Por más honesto/a económico sea quien así se
expresa, no lo es como artista e intelectual y de prestigio. Olvida los proyectos e ideales de emancipación de
los 30.000. Se despreocupa del extractivismo y de los sufrimientos y luchas
de comunidades. Se niega a escuchar a los quienes resisten a ser envenenados y
despojados de territorios, agua... y plantean el cambio radical de construir los
buenos vivires convivires abajo.
No se indigna que se mida la
reducción de la pobreza por incremento en el acceso a la sociedad de consumo y
por endeudamiento familiar o individual a favor de los bancos. No se percata que
el tan alabado crecimiento económico ocultó la maximización de la
concentración-transnacionalización económico territorial y por tanto, de la
desigualdad social. Sobre todo, consolidó el subdesarrollo.
Tampoco la referente aprecia que lo positivo de
los gobiernos progresistas se originó en la derrota del neoliberalismo por las luchas
y auto organización de los de
abajo. Volvamos los ojos a estos últimos y reflexionemos sobre lo que está sucediendo en México:
El poder
de abajo
7 de enero de 2017
7 de enero de 2017
Por
Raúl Zibechi (La
Jornada)
Es inédito en América Latina
que decenas de pueblos y naciones indígenas decidan dotarse de un gobierno
propio.
La reciente decisión del quinto Congreso Nacional Indígena (CNI) de
crear un Concejo Indígena de Gobierno, luego de la consulta y aprobación por 43
pueblos, que se propone gobernar este país, tendrá hondas repercusiones en el
país y el mundo.
Como señala el comunicado ¡Y
retembló!, estamos ante decenas de procesos de transformación radical, de
resistencias y rebeldías que constituyen el poder de abajo, que ahora se
expresará en el Concejo de Gobierno. De manera simultánea, el organismo tendrá
como vocera una mujer indígena, que será candidata independiente en las
elecciones de 2018.
Es el modo que los pueblos encontraron para que la
indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales de
2018.
De ese modo pretenden sacudir
la conciencia de la nación, para desmontar
el poder de arriba y reconstituirnos, ya no sólo como pueblos, sino como país.
El objetivo inmediato es parar la guerra, crear las condiciones para organizarse
y superar colectivamente el miedo paralizante que provoca el genocidio de
arriba.
En la parte final el comunicado destaca que quizá ésta sea la
última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar
pacíficamente y radicalmente nuestras propias formas de gobierno, haciendo que
la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.
Hasta ahí, a grandes rasgos, la propuesta y el camino para hacerla
realidad. Desde la distancia llama la atención que los debates desde el pasado
mes de octubre se hayan centrado en la cuestión de la vocera indígena como
candidata en las elecciones de 2018, dejando de lado un tema fundamental que,
creo, es la conformación del Concejo Indígena de Gobierno.
Es evidente que no se
puede entender la nueva cultura política que encarnan el CNI y el EZLN con las
anteojeras de la vieja cultura, centrada en discursos mediáticos y en las
elecciones como forma casi única de hacer política.
Que los pueblos indígenas de México decidan crear un concejo de gobierno parece un asunto de la mayor importancia. Son pueblos y naciones que ya no serán gobernados por nadie más que por ellos mismos. Millones de hombres y mujeres establecen su autogobierno de forma coordinada, en un solo concejo, que los representa a todos y todas. Es un parteaguas para los indígenas, que tendrá repercusiones en toda la sociedad, como la tuvo el alzamiento del primero de enero de 1994.
Aquí es donde conviene hacer algunas aclaraciones ante las más
disparatadas interpretaciones y, si estoy equivocado, adelanto mis disculpas. La
cultura política que practican el zapatismo y el CNI consiste en promover el
autogobierno de todos los sectores de la sociedad: rurales y urbanos, indígenas,
campesinos, obreros, estudiantes, profesionales y todos los sectores que se
quieran sumar. Nunca pretendieron gobernar a otros, no quieren suplantar a
nadie. El mandar obedeciendo es
una forma de gobierno para todos los oprimidos, que cada quien implementa a su
modo.
El comunicado aclara que no pretenden competir con los políticos
profesionales, porque no somos lo
mismo. Nadie que conozca mínimamente el zapatismo, a lo largo de estos 23 años,
puede imaginar que van a dedicarse a contar votos, a conseguir cargos en
gobiernos municipales, estatales o federal. No se dedicarán a sumar ni a restar
a las siglas electorales, porque van por otro camino.
En tiempos de guerra contra los de abajo, creo que la pregunta que se hacen el CNI y el EZLN es ¿cómo contribuir a que los más diversos sectores del país se organicen? No se trata de que ellos los organicen, esa es tarea de cada quien. Se trata de cómo apoyar, cómo crear las condiciones para que eso sea posible. La candidatura indígena va en esa dirección, no como juntavotos, sino como posibilidad de diálogo, para que otros y otras sepan cómo le hicieron.
La creación del Concejo Indígena de Gobierno es la muestra de que
es posible autogobernarse; si millones de personas de pueblos y naciones pueden,
¿por qué yo no voy a poder en mi colonia, en mi barriada, donde sea? Si el
levantamiento de 1994 multiplicó rebeldías, contribuyó a la creación del CNI y
de múltiples organizaciones sociales, políticas y culturales, ahora puede
suceder algo similar. No hay nada tan potente como el ejemplo.
Este año celebramos el centenario de la Revolución de Octubre. La
obsesión de los bolcheviques y de Lenin, que puede corroborarse en el
maravilloso libro de John Reed Diez
días que estremecieron al mundo, es que todos se organizaran en soviets,
aun los que hasta ese momento los combatían. Llamaban incluso a los cosacos,
enemigos de la revolución, a crear sus soviets y
enviar delegados al congreso de toda Rusia. La
revolución no se hace, sino se organiza, decía Lenin. Independientemente de lo
que se piense sobre el dirigente ruso, la afirmación es el núcleo de cualquier
lucha revolucionaria.
El tránsito de la indignación y la rabia a la organización, sólida y persistente, es la clave de cualquier proceso de cambios profundos y radicales. Rabia sobra en estos momentos. Falta organizarla. ¿Podrá la campaña de 2018 convertirse en un salto adelante en la organización de los pueblos? Nadie puede responderlo. Pero es una oportunidad de que el poder de abajo se exprese de las más diversas formas, incluso en actos y papeletas electorales, porque la forma no es lo esencial.Reflexionando sobre los críticos, que no son pocos, en vez de acusar al CNI y al EZLN de divisionistas, podrían reconocer su enorme flexibilidad, siendo capaces de incursionar en terrenos que hasta el momento no habían tanteado y, de hacerlo, sin bajar banderas, manteniendo en alto los principios y objetivos. Los meses y años venideros serán decisivos para delinear el futuro de las oprimidas y oprimidos del mundo. Es probable que en pocos años valoremos la formación del Concejo Indígena de Gobierno como el viraje que estábamos esperando.
Podemos creer que los tiempos de
guerra contra los de abajo, en Argentina, se reducen al gobierno de Mauricio
Macri. Sin embargo, adquieren contundencia progresiva a partir de los setenta
con el PJ en el gobierno atacando mediante el Rodrigazo y la Triple A
pero sin éxito para la gobernabilidad de la injusticia social que es el aumento
incesante de la acumulación gran burguesa de riquezas y poder. De ahí la
dictadura genocida mediante la cual la alianza de capitales y estados
imperialistas con los locales consiguieron establecer las bases y motores del
neoliberalismo que optimizó el PJ liderado por Menem-Cavallo donde Kirchner y
Oscar Parrilli jugaron papel fundamental en la privatización de YPF.
En la democracia iniciada por el
gobierno de Alfonsín no hay refundación del Estado y al contrario desde 1984
hasta hoy se fue legalizando, legitimando y profundizando las garantías
estatales de opresión-represión de esa alianza adueñada cada vez más del país.
De esta historia y del balotaje cerrando todo el año 2015 (inmerso en elecciones
pese a la crisis nacional e internacional) se desprende porqué el triunfo de
componentes del poder real. Desde la dictadura mirando por EE.UU., la
globalización y el capitalismo dependiente, la democracia representativa se fue
afirmando como restringida. Todos los poderes públicos, los partidos políticos
de estado (el Justicialista y la Unión Cívica Radical) y las elecciones están
para la seguridad del clima de súper negocios gran capitalista. Basta
recordar cómo Gils Carbo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pusieron
del lado de Chevron (la actual Standard Oil) en contra del reclamo de Ecuador
por envenenar a pueblos originarios y sus hábitat en la Amazonía. Discutamos
cómo más de una deKada termina instalando a Daniel Scioli como su candidato.
Reflexionemos sobre la seguridad más visible y su agravación continua contra los
desposeídos de todo por el capitalismo:
Derechos
Humanos
“Es una
suerte de prisión a cielo abierto”
30 de
junio de 2014
A fin de la semana pasada, Scioli anunció que va a crear las policías comunales
por decreto, mientras el proyecto estaba en tratamiento legislativo con
aprobación en Diputados. Se refugió en la declaración de emergencia de seguridad
en la Provincia de Buenos Aires. La propuesta es que los distritos con más de
70.000 habitantes cuenten con una policía municipal con cierta autonomía y con
fondos provinciales. Hablamos con Christian Castillo, Dirigente del Partido de
Trabajadores Socialistas y Diputado Provincial de Buenos Aires por el Frente de
Izquierda y los Trabajadores.
Por
La Revancha.
LR: ¿En
qué consiste esta nueva policía que se suma a la Provincia de Buenos Aires, en
la propuesta que se trató en diputados?
Christian
Castillo: El lunes, Scioli tendría una reunión con todos los intendentes
donde mostraría el decreto en el cual se establecerían los lineamientos finales
de la policía. Aparentemente tendría cambios que fueron aprobados en Diputados.
Nosotros estamos en contra. El bloque del FAP y del radicalismo también. La
diferencia fundamental es que sería un órgano de la bonaerense, no una policía
alternativa. Después está el problema de si van a portar armas cuando estén
fuera de servicio o no. Lo que se había votado en diputados establecía que no.
Aparentemente eso lo cambiarían y el hecho de si te pueden detener o no por
averiguación de antecedentes, cosa que está prohibida en el texto y ahora
volverían a tener esa facultad. Van a ser verdaderos grupos de choque con los
que van a contar los barones del conurbano, que van a tener a estos cuerpos a
cargo. Nada bueno augura para los habitantes de la Provincia.
Sobre la
existencia de nuevos efectivos bajo el rótulo de policía comunal, Castillo no ve
la propuesta con buenos ojos:
C.C: Fue el
nombre que se había votado en Diputados, como policía de aproximación. Pero como
lo vemos con la metropolitana, es el ejercicio de las funciones represivas de
todas las policías en el marco de una provincia que está económicamente quebrada
en el sector público. Sin embargo, se van a destinar 4.500 millones anuales para
financiar estos 15.000 nuevos policías que se van a distribuir en los 40
distritos con más de 70.000 habitantes en la Provincia. Por un lado, hay
docentes que están meses sin cobrar, salarios muy bajos estatales, faltan
insumos en los hospitales, edificios hospitalarios y educativos que se caen,
faltan políticas de vivienda popular. Por el contrario hay un gasto con un
adicional en una policía nueva, que lejos de resolver el problema de la llamada
inseguridad lo mantiene. Porque acá no se avanza sobre el poder de la
bonaerense, que es la que junto con sectores del poder político, económico y
judicial administra el llamado gran delito: el manejo de las redes de trata,
narcotráfico y desarmaderos, como puede verse claramente que se desprende del
informe del caso Candela.
LR: ¿Se
sumaría una fuerza policial más a las que están actuando en la Provincia?
C.C: Es una
condición de militarización de la Provincia. Es una suerte de prisión a cielo
abierto, sobre todo lo que hace a las barriadas populares, donde actúa
gendarmería, prefectura, la federal, la bonaerense, las comunales y ahora las
nuevas policías. Es una condición de que se está militarizando todo,
estigmatizando a los sectores en situación de pobreza, aumentando las penas,
persiguiendo sobre todo a los jóvenes de visión popular y no atacando a los que
manejan al gran delito. Para graficar: esta mirada pone el foco en Luciano
Arruga y no en quienes hicieron desaparecer a Luciano Arruga.
LR: La
problemática en seguridad es una que a la Izquierda le cuesta generalmente
abordar, que suele ser patrimonio de la derecha, al menos en términos de
propuesta. Como Diputado Provincial, ¿cómo está trabajando en esto?
CC: Hay una
discusión sobre el uso del término que no se usa para el trabajo precario, para
la falta de acceso vivienda, sino que se utiliza en función del delito urbano y
en particular contra la propiedad. Hay una clara direccionalidad sobre qué es lo
que hay que defender. Se focaliza en ese tipo de delitos y no en el delito que
se puede llamar de guantes blancos, que es en general el que afecta a más
personas. Las llamadas políticas de seguridad tienen como fin a un sector de la
población al cual se lo priva de todo y por otro lado, son un fuerte control
social. Basta ver cuál es la población de las cárceles para entender eso. No
podemos escindir el problema del carácter de la organización social en la cual
vivimos. Esto implica una mirada que sale del golpe de efecto de lo que se llama
la demagogia punitiva: que con más cárceles y con más policías acá todo se
resuelve.
Nuestra mirada es opuesta a esto. Pone el eje en dos aspectos. Primero en cuestionar las condiciones de desigualdad en la que se basa el orden social y que los mismos políticos que proponen más policías y más cárceles son incapaces de superar. No le dan trabajo ni acceso al estudio a un millón de jóvenes en el país. Y del otro lado, ellos mismos son los que dicen de perseguirlos y estigmatizarlos. El otro aspecto es que los que administran hay delitos con los que no se quieren meter. Porque acá las cúpulas policiales son las que manejan esto. Basta mirarlo no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino con los policías de Córdoba y Santa Fe, con sus policías procesadas por organizar el narcotráfico o en Tucumán, por la complicidad con las redes de trata. No se quieren meter con la policía porque son los cuerpos de orden que preservan el mismo sistema capitalista. Nuestro abordaje cuestiona este orden social al servicio del cual están estas fuerzas represivas.
Nuestra mirada es opuesta a esto. Pone el eje en dos aspectos. Primero en cuestionar las condiciones de desigualdad en la que se basa el orden social y que los mismos políticos que proponen más policías y más cárceles son incapaces de superar. No le dan trabajo ni acceso al estudio a un millón de jóvenes en el país. Y del otro lado, ellos mismos son los que dicen de perseguirlos y estigmatizarlos. El otro aspecto es que los que administran hay delitos con los que no se quieren meter. Porque acá las cúpulas policiales son las que manejan esto. Basta mirarlo no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino con los policías de Córdoba y Santa Fe, con sus policías procesadas por organizar el narcotráfico o en Tucumán, por la complicidad con las redes de trata. No se quieren meter con la policía porque son los cuerpos de orden que preservan el mismo sistema capitalista. Nuestro abordaje cuestiona este orden social al servicio del cual están estas fuerzas represivas.
Audio completo:
http://www.ivoox.com/41-la-policia-comunal-frenara-inseguridad-audios-mp3_rf_3270910_1.html
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Formulemos una hipótesis: el
gobierno de CEOs no quiere compartir negocios con la casta política que durante
más de una deKada se perfeccionó en concretarlos, expandirlos y en ser impune.
Pero, además, Cristina Fernández y su núcleo duro han cultivado el cinismo en
forma mayúscula. Por eso, la dirigencia del PRO se percibe capaz de conservar el
consenso imprescindible. Se basa en la situación en que nos dejó el
kirchnerismo:
Corrupción y capitalismo (2)
8 de mayo de 2013
8 de mayo de 2013
Por
Rolando Astarita
Continuación
de la parte
(1)
Estado,
capital en general y capitalistas
La posibilidad de que la corrupción se transforme en una palanca de acumulación
reconoce un anclaje, en última instancia, en la contradicción que existe entre
las funciones del Estado, en tanto representante de los intereses del capital
“en general”, por un lado, y los intereses de los capitales particulares, por el
otro. Es
a través de esta articulación específica que se despliegan las tensiones y
conflictos en torno a la problemática de la corrupción. (…)
Hoy
podríamos hablar de lumpen burguesía estatal para significar esa capa de altos
funcionarios del Estado, que no sólo recibe plusvalía bajo la forma de salario,
sino también se apropia de otra tajada en tanto intermedia y habilita el
enriquecimiento, o la formación, de nuevos capitalistas, sin transformarse por
eso en explotadora directa del trabajo. Por lo general, estos sectores acumulan
en los mercados financieros internacionales
(bonos, acciones, depósitos en cuentas externas), o en propiedad residencial (en
Miami, por caso). Tienen una lógica especulativa, que ni siquiera es la del
prestamista que gana en el circuito “dinero – más dinero”; aquí es “dinero que
surge de la nada” y se reproduce de la nada, para blanquearse y fundirse luego
con el capital financiero internacional.
Se trata de una lumpen
burguesía estatal y financiera, que
no pasa al estatus de capitalista productivo; es una especie particular de
parásito, un tipo humano desfachatado y dilapidador sin límites, habituado a
realizar todo tipo de fraudes y engaños, en combinación con fracciones del
capital privado, interno o externo. Es curioso cómo un amplio abanico de la
izquierda K (peronismo de izquierda, militantes y ex militantes del PC,
intelectuales estilo 6,7,8 y
similares) disimulan, o incluso justifican, con las más diversas excusas, la
existencia de este fenómeno.
Corrupción, clase obrera y movimientos sociales
Si bien los
marxistas rechazamos la idea de que la corrupción es la principal causa del
atraso económico, o de los sufrimientos de la clase trabajadora, en el
socialismo siempre existió una aguda conciencia de sus efectos negativos sobre
la clase obrera y los movimientos revolucionarios, o incluso democrático
reformistas. La preocupación ya estaba en Marx y Engels. Por ejemplo Marx, en
carta a Liebknecht del 11 de febrero de 1878, decía que la clase obrera inglesa
había sido “la más corrompida desde 1848 y había terminado por ser el furgón del
gran partido Liberal, es decir, lacayos de los capitalistas. Su dirección había
pasado completamente a manos de los corrompidos dirigentes sindicales y agentes
profesionales”. Marx y Engels también estaban convencidos de que la clase obrera
británica se beneficiaba de la explotación que realizaba Gran Bretaña en el
resto del mundo, lo que daba lugar a un “proletariado burgués” (carta de Engels
a Marx del 7 de octubre de 1858). Y Marx se refirió incluso al rol negativo de
las cooperativas obreras sostenidas por el gobierno prusiano; en carta a Engels,
del 18 de febrero de 1865, decía que “el apoyo del gobierno real prusiano a las
sociedades cooperativas… carece de valor alguno como medida económica, pero en
cambio extiende el sistema de la tutela, corrompe a un sector de los obreros, y
castra el movimiento”.
La idea de
que la corrupción es un factor de dominio de la burguesía, y de desmoralización
y desorganización de la clase obrera, también está presente, incluso de manera
más aguda, en Lenin y en Trotsky. Este último, por ejemplo, llegó a decir que la
burocracia sindical “es la columna vertebral del imperialismo británico”, y “el
principal instrumento de la opresión del Estado burgués”; pensaba que en los
países atrasados el capitalismo creaba “un estrato de aristócratas y burócratas
obreros”, y que los sindicatos se transformaban (era el caso de México) “en
instituciones semiestatales” que asumían “un carácter semitotalitario” (véase
Trotsky, 1977). En un texto de los años 1920 sostenía que la burguesía
norteamericana, como antes había hecho la británica, “engorda a la aristocracia
obrera para mantener maniatado al proletariado” (1975, p. 67).
Todo esto es
aplicable a la actualidad argentina (y sospecho, a la actualidad de la mayoría
de los países capitalistas). Históricamente, la clase dominante -a través del
capital privado, o del Estado- ha buscado dividir, desmoralizar, desorganizar a
los movimientos sociales o críticos. Es conocida la historia de los sindicatos.
Hoy la burocracia sindical es socia del capital y del Estado, a través de
múltiples conexiones, como el manejo de obras sociales, la administración del
ingreso de trabajadores a las empresas, la participación directa en negocios
capitalistas, con colaboración, o no, de instancias estatales, y otras vías. La
burocratización trae aparejadas, inevitablemente, las prácticas burguesas y
represivas al interior de las organizaciones obreras.
Pero
el mal se extiende también a los movimientos de desocupados, a organismos
defensores de derechos humanos, y de cualquier tipo. Por ejemplo, actualmente
las cooperativas de desocupados opositoras del gobierno K son discriminadas en
la asignación de recursos, en tanto las adictas son recompensadas de múltiples
formas. De esta manera, se consolida un sistema de tutelaje y corrupción de
dirigentes sociales, a cargo del Estado. Los casos son muy conocidos, y no hace
falta abundar en ello. Señalemos también el rol de la corrupción para convertir
a intelectuales críticos en apologistas del sistema, o defensores de alguna
fracción de la clase dominante. En esta vena, es frecuente encontrar esos
sujetos en los cuales, y al decir de Marx, “el charlatanismo en la ciencia y el
acomodo en la política son inseparables”. Como es costumbre, estos intelectuales
“progres” dirán -sesudamente, faltaba más- que no hay que denunciar esta
corrupción porque “le hace el juego a la derecha” o porque “desprestigia a los
sindicatos, a los movimientos sociales, o a la política”. Según esta tesis, no
habría que denunciar la corrupción y la represión de la burocracia sindical,
aunque son principales factores del debilitamiento de los sindicatos, para no
debilitar a los sindicatos. Y lo mismo se aplicaría al resto de las
organizaciones; y a ellos mismos. Es, por supuesto, un razonamiento absurdo
(aunque acomodaticio). Los marxistas son conscientes de que la emancipación de
la clase obrera no se logrará ocultando los problemas y las contradicciones. La
crítica debe ir hasta la médula, y el principio de toda crítica es el rigor.
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