Ya nada será igual
Venezuela y la crisis
de la civilización petrolera
30 de mayo de 2018
Por
Emiliano
Teran Mantovani (Aporrea)
Consumadas ya las elecciones presidenciales,
es necesario nuevamente subrayarlo: independientemente de cuánto tiempo dure
Nicolás Maduro como primer mandatario; independientemente de si las élites que
gobiernen en los próximos meses o años, sean militares, empresarios, derechas,
izquierdas, populistas, tecnócratas, socialistas, neoliberales, blancos, azules
o rojos; finalmente todos tienen y tendrán que enfrentar al desmoronamiento de
los viejos pilares de una economía, una sociedad, una nación que fueron
construidas en torno a un petróleo altamente rentable, fluido, abundante y
estable. Eso está llegando a su fin.
Y si sirve la metáfora del Titanic para pensar
nuestro rumbo actual, entonces agreguemos que en nuestro caso el barco no
navega en aguas tranquilas (como aquel), sino que está siendo sacudido por la
tormenta de la crisis energética global. Todo es parte del mismo proceso
mundial. Si usted está buscando una de las más claras expresiones de la crisis de la civilización petrolera,
pues ponga sus ojos en Venezuela.
¿A qué nos enfrentamos?
a) No
estamos en capacidad de predecir el rumbo de los precios internacionales del
crudo:Durante
el boom de precios del petróleo en la década pasada, e incluso con el repunte
que se dio después de la debacle de 2009, numerosos analistas planteaban que
estos marcadores se mantendrían altos, debido a las necesidades de elevados
ingresos para cubrir los costosos proyectos de hidrocarburos no convencionales
que venían en auge –tales como los petróleos de esquisto o las arenas
bituminosas–, mientras que los crudos más rentables aprovechaban la renta
diferencial.
Este fue uno de los principales argumentos
sostenidos por analistas, asesores y propagandistas para justificar las
alucinantes metas de extracción petrolera para la Venezuela del futuro
(recordemos los 6 millones de barriles diarios para 2021, basado principalmente
en 4 millones sólo en la
Faja Petrolífera del Orinoco - FPO), lo cual sería la base
para llevarnos a ser una “Potencia Energética Mundial”.
Lo que planteamos no es una tajante afirmación
de que el petróleo se mantendrá en valores discretos, o bien afirmar, ahora que
vienen subiendo los precios, que logrará mantenerse en niveles altos, sino que la propia volatilidad se
está convirtiendo en la
normalidad. Si la economía venezolana depende completamente del
petróleo –y esto también es el resultado de haber orientado una política de
expansión del extractivismo– esto implica que el propio proyecto político y la
estabilidad social se volatilizan con el vaivén desenfrenado de los precios del
crudo.
b) Un
horizonte extra-pesado: chicos, el negocio ya no es tan rentable como antes: el progresivo declive de los crudos convencionales de las
cuencas petroleras tradicionales, junto con particulares intereses en el
desarrollo de la FPO nos han llevado a que la actual composición de los crudos
extraídos en Venezuela sean ya en su mayoría pesados y extra-pesados (casi el
60% del total).
Es necesario recordar que este tipo de
hidrocarburos son los más difíciles de extraer, difíciles de procesar, por
tanto más caros, generan mayores impactos socio-ambientales, requieren mayores
niveles de energía por unidad extraída y procesada, y en general son
económicamente menos rentables y representan inversiones más inestables.
Lo que nos parece más significativo de este
asunto, es que el problema va más allá del propio negocio petrolero y la salud
económica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Por el enorme significado que
tiene esta industria para el país, estamos hablando de una afectación
estructural de la rentabilidad del factor dinamizador por excelencia de la
economía nacional, y por tanto un límite histórico del modelo de acumulación
dominante, del capitalismo rentístico. Esto, además, impacta determinantemente
en las estructuras de poder construidas en torno al Petro-Estado e incluso en
todas las instituciones sociales, políticas y económicas alimentadas por la
renta petrolera.
Basado en estos y otros factores, en el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’
propusimos
en su momento una crítica al proyecto de la FPO y sus dimensiones faraónicas,
debido a la sensible relación entre el enorme nivel de inversión requerida en
pocos años –más de 240 mil millones US$–, los límites del modelo de acumulación
y gestión centralizada del Petro-Estado, la inestabilidad y financiarización
del mercado petrolero internacional y los peligros de potenciar un nuevo ciclo
de endeudamiento público (externo) y posterior proceso de acumulación por
desposesión. Todo esto en el marco de un proyecto país de proyección de mediano
y largo plazo, basado en una alta concentración del rol de los sectores
extractivos (más extractivismo). Hasta ahora las tendencias han apuntado
dramáticamente hacia la agudización de estos procesos críticos señalados.
No bastará la contra-propuesta de los
tecnócratas que anuncian que el problema se resuelve re-organizando la
industria sobre la base únicamente de criterios de eficiencia y rentabilidad. El petróleo es un
asunto político, en la medida en la que ha sido la base material de la
gobernabilidad en la Venezuela contemporánea, el factor posibilitante del sueño
de riqueza y progreso nacional. Así que en realidad, al volver a plantear que
el trozo de la torta para la población debe ser más pequeño, reavivará viejos
conflictos, atizará los actuales y creará otros nuevos.
c) Se
modifica el mapa de actores en el mercado energético mundial: es importante recordar el rol
internacional que desde décadas atrás ha jugado Venezuela, por ejemplo, en el
nacimiento de la OPEP en 1960. Su influencia internacional contemporánea ha
estado fundamentalmente determinada por su papel como un importante exportador
de crudos y su capacidad de construir coaliciones geopolíticas en torno al
petróleo. En este sentido, conviene resaltar dos factores: el primero, es que la
afectación estructural del proceso de acumulación de capital doméstico tiene
impacto en el rol político del Petro-Estado venezolano y por tanto afecta su
influencia internacional y su capacidad de negociación (elemento muy estudiado
por Bernard Mommer en ‘La cuestión petrolera’). El segundo factor, es que los
cambios en el mercado energético internacional han modificado el conjunto de
los grupos y bloques de poder que se configuran en torno a los hidrocarburos,
resaltando la pérdida de influencia geopolítica de la OPEP, el crecimiento de
algunos grandes productores no-OPEP a partir de sus reservas no convencionales
(como los mismos Estados Unidos) o el incremento de la importancia de los
sectores financieros en el negocio.
d) No
estamos en capacidad de saber cómo se comportará la brecha entre oferta y
demanda mundial de crudos en el futuro: Uno de los factores clave de la crisis energética global
es la brecha que se va configurando entre la demanda y la oferta mundial de
crudos. La demanda se proyecta en los próximos años a un incremento en términos
absolutos y por las crecientes necesidades de energía es claro que tiene una
base que a pesar de los factores de crisis y volatilidad se mantiene
invariable. Mientras tanto el mantenimiento de la oferta se enfrenta no sólo a
las limitaciones físico-geológicas del declive de las fuentes convencionales, sino
también a crecientes necesidades de inversión para mantener el ritmo expansivo
de la demanda.
Dichas inversiones se ven limitadas o
ralentizadas por la crisis económica global, la volatilidad de los precios de
los hidrocarburos y las tendencias anuales al incremento de los costos de
producción de los crudos a nivel mundial. La brecha entre demanda y la oferta
podría crecer. Esto supone una situación determinante y excepcional que tiene y
tendrá enormes repercusiones en todas las economías del mundo.
Esto obliga a re-evaluar el rol relativo del
petróleo en un mundo que podría apuntar al incremento proporcional de la
importancia de otro tipo de energías (sin que esto implique decir que el
petróleo deje de ser un commodity de gran importancia). Las presiones para
impulsar políticas ante el agravamiento del cambio climático o las expectativas
e iniciativas económicas (oportunidades de negocio) hacia otros mercados
energéticos refuerzan estas tendencias.
Al mismo tiempo, lo que ocurre en Venezuela
(incluyendo la actual debacle de la operatividad de PDVSA y las cuotas de
“producción” diarias) es también expresión de los factores que provocan este
desacoplamiento energético oferta-demanda, y las limitaciones que va teniendo
la propia industria petrolera. Además hace evidente una reflexión crítica sobre la
viabilidad de las inversiones en la ampliación del extractivismo en la FPO (ej.
tener que competir con crudos convencionales en un contexto de severa crisis
económica global y tendencias al crecimiento estacionario), y amarrar la
economía nacional a este tipo de proyectos.
Mientras tanto, antes de la actual situación
de emergencia para tratar de recuperar anteriores niveles de “producción”
(cuando se mantenían en alrededor de 3 millones de barriles/día), el Gobierno
nacional se ha tambaleado en la esquizofrenia discursiva de anunciar recortes
de la misma para favorecer el incremento de los precios internacionales
–acuerdos con productores mundiales y OPEP–, al tiempo que declara que el
proyecto de la
“Venezuela Potencia Energética” se basa en el incremento de
la producción hasta 6 millones de barriles diarios (emulando además la
propuesta neoliberal de los años 90).
e) La
larga crisis del capitalismo rentístico es también una crisis de los propios
mecanismos correctivos del sistema: el petróleo no sólo ha
generado renta; también ha constituido las estructuras de poder del
Petro-Estado, ha formateado las instituciones republicanas, y ha impactado
determinantemente en las esferas societales. Por lo tanto, una crisis del
modelo no es sólo económica: es también sistémica, integral y multidimensional.
En este sentido, la debacle de los circuitos del negocio
petrolero, y por tanto de los procesos de acumulación, van socavando las
propias capacidades para la captación, centralización y retención de la renta
petrolera, y por tanto la capacidad de respuesta del Petro-Estado (y las élites
gobernantes) para enfrentar la crisis y poner en marcha políticas coherentes
para salir de la
misma. Podríamos decir que la historia de Venezuela de los
últimos 40 años es también la de la relación entre la crisis del modelo de
acumulación y la crisis de hegemonía.
Por estas razones, es imperioso mencionar que
el incremento de la conflictividad política nacional ha potenciado estas
dinámicas, llevando la resolución de las crisis al plano de la confrontación
por medidas de fuerza. Las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de
los Estados Unidos contra PDVSA y, en general, bloqueando operaciones
financieras con Venezuela, atacan estas vulnerabilidades descritas, al tiempo
que buscan ser detonantes de un colapso de amplia escala.
Es en todo este marco crítico en el cual la
corrupción hace metástasis, y aparece como uno de los principales mecanismos de
captura y distribución de la renta, motorizada por una relativamente
desordenada disputa de intereses particulares para apropiarse de los excedentes
rentísticos. Al mismo tiempo, esta precariedad de la economía formal, le ha
dado cabida a un extraordinario auge de las economías informales. Estos
factores representan la emergencia de múltiples puntos de fuga fragmentados
para confrontar la crisis, que antes que rasgos cooperativos, parecen ser
fundamentalmente competitivos.
f) Ecología
política y economía ecológica del petróleo: los “daños colaterales” del
desarrollo rentista se han vuelto sencillamente insostenibles: la historia del desarrollo del capitalismo rentístico es
también la historia del progresivo socavamiento de los medios
ecológicos de vida de los y las venezolanas, principalmente al norte del río
Orinoco. Esta zona septentrional ha sido altamente degradada (ej. un 50% de su
superficie ha sido deforestada) y la población va sintiendo cada vez más la
sensible precariedad que se ha establecido en la distribución ecológica (veamos
por ejemplo la grave situación actual del agua). El proyecto de la FPO tendría
consecuencias ambientales devastadoras –como lo explicamos detalladamente en
“El Fantasma de la Gran
Venezuela ”– y mucho más si los dispositivos para la
recuperación de la tasa media de ganancia apuntan a la radicalización de las
externalizaciones ambientales. Una proyección de mediano y largo plazo de este
extractivismo petrolero es simplemente irrealizable en términos ecológicos y
constituye un salto al vacío.
Buscar alternativas: las bases materiales de
una coalición popular contra-hegemónica
Los nuevos
escenarios del petróleo y los
hidrocarburos marcarán la geopolítica global, los patrones energéticos, y en
especial a las economías estructuradas en torno a los crudos. Marcará a
Venezuela y al propio desenlace de la crisis actual, como ya lo está haciendo
en la actualidad.
Debemos prepararnos y tratar de trascender los delirios
retóricos o económicos del extractivismo.
Lamentablemente los líderes de los principales
grupos políticos hacen caso omiso de esta situación, poniéndonos en una
condición sumamente crítica y vulnerable. No es sólo el gobierno de Nicolás
Maduro, sino también los delirios extractivistas que tuvieran Henrique Capriles
Radonski –“Petróleo para tu progreso”–
o Leopoldo López –“Petróleo en la Mejor Venezuela”–
como modelo de país para el futuro. Todos comparten la misma receta expansiva.
Preocupa la consciente evasión para generar debates públicos,
inclusivos y verdaderamente vinculantes de temas tan medulares como estos, que
en cambio no se discuten, o se tratan con slogans y superficialidades. También
inquieta la permanente desestimación y omisión de alternativas que surgen desde
diferentes actores políticos y sectores de las organizaciones sociales. Por
ejemplo, las posibilidades de invertir en la recuperación secundaria en pozos
convencionales que aún tienen en promedio una vida de 60 a 70 años, suficiente
tiempo para financiar una transición de modelo; el aprovechamiento de la
capacidad instalada para la producción económica y generación de energía;
relanzamiento productivo de tierras ociosas y el incentivo a las iniciativas
productivas existentes (en vez de ser atacadas); una política fiscal que cargue
a los sectores económicamente más poderosos; entre muchas otras.
Estamos ante una situación de cambios
significativos y esto supone la activación de novedosos mecanismos políticos,
sociales y epistémicos para enfrentarla. Planteamos que, un camino diferente,
productivo, inclusivo y participativo, y ecológicamente sustentable, no será
impulsado desde las élites políticas y económicas del país, sino que tendrá que
venir como propuesta impulsada y peleada desde las bases sociales, sobre todo
las más organizadas.
Sabemos que esta crisis ha impactado
notablemente el campo popular, sus horizontes, sus energías, sus tejidos, sus
esperanzas. No queda más que comenzar a crear a partir de lo existente,
reinventarnos, reencontrar las potencialidades de un pueblo que ha sabido
ocupar las calles por sus demandas, que ha sabido ser torbellino, enjambre,
épica. Pero debemos insistir: necesitamos otros códigos, otros sentidos
comunes, otras valoraciones, otras subjetividades. Esta crisis está también
sostenida por los paradigmas epistémicos y antropológicos de la cultura del
petróleo.
Más allá de la retórica, creemos que es
posible orientar una coalición popular contra-hegemónica a partir de dos de los
factores materiales fundamentales que rigen la organización de la vida: la
distribución económica y la distribución ecológica. Es decir, para nuestro
caso, la confluencia entre demandas por mayor justicia en la distribución de la
renta petrolera y las luchas contra el extractivismo en los territorios.
Respecto a la primera, creemos que un factor que
puede nuclear movilizaciones de grupos muy diversos tiene que ver con la
creación e impulso de una amplia plataforma para una auditoría de todas las
cuentas públicas: asignación de presupuestos y partidas, inversiones en
proyectos, adquisición de deuda pública (en especial la externa o
externalizada), y un largo etcétera. Este tipo de propuesta ha sido impulsada
en otros países y en Venezuela se ha promovido desde organizaciones como la
Plataforma para la
Auditoría Pública y Ciudadana y el Capítulo Venezuela del
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA). Lo ideal es
lograr formas variadas de participación popular en dichas auditorías, así como
poder impulsar la formalización de mecanismos permanentes de contraloría social
de las cuentas públicas, como los llamados “Gobiernos electrónicos o
“e-gobiernos”.
En relación a la distribución ecológica, es fundamental hacer
visible que la propia existencia y distribución de la renta está determinada
por los diferentes proyectos extractivistas, que suponen impactos
territoriales, socio-ambientales, culturales y, en general, económicos
negativos. Esto supone vincular directa o indirectamente a las organizaciones y
bases movilizadas por las auditorías públicas con los diferentes conflictos y movilizaciones
que se producen en el país en torno a la defensa de los bienes comunes y de la
justicia ambiental (piénsese en las múltiples protestas por el acceso al agua
que se desarrollan en el país), y poder evidenciar tanto el origen de la cadena
de desigualdades, explotación y pobreza, conocer el conjunto de las injusticias
que genera el modelo de desarrollo, así como la necesidad de una integralidad
de las luchas por la reproducción social de la vida.
Se trata inclusive de un proceso altamente
pedagógico para el propio campo popular, como ha ocurrido en otros países
latinoamericanos en los últimos años, en torno a la coalición de diversas
luchas económicas, políticas y ecológicas.
El Arco Minero del Orinoco, mega-proyecto propuesto por el Gobierno
nacional para enfrentar la crisis estructural del modelo rentista petrolero,
revela tal vez con mayor claridad la confluencia de muchos de los factores
críticos descritos: el impulso de falsas soluciones (salir de la crisis creada
por el modelo extractivista, con más y nuevo extractivismo), la opacidad de los
convenios y acuerdos, el respaldo de la deuda asumida irresponsablemente con la
mercantilización de la naturaleza de nuestros territorios, y los múltiples
impactos socio-ambientales que conllevará el proyecto.
Estos factores materiales son uno de los más sensibles a la
población y constituyen tanto algunas de las urgencias inmediatas para
confrontar la situación con justicia social y ambiental, como la apertura de
más espacios para discutir y confrontar los temas medulares que tienen que ver
con el propio modelo de sociedad que queremos y que no queremos. Es apenas una
propuesta más para empezar a nuclear voluntades.
*Emiliano Teran
Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político e investigador asociado
al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES). Participa en el Grupo
Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo
y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.
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