Buscan hacer tierra arrasada
con los derechos
laborales
27 de junio de 2017
Por Taller de Estudios
Laborales (TEL)
La ofensiva del
gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados
laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política
impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada
con los derechos de los trabajadores.
Gobierno nacional y
gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción
del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques
sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean
también a los trabajadores.
La violación abierta
de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria
nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer
tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta
extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.
Otros ejemplos de lo
mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión
desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la
clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba,
es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de
poder, cuando no de la complicidad de clase.
La insólita pretensión
del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de
huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley
25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las
prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.
La acusación oficial
que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva
ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los
abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio”
sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los
trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá
buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a
reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar
judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si
reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera
saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores
accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que
realizan la misma. Esto
da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como
víctimas en vez de victimarios.
El vaciamiento
intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora
profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces
(32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por
la que se pretende legitimar este proceso.
El pedido de juicio
político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las
garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento.
Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli,
Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas
convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y
presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.
Quizás como nunca se
ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y
representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.
Desde el Taller de
Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas,
y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de
la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.
—————-
El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.
—————-
El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.
Fuente:
http://contrahegemoniaweb.com.ar/buscan-hacer-tierra-arrasada-con-los-derechos-laborales/
No hay comentarios:
Publicar un comentario