Conflictos Mineros
en América Latina 2016
7
de junio de 2017
El sector minero aún
sueña con los precios del “súper-ciclo” de los minerales mientras los precios
en los mercados internacionales no sufren significativos incrementos y los
costos de producción siguen al alza.
Por otro lado, el
convencimiento cada vez más generalizado que expresan las comunidades sobre
la negatividad de las actividades mineras sostienen o profundizan los
conflictos socioambientales que caracterizan el rechazo a la minería en la región. Incluso ,
varios de esos procesos van acompañados de intentos administrativos de
prohibirla en ciertos territorios.
También, cada vez más,
existen órdenes y dictámenes judiciales que otorgan la razón a las y los
afectados por minería limitando o simplemente prohibiendo la minería en
determinados territorios, en su mayoría por motivos y argumentos
socioambientales, como el paro por más de 6 meses que han llevado a cabo
los campesinos del Páramo de Pisba en Colombia; el proceso por llevar adelante
una consulta ciudadana para que sean las comunidades quienes deciden si
quieren o no minería, como lo que acontece en Cajamarca, Colombia, contra
el proyecto La Colosa; o el proceso que encabezan diversas organizaciones en El
Salvador para prohibir definitivamente la actividad minera en el
territorio nacional.
Esto ha sido motivado
por las demandas de las comunidades y el creciente convencimiento que la
minería no es precisamente una buena opción de desarrollo. En el ámbito
económico, social y ambiental la minería tiene resultados negativos y muchos
gobiernos locales y comunidades son cada vez más conscientes de ello.
Las consultas
ciudadanas son una muestra del rechazo cada vez más generalizado a
la actividad minera. Y allí donde las comunidades conviven con la minería
los conflictos son por incumplimiento de los acuerdos por parte de las
empresas mineras.
En síntesis, la
conflictividad por minería sigue siendo una constante así como la larga
duración de los conflictos mineros, en muchos casos por el no respeto a
mandatos especialmente internacionales (CIDH) que ofrece protección a
afectadas y afectados por minería, encarga a los Estados dicha protección
y muchas empresas incumplen dichos mandatos, como ocurre por ejemplo, con
Máxima Acuña, quien a pesar de contar con estas medidas, sigue siendo
acosada por la policía y los guardias privados de Yanacocha.
Frente a estas
tendencias, el sector minero de la mano de gobiernos extractivistas y
post extractivistas intentan garantías económicas y sociales para el
sector mediante beneficios tributarios, reglamentaciones ambientales “a la
medida” y en muchos casos la persecución de quienes se oponen a la minería.
Es por ello que la
pugna por profundizar el extractivismo minero se enfrenta a la defensa de
derechos socioambientales, indígenas y comunitarios expresada como los
“conflictos mineros”.
Sin duda, la necesidad
de extraer más minerales para compensar los bajos precios, tiene un efecto
negativo en la conflictividad por minería. Finalmente se consolida una
exigencia que caracteriza la mayoría de los conflictos mineros en la
región: cuando la pregunta es agua o minería, las comunidades no dudan en
defender este bien común, incluso muchas veces enfrentando grandes riesgos que
comprometen la vida.
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