“El Arco Minero es hoy,
una política de ajuste”.
Entrevista a
Emiliano Teran Mantovani
18 de octubre de 2018
Teran concibe la nueva
serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica
extractivista aceptada sin críticas. Sostiene que hay alternativas a una
economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que
produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y
desarrollo.
Por Cira Pascual Marquina (Venezuelanalysis)
Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología
Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del
Arco Minero del Orinoco. Teran concibe esta nueva serie de megaproyectos como
la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. En
esta entrevista, sostiene que hay alternativas a una economía basada en la
extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado
resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.
CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero
en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el
proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?
ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo
Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería
posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael
Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión
pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto
que desregulaba la
Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es
donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el
Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de
alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron
completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que
permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.
Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una
lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los
proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De
hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el
proceso bolivariano) siguieron esa lógica.
En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de
Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto
conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera
del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la
extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una
extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que
es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos
propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.
Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes.
No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo
impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar
el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva
en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas
de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción
de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir
la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.
CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que,
en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso
se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y
pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía
popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?
ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez,
la Faja Petrolífera
del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron
iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de
acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era
fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia
(frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco
declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio
que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera
[también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto
ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la
misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.
Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero
tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del
modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la
naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el
típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes
monetarios de abajo hacia arriba.
Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización
–es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de
los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional
basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un
estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de
excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.
Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales.
Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical
de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido
desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales,
restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso
significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.
El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su
encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue
declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total,
de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso
presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática,
derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano,
etc.
El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona
militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial
como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto
2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los “intereses
nacionales”, y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie
de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto
2.248.
Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las
consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta
magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana
de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos
indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de
forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo,
indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes
cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando
el proyecto minero.
Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están
notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie
sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser
informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho,
pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa
en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta “minería
ecológica”, pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia
acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades
industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero
representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo
más radical, un camino neoliberal muy radical.
CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta.
¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo,
sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias
primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a
las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa
posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las
naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?
ETM: No estoy seguro de
estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince
años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una
lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones
tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta,
como si no hubiera otras opciones.
Repasemos uno de los argumentos típicos: “Necesitamos abrir esta
nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar
nuevos proyectos de monocultivo de soja”. ¿Y por qué necesitamos hacer esto?
Porque necesitamos divisas para el desarrollo.
Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre
cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro
territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si
observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las
materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares
ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una
nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese
dinero?
Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender
la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura
da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera
determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico.
En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la
gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de
consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y
promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.
Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo,
también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y
Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En
Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que
además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.
¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un
ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina
fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por
ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas
del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que
aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.
Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de
abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la
única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos
naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios
de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece:
más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por
supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin
embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque
la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.
Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería
tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por
ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad
proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta
los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente
la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri , la
principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación
de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las
refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.
Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son
silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando
adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia
producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la
nación.
CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear,
protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?
ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa
movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se
ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las
bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso
una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social
involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos
relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.
Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda
ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha
contra esta nueva forma deextractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay
alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino
diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela.
Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos
permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.
Entrevista original en inglés: aquí
Traducción: OEP
Publicado por OCMAL
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-Arco-Minero-es-hoy-una-politica-de-ajuste-.-Entrevista-a-Emiliano-Teran-Mantovani
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