Honestidad,
legitimación e institucionalidad
26 de junio de 2017
Por Emilio Cafassi (Rebelión)
No hace mucho, un amigo europeo relacionaba la corrupción en
América Latina con el comercio internacional en una discusión informal. Le
respondí que no descartaba que en ese rubro hubiera focos de corrupción. De
hecho, en Argentina, hubo y posiblemente haya actualmente maniobras de evasión
fiscal y especulativas por parte de los grandes grupos exportadores de
commodities. En ocasiones el propio Estado estimula y consiente la evasión y el
dolo. Sin embargo, le recomendé que dirigiera la mirada con mayor detenimiento
hacia la obra pública y los diversos contratos celebrados con los Estados por
parte de empresas privadas. Las prácticas corruptas requieren como mínimo de
tres condiciones de existencia: el poder corruptor del capital, la venalidad de
los funcionarios y la opacidad en la toma de decisiones. Casi inmediatamente
después comenzaron a salir a la luz las confesiones de los más altos directivos
de la empresa constructora multinacional Odebrecht (de origen brasilero pero
operando en buena parte de los países latinoamericanos) en el marco de la ofensiva
judicial anticorrupción local conocida como “lava jato”. Sería aventurado
concluir que la justicia brasilera hubiera conquistado la independencia y la
voluntad indispensables para llegar a investigar a fondo, procesar y condenar
la ramificada corrupción de su país. Por el contrario, sospecho que aún se
encuentra sometida a grandes presiones o inclusive participando de ella. La
justicia también forma parte del Estado y es potencialmente corrompible. No
obstante, cada paso que logre dar para desnudar la trama fraudulenta debería
ser celebrado, quienquiera resulte víctima de sus pesquisas. Izquierdas y
progresismos no pueden especular con la lucha anticorrupción según quien o
quienes puedan resultar objeto de procesamiento, al menos sin autocondenarse
éticamente, para desgastar finalmente su legitimidad a mediano plazo.
Justamente el esmerilado constante de la
legitimidad de las alternativas al neoliberalismo, es la estrategia predilecta
de las derechas y de los oligopolios mediáticos aliados para el acceso al
poder, en virtud del carácter antipopular y decadente de sus recetas
programáticas. Evitarlo es casi tan importante como implementar un programa
redistributivo y de ampliación de derechos. La dinámica restauracionista y
demoledora que viene extendiéndose por la región, no es ajena al problema que
intento exponer, más allá de otras posibles falencias de los gobiernos
progresistas. Y no es casual que resisten esta oleada dos países cuyos
presidentes sostuvieron que la política no es para el enriquecimiento personal:
Bolivia y Uruguay. ¿Cómo sustentar, por ejemplo, la defensa de un gobierno que
ha tomado indudables medidas populares como el anterior argentino, cuando su
presidenta, dueña de un emporio inmobiliario y hotelero, tenía de inquilinos a
los principales beneficiarios de concesiones en el negocio del juego y la obra
pública, entre tantos otros casos escandalosos no sólo suyos, sino también de
varios ex funcionarios? ¿Cómo no sospechar si el principal ocupante de
inmuebles y habitaciones de hotel era a la vez la empresa de un ex modesto
empleado bancario devenido dueño de una enorme empresa constructora,
beneficiada por contratos con el Estado? Pero si todo se remitiera a una
persona, o inclusive a un grupo político, al igual que en Brasil, no sería todo
lo grave que es, ya que en asociación con ésta y otras empresas, se encuentra
la -también constructora beneficiaria de grandes obras públicas- de la familia
del actual Presidente Macri, subrepticiamente vendida a otro familiar cuyos
antecedentes de fortuna no lo situaban en condiciones de adquirirla.
Precisamente las empresas de la multimillonaria familia Macri fue
particularmente beneficiaria de contratos con el Estado durante la dictadura,
de manera completamente directa y discrecional. En suma, el problema se
presenta mucho más estructural que faccioso o personal.
En Brasil no es menos sistémico, aunque el
vértice (me refiero a los ex presidentes Lula y Rousseff) estén aparentemente
indemnes de usufructo personal o participación directa en los delitos, cosa que
no es menor para explicar la actual popularidad de Lula. Baste considerar que
el actual presidente y anterior vicepresidente, producto de la alianza
electoral del PT con el PMDB y gestor del golpe institucional que lo sentó en
el máximo cargo, ya fue grabado exigiendo coimas a un acaudalado empresario que
lo califica como líder de la “mayor mafia criminal” del país donde se incluyen
una gran proporción de líderes políticos, varios de los cuales ya cumplen
condena. Como también la cumplen más de una decena de altos dirigentes del PT,
entre ellos el ex jefe de gabinete de Lula. Es así que la actual movilización
por las “diretas ja” -además de remitirme a las movilizaciones de las que
participé a mediados de los años ´80 en San Pablo- sólo cumplen con la elusión
de la inevitable caída del corrupto actual y su sustitución mediante el voto
parlamentario, según prevé la constitución. Si el PT no revisa a fondo su
participación en la urdimbre corruptora y su política de alianzas, de poco
servirá que Lula o cualquier personalidad, concite expectativas populares, ya
que sólo reproduciría las causas de la crisis. La pregunta ante una denuncia de
corrupción no es quién la formula, ni sobre quién, sino qué veracidad probable
contiene y qué pudo y puede hacerse en adelante para evitarla.
A diferencia de estos dos casos mencionados,
limítrofes con Uruguay, esta semana la oposición intentó conformar en el senado
una comisión investigadora sobre supuestas prácticas delictivas del más masivo
sector del oficialismo, el MPP, incluyendo el posible rol que el ex presidente
Mujica habría tenido. No creo que pueda desecharse genéricamente la creación de
comisiones parlamentarias, pero sólo se justifica en países en los que la
justicia se vea impedida de actuar. No existe un solo indicio en Uruguay que
permita sospecharlo. La iniciativa está alentada por la revelación en un libro
del testimonio de un ex militante cuyo nombre está oculto bajo un seudónimo. Y
no es nada novedoso, hay insinuaciones de ello en el libro sobre Zabalza y
otros textos, sin que se haya podido probar absolutamente nada, salvo la
participación individual de algún militante en atracos en la década del ´90.
Este nuevo “aporte” está en manos de la justicia y Mujica ha manifestado que no
se amparará en fuero alguno. Justamente en lugar de revelar corrupción como en
los casos mencionados líneas arriba, exhibe la voracidad táctica derechista
internacionalizada como deslegitimación de izquierdas y progresismos a
cualquier costo y con cualquier excusa, al punto de haber sugerido que hasta se
habría beneficiado con la adquisición de la propia chacra que habita con fondos
ilícitos. Algo así como acusar de homicidio a la Madre Teresa de
Calcuta.
La intervención de Mujica en el debate merece
ser tomada como antecedente institucionalizable. No sólo por la explicación
política de las finanzas de su organización, sino por el detalle con el que
expuso sus pertenencias, sus ingresos actuales y pasados, las limitaciones
autoimpuestas al usufructo personal y el destino de sus recursos. Porque no
sólo sería útil para la ciudadanía, conocer la declaración de bienes de todos
los políticos, sino también la trayectoria laboral y económica de cada uno de
ellos. Más aún lo sería para replantearse el serio problema del financiamiento
de la política.
La insidia de las intervenciones posteriores
del Partido Nacional, contrastantes -para mi sorpresa- con la digna postura del
senador Bordaberry del Partido Colorado a pesar de haber participado de la
frustrada iniciativa de la comisión, resulta una prueba más del oportunismo
degradante de la táctica derechista. Sin duda la intervención del ex presidente
es un ejemplo de ética que no moraliza por ello la política al dejarla sometida
a la libre decisión individual de los políticos. Si se trata de desvincular el
ejercicio político de los intereses económicos de los actores, como
explícitamente se aspira, no basta con apelar a la honestidad individual, la
autoimposición o la
filantropía. Será indispensable hacerle un piquete al puente
del provecho.
Con nuevas reglas políticas como barricadas.
Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la
Universidad de Buenos Aires.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228354
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