“Son 526 años de resistencia contra la opresión, el olvido
y la injusticia”
14 de octubre de 2018
Este 12 de octubre, conmemorando 526 años de lucha en
defensa de la dignidad y los territorios de los pueblos indígenas, el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la
Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras (PMSPH) convocaron a un
plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa.
Exigieron el cese de la persecución y criminalización de aquellos sectores que
recogen el legado de Berta Cáceres.
Por Giorgio Trucchi.
“Hoy, en el día de la resistencia de
los pueblos, nos
presentamos a denunciar que continúa en Honduras una política de exterminio en
contra de las comunidades, la negación del acceso a la tierra, el abandono de
las comunidades en las que la atención a las necesidades básicas son obligación
del Estado, y no de las migajas dadas por las empresas saqueadoras”, explica el comunicado que fue leído
por la actual coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres.
Es justamente
para luchar contra estas políticas saqueadoras que hace 25 años surgió el
Copinh, del cual Berta Cáceres fue cofundadora.
“Por la lucha de Berta para desterrar
el robo de nuestras comunidades es que fue asesinada hace más de dos años, sin
que hasta ahora el Ministerio Público dé resultados satisfactorios a la
sociedad hondureña y a la comunidad internacional que busca justicia”, continúa
la nota.
“¡Acusen a Desa!”
Durante la
actividad, Bertha Zúniga y miembros del equipo legal que acompaña a la familia
de la dirigente indígena asesinada entregaron una carta al fiscal general Óscar
Chinchilla.
En el
documento solicitan que el Ministerio Público acuda ante los tribunales “a
imputar el delito de asociación ilícita a la estructura criminal que se
constituyó desde la fachada de la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos SA
(Desa)”.
De acuerdo
con la denuncia, Desa habría ejecutado, de manera sostenida y durante varios
años, “una serie de ataques en contra del pueblo Lenca, del Copinh, de personas
opuestas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, incluyendo a nuestra compañera
asesinada”, se lee en el documento (Mire aquí el texto completo).
Desa es
titular de la concesión del proyecto Agua Zarca contra el cual Berta Cáceres y
el Copinh han luchado durante años.
Romper con la impunidad
“Venimos ante esta
institución para para exigir que se rompa con la
impunidad y se acuse a la
empresa DESA (…) como lo que es, una empresa criminal, una
asociación ilícita, responsable del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y
del pueblo hondureño. Existe evidencia clara y contundente -continúa el Copinh
en el comunicado- de la coordinación desde la dirección de la empresa a sus
empleados, para cometer actos criminales con el objetivo de parar la lucha del
Copinh (…) y acabar con la oposición de Berta”.
Durante una
improvisada conferencia de prensa, Bertha Zúniga exigió el cese de la
persecución y criminalización de aquellos sectores que recogen el legado de
Berta Cáceres.
“El día de
hoy nos sumamos a luchar hombro a hombro con otras comunidades indígenas,
campesinas, urbanas que padecen los mismos males, continuados y profundizados
por el régimen de Juan Orlando Hernández, que persigue judicialmente y
criminaliza a quienes encarnamos la lucha de Lempira, Berta Cáceres, Iselaca y
más”, dijo Zúniga.
“Animamos al
pueblo hondureño a no rendirse y seguir defendiendo la dignidad humana, las
riquezas naturales y la vida armónica. Rechazamos la maquinaria de muerte
sustentada en el extractivismo minero-energético, y les decimos a esas empresas
privadas abusivas y racistas que en nuestros territorios NO pasarán.
Estos 526
años de invasión de los territorios se han convertido en 526 años de
resistencia contra la opresión, el olvido y las injusticias”, concluye el
comunicado.
Sin lugar recusación de jueces
El pasado 25
de septiembre, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de
Francisco Morazán declaró sin lugar un recurso de recusación, presentado una
semana antes por el equipo legal de la familia de Berta Cáceres y el Copinh,
contra los jueces de la
Sala Primera del Tribunal de Sentencia.
El 17 de
septiembre, día del inicio del juicio contra ocho imputados del asesinato de la
dirigente indígena, los familiares habían introducido dos denuncias por abuso
de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negación
de justicia, que sirvieron para pedir la recusación de los jueces.
La decisión
de la Corte de Apelaciones de declarar sin lugar la recusación abre serias
dudas sobre la continuación del juicio.
Actualmente
las partes están esperando que el tribunal notifique la fecha en que se
reanudará el juicio.
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