México: Megaproyectos extractivos, principal problema de pueblos
indígenas
23 de octubre de 2018
El modelo de desarrollo basado en megaproyectos
extractivos, la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia son
algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en México, resaltó
la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en
la presentación del informe elaborado tras su visita al país en noviembre de
2017.
“Recibí denuncias
reiteradas de proyectos mineros, hidroeléctricos, de
hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, de infraestructura
y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y adecuadas,
sin consentimiento libre, previo e informado”, detalló Tauli-Corpuz, también
líder indígena del pueblo kankanaey-igorot de Filipinas.
La relatora especial determinó que la
ausencia de una ley nacional sobre consulta no exime al Estado mexicano de
implementar procesos de consulta conforme a las declaraciones y tratados
internacionales.
De acuerdo con el informe, existen múltiples
denuncias de uso desmedido de la fuerza, abusos cometidos durante operaciones
militares y desplazamiento forzado contra comunidades indígenas.
En el caso de las mujeres indígenas, el
acceso a la justicia es particularmente grave, consideró Tauli-Corpuz, dado el
alto número de femicidios y el nivel de impunidad existente. A este escenario
se suman otras problemáticas como la violencia obstétrica y la violencia sexual
cometida por militares.
Por otro lado destacó que los gobiernos
autónomos y juntas de buen gobierno en Chiapas han ayudado a la realización del
derecho a la salud y a la educación, y que las policías comunitarias indígenas
en Guerrero y Michoacán han contribuido a la administración de justicia, en
donde las autoridades son ineficientes.
Entre las recomendaciones realizadas
por la relatora figuran la sustitución de políticas asistencialistas por un
enfoque de derechos humanos; la reforma integral del régimen jurídico agrario;
el desmantelamiento, desarme y sanción penal de grupos paramilitares; el
procesamiento ante el fuero civil de militares que violen los derechos de los
pueblos indígenas y la adopción de medidas para que el sistema penal de
justicia no criminalice a los pueblos indígenas y a quienes los defienden.
Jan Jarab, representante en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, acompañó la presentación del informe y
destacó que en el contexto de transición política actual se deben resaltar los
efectos negativos de una economía basada en megaproyectos de extracción y
explotación de recursos.
Durante la presentación del informe,
Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, consideró que dadas las condiciones de pobreza “la brecha
entre ser indígena y no serlo es enorme”.
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