En Entre Ríos se prohibió fumigar a menos de
Un fallo inédito por
la salud
9 de octubre de 2018
Por
Darío Aranda
Página/12
El dictamen responde positivamente a un pedido de amparo
presentado por el Foro Ecologista de Paraná. El juez Oscar Benedetto prohibió
fumigar a 1.000 metros
de las escuelas y a 3.000 en caso de que la aplicación sea aérea.
Por un fallo judicial sin precedentes, la justicia de Entre Ríos
prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las
escuelas. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las
aplicaciones son aéreas. Así lo determinó un amparo judicial inédito, que
protege todas las escuelas de la provincia, solicitado por asambleas y
organizaciones socioambientales. En paralelo, un proyecto de ley plantea la
emergencia ambiental y sanitaria en Entre Ríos.
Desde hace más de 15 años las organizaciones sociales y familias
fumigadas de Entre Ríos denuncian el avance transgénico. El Foro Ecologista de
Paraná es un espacio de referencia en la lucha por el ambiente sano en la región. El 22 de agosto
pasado presentó un amparo para proteger a los niños y trabajadores de escuelas
rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de
octubre.
“Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede
generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas
contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy
probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población
rural”, se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.
Ademas de las distancias de protección, el amparo es innovador
porque abarca a todas las escuelas de la provincia (que los denunciantes
precisan en 1023), afecta a todos los agrotóxicos (no sólo el herbicida
glifosato), suspende en horario de clases a cualquier distancia todas las
fumigaciones, ordena al Estado entrerriano a hacer estudios para analizar la
situación general de las afecciones en el ambiente y salud, y lo condena a que
en dos años se implanten barreras arbóreas a 150 metros alrededor de
todas las escuelas rurales.
Todos los martes desde hace casi una año se marcha frente a la
Casa de Gobierno de Entre Ríos contra las fumigaciones y el modelo transgénico.
La actividad, organizada por la “Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en
Entre Ríos. Basta es basta”, ya lleva 38 movilizaciones. También se manifiestan
en las ciudades de Crespo, Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria y Basavilbaso, entre otras.
“La movilización ha demostrado ser el camino para visibilizar,
fortalecer y conseguir los avances. Celebramos el reciente fallo de la justicia
entrerriana, representa un avance por la vida de les niñes y la comunidad
educativa entrerriana”, explicó la Coordinadora. Instaron
al Poder Legislativo a que declare la emergencia sanitaria y ambiental en la
provincia (existe un proyecto de ley presentado por el presidente de Diputados,
productor agropecuario y ex gobernador, Sergio Urribarri). “Se debe avanzar en
el fomento real a la agroecología para avanzar en un cambio positivo de la
matriz productiva. Queremos una vida sin agrotóxicos y con soberanía
alimentaria”, reclamaron desde la Coordinadora.
El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente
en la Ley General
del Ambiente (25675): “En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar
un criterio de precaución (...) El peligro inminente se materializa en la
amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destaco que la falta de certeza
científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la
improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible
soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible,
estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos”.
El juez señala que el avance de la soja transgénica “ha provocado
una profusa aplicación de tóxicos que repercuten en el medio ambiente y lo
contamina, de modo que resulta imprescindible ejercer un intenso control
estatal para prevenir al máximo posible los problemas de salud”.
En octubre de 2017, producto de la lucha de la docente Mariela Leiva
y del gremio docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
—que también intervino en el reciente amparo—), el Tribunal Oral de Concepción
del Uruguay sentenció que fumigar escuelas es delito y condenó a un empresario
fumigador, un piloto y un productor agropecuario a 18 meses de prisión por
fumigar la escuela rural 44 de Santa Anita. En marzo pasado, la escuela 54 del
barrio Perucho de San José fue fumigada en horario de clase. Hubo niños
intoxicados y decenas de evacuados.
El amparo que
protege las escuelas fue apelado por el gobierno provincial de https://www.pagina12.com.ar/147274-un-fallo-inedito-por-la-salud
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247494
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