Ecuador, historias del modo de operar
de varias instancias gubernamentales.
25 de mayo de 2018
"El capitalismo, sus corporaciones y
cadenas de supermercados no han sido capaces por sí solas de implementar un
sistema de eficacia semejante a los del campesinado, de modo que su opción
mercantil radica en torcer las reglas para impedir procesos autónomos de
producción de alimento propio y para la humanidad como hasta ahora lo
hacen".
Por
Fernanda Vallejos
Llevan más de diez
años administrando su banquito comunitario. Algún proyecto de desarrollo les
entregó un fondo no reembolsable que ellas decidieron continuar. Ellas se pusieron
las reglas y las aprobaron en asamblea. Como es difícil aportar voluntariamente
dinero (ese bien escaso en las comunidades), acordaron ponerse un interés más
alto —así el fondo se incrementaría. Llevan más de una década autogenerando
micro-inversiones familiares: cuyes, borregos, gallinas, chanchos, frutales,
chancheras, cuyeras, gallineros, lo que hiciera falta para que sus crianzas y
producciones les generaran ingresos. Nadie más haría algo así por ellas, no son
sujetos de crédito, no tienen títulos de propiedad, muchas ni saben leer. Cada
mes en asamblea se producían los pagos y para entonces, ya estaban en lista de
espera las nuevas beneficiarias. El dinero servía para lo que tenía que servir,
circulaba, no cabía depósito en instituciones financieras, pues rotaba. Bastaba
que la directiva administrara y alguna compañera que supiera llevar las
cuentas.
Así llegaron a juntar
20 mil dólares que se movían sin parar, permitiendo que las mujeres hicieran
mejoras, resolvieran situaciones críticas como gastos funerarios o escolares.
Como este banco, cientos se conformaron a lo largo de las comunas andinas,
todos regentados por organizaciones de mujeres. Un día, el Ministerio de
Inclusión Económica y Social, lanzó un concurso en el que se premiaría al grupo
de mujeres por el mejor banquito comunitario. Este grupo se presentó y ganó.
Como premio recibieron 3 mil dólares para incrementar al fondo. Hubo fotos,
abrazos con la ministra, palabras de agradecimiento. Poco más de un mes más
tarde, un equipo de auditores se presentó en la casa comunal pidiendo cuentas
al grupo, informándoles que la ley les obliga a tener un/a contador/a
registrado y formalmente contratado (es decir con afiliación al Seguro Social);
que todos los bancos comunitarios deben registrarse ante el Estado y aquellos,
como el suyo, cuyo monto es más alto deben presentar balances anuales y contar
con el respaldo de una entidad financiera formal; es más, no pueden cobrar ese
interés pues serán acusadas del delito de usura. Si no hacen lo que está en la
ley incurren en delito. El premio resultó muy caro.
Son las 6:30 de la mañana. Hay enorme
revuelo entre las comunidades de Toacazo. El único autobús de esa hora se
accidentó: hay muertos y heridos. Todos son niños y jóvenes de edad escolar que
deben tomar ese único turno para llegar a la Unidad Educativa
del Milenio en el centro parroquial, pues sus escuelas interculturales fueron
cerradas y por ley deben asistir allá. También por ley está prohibido el
transporte comunitario. La principal causa de muerte en el país son los
accidentes de tránsito. Muchos involucran transportes colectivos; sin embargo,
tienen licencia para circular. A las comunidades van las unidades más viejas y
deterioradas. Para el Estado, las camionetas comunitarias son las peligrosas,
aun cuando quienes las conducen son padres, tíos, hermanos, amigos de quienes
transportan, aun cuando presentaron propuestas de adecuación de sus vehículos
para mejorar las condiciones de seguridad. El transporte comunitario es ilegal.
La quinoa forma parte
del policultivo de la
chacra. Generación tras generación las familias andinas han
sembrado quinoa junto al maíz, el fréjol, el zambo y el chocho, o junto a la
papa las arvejas, la oca y el melloco. Hace casi dos décadas, gracias a los
contactos y gestiones de una ONG de la región, las comunidades encontraron
mercado en el exterior para su quinoa. La querían así, orgánica y campesina.
Por casi dos décadas, como hace mucho tiempo no ocurría, el producto fue el
mejor pagado en el mercado, más que la papa, lo que es mucho decir. El buen
precio trajo consigo una tendencia a desplazar la producción diversa por el
monocultivo de quinoa en minifundio, lo que con el paso del tiempo implicó la
aparición de enfermedades, la desnutrición de los suelos en esos pequeños lotes
y el consecuente descenso productivo. A despecho de esto seguía siendo un
producto “exitoso”. Tanto que los expertos lo notaron.
En una reunión de
presentación de su plan y metas anuales, técnicos del Ministerio de Agricultura
mostraban con orgullo sus constataciones y estrategias: la baja producción de
la quinoa se debe al uso de semillas no certificadas (semillas libres),
mediante nuestros técnicos extensionistas llegaremos hasta la última chacra, de
modo que en dos años no quede familia sin variedades mejoradas.Rosario es
beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano; mes a mes tiene que acercarse a un
banco privado a retirar su dinero. Para simplificarles el proceso, les entregan
una tarjeta de débito. Este bono le será retirado si se comprueba que no mandó
a sus hijos a la escuela, si no asistió con ellos a las citas en el centro de
salud y, curiosamente, si no compró comida nutritiva que debe adquirir con su
tarjeta de débito en una de las cadenas nacionales de supermercados.
María es una empleada
privada de clase media, sus ingresos familiares la colocan en el grupo que
cumple la base imponible del Impuesto a la Renta. Para
beneficiarse de las exenciones por el rubro de alimentación, debe acopiar
facturas de comida. Desde entonces ya no compra más en el mercado, ni a la
casera, ni en la
tienda. Facturas sólo tienen las cadenas de supermercados.
Romero es dirigente de
un sistema de riego, su organización recauda fondos entre los usuarios para el
mantenimiento de la
infraestructura. La recaudación permite colocar recursos para
la inversión productiva, pero la ley no se lo permite. Para el Estado los
regantes no son productores, ni son financieras; si quieren serlo tienen que
formalizarse conformando organizaciones para cada caso, con las complicaciones
burocráticas respectivas y con la obligación de vinculación al sistema
financiero formal.
Es más, para la ley no
hay productores diversificados, para cada rubro de producción debe conformarse
una organización. De este modo, un regante que produce frutillas y tomates de
árbol y requiere crédito para hacerlo, debe ser socio de cuatro organizaciones.
Por si fuera poco, la ley le prohíbe comercializar (como lo han hecho sus
padres y él hasta ahora) en canastas de carrizo, debe empacarlas en bandejas de
polietileno y láminas plásticas, lo contrario es ilegal. El coste adicional no
se incluye en el precio final.
Luz hace quesillo en
su casa, como lo hacían sus padres, y lo vende cada semana en las ferias
locales. Su producción no supera la docena de unidades por semana. Según la ley
esto está prohibido. El reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura indica
claramente el tipo de equipamiento que debe adquirir para la manipulación de
lácteos, envases de acero quirúrgico o inoxidable, agua hervida, paredes con
aislantes de humedad, rotulación etcétera, etcétera. El manual es una
transcripción de requerimientos para la industria láctea, traído de otros
lados. Luz no hace más que doce quesillos a la semana. Sin
certificación de BPM no puede vender, hacerlo es un delito. De la noche a la
mañana lo que siempre fue un trabajo honrado, devino en delito.La Junta de
Regantes lleva cuarenta años gestionando su sistema con autonomía. Fueron
comuneros y comuneras quienes lo construyeron a punta de mingas, lloraron la
muerte de compañeros, porque traer el agua de lejos por desfiladeros y cañadas
tiene sus riesgos. Jamás el Estado puso un centavo, ni asesoró, ni acompañó
nada. Un día, recibieron una carta del Gobierno Provincial, exigiéndoles la
presentación de balances, documentos que acrediten la contratación de un
administrador, planes anuales; según rezaba la carta, esta documentación les
permitiría evaluar si existe una adecuada administración del sistema, caso
contrario, ellos tomarían control de la Junta pues la ley así lo permite.
Según la Ley, las
semillas son patrimonio de las comunidades campesinas, pero la información
genética es patrimonio del Estado. El Estado asume la tutela sobre las semillas
y los saberes comunitarios que amorosamente los gestaron.
Todas estas historias
nos hablan de estrategias de deshabilitación. El capitalismo, sus corporaciones
y cadenas de supermercados no han sido capaces por sí solas de implementar un
sistema de eficacia semejante a los del campesinado, de modo que su opción
mercantil radica en torcer las reglas para impedir procesos autónomos de
producción de alimento propio y para la humanidad como hasta ahora lo hacen.
Las corporaciones necesitan del saber indígena y campesino, pero sujeto y
condicionado.
El Estado, coludido
con las corporaciones privadas, ha desarrollado un acabadísimo sistema
técnocrático-jurídico, para desarticular lo comunitario. El Estado se hace
cargo de imponer un mercado por toda la capilaridad de la sociedad. Que no
quede un rincón no capitalista, ni una sola comunidad en pie. Las
organizaciones propusieron Buen Vivir pero los políticos decidieron Buen
Consumir.
Tal vez por eso, ahora
que el bienestar de obsolescencia programada se termina, hay un retorno muy
fuerte de las golpeadas organizaciones nacionales, hacia sus comunidades.
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