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El
destino del “segundo vuelo”
sigue
enterrado en impunidad.
7 de octubre de 2018
LaRed21
Treinta y tres años después de los hechos, a
siete años de que el caso fuera denunciado por LA REPUBLICA y a cuatro años de
que la Fuerza
Aérea Uruguaya admitiera su existencia, el traslado ilegal de
uruguayos secuestrados en Buenos Aires, conocido como el “segundo vuelo” de
Orletti, sigue sin ser reconocido por el Ejército nacional.
El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del
Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a
Montevideo , de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en
Buenos Aires y torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron
entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos.
El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya
(FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro
Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la
plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto
Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter
Dopazzo.
Los 22 uruguayos eran militantes del Partido
por la Victoria del Pueblo (PVP)
que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en
sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación
represiva integrada por la
Policía Federal , la banda de Aníbal Gordon y militares
uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del
Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina
operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto
Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo
Medina y José Sande, además de un grupo de soldados.
Los traslados
Los operativos contra uruguayos en Buenos
Aires fueron parte del denominado “Plan Cóndor”, estructurado por los aparatos
represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,
Perú, Ecuador y Uruguay, donde la tarea estaba en manos del SID y del Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
El SID dependía de la Junta de Comandantes en
Jefe y el OCOA de la División de Ejército I y de su comandante en jefe. El
Vuelo 511 en 1976 fue coordinado por el coronel (av.) José Uruguay Araújo
Umpiérrez, entonces en el SID. Los secuestrados sobrevivieron un mes en el
centro de torturas “300 Carlos” del OCOA, antes de ser ejecutados.
La dictadura uruguaya ya había realizado
traslados de uruguayos en Argentina desde 1974. Aquel febrero trajeron al
tupamaro Antonio Viana Acosta y en noviembre a sus compañeros Floreal García,
Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Stefanell,
cuyos cuerpos aparecieron, habiendo sido fusilados, en Soca en diciembre de ese
año.
El traslado más numeroso se había producido
el 24 de julio de 1976, cuando otro avión de la Fuerza Aérea trajo un
“primer vuelo” de Orletti con otros 23 militantes del PVP, secuestrados entre
junio y julio, a quienes “blanquearon” en una falsa detención en el balneario
Shangrilá a fines de octubre y fueron procesados por la justicia militar.
Hoy se sabe que la mayoría de los uruguayos
secuestrados en el exterior terminaron siendo “repatriados” si no fallecieron
cuando su detención o durante la tortura. Hubo traslados en 1975, en los que los
detenidos fueron y vinieron a Argentina y también los habría en 1978, cuando se
trajo a militantes del GAU, el PCR y otros grupos.
La denuncia
La existencia del “segundo vuelo” de Orletti
fue denunciada el 17 de marzo de 2002 en LA REPUBLICA, tras una investigación
periodística iniciada en la revista “Posdata”, de donde se obtuvieron los datos
con los que el senador Rafael Michelini logró ubicar, en Argentina, a Simón,
hijo de Sara Méndez, 26 años después de su desaparición.
Los datos habían sido proporcionados por un
represor argentino, miembro de la banda de Aníbal Gordon, quien también informó
que todos los uruguayos secuestrados en Buenos Aires y llevados a Automotores
Orletti habían sido entregados a los militares uruguayos antes de que el centro
clandestino de torturas cerrara en noviembre de 1976.
Con la credibilidad que le daba la aparición
de Simón Riquelo, la fuente aportó nueva información, publicada en LA REPUBLICA
el 9 de junio de 2002, con la que se denunció que el “segundo vuelo” se
concretó el 5 de octubre de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya
viajó al aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires.
La ratificación del “informante” permitió
concluir que el “segundo vuelo” era motivo del “pacto de silencio” de los
militares uruguayos, quienes no querían admitir que las 22 personas traídas
desaparecieron simultáneamente y no murieron “accidentalmente” en la tortura,
sino que habían sido ejecutadas y enterradas en un cementerio clandestino.
La denuncia fue confirmada por una fuente
militar uruguaya, presente el día del arribo del “segundo vuelo”. Aportó datos
del vuelo 511 y los nombres de sus tripulantes, coordinador y receptor, según
publicó LA REPUBLICA el 2 de setiembre de 2002, en una nota donde se explicaba
que los detenidos fueron sacados en camiones del Ejército.
El silencio
La denuncia de LA REPUBLICA, pese a su
trascendencia, no tuvo repercusión en los grandes medios de comunicación y
tampoco fue considerada por la gubernamental Comisión
para la Paz que no incluyó el tema ni siquiera como hipótesis en el informe
final sobre los detenidos desaparecidos elaborado durante el gobierno de Jorge
Batlle.
El entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea , José
Pedro Malaquín, hizo silencio ante las acusaciones acerca de que había sido uno
de los pilotos del avión quien trajo al grupo de desaparecidos. Tampoco el
comandante del Ejército, general Carlos Daners, quiso hacer comentarios sobre
los secuestrados entregados a su fuerza.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2005, el
informe oficial de la
Fuerza Aérea Uruguaya sobre los desaparecidos, en respuesta a
una orden del Presidente Tabaré Vázquez, terminó por admitir que el “segundo
vuelo” del 5 de octubre había existido, aunque aceptó la participación de la
aviación sólo en el traslado.
El informe redactado por el comandante Enrique
Bonelli sostenía que la operación había sido ordenada por el comando de la FAU,
a pedido del SID, que coordinó el vuelo en el que los pilotos militares sólo se
limitaron a permanecer en la cabina de vuelo, sin saber cuántos ni quiénes eran
los detenidos transportados desde Argentina.
Bonelli, quien, posteriormente, reconoció
haber sido piloto del “primer vuelo” de Orletti, se negaría a informar a la
justicia sobre los nombres de sus fuentes en la investigación interna. Ni la
entrega de los pasajeros del “segundo vuelo” ni su destino fueron incluidos en
el informe sobre desaparecidos del Ejército que aún no ha reconocido su
entrega.
La justicia
En 2007, dos años después del informe de la
FAU, el caso del “segundo vuelo” de Orletti fue denunciado judicialmente, junto
a una serie de causas contra los mandos militares, por un grupo de abogados
defensores de los derechos humanos. El tema recayó en el juez de 19º turno,
Luis Charles, y la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze.
El caso se incorporó a otra denuncia conexa:
Secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba, uno de los secuestrados
en Orletti y posible pasajero del “segundo vuelo”, presentada en el juzgado por
sus familiares. Ambos casos fueron excluidos de la Ley de Caducidad por el
presidente Tabaré Vázquez.
La indagatoria judicial determinó la
responsabilidad de seis militares (Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira, Ramas y
Mauren) y dos policías (Medina y Sande) en la “privación de libertad” de Soba.
Ese grupo de militares que ya estaba preso por un pedido de extradición de
Argentina también fue procesado por el “segundo vuelo”.
El “segundo vuelo” de Orletti mantiene una
serie de causas conexas abiertas, entre las que se destacan la extradición del coronel Manuel Cordero, que había
fugado a Brasil, y el caso de María Claudia García de Gelman, trasladada en el
marco de ese operativo a Uruguay, donde, antes de desaparecer, tuvo a su hija ,
Macarena, actualmente recuperada.
También está pendiente el inicio de procesos contra
el coronel (av.) Araújo Umpiérrez, quien estuvo preso por un pedido de
extradición, no se otorgado, a Argentina y hoy se encuentra en libertad y el
soldado Ernesto Soca (detenido para su extradición a Argentina), reconocido
como uno de los subalternos que operó en Buenos Aires.
La impunidad
Aunque ocho militares y policías fueron
condenados por el “segundo vuelo” de Orletti., el caso evidencia la impunidad
que aún rige en Uruguay con la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión
punitiva del Estado (Nº 15.848), cuya anulación depende de la reforma
constitucional que se plebiscitará el próximo 25 de octubre.
Los militares y policías fueron procesados
gracias a la interpretación del artículo 4º de la mencionada ley realizada por
la actual administración de gobierno: Se entiende que no se incluyen los casos
ocurridos en el exterior, como los que implicaron la desaparición de niños ni
los que (como admite el artículo 3º de la norma) implicaron un provecho
económico.
En la actualidad, permanece bajo el amparo de la
impunidad la tortura, ejecución y enterramiento en Uruguay de los 22
compatriotas que fueron secuestrados en Buenos Aires, torturados en Orletti y
trasladados ilegalmente a Uruguay, lo que determina que no se obtenga
información sobre el paradero de sus restos óseos.
También permanece impune la “amnesia” de los
aviadores Malaquín, Pintos y Muñoz, quienes no recuerdan nada acerca de los
pasajeros del Vuelo 511, aunque la puerta del C-47 en que los trajeron se
encuentra en el extremo trasero de la aeronave y alguien debió recorrer todo el
pasillo para cerrarla al despegar y abrirla al aterrizar.
La impunidad aún cobija como institución al
Ejército, cuya investigación sobre los desaparecidos no dio resultados
positivos, mantiene escondidos los archivos y sus mandos hacen expresa su
voluntad de no continuar indagando, aunque las víctimas estuvieron en su poder
en el “300 Carlos” y fueron enterradas en una unidad militar.
Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2018/10/07/uruguay-42-anos-de-impunidad/
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