter imperialista y sanguinario”.⁴ Estas palabras eran pronunciadas mientras Rodrigo Rato, a la sazón director del FMI, presionaba al presidente Kirchner para reducir el gasto social, aumentar el ya importante superávit fiscal argentino (2,6%) y a destinar más fondos al pago de la deuda externa. En ese tiempo también, Repsol estaba consiguiendo enormes beneficios tras la compra de IPF en 1999⁵.

 

Esa gigantesca adquisición a precio de saldo – por la cual se calcula que el pueblo argentino perdió 10.000 millones de dólares⁶ – convirtió a la privatizada petrolera española, de un país sin apenas petróleo, en la mayor petrolera privada de América Latina y la décima del mundo.

En el imperialismo, dice Galeano, la primera división internacional del trabajo es la que hace que unos países se especialicen en ganar y otros en perder. Y el papel de perdedores se ha asignado siempre mediante la violencia. Exactamente la misma violencia que se aplica cada vez que un pueblo intenta sacudirse el yugo de la dominación y adueñarse de sus recursos, atentando inevitablemente contra la sacrosanta propiedad privada del capital local y, sobre todo, del extranjero.

 

Desde comienzos del siglo XX, en América Latina, la espada es empuñada siempre en primer lugar el imperialismo de EE.UU. Y detrás se esconde, vergonzante, el capitalismo de otros países europeos. Washington también dirige la amenaza de intervención militar que se cierne sobre Venezuela, con sus siete bases militares en la vecina Colombia (ya miembro de la OTAN desde la firma del Acuerdo de Cooperación Militar en mayo de 2017), la base instalada en la Amazonía peruana y la nueva base de Alcántara en Brasil⁷

 

Lo nuevo y lo que nos vuelve a situar a los pueblos del Estado español en primera línea de la responsabilidad histórica ante los pueblos agredidos, es el papel destacado de multinacionales y gobiernos españoles en el nuevo saqueo de América Latina – mediante las privatizaciones – y la consiguiente cooperación con el narcotráfico y los paramilitares para sembrar el terror en la resistencia popular.

A. 2 .- Las privatizaciones: una nueva acumulación “originaria”

La respuesta del capitalismo a la crisis iniciada en la década de los 70 y al auge mundial de los movimientos obreros revolucionarios y de las luchas de liberación nacional fue doble: la imposición de drásticas políticas de ajuste estructural y el elemento facilitador: la implantación de salvajes dictaduras.

A. 2.a.- Dictaduras para imponer el “Consenso”.

Las dictaduras de Ferdinand Marcos en Filipinas (1972) y la de Pinochet en Chile (1973), ambas apoyadas por EE.UU, e inmediatamente después sostenidas por el Banco Mundial ejemplifican la llegada de las políticas neoliberales a sangre y fuego, como todo periodo de drástico saqueo de las clases populares. El asesinato de miles de dirigentes de la izquierda y la generalización del terrorismo de Estado, extendido a la mayor parte de América Latina a partir del epicentro chileno, modificó radicalmente la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Tras la derrota se llevó a cabo el nuevo expolio: privatizaciones masivas, reducciones del gasto social, reformas laborales y fiscales a beneficio del capital y, sobre todo, garantías de protección absoluta para los nuevos dueños de empresas y recursos naturales.

La llegada al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y sobre todo la derrota de la emblemática huelga minera de 1984-1985 ⁸ marcó la entrada en la Europa capitalista de las políticas neoliberales. Esta derrota del sindicalismo combativo fue posible por el aislamiento de la lucha del sindicato minero por parte de la mayor parte de los sindicatos británicos y del sindicalismo europeo integrado en la CES9, El carácter ejemplificador de esta derrota cambió también la correlación de fuerzas – esta vez mediante el soborno y la integración definitiva del sindicalismo occidental oficial en el aparato del Estado; sindicatos que, tras la II Guerra Mundial, ya habían aceptado los límites impuestos por el capitalismo (no intentar la conquista del poder político por la clase obrera) y su efímero Estado del Bienestar¹⁰.

 

El Consenso de Washington (1989) formalizó el conjunto de políticas imperialistas de “ajuste estructural” impuestas a los países de la periferia que, tras el terror de las dictaduras militares, podían ser ya materializadas y generalizadas mediante el soborno de las élites locales (mucho menos costoso desde el punto de vista político). El pretexto era hacer frente a la gigantesca Deuda externa pública que, como es bien sabido, fue promovida por las potencias imperiales. Al respecto, es emblemático el discurso de Thomas Sankara sobre el asunto en la Cumbre de la Unión Africana (julio de 1987) analizando el origen de la Deuda y proponiendo un frente unido para no pagarla y ..”para evitar que nos hagamos asesinar aisladamente. Si Burkina Faso, solo, se negara a pagar la deuda, ¡yo no estaré presente en la próxima conferencia!”. Tres meses después caía asesinado.

 

El paquete de medidas exigido a los países periféricos para acceder a préstamos del FMI y el BM – intensificando así su dependencia – iba destinado a contener la caída de la tasa de ganancia y a asegurar lo que bien puede llamarse una segunda acumulación originaria. Consistía en facilitar el saqueo de recursos naturales y de empresas públicas mediante privatizaciones, reducir la fiscalidad del capital que conllevaba la minoración del gasto social en aras de contener el déficit, establecer drásticas contrarreformas laborales y eliminar todo tipo de trabas a la inversión extranjera directa.

A.2.b.- La Guerra Civil, el Régimen de la Transición y la UE en la génesis del capitalismo español.

En el Estado español el golpe de Estado y la victoria fascista en la Guerra Civil sirvieron para el expolio tanto del patrimonio de los vencidos, como de la propiedad pública republicana. Tras tres duros años de guerra llegó la matanza o la cárcel, pueblo a pueblo, de quienes la Dictadura consideraba “rojos”, y que, por supuesto, se acompañó del robo masivo de sus bienes. Los bienes nunca fueron devueltos y decenas de miles siguen enterrados en las cunetas de las carteras, mientras todos sus asesinos viven o han muerto impunes.

Esa la acumulación de capital robado puso los pilares del nuevo capitalismo español. El escritor Oriol Malló lo expresa con contundencia: “Todas las multinacionales españolas presentes en América Latina son, en última instancia, hijas del triunfo de la insurrección fascista en España de 1936. El BBVA, el Banco de Santander, Abengoa, Iberdrola o Unión Fenosa comparten este elemento fundacional. El ciudadano medio apenas imagina que la mayoría de consorcios que dominan la economía española surgen del triunfo franquista en la guerra civil”¹¹

 

Basten dos ejemplos: el Instituto de Reforma Agraria republicano expropió a la Duquesa de Alba la finca las Arroyuelas en 1933 entregándosela a 80 campesinos pobres de Carmona (Sevilla). La dictadura franquista devolvió a la aristócrata la propiedad de la finca y fusiló a varios de los jornaleros adjudicatarios¹². Algo semejante ocurrió con la eléctrica Fenosa. El empresario José Quiñones, republicano progresista, era propietario de la empresa Electra Popular Coruñesa. Fue asesinado por los sublevados en 1936 y todos sus bienes fueron confiscados. Electra Popular fue otorgada al millonario amigo de Franco, Pedro Barrié de la Maza. Este la fundió con su empresa Fábrica de Gas y Electricidad, naciendo así Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA)¹³.

 

En Europa occidental fue la Comunidad Económica Europea (CEE) la encargada de disciplinar gobiernos y asegurar – con las diferencias impuestas por la lucha de clases – la implantación de exactamente las mismas políticas. En 1986 se produjo el ingreso de España en la CEE apoyado por la izquierda del Régimen de la Transición¹⁴ quien ocultando que el “Bienestar” tocaba a su fin y que el capitalismo en crisis engendraba una nueva fase, las de las políticas neoliberales, la defendió argumentando que se trataba de entrar en una Europa-paraíso de derechos sociales y laborales. Ese mismo infundio sirvió al PSOE – con el silencio cómplice de las dos grandes centrales sindicales CC.OO. y UGT – para plantear que la entrada en la OTAN era el imprescindible “peaje” que debía pagarse para llegar al edén europeo¹⁵.

 

La adhesión de España a la CEE (1986), el Acta Única (1987) y, sobre todo, el Tratado de Maastricht (1992) impusieron condiciones drásticas que implicaban privatizaciones masivas para poder acceder a la Unión Económica y Monetaria. Este marco normativo y todos sus desarrollos proporcionaron el referente jurídico y lo que es más importante, la legitimación política, para que los gobiernos del PSOE y después del PP llevaran a cabo el desmantelamiento del sector público empresarial (siderurgia, minería, construcción naval, etc) y la privatización de las grandes empresas públicas, incluida la banca Argentaria.

El desmantelamiento de la industria pesada, la minería o los astilleros, una buena parte en manos del Estado, así como en gran medida la agricultura y la ganadería, fueron condiciones para el ingreso en una CEE hegemonizada por el capital francés, y sobre todo, por el alemán, que liquidaban así la competencia para sus productos y ganaban grandes cuotas de mercado. En este proceso se destruyeron 2.700.000 empleos públicos estables.

Las dimensiones de la desindustrialización relacionada directamente con la adhesión a la CEE y la implantación del euro son enormes: entre 1970 y 2009 el peso total de la industria en el PIB pasó del 34% al 15%¹⁶ La colaboración de las cúpulas de las dos grandes centrales sindicales, CC.OO y UGT aseguró que las duras luchas obreras que se dieron en cada empresa quedaran asiladas y no se ofreciera una resistencia integral y potente al desmantelamiento agropecuario y sobre todo industrial, llamado eufemísticamente “reconversión”.

 

Si el Estado en el capitalismo sirve indefectiblemente a las clases dominantes, en el Estado español desde la Guerra Civil el capitalismo español ha dependido directamente del Estado para desarrollarse. Antes de cada privatización, la inmensa mayoría iniciadas por el PSOE, el gobierno propiciaba fusiones y grandes inversiones públicas destinadas a modernizar la empresa en cuestión. Una vez producida la rápida acumulación derivada de la compra a precio de saldo de empresas prestadoras de servicios públicos en régimen de cuasi-monopolio se emprendía la expansión internacional, sobre todo hacia América Latina, también de la mano de los gobiernos de turno. Y los altos cargos de esos gobiernos, incluyendo presidentes de gobierno y ministros, se cobraron los servicios prestados sentándose en los consejos de administración de empresas que ellos y ellas habían privatizado y que se convirtieron en tiempo récord en multinacionales¹⁷.

Las privatizaciones empresariales masivas comenzaron a mediados de los 80 y conocieron su mayor auge durante toda la década de los 90, aunque después la venta de empresas públicas haya continuado con menor intensidad¹⁸. Una tras otra, las directivas europeas iban colaborando en la liquidación de los sectores públicos “para abrirlos a la competencia”. Se generaba así otra nueva acumulación de capital, la de un capitalismo en crisis que no arriesga nada porque compra a precios ridículos monopolios de servicios públicos que venden a una clientela cautiva.

La maniobra se inició tres años después de la victoria electoral del PSOE con mayoría absoluta¹⁹. En 1985 había 130 empresas públicas directas y alrededor de 850 empresas públicas filiales de ámbito estatal. En 1999 la mayor parte había sido privatizada.

Entre 1985 y 1992, además del comienzo de la entrada de capital privado en gran escala, lo más relevante fue la reestructuración de todo el sector público empresarial, curiosamente mientras se decía que “la mejor política industrial es la que no existe”. Se acometieron grandes inversiones estatales y fusiones con el objetivo de hacer competitivos internacionalmente a determinados sectores para, se decía desde el Gobierno, aumentar así los ingresos del Estado.

El proceso de fusiones fue espectacular. “Nueve empresas públicas del sector del petroquímico y del gas fueron absorbidas por Repsol, que pasó así a ser no solo la primera empresa del sector sino también la primera empresa industrial española. Cinco empresas públicas del sector del aluminio fueron fusionadas en Inespal. Seis empresas públicas del sector de la electrónica fueron absorbidas por Indra. Ocho empresas públicas del sector de la alimentación fueron adquiridas por Tabacalera. Las acciones de todas las empresas públicas eléctricas fueron adscritas patrimonialmente a la más importante, Endesa, pasando ésta a ocupar una posición de dominio en el sector eléctrico español. Algo parecido se llevó a cabo con los diferentes bancos públicos (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial) que fueron fusionados en una nueva sociedad creada al efecto en 1991: Argentaria, quien poco tiempo después acabaría convertida en la A del Banco Bilbao Vizcaya. Las empresas públicas de la siderurgia (las principales: Ensidesa, AHV y Siderurgia del Mediterráneo) fueron fusionadas en una nueva empresa pública creada al efecto: Corporación Siderúrgica Integral (Aceralia). Y estas nuevas gigantescas empresas públicas surgidas, reforzadas o ampliadas como consecuencia de los procesos de reestructuración /concentración anteriores, (Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Argentaria (Banca pública), Aceralia son las que fueron privatizadas poco tiempo después mediante la venta de acciones, culminándose el proceso en 1999”²⁰.

Todas estas empresas fueron privatizadas entre 1992 y 1999 en una mano a mano perfecto entre el PSOE y el PP. El objetivo de toda esta auténtica planificación industrial no era, obviamente, aumentar los ingresos del Estado sino convertir a las llamadas joyas de la corona en empresas rentables para inmediatamente después ser entregadas al capital privado.

Por otra parte nuevas reformas fiscales iban reduciendo progresivamente la presión impositiva sobre el capital, con la correspondiente disminución de ingresos de la hacienda pública.Se autocumplía así la profecía del aumento del déficit público. Creada la enfermedad, llegaba la medicina: establecer topes de déficit inferiores al 3% del PIB. Se lograban así los verdaderos objetivos: reducir el gasto social y privatizar lo público rentable. (…)Leer