9.000 familias indígenas resisten en Argentina la presión de los terratenientes de la soja
26 de enero de 2017
El Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago
del Estero, aglutina desde los años 90 la lucha de las comunidades de esa
provincia semidesértica argentina contra la progresiva ocupación de unas
tierras en las que llevan siglos viviendo.
“Para nosotros es dificultoso disponer de un
papel [de propiedad], pero un papel no da derecho a destruir un ecosistema”.
Deolinda Carrizo, del Mocase (Movimiento Campesino Santiago del Estero),
explicó este lunes en Zaragoza, en un acto convocado por el Comité de
Solidaridad Internacionalista, la lucha que desde hace más de 25 años mantienen
las 9.000 familias agrupadas en este colectivo contra el desalojo silencioso al
que vienen siendo sometidos por terratenientes y grandes empresas que están
extendiendo por esta provincia del norte de Argentina el monocultivo de la soja
transgénica.
Santiago del Estero es una semidesértica provincia
del noreste de Argentina –su superficie equivale a la de Castilla y León y
Extremadura juntas, con 20.000 habitantes más que Guadalajara- que forma parte
del Gran Chaco y a la que a principios de los 90 comenzaron a llegar
propietarios de grandes extensiones de los que hasta entonces nadie había oído
hablar.
Intensificaron el proceso de ocupación de
tierras iniciado en la dictadura —ahora para implantar el monocultivo de la
soja—y el desalojo de comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios anteriores
a la colonización. “No sabemos de dónde salían esos títulos, algunos eran
prendas de deudas que habían acabado en el juzgado”, señala Carrizo.
“Lugares despreciados para el progreso”
El proceso, impulsado por “la necesidad de
ocupar los lugares del país que habían sido despreciados para el progreso”, se
intensificó en 1996, con la autorización para cultivar en Argentina soja
transgénica, que hoy es prácticamente un monocultivo en la zona.
Y que lleva camino de agravarse con las
políticas de Mauricio Macri, cuyo Gobierno ha eliminado los impuestos que
gravaban la exportación de ese cultivo —también los del maíz y los productos
mineros— y ha abolido el límite del 20% de la propiedad de la tierra al que
podía acceder el capital extranjero.
El avance de las toperas, las máquinas que
allanan lomas y deforestan llanuras, y de las vallas que agrandan las
propiedades de terratenientes y empresas al tiempo que achican el espacio de
las comunidades, se ve apoyada por dos estrategias cuyo objetivo es amedrentar a
los indígenas, explica Carrizo: las fumigaciones indiscriminadas, incluso sobre
los pequeños núcleos de población y sus escuelas, y la aparición de escuadrones
de la muerte.
“Contratan paramilitares para expulsar a las
familias”
“Están contratando a grupos armados
paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivan do
la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años 90” , indica, en una estrategia
del terror que hace unos años se cobró la vida de dos activistas. Esas
decisiones de Macri, anota, “están reactivan do
muchos conflictos” tanto en el norte como en el sur de Argentina, en la zona de
los mapuches, como consecuencia de los procesos de acaparamiento de tierra.
El inicio de las hostilidades hizo que las
comunidades indígenas de Santiago del Estero comenzaran a organizarse.
Normalmente, cada familia combina la crianza de cabras, vacas y chanchos
(cerdos) con el cultivo de parcelas de 10 a 30 hectáreas de
secano, más extensiones secas de varios miles con otros grupos, con cuya producción
subsisten y suministran a los mercados locales.
“Muchas familias llevan siete, diez y más
generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades
históricas como a las familias que cultivan
durante veinte años de manera pacífica un terreno”, explica Deolinda Carrizo,
que sostiene que “logramos resistir de manera conectiva difundiendo el
conflicto” cuando comenzaron a ser expulsadas y a perder sus tierras a
principios de los 90. “No les interesa la soberanía de los pueblos, solo les
interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de
vida”, sostiene.
Fábricas y una escuela de agroecología:
Mocase, integrado en Cloc (Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y en Vía Campesina —representa a
más de 200 millones de campesinos de 164 organizaciones de 73 países—, ha
apostado por dos líneas de trabajo para mejorar la situación de las comunidades
de Santiago del Estero: fomentar la puesta en marcha de fábricas de
transformación agroalimentaria y promover una Escuela de Tecnicatura
Agroecológica en la que, desde hace ya diez años, la enseñanza de técnicas
académicas se combina con la de las tradicionales.
El centro incluye estudios de disciplinas no
agrarias, como arquitectura, medicina y comunicación, y sus planes de estudio
combinan las estancias de los alumnos en universidades públicas con las que
mantienen convenios con la realización de prácticas en las comunidades.
“El reto de Vía Campesina —señala Carrizo— es
poner en marcha el Instituto de Agroecología latinoamericano”, una especie de
universidad popular de esta disciplina que cuenta con el apoyo de centros de
Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/9.000_familias_indigenas_resisten_en_Argentina_la_presion_de_los_terratenientes_de_la_soja
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