24 DE MARZO, CIENCIA Y DICTADURA: ¿QUÉ PASÓ EN EL INTA?
Al menos cinco
personas desaparecidas, tres asesinadas, doscientas detenidas y ochocientas
cesanteadas para imponer una transferencia del conocimiento en favor de las
necesidades del sector privado y las corporaciones. La historiadora del Centro
José Babini de la UNSAM Cecilia Gárgano adelanta los resultados de su
investigación, que saca a la luz los intereses “científicos” de la última
dictadura militar. El trabajo inspiró un convenio entre el CONICET y el INTA.
La historia
argentina reciente y la historia social de la ciencia eran dos temáticas que me
convocaban pero eran, aparentemente, divergentes. En algún momento vi “M”, la
película en la que Nicolás Prividera relata la búsqueda de datos sobre Marta
Sierra, su madre y una de las cinco personas desaparecidas del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
durante la última dictadura militar. En aquel momento, no sabíamos que habían al
menos cinco desaparecidos, tres asesinados, doscientos detenidos y alrededor de
800 cesanteados.(…)
Desarmar ese
rompecabezas permitió reconstruir cómo
se armó el “mapa” de datos de trabajadores del organismo en los años previos y
cómo se instrumentó durante la intervención militar, cuyas dos principales
unidades afectadas no casualmente fueron Pergamino y Castelar, las de mayor
movilización gremial y política.
Cómo fueron
obturados los debates que desde distintas posiciones cuestionaban para quién y
para qué debía trabajar el INTA. Cómo los discursos del Consejo Directivo,
integrado por las
principales corporaciones agropecuarias, hablaron de “sanear” la institución,
y el lenguaje técnico (de saneamiento vegetal y animal) se tradujo en depuración
al interior del Instituto. Cómo se transformó la inserción comunitaria, donde
los extensionistas rurales recordados “como el médico clínico del pueblo” se
abocaron a la transferencia de tecnología para grandes terratenientes. Cómo se
impulsó la cesión de materiales (como los recursos fitogenéticos) del ámbito
público al privado, y cómo el
perfil de las investigaciones se articuló con la fuerte concentración de capital
del sector, que por entonces expulsaba a miles de pobladores del
campo.
El escandaloso expediente de la soja transgénica.
Verano del
’96
28 de abril de 2009
Por Horacio Verbitsky
La
soja transgénica se
autorizó en sólo 81 días del verano de 1996. De 136 folios del expediente,
108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción. Solá invocó un dictamen
jurídico que aún no se había firmado. Amenazas al
investigador de los efectos del glifosato sobre los embriones. Otro estudio
sostiene que su fumigación exterminó a los predadores naturales del mosquito
vector del dengue.
Según D’Elía, en presencia de Buzzi intentaron sobornarlo para bajar las retenciones.
El expediente administrativo
que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir
en la Argentina la
soja transgénica
de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los
cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional
estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una
decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su
traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional
Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del
expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de
iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los
organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud
y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La
resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días
después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad
oficial?
Tiempo
record
El
subsecretario de Alimentos Félix Manuel Cirio informa el 3 de enero de 1996 al
presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), Carlos
Lehmacher, que le envía los documentos que Monsanto presentó a la Administración
de Alimentos y Drogas (FDA) en Estados Unidos, “para que inicie las tareas de
análisis y evaluación de dicho material en lo concerniente a Bioseguridad para
consumo humano y/o animal”. No hay en el expediente tal
análisis ni evaluación, sólo requerimientos de información, que Monsanto no
respondió. Sin embargo el 12 de enero el Iascav comunicó a Monsanto que
consideraba la posible introducción en el mercado de la soja resistente
al glifosato (folio 111). El 26 de enero, el Director de Calidad Vegetal del
Iascav, ingeniero agrónomo Juan Carlos Batista agregó en otra nota a Monsanto
que sería importante conocer la contestación de la empresa a las observaciones
de la agencia estadounidense de drogas y alimentos, FDA (folio 113). Ante la
falta de respuesta, Batista insistió el 9 de febrero: “De persistir interés por
la prosecución del trámite, agradeceré nos remita lo solicitado” (folio 115). No
era falta de interés sino de preocupación por el procedimiento administrativo
que estaba asegurado en la más alta instancia. De allí el expediente salta al 25
de marzo con la firma de la resolución 167 de Solá, quien no necesitó ni tres
meses para llegar a una decisión trascendente para la economía y la salud
pública.
“Efectos no deseados”
El apuro se
intensificó en los últimos días: se violaron los procedimientos administrativos
vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias
técnicas y no se realizaron los análisis solicitados. El 25 de marzo, el
Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero
Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 a su colega director
de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de
seguir con la evaluación del producto presentado por Monsanto era necesario
establecer ciertos criterios de evaluación para organismos modificados
genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la
“aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras
toxicidades”. También recomendó que la empresa garantizara “un correcto rastreo
y recupero de la mercadería”, para poder rastrearla y recuperarla en caso de
problemas. El mismo día, Batista pidió informes sobre la posibilidad de que
Europa declarara la inocuidad de la soja transgénica
como alimento y autorizara su importación.
Estos pasos
quedaron sin respuesta ya que ese mismo día Solá autorizó en apenas 24 líneas
que constan en el folio 135 del expediente,
“la producción y comercialización de la semilla y de los productos y
subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante
al herbicida glifosato”. Pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Economía recién dictaminó que Solá tenía facultades para suscribir ese acto
administrativo el 28 de marzo, pese a lo cual el expediente le asignó
dolosamente el folio 134. Es decir que el entonces secretario de Agricultura,
Pesca y Alimentación concedió la autorización tres días antes de contar con el
visto bueno de su asesor jurídico y sin esperar respuesta a las observaciones de
peligro de sus técnicos. También después de la firma de Solá, el mismo 28 de
marzo, la presidente del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries,
informa que la soja resistente al glifosato cumple con los requisitos de
inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En el folio
140 del expediente consta un documento que debería haberlo iniciado.
Una
semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista envía al
presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificación del autor
titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su
Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas
generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean
desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que
garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales
sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos
estudios menciona “absorción, distribución y biotransformación de sustancias
químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en
animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí.
Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución
como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor
transformación económico-social y política producida en el país en las últimas
décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que
ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina.
(…)
La
“sintonía fina” del modelo sojero
Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y la nueva oligarquía agroindustrial
15 de enero de 2013
15 de enero de 2013
Por
Jorge Rulli
y Maximiliano Mendoza del
Grupo de Reflexión Rural
Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de
los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la
cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia
en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si
bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de
aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000
millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto
del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que
la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago
esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.
En este
contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en
materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La
consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador,
productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados
globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos
diseñados por el Estado Nacional.Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.
La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.
En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.
Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado
En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].
Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.
Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].
Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.
Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.
Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.
En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.
Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio
El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.
Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidópteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.
Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.
Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.
Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11] , también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.
Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.
Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].
A modo de conclusión
El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.
Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).
La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.
Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.
La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización . Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.
Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.
Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.
"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].
Referencias: (…)
Reflexionemos
sobre esta realidad silenciada e invisibilizada.
Petróleo, megaminería, soja y pasteras: ¿progreso para quién?
1 de abril de 2015
Comunidades enteras pagan las consecuencias del modelo extractivista que el
kirchnerismo profundizó en la última década en busca de engordar la "caja". Los
grandes ganadores y la contaminación ambiental.
Soja,
petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige
la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión
extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo
tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal
para alzarse con ganancias ilimitadas. Como contracara,
poblaciones enteras
son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades
rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire,
su agua y su suelo, que se traduce en problemas
alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.
Pero las
voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase
dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias
urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con
agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en
el ambiente.
Darío Aranda es
periodista de Página/12 y
autor del libro Argentina
Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas,
y en su segundo trabajo editorial, Tierra
Arrasada (Sudamericana),
realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las
consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo
ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en
el poder.
- ¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?
Hay varios
ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto,
Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y
muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el
gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven
como una
caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los
productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es
lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300
hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios
también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa
tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares:
campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la
cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.
- ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?
Estos temas
involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también
hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la
ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la
forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en
la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003
había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó
el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.
El modelo
extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y
el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si
el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar.
La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que
obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca
Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el
poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo
decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La
lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social,
política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la
democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.
-
Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de
acceder al poder
Cualquier
candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a
basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de
recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven
como daños colaterales. Hay que remarcar que todos
los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de
izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan
haciendo lo mismo.
- ¿Quién
lo cambia entonces?
Creo que
los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas
comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en
plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han
logrado frenar a Monsanto. Vienen
periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa
pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno
nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y
la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.
- ¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?
El modelo sojero tiene sus
consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha
generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la
Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que
llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está
comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan
más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay
trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran
que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen
de ganancias. Sin embargo el
Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que
sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás
de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores.
No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más
productiva.
- El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo
agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.
Nadie pide que de un día
para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí
que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos
de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos
de nosotros comen soja? Nuestro
país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda
una definición para mí
- Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos
contás?
Hay un
fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo
agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a
ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta
también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar
obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar
en el diario lo publico en medios alternativos o populares.
- En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los
efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en
comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase
y geografía o más bien a la desinformación?
Hay
múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el
contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace
mucho tiempo que en la Argentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en
clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo,
Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de
las grandes ciudades. El famoso "Dios atiende de la General Paz para adentro",
que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa
Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso
racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.
- Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay
voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿cómo
se rebate esa postura?
He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares.
Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se
instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace
falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le
habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy
en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos
salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del
exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El
pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamerica con
megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de
desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo
sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las
asambleas populares, ¿progreso
para quién?1
de 8
Fuente:
http://www.infobae.com/2015/04/01/1719296-petroleo-megamineria-soja-y-pasteras-progreso-quien
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