Así camina la lucha ambiental en
Colombia
16
de junio de 2017
El domingo 4 de junio
Cumaral votó masivamente en una consulta popular para decidir si se permitía o
no la actividad petrolera en su territorio. El 97,04 por ciento de los votantes
(7475 personas) rechazó “la exploración sísmica petrolera, la perforación
exploratoria y la producción de hidrocarburos”.
Por Censat Agua Viva
El resultado exacerbó
los argumentos en contra del gobierno y los empresarios del sector, que se
niegan a reconocer los impactos y conflictos que ha dejado la implementación de
un modelo de desarrollo agresivo y antidemocrático. La tensión entre
comunidades - gobierno - autoridades locales – empresarios, expresa el choque
de visiones distintas respecto a los territorios, y la posición sorda del gobierno
para debatir sobre el modelo de desarrollo que se ha impuesto violentamente.
Las comunidades y
organizaciones territoriales que llevan años oponiéndose al modelo extractivo
impuesto, han incorporado en sus estrategias de defensa territorial la
utilización de mecanismos de participación, la movilización social, la
comunicación popular, los procesos pedagógicos, los debates locales, regionales
y nacionales, y las acciones jurídicas para garantizar la permanencia digna en
los territorios. Han conseguido importantes victorias, como haber ganado con
amplio margen las cinco consultas populares de Piedras, Tauramena, Cabrera,
Cajamarca y Cumaral, o haber avanzado también con el reconocimiento de la
iniciativa popular normativa (Cerrito) y varios acuerdos municipales (en Huila
y Antioquia). También lograron la suspensión de proyectos como el pozo Lorito
1, o de la exploración petrolera en La Macarena o San Andrés y Providencia,
entre otros.
Esta intensa acción
política ambiental ha potenciado la participación ciudadana y un importante
debate político, y se ha logrado colocar en la agenda nacional y el escenario
público la cuestión ambiental en el centro de las preocupaciones actuales de
las colombianas y los colombianos. Tanto así que en el marco de la sentencia T 445 de 2016
la Corte
Constitucional ordenó la creación de una Mesa de Trabajo
interinstitucional para que expertos, entidades públicas y privadas, y grupos
de interés, investiguen desde las ciencias exactas y humanas los impactos de la
minería en los ecosistemas del país.
Otro ejemplo es la sentencia T-622 de
2016 de la Corte
Constitucional , anunciada el pasado 2 de mayo, la cual
reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y obliga al Estado colombiano a
dar una respuesta idónea para la protección, conservación, mantenimiento y
restauración del río, de la mano con las comunidades étnicas. La sentencia,
producto del triunfo de la acción de tutela interpuesta por las comunidades de
los Consejos Comunitarios de la cuenca del Atrato, representadas legalmente por
las compañeras del Centro de Estudios para la Justicia Social
“Tierra Digna”, marca un hito no sólo en el escenario colombiano, sino incluso
en el ámbito internacional. Porque se alimenta el debate para el reconocimiento
de la naturaleza como sujeto de derechos, que sólo la Constitución Política
de Ecuador y la Ley de la
Madre Tierra de Bolivia han incorporado.
Aunque el camino es
“largo y culebrero” y “el papel aguanta todo”, la realidad muchas veces dista
de lo establecido en la
norma. Depende de los pueblos movilizar sus estrategias
colectivas para hacer posible que otros sectores entendamos la vida como un
todo. Es indispensable replantear la relación del ser humano con la naturaleza,
reconocer que somos naturaleza y nos hacemos con ella, que las afectaciones a
la naturaleza son daños a la vida, el territorio y el ciclo socio-ambiental. El
caso de la sentencia sobre el Río Atrato plantea que no veamos el río de forma
fragmentada, y también que empecemos a escuchar otras voces y nos dispongamos a
entender y construir el mundo desde otra perspectiva.
La lucha política
ambiental ha logrado movilizar localmente a cientos de comunidades que hoy se
expresan para frenar proyectos mineros, de hidrocarburos e hidroeléctricos.
También se están dando pasos importantes de una articulación real que se
materializa en los territorios, con la solidaridad y en la movilización. Es
el caso de la movilización del 2 de junio, la Gran Marcha Carnaval
en defensa del Agua, la Vida y el Territorio, que en su novena versión celebró
el triunfo de la consulta popular de Cajamarca y tuvo como epicentro a la
ciudad de Ibagué. Pero con expresiones en otros 25 municipios de Tolima,
Caquetá, Quindío, Meta, Santander, y otras ciudades capitales, como Armenia,
Manizales, Bucaramanga y Bogotá. Hubo también expresiones internacionales en
Italia y Gran Bretaña.
Pese a estos
esfuerzos, el movimiento ambiental tiene un reto mayor, y es pensar cómo
fortalecer la articulación, cómo pensar y construir-proponer otra forma de
vivir, que sea una alternativa real a la forma en que el capitalismo ha
ordenado, homogeneizado y deteriorado el planeta. Si seguimos organizándonos el
ambientalismo continuará siendo una fuerza social de cambio para la
construcción de paz, que proponga nuevos referentes simbólicos, económicos,
tecnológicos y políticos, que ayuden a transformar la sociedad colombiana.
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Asi_camina_la_lucha_ambiental_en_Colombia
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