Evo y
los empresarios pactan una "alianza productiva" para alimentar al pueblo
El giro agroindustrial del “proceso de cambio”
10 de febrero de 2011
SENA-Fobomade
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El
gobierno boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una
“alianza productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto
para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y
al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de
aprovechar la crisis alimentaria global como una “oportunidad” de
negocio.
Al
cumplir su primer año de gestión como Presidente del Estado
Plurinacional el 22 de enero de 2010, Evo Morales propuso articular una
alianza con todos los productores del país con el objetivo de tomar
medidas frente a las inundaciones, sequías y otros efectos del cambio
climático, y delinear una estrategia que garantice la seguridad
alimentaria nacional.
“Hay
culpables (las naciones ricas), cómplices y víctimas de la crisis
alimentaria”, comentó el Presidente Morales, pero afirmó que su gobierno
no esperará a que los países industrializados cambien sus políticas de
desarrollo sino que fomentará la producción local de alimentos.
La nueva Constitución Política del Estado establece que los medianos y pequeños productores son el sostén de la seguridad y soberanía alimentaria del país, pero Morales prefirió pactar la alianza productiva con el empresariado agroindustrial.
El
Presidente se reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de
Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con
ellos comenzó a organizar la alianza productiva el 19 de enero en
Palacio Quemado, relegando a los pequeños cultivadores indígenas y
campesinos a un segundo plano.
Morales
escuchó las sugerencias de productores de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la
Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero
poco tiempo después conformó con la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) el primer “Consejo Consultivo”
público-privado encargado de “fortalecer” las políticas de desarrollo
económico y resolver los problemas alimentarios.
“Se ha
creado un consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a
día, como el de la planificación, para evitar problemas como la escasez
de azúcar y otro tipo de problemas que eventualmente se podrían
presentar… Estamos construyendo soluciones, estamos generando temas de
inversión para que podamos generar más empleo”, informó el presidente de
la CEPB Daniel Sánchez luego de reunirse con el Presidente, junto a una
veintena de empresarios.
El
dirigente del gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco,
de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y la Asociación Nacional de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) “están también con el
Presidente tratando de solucionar los problemas” que afectan a la
población boliviana. Según los empresarios, Morales está muy preocupado
por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las
importaciones agrícolas.
Las
importaciones agroindustriales se incrementaron durante los últimos años
hasta alcanzar las 871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara
con el nivel más alto de los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez
(2000), cuando se importaron 893.218 toneladas. Es tal la carencia de
alimentos que el gobierno se vio obligado a comprar 90 mil toneladas de
carne al régimen golpista hondureño, y comenzó a importar azúcar de
Brasil y Colombia.
Morales
se declaró satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los
empresarios y anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza
productiva son asegurar respaldo financiero y revisar la legislación
agraria, especialmente los alcances de la Función Económica Social (FES)
de la tierra. De esta forma, el Presidente dejó en manos de los sectores
privados la seguridad alimentaria del país y dio un giro a la política
agraria de su gobierno.
Uno de los objetivos de la Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”.
El Artículo 406 de la Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.
La
flamante ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa
Morales reconoció que los pequeños productores fueron los menos
favorecidos por el Estado. “El equilibrio en los eslabones es básico
para desarrollar las cadenas productivas, porque no puede ser que se
impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan sometidos a
los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento productivo
sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y
prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular,
optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de
alimentos, fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.
Pero, ¿quiénes controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor importancia de la producción campesina.
A fines
del siglo XX, las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la
provisión de alimentos. Los campesinos sostenían el 50% de la producción
no industrial de trigo, arroz y maíz, pero estos niveles fueron
disminuyendo en el gobierno indígena de Evo Morales. Con estos datos se
infiere que la convocatoria a conformar una alianza estratégica no se
dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes productores
capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de Santa
Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la
burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.
La
propuesta del agronegocio
Los
empresarios afirman que la escasez y la especulación es la factura que
paga el Presidente por haber confrontado al sector productivo y a los
inversionistas privados. El presidente de Anapo Demetrio Pérez recordó
que en este último tiempo no hubo comunicación con su gremio, “no
sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u
otra prioridad”.
El
vicepresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol)
Cristian Satori criticó la falta de apoyo del gobierno, alertó que los
productores nacionales están desincentivados por la inseguridad
jurídica, y dijo que a consecuencia de los fenómenos naturales la oferta
de carne se verá reducida, sin descartar un incremento de precios en los
próximos meses. El consumo interno de carne es de aproximadamente 180
mil toneladas y la oferta para 2011 será de 170 mil toneladas.
En un
Foro celebrado en 2008 en La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) advirtió sobre las serias consecuencias de una crisis
alimentaria a nivel mundial que afectaría a Bolivia, y aconsejó al
gobierno que no tome decisiones “reactivas” y “cortoplacistas”
(prohibiciones de exportación, establecimiento de cupos, licencias
previas y control de precios internos), sino medidas inteligentes y
“proactivas” que no solo garanticen el abastecimiento interno, sino que
generen saldos exportables.
El IBCE,
un “tanque de ideas” que defiende los intereses de la burguesía
agroindustrial, señala que desde 2007 el gobierno aprobó más de 13
decretos supremos para restringir las exportaciones de carne de pollo,
aceite de soya y girasol, maíz, trigo y otros productos.
El
representante de la Organización para la Agricultura y la Alimentación
de las Naciones Unidas (FAO) en Bolivia Gonzalo Flores comentó que las
restricciones a las exportaciones, el control de precios y la
intromisión del Estado en la producción de aceite “generaron un efecto
boomerang” que desincentivó la producción de alimentos en el país.
“Los
productores de maíz, de arroz y otros granos fueron desincentivados
porque plantaban con una expectativa de rentabilidad, sabían que podían
exportar una parte de lo que producían, pero al no poder exportar hacen
un uso alternativo de su dinero y lo colocan en otros rubros,
principalmente construcción de bienes inmuebles”, declaró Flores al
diario La Razón.
El IBCE
identificó tres condiciones clave para fomentar la producción de
alimentos en el país: a) Seguridad jurídica para la tierra y las
inversiones en el agro; b) Eliminar las fijaciones de precios y las
restricciones a la exportación; c) Mecanización, riego y uso de la
biotecnología para enfrentar de mejor forma el cambio climático y
aumentar la productividad.
Los
agricultores empresariales dicen que limitaron sus inversiones debido a
la inseguridad jurídica que existe en el país, como por ejemplo el
cumplimiento de la FES para las tierras productivas, condicionalidad
establecida por la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce
para entre ocho y diez años”, argumentaron.
Los
industriales están presionando para que se modifique la legislación
agraria. El Presidente de Anapo pidió al gobierno que “flexibilice” la
normativa de reversión de tierras por causal de desmontes ilegales, y
permita la expansión de la frontera agrícola. “Algunos productores
desmontaron áreas para sembrar más pero han sido declarados ilegales;
nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera,
regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Pérez aclaró que
no se trata de “deforestar”, sino de aprovechar racionalmente el suelo
para cultivar alimentos.
Según el
dirigente empresarial, antes de aplicar la letra muerta de la ley que
manda revertir propiedades y concesiones forestales cambiadas a usos
agrícolas sin consentimiento legal, primero se debería realizar un
estudio técnico y científico, y distinguir zonas con alto potencial para
el cultivo de alimentos.
En
Bolivia hay 15 millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, pero
se cultivan menos de 3 millones; deberíamos aprovechar la nueva realidad
mundial y dedicarnos a producir más alimentos (oleaginosas, cereales,
carnes) no solo para garantizar su propio abastecimiento, sino para
generar saldos exportables y con ello crear empleos, ingresos y
soberanía alimentaria, plantean los empresarios.
“El mundo
tiene hambre y Bolivia puede ayudar al mundo a producir más alimentos,
generando para sí soberanía alimentaria y más empleos”, fue la principal
conclusión del Foro Crisis Alimentaria Mundial: Oportunidades y
Desafíos, organizado por el IBCE en 2008, donde se abrió la posibilidad
de convertir la “amenaza” de la crisis alimentaria en una “oportunidad”
para Bolivia.
El IBCE
advirtió que no se podrá resolver la crisis alimentaria sin el uso de
biotecnología para mejorar rendimientos, combatir plagas y enfrentar los
impactos del cambio climático. Aseguró que para Bolivia es insuficiente
el concepto de “seguridad alimentaria”, el cual puede ser una trampa
porque puede alentar las donaciones e importaciones, como ocurrió con el
trigo y la harina de trigo que convirtieron a Bolivia en un país
dependiente del abastecimiento externo.
Evo cumple con los agroindustriales
El
incremento del precio de los carburantes fue el anticipo de lo que en
realidad quiso decir el Presidente hace cinco años cuando afirmó que
“gobernar es hacer buenos negocios”. Con el fallido gasolinazo de
Navidad, Evo “cambió” el rumbo del proceso de nacionalización de los
hidrocarburos, y ahora pacta con el agronegocio y desvía el proceso de
reconducción comunitaria de la reforma agraria.
“Mandar
obedeciendo al pueblo” es la consigna central de las gigantografías
oficialistas que proliferan en todas las ciudades capitales del país;
mientras el Ejecutivo mima a los empresarios y apuntala en silencio a la
agroindustria exportadora. La ministra Morales resaltó que “si alguien
merece un reconocimiento importante y serio es el empresariado que logra
el propósito de exportar”. Y como muestra de su reconocimiento otorgó el
Premio Bolivia Exportadora 2010 a más de 50 exportadores que generan
valor agregado, empleos e ingresos para la economía nacional.
El
gobierno reconoció a los empresarios que exportaron aparatos para
silvicultura y procesamiento de carnes, aspersores y goteros para
sistemas de riego, quinua orgánica roja, manjar blanco o dulce de leche,
granos aplastados y copos de avena, estevia procesada y vinagres para
mesa. Entre las empresas y emprendimientos reconocidos figuran la
Empresa Metalúrgica Vinto, Exportadores Bolivianos SRL, Compañía de
Productos de Camélidos. (Coproca), Asociación de Productores de Quinua (Apquisa),
Creaciones Paola, Boliviana de Aviación (BOA), Albergue Ecoturístico
Comunitario Pampalarama, entre otros. También destacan la Empresa
Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) e Insumos Bolivia, ambas
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
“Las
políticas públicas de nuestro gobierno aunque no hayan sido ideales, se
han esforzado seriamente en el proceso de promover las exportaciones. Si
en ese afán no hemos sido perfectos aquí estamos para servirles y para
perfeccionar cualquier mecanismo de política pública, porque el
exportador debe ser un actor privilegiado en nuestra economía”, proclamó
Morales luego de destacar el esfuerzo quijotesco de los exportadores.
La ministra Morales
presentó además una “Guía para la Exportación” que facilita el
desarrollo de actividades productivo-exportadoras proporcionado
conceptos, normas y regímenes en la materia, requisitos y procedimientos
de exportación, condiciones y preferencias en cuanto a desgravación
arancelaria en los mercados externos y otra información necesaria.
La vieja
consigna neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en
Palacio de Gobierno. Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación
de alimentos básicos; hoy su gobierno acelera la construcción de
caminos, puentes y corredores biocéanicos contemplados por la IIRSA con
el fin de fomentar las exportaciones agroindustriales y petroleras.
El
gobernante indígena tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos
más adecuados para superar la crisis alimentaria que abate al mundo, y
que puede convertirse en una oportunidad para Bolivia y otras naciones
poseedoras de recursos naturales para que se conviertan en abastecedoras
de alimentos”.
El gobierno coincide plenamente con los empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce.
Para
incentivar la producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y
trigo pagando 10% más que el precio de mercado y garantizará el seguro
agrícola para todos los sectores productivos, incluidos los grandes
empresarios del agronegocio.
El
gobierno parece dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de
transgénicos resistentes a plagas, enfermedades y anomalías climáticas.
“El hecho de que el gobierno haya expresado su disposición a considerar
y analizar el tema de la biotecnología para su aplicación al proceso
productivo es un avance importante”, destacó el presidente de la Cainco
Eduardo Paz.
La
Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 2007 señalaba
claramente en su Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación
y comercialización de transgénicos”, pero la Carta Magna aprobada por el
Congreso Nacional y promulgada por el presidente Evo Morales en 2009
abre la posibilidad de que en el país se pueda recurrir a los
transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción, importación y
comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.
En síntesis, el nuevo plan gubernamental ya no
es garantizar la soberanía alimentaria sino la “seguridad” alimentaria;
promocionar las exportaciones y los transgénicos; y sobre todo asegurar
líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca privada. La
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la posibilidad
de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a
varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los
enclaves agroexportadores.
El Vicepresidente García Linera se reunió esta semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura, hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras.
García
Linera reveló que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de
dólares hasta 2013, y “esto tiene que ser aprovechado como una gran
oportunidad para el sector privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a
la CEPB conformar un “ensamblaje virtuoso entre Estado e inversión
privada boliviana para transformar industriosamente nuestra economía”, y
subrayó que la Constitución garantiza una convivencia armónica entre el
Estado y el capital privado nacional y extranjero.
El giro pro empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las transnacionales petroleras.“Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del proceso de cambio Raúl Prada.El ex vocero presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los agroindustriales, a las transnacionales y a los contrabandistas que lucran con los alimentos básicos. “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó.Para muchos economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.
En una
entrevista con la red Erbol, el jefe de Investigaciones del CEDLA
Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política
neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer
ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que
quieran ganar menos; no producen por patriotismo, sino para ganar
plata…”.
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Boletín N. 89 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.
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