7 veces justicia x los 7
29
de junio de 2017
Desde el Enredando las
Mañanas del martes 27 de junio nos comunicamos con Alejandro Cabrera Britos
para hablar de la que será la séptima marcha
reclamando por justicia por la Masacre de Pergamino.
Por RNMA
El 2 de marzo de este año, siete jóvenes murieron
asfixiados y quemados tras un incendio en la Comisaría 1ª de Pergamino, en la
provincia de Buenos Aires. “7 jóvenes -podemos leer en la página Justicia x
los 7- que les cortaron todos sus sueños, proyectos, 7 historias de vidas
(...), 7 familias destrozadas, muchos niños sin padres, madres sin hijos, esposas
sin sus compañeros, hermanos desconsolados, amigos desgarrados, no queda nada
más que dolor. Y un solo grito VERDAD - JUSTICIA y CASTIGO”.
Por este brutal hecho se encuentran detenidos los
oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César
Carrizo y el teniente primero Juan Rodas, todos de la policía bonaerense y se
encuentra prófugo Alberto Sebastián Donza, el comisario a cargo de la Comisaría
1ª en el momento del hecho.
El próximo domingo 2 de julio a las 15 hs. se llevará a
cabo la séptima marcha exigiendo justicia en la ciudad de Pergamino y para
hablar de esto nos comunicamos en el Enredando las Mañanas con Alejandro
Cabrera Britos.
Cabrera recuerda en primer lugar el nombre de quienes
perdieron la vida en la comisaría, "fueron siete jóvenes, Sergio
Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Carlos,
"Noni" Cabrera y Fernando Latorre" para a continuación denunciar
que "se puede decir claramente que se trató de un homicidio múltiple
premeditado, donde la policía bonaerense, como estado presente en ese momento,
dejó que quedaran sin vida estos jóvenes luego de ser torturados, los dejó
incinerarse en los calabozos, donde interrumpió el suministro de agua de las
duchas y fueron los que, si bien parte de los relatos dicen que se inició un
foco ígneo por parte de los jóvenes, también hay relatos que dicen que los
policías de imaginaria tiraban restos de colchones encendidos a los
calabozos".
La situación que el defensor de DDHH relata es
escalofriante: "la temperatura de uno de los calabozos el 1, superó los
500 grados, a tal punto que se torcieron los barrotes y entre las barbaridades
que argumentan los policías, dicen que no encontraban las llaves. En la
reconstrucción del hecho con 19 personas, se constató que de los tres calabozos
del primer los gritos se escuchaban perfectamente en la parte administrativa de
la comisaría, y después se encendió humo y se pudo ver que, a pesar de que
muchos de los policías decían que no se podía observar el humo, éste se
observaba a casi una cuadra". De este modo, continúa, "un montón de
pruebas falsas que presentaron los policías se caen solas".
Además de los cinco policías detenidxs en la causa, se
encuentra aún prófugo Alberto Sebastián Donza, el comisario a cargo quien,
denuncia Cabrera, "está protegido por la misma bonaerense que lo viene
financiando, y aparentemente se dice que había un pacto con [el ministro de
Seguridad provincial Cristian] Ritondo, que lo tiene guardado por un pacto no
sé de qué clase, pero mafioso seguramente". Parte de esa protección se
activó un mes después de los hechos, cuando se dictó el encarcelamiento de los
policías, y el comisario "tuvo el aviso para poder fugarse". Mientras
tanto, los otros cinco efectivos policiales permanecen detenidos en una
comisaría de la ciudad de Rojas a pesar que tendrían que haber sido trasladados
a unidades penitenciarias cuando se dictó la prisión preventiva.
"No es un policía, es toda la
institución"
Cabrera relaciona las irregularidades presentes en la
causa y la campaña policial de amedrentamiento con el resto de la fuerza
policial, a la que califica como “una corporación que sigue protegiendo las
actitudes más sanguinarias de la bonaerense con el manual de Camps en la mano”.
Esto se plasma en los sistemáticos y diversos intentos de amedrentamiento que
han sufrido personas cercanas a las víctimas, ya que, relata, “la DDI de
Pergamino funciona como un grupo de tareas y viene amedrentando, amenazando,
pinchando teléfonos de los familiares en forma ilegal”. Por otro lado, “el GAD,
Grupo de Apoyo Departamental, está hostigando a los jóvenes en los barrios
precarizados, que tienen algún nexo parental” y, finalmente, en las unidades 49
y 19 de Junín del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde hay parientes de los
chicos, “han intentado asesinar a jóvenes, adonde también la Comisión Provincial
por la Memoria y el Comité contra la Tortura están informados y se han librado
habeas corpus para estos chicos”.
Las expresiones de esta corporación policial son
múltiples. “Hay cosas gravísimas -explica Cabrera-, hubo secuestro de testigos
por parte de la DDI de Pergamino que tuvieron que irse de Pergamino porque
fueron amenazados de muerte, hubo amenazas en mensajes a familiares, y también
mensajes mafiosos (...) El abogado de los policías es [Jorge Alberto] Ingrata,
que también es socio de otro abogado que lamentablemente son abogados
policiales, que han tenido la defensa de otros asesinos, como en el caso de
[Lucas] Rotella de Baradero y de otros casos”.
Rodeando a esta policía, afirma Cabrera Britos, “hay una
parte de la sociedad pergaminense que tiene un discurso reaccionario que
intenta también justificar la muerte de los jóvenes porque supuestamente eran
lacras, eran siete ‘chorros’ menos, también es necesario desculturalizar una
postura que es fuerte en los lugares conservadores. Pensamos que esta séptima
marcha tiene que ser ‘la’ marcha (...) por un montón de cuestiones y por un
expediente con casi 2300 hojas que tiene que seguir caminando. El juez Solá y
el fiscal Néstor Mastorchio tienen que seguir profundizando la investigación. Habría
que haber secuestrado teléfonos de policías de Pergamino, Junín, Rojas y Salto
que tienen muchísima información, habría que diligenciar otras cuestiones que
no están puestas a la dinámica del caso y de la gravedad del caso”.
Lugar aparte merece en el análisis del defensor de DDHH el
lugar de los medios hegemónicos de
comunicación que “silencian este caso, (...) en este curso más silencioso de la
causa, afortunadamente tenemos los medios
que siempre acompañan a todos los casos como los medios
alternativos que nos ayudan a denunciar”.
Para Alejandro, este silencio no es casual, sino que, por
el contrario, hay una sistematicidad que se relaciona con “una campaña política
para ocultar lo que está sucediendo acá, porque si empezamos a hilar la Masacre
de Ramallo con esto, con el caso de Carlitos que es un chico asesinado en
Pergamino hace unos años por la policía, con casos del conurbano y del Gran
Buenos Aires, empiezan a saltar nombres de policías que han tenido traslados, y
que han sido ascendidos y premiados en diferentes cuestiones donde estuvieron
involucrados en asesinatos de personas”. El entrevistado denuncia que “esto
habla de que el ministerio de seguridad, hoy a cargo del ministro Ritondo (...)
simplemente hace una campaña para mejorar la imagen policial y encubrir al
accionar de la bonaerense ya conocido desde hace años, pero no precisamente por
limpiar la institución aguantadero, sino para ver quién se queda con el botín
más grande de esta repartija gigante de lo que recauda la bonaerense en red de
trata, en narconegocio, en zonas liberadas, en secuestros extorsivos, en
alquiler de armas, en reclutamiento de pibes para afanar”. Cabrera afirma que
el Ministro no puede ignorar esta información, ya que “viene de los servicios
de inteligencia y tiene asesoramiento de servicios privados de inteligencia, la
tiene al dedillo, con nombre y apellido actualizados en su despacho y no tiene
la voluntad política, o no la tiene o es socio de las acciones o tiene una
postura ideológica muy acorde a la mano dura”.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14485
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