La mercantilización
del agua deja seca a España
24 de diciembre de 2016
24 de diciembre de 2016
Por Nacho Valverde (CTXT)
El PP privatiza de tapadillo. El PSOE mira hacia otro lado. El
sector de la agroalimentación bate récords desde 2009. Y en Doñana, 3.000 hectáreas
ilegales de regadío han reducido los humedales en un 80%.
En junio de 2016, Ecologistas en Acción hizo público un informe alertando de que en los últimos 25
años el volumen de agua disponible en España se ha reducido en un 20% debido al
cambio climático. Lejos de atender a las alarmas, la crisis económica propició
que el Gobierno del PP alimentara una burbuja en torno al agua y a la
producción agroalimentaria. Los datos oficiales muestran cómo entre 2009 y 2015
las exportaciones en este sector experimentaron una subida inédita en la
facturación, de 15.053 a
41.282 millones de euros, aportando las mayores contribuciones positivas a la
economía española después del sector del automóvil.
El principal causante de este crecimiento ha sido el sector
hortofrutícola, que se sitúa como el primer exportador del mundo en la materia
y que es, a su vez, el gran beneficiario del uso del agua en España. La última
encuesta del INE sobre los usos del agua por sectores (2014) refleja la
absoluta preponderancia del regadío, que emplea el 85,3% del agua disponible,
por encima de otros usos como el doméstico, que apenas llega al 12%. Desde la Federación Nacional
de Regantes enfatizan que, gracias a la modernización del riego, el sector ha
ahorrado más de 2.360 hectómetros cúbicos de agua en el último año. Según
Ecologistas en Acción, sería necesario reducir las 4 millones de hectáreas
existentes a un máximo de entre 3 y 3,2 millones para poder recuperar un cierto
reequilibrio hídrico.
Una de las zonas más afectadas en los últimos tiempos por la
extensión del regadío es el Parque Nacional de Doñana. En el mes de noviembre,
WWF lanzó la campaña Salva Doñana tras
descubrir que hay más de 3.000 hectáreas ilegales de regadío en el
entorno del parque que acaparan el agua que no llega al acuífero. Esa
desviación ilícita de sus recursos ha provocado una reducción del 80% en la
superficie de humedales y de más del 90 por ciento del volumen de las lagunas
estacionales poco profundas. “Desgraciadamente, el problema de los pozos
ilegales se extiende más allá de Doñana. Estimamos que al menos hay medio
millón de pozos ilegales en España. Estos supondrían el consumo medio anual de
agua de 58 millones de habitantes, cuando en España convivimos 46 millones”,
detalla el responsable de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz.
Desde el Gobierno central, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, visitaba uno de los puntos negros del robo de agua
en Doñana durante la campaña del
20-D para entregar a los agricultores el certificado que acredita su legalidad.
Ante la falta de apoyo de la Administración central y regional, World Wide
Foundation ha pedido a los principales supermercados europeos que detengan el
abastecimiento de fresas procedentes de cultivos ilegales del Parque Nacional.
En marzo de 2016, la plataforma SAI (Sustainable Agriculture
Initiative), que engloba cadenas británicas como Tesco y Sainsbury o la alemana Edeka ,
establecía un primer paso comprometiéndose a verificar a sus proveedores en la
zona y rechazando la sobreexplotación del acuífero, que provocará “una
reducción a largo plazo de la disponibilidad de fresas en la zona”.
Levante y Almería
La situación del enclave, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco,
no es excepcional. En aquellas zonas del litoral mediterráneo donde existe una
actividad agrícola más intensa y desde donde se exportan en masa frutas y
hortalizas (Valencia, Murcia o Almería) arrastran el mayor déficit hídrico del
territorio nacional. Es el caso de las cuencas del Segura, Júcar y Mediterránea
Andaluza, que suman 1.345 hectómetros cúbicos de déficit reconocidos
oficialmente en sus planes hidrológicos. “Hemos creado una burbuja con un
sector económico muy potente y ahora no sabemos cómo dar marcha atrás. En
Guadiana se está apostando porque el vino pase de producirse en secano a
implantar espalderas de vid que necesitan regadío; o vemos cómo la política
agraria andaluza prima que el olivar se cultiva en regadío. El negocio es
abastecer y vender el agua barata a las comunidades de regantes”, apunta el
responsable de WWF Doñana.
Tanto la
Comisión Europea como la Unesco han dado varios toques de
atención al Gobierno de España por negar las "evidencias científicas"
que apuntan a la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y de no corregir sus
políticas, el Parque Nacional será incluido en julio de 2017 en la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro. Haciendo caso omiso a las advertencias, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dio en 2013 el visto
bueno al proyecto de Gas Natural Fenosa que convertirá el subsuelo de Doñana en
un enorme almacén de gas de 24 kilómetros de longitud. La Junta andaluza ha
anunciado que estudia recurrir la decisión ante el Tribunal de Estrasburgo.
Bruselas vigila de cerca
En enero de 2015, el Gobierno en funciones liderado por Mariano
Rajoy lanzó los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que ignoran las
recomendaciones establecidas en la Directiva Marco del Agua (DMA), de obligado
cumplimiento para todos los países de la Unión. Fruto de esa
actitud, en julio de 2016 el Parlamento Europeo aprobó un informe exhaustivo de
las infracciones de la DMA cometidas por el Reino de España. Entre los principales
incumplimientos está el respeto a los caudales mínimos ecológicos --que en el
caso del Plan Hidrológico del Ebro sólo abarcan el 21% de su caudal total--.
Bruselas pide eliminar las más de 465.000 hectáreas
de regadío y los 56 nuevos embalses que prevé el nuevo plan. Cabe recordar que,
con una extensión de poco más de 500.000 km2 y 46 millones de habitantes,
España ocupa el primer lugar del mundo en número de presas y embalses por
población y superficie. En cifras globales, se sitúa en el quinto lugar por
detrás de China, Estados Unidos, India y Japón.
En lo que respecta al Plan Hidrológico del Tajo, la delegación
europarlamentaria, tras realizar una ‘visita de inspección’ a Talavera de la
Reina, afeaba al Ejecutivo de Rajoy la ejecución del trasvase Tajo-Segura, que
pretende el traslado del 15% del agua embalsada en el río, cuando en Talavera
“se requiere el doble de caudal del que existe en la actualidad”.
En el informe elaborado por diversas organizaciones ecologistas
españolas Prioridades para una
nueva política del agua en España, la Plataforma en Defensa del Tajo deja
constancia de la desoladora situación que arrastra el río más largo de la península Ibérica :
“El Tajo concentra el 40% de la potencia nuclear instalada en España, la
presión industrial y urbana que recibe de Madrid es 10 veces superior a la que
ejerce París sobre el Sena. "Los últimos estudios hablan de la extinción
de todas las especies autóctonas y endémicas de peces; y la cabecera y su tramo
final en España están formados por 300 kilómetros de
embalses encadenados que suponen la mayor privatización y estancamiento de un
río por intereses energéticos de toda Europa”.
El PP y el PSOE abren la puerta a la privatización
Por si fueran pocos los agravios de la política del agua en España,
en la última legislatura del Partido Popular se ha producido una privatización
progresiva de los recursos hídricos. Durante la primera legislatura
del Gobierno de Aznar, y con Isabel Tocino al frente del Ministerio de Medio
Ambiente, se oyeron las primeras declaraciones de intenciones para privatizar
los mercados del agua en España.
Los modelos que tenía en la cabeza la titular de Medio Ambiente
eran los llamados ‘bancos de agua’ que se introdujeron en Chile y California a
lo largo de la década de los noventa, con enormes diferencias entre sí.
"Mientras en el país latinoamericano predomina el libre mercado de agua y
una regulación gubernamental débil, en el Estado norteamericano la regulación
era muy fuerte y sólo se autorizaba la compra-venta de agua en situaciones de
sequía", explica Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos por Zaragoza.
Como creador de la fundación Nueva Cultura
del Agua, Arrojo viajó en aquellos años a California para conocer los bancos de
agua y fue invitado por Tocino para participar en la modificación legislativa
que el Gobierno del PP pretendía ejecutar. Fruto del espíritu del régimen
californiano, sale adelante la reforma de la Ley de Aguas de 2001, que
introduce dos nuevas figuras: los contratos de cesión de agua y los centros de
intercambio. “Ambas estaban diseñadas solo para periodos de sequía. De esta
manera, un usuario podía ceder o vender una parte de sus derechos de agua a
otro usuario con tres condiciones: que esa zona estuviera declarada emergencia
de sequía, solo durante el período extremo y desde el sector agrícola al sector
urbano a un precio fijado por el gobierno. Bajo esas premisas, el movimiento
ecologista aceptó esta reforma”, sostiene el diputado de Unidos Podemos.
Con Cristina Narbona (PSOE) al frente de la cartera ministerial,
se permite en 2007 la primera liberalización sin restricción a tiempos de
sequía. Así el gobierno socialista posibilita que los titulares de
autorizaciones que no consuman el agua --las hidroeléctricas, por ejemplo--
puedan vender el recurso a usuarios que sí lo hagan, como las piscifactorías. A
partir de 2011, y con los grupos de la oposición totalmente ajenos a las
triquiñuelaspopulares, el ejecutivo de Rajoy elimina el resto de
condicionantes que estipulaba la ley de Aznar: la compra-venta del agua se
extiende a cualquier período, se elimina la condición de que la venta se
produzca de usos agrícolas a urbanos y desaparece la limitación de la duración
de ese contrato a las etapas de sequía.
El remate final a la privatización del agua se
produjo de manera encubierta en un
real decreto ómnibus, de 2015, que reforma también la Ley del Cine y la
aprobación de diversos créditos presupuestarios. El Partido Popular incluye en
una disposición adicional la posibilidad de realizar trasvases sin necesidad de
reconocer el excedente de agua, condición sine
qua non para realizar un
trasvase de una cuenca hidrográfica a otra hasta dicha reforma. Varios expertos
coinciden en que una reforma de tal calado debería haberse tramitado como una
modificación de la Ley de Aguas, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
o del Reglamento de Planificación Hidrológica.
“En la práctica esto supone que si una
comunidad de regantes vende sus derechos a otra comunidad no hace falta que
esté previsto en el Plan Hidrológico, no es necesario que se haya hecho una
evaluación ambiental estratégica como dice la Ley de Aguas y tampoco pasará por
el Parlamento para su aprobación. Ahora basta con una firma del director
general de Aguas y quien tenga el derecho concesional del agua puede utilizar
un recurso público y humano como si fuera su vehículo privado. Los miembros del
Partido Popular en privado aseguran que la intención es que los trasvases los
decidan los usuarios y las comunidades de regantes sin injerencias gubernamentales”,
mantiene Pedro Arrojo.
El pasado 14 de diciembre, Unidos Podemos llevaba a la Comisión de
Medio Ambiente una proposición no de ley para eliminar dicha reforma, que
pretende la mercantilización de los derechos concesionales de agua. Con las
enmiendas del Partido Socialista y el apoyo de Esquerra Republicana, Partido
Demócrata Catalán y Compromís, la propuesta salió adelante; en las próximas
semanas se presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. La aportación
socialista incluye la creación de auditorías que verifiquen dónde va el agua y
“blindar legalmente la salvaguarda que impida la mercantilización de los
derechos concesionales, impulsando un gran pacto social y político”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220832
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