El pueblo shuar se opone a la industria
extractivista, que destruye sus hábitos de vida y cultura ancestrales y lo
expulsa del territorio. La región está en estado de excepción desde el 14 de
diciembre y la represión del Estado ha aumentado exponencialmente.
Por Diagonal
Periódico
Domingo 22 de diciembre, en pleno bullicio por
la preparación de las celebraciones navideñas, decenas de personas se
concentraban en la Plaza
Grande de Quito para reivindicar la desmilitarización de los
territorios de la región de Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor del
Ecuador. Concretamente en Nankintz, la zona donde la empresa minera Explocobres
S.A. (EXSA), filial del consorcio chino CRCC (China Railways Construction
Corporation), y Tongling Non Ferrous Metals pretenden iniciar el proyecto
Panantza-San Carlos, que consiste en abrir dos minas a cielo abierto.
Actualmente, está en estado de excepción desde el 14 de diciembre de 2016,
cuando las comunidades campesinas e indígenas shuar que vivían allí intentaron
retomar el territorio del que habían sido expulsadas en el mes de agosto.
La ciudad en contra la megaminería
La ciudad en contra la megaminería
“Es la primera vez en seis meses que se
consigue tomar esta plaza, símbolo de las protestas en la capital”, explica
Michelle Báez, del colectivo Minka Urbana, integrado por activistas que
intentan vincular con la ciudad las luchas contra la minería en el territorio.
Desde las movilizaciones para frenar la ocupación del Yasuní en manos de las
petroleras, dice, “nos habían expulsado de las plazas, y ahora volvemos, para
mostrar la indignación por la falta de respeto y la violencia hacia los pueblos
indígenas. La gente es muy consciente de la riqueza del pueblo shuar y lo que
implica su expulsión”.
“Esta rabia ha nacido por cómo se ha entrado
al territorio; sin consulta previa, con ocupación militar, insultos y
manipulaciones... a un pueblo tan digno como el shuar”, cuenta Báez. No se han
movido del territorio desde tiempos ancestrales –a pesar del discurso estatal
que intenta negarlo–, y hasta ahora han sido considerados “héroes nacionales”,
ya que aportaron herramientas estratégicas en la guerra contra Perú para
defender militarmente la Cordillera del Cóndor.
El 28 de diciembre hubo otra convocatoria que
también ocupó la
Plaza Grande. Aunque pudieron entrar, y lo hicieron de manera
pacífica, la concentración terminó con agresiones a las manifestantes por parte
de un grupo de personas que se les encaró gritándoles y lanzando huevos, y al
final, cuando todo terminaba, los agredieron. “Nos tiraron del pelo y nos
golpearon”, narra Juan, que estuvo presente. La policía también intervino, y
todo hace pensar que fue un “grupo de choque”, al servicio del Estado, tal como
denuncian desde Minka en un documento presentado a la Fiscalía el día siguiente,
29 de diciembre. Además, en el contexto de represión, los ministerios de
Interior y del Ambiente –respondiendo a las denuncias de EXSA– han iniciado un
proceso para intentar cerrar la organización Acción
Ecológica , que hace 30 años trabaja defendiendo la tierra y
la naturaleza, así como la soberanía de los pueblos indígenas.
El incremento de la violencia
La organización de movilizaciones en Ecuador
viene promovida por el llamado de la Federación
Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH) y la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), después de una asamblea de
urgencia celebrada en Sucúa, la población más cercana a Nankintz. Ese día se
convocó un encuentro para el 10 de diciembre en San Juan Bosco, una de las
comunidades campesinas atravesadas por la disputa. Allí se
tenía que definir cómo continuar la resistencia con el apoyo de las
federaciones indígenas de todo el país, pero no se llegó a realizar a causa de
la intervención militar que evitó la entrada de las representantes que
asistieron.
El 14 de diciembre se intentó retomar la zona,
y el enfrentamiento dejó diversas personas heridas y un policía muerto. A
partir de esa fecha, se decretó el estado de excepción y el conflicto se
agravó: ha habido acosos y tiroteos constantes por parte de las fuerzas del
Estado y diez personas han sido procesadas. Cinco de ellas se encuentran en
prisión preventiva en Latacunga –lejos de su región– y de manera irregular, sin
justificación. Esta situación les impide preparar la defensa en buenas condiciones.
Uno de ellos, Agustín Wachapa, es el líder de las FICSH, y su aislamiento
supone “cortar la cabeza” en parte al movimiento de resistencia shuar, según
personas que han convivido con la comunidad.
Esta persecución a dirigentes y acciones
organizadas, a pesar de estar repuntando ahora, no es nueva: desde que las
empresas transnacionales llegaron a la Cordillera para empezar la fase
exploratoria, en el año 2006, han muerto tres personas shuar en contexto de
enfrentamiento o asesinadas por su posición de liderazgo. Todas las muertes
siguen en la impunidad. “Lo que pasa ahora es consecuencia de la espiral de
violencia instaurada por el mismo Estado”, afirma Michelle Báez.
El pueblo shuar en alerta
Domingo Ankuash, defensor histórico de los
derechos indígenas y miembro de la comunidad shuar, afirmó en unas
declaraciones en los medios de
comunicación, el pasado mes de diciembre, que el “Estado ecuatoriano, con las
políticas que está llevando a cabo, está buscando la desaparición de la
población shuar”. A lo largo de estos años, en los que se ha ido instalando la
explotación minera a gran escala, los shuar han visto modificados sus hábitos
de vida, su cultura, han perdido territorio y muchos han tenido que vender su
fuerza de trabajo, cambiando la ganadería y la agricultura por la mina. “Este
cambio tan drástico está afectando nuestra identidad: es una forma de morir
lentamente”, asegura Ankuash. Por eso se han lanzado a la defensa radical de su
territorio: “Si tenemos que morir, lo haremos luchando”.
Se pueden prever las consecuencias que la
megaminería tendrá en la zona porque se han podido ver en la comunidad vecina
de Tundayme, donde en 2010 empezó el Proyecto Mirador por parte de la misma
empresa pero bajo otro nombre: ECSA. Báez, junto con el investigador francés
residente en Quito William Sacher, el abogado Fred Larreategui, la bióloga Melissa Moreano
y el geógrafo Manuel Bayón escribieron el informe Entretelones de la
megaminería en Ecuador, que cuenta a partir de testimonios directos qué ha
implicado el extractivismo en Tundayme.
La comunidad de Nankintz es consciente de
ello: ha visto la contaminación de las aguas, los desalojos forzados de la
población sin el cumplimiento de las reubicaciones prometidas, las irrisorias
compensaciones de las servidumbres (cesiones temporales a las empresas para la
explotación), la criminalización y persecución a las que mostraban resistencia,
y la violencia estructural que implica romper con la vida rural y la imposición
de una lógica productiva industrial, que ha caído sobre todo en las mujeres. Es
por eso que en la zona de Panantza-San Carlos la resistencia por parte de estos
grupos de población es fuerte, a diferencia quizás de otras zonas del país
donde sí que han aceptado la entrada de las mineras y se han vendido
propiedades.
Nakintz como detonante
La situación en Nankintz está despertando los
movimientos en diversas ciudades, y sobre todo en Quito, donde desde Minka
Urbana se está canalizando una respuesta organizada para visibilizar y apoyar
la resistencia en los territorios. La urgencia es Nankintz, pero así también se
está extendiendo el rechazo a la megaminería y las graves consecuencias que
tiene para el país. El miércoles 21 de diciembre se convocó una asamblea en el
cine alternativo Ocho y Medio, a la que asistieron unas 200 personas, todas
dispuestas a aportar lo que pudieran para hacer frente a la situación. Confluyeron
diversos grupos: colectivos de artistas, movimientos urbanos, organizaciones de
mujeres y personas independientes. El encuentro terminó en la calle,
dividiéndose en diversas comisiones que desde entonces están activándose y
empiezan a trabajar.
“El proceso ha sido bastante fuerte: la gente
ha respondido muy deprisa, porque ya existía una masa crítica que estaba alerta
a las problemáticas. Cuando empezamos a convocar plantones semanales en el
centro de la ciudad, se unieron muchos grupos de diversas procedencias”, explica Báez. Además, comenta que el lugar es estratégico,
porque en esta zona de la ciudad es muy fácil acceder a personas que no están
informadas y muestran interés por el tema, ya que “la información que llega es sólo
la oficial, ningún medio está narrando la historia desde el territorio”. Juan, uno de los asistentes a la
concentración del 22, coincide en la necesidad de hacer extensiva la
convocatoria: “Hay mucha falta
de implicación todavía, y los pueblos indígenas son en gran parte desconocidos
y rechazados por la población urbana”.
El Estado: promotor y garante de la
megaminería
El proyecto Panantza no es el único y no
afecta sólo a la zona de Nankintz, sino que va a tener repercusiones
ambientales y económicas en toda la Cordillera. William
Sacher afirma que Ecuador se está convirtiendo en lo que él
llama un “mineraloestado” , ya que a partir de la llegada de Correa (2006) al
poder, es el mismo Estado el que promueve y asume la minería a gran escala como
un proyecto político y se crea un entramado institucional para apoyar la
construcción de infraestructuras para los proyectos extractivistas. Antes, la
lógica era de carácter neoliberal, época durante la cual se favoreció la
entrada de capital para la exploración del territorio, dando a las empresas la
libertad de circulación de capitales y acciones para la explotación minera.
Cuando el Gobierno apuesta por esta matriz
productiva tan invasiva, toma la responsabilidad de vaciar el territorio de
asentamientos humanos en beneficio de las empresas, que se desentienden
totalmente de la responsabilidad de reubicar a las personas expulsadas. Es el
Estado quien se encarga de las compensaciones, que son de entre 3.000 y 5.000
dólares por hectárea. Además, las transnacionales chinas no tienen ningún
interés en legitimar sus acciones en el territorio ni en asumir ninguna
responsabilidad social, no se preocupan de intervenir en las comunidades e
imponen unas condiciones laborales muy duras.
“Caminamos hacia un país minero, siguiendo el
mismo proceso que tuvimos con el petróleo: materia barata, sin procesar, y con
una destrucción sin miramientos del territorio”, lamenta Sacher. Eso implica vulnerabilidad en el ámbito
económico, ya que Ecuador seguirá dependiendo de las fluctuaciones del capital
internacional. Según Sacher, eso “sólo
es un paso más del proceso colonial que empezó hace siglos”. Cada vez la “modernidad” avanza más en
el territorio, siguiendo la dinámica de acumulación de capital, y “se cumple un patrón similar al de
muchos otros procesos, como la conquista del oeste norteamericano”, compara, dado que considera que se
siguen los mismos métodos: engaño, violencia, ocupación militar, matanzas.
Con estas medidas de implantación de la
megaminería a través de la legislación, represión y descomposición de
movimientos sociales, métodos parecidos en gran parte de América Latina, se
está abriendo paso a la
derecha. Ha pasado en Argentina, Brasil, y puede suceder en
Ecuador en las próximas elecciones del mes de febrero, dando la victoria a
Lasso, el candidato de la
coalición Alianza por el Cambio. “Eso implicaría un avance del
capital mucho más agresivo que ahora. De todos modos, cualquier gobierno que
venga intentará ampliar la frontera extractiva y favorecer el avance del
capital”, sostiene Báez.
Retomar la esperanza de otro Ecuador
Tal como lo ven desde Minka Urbana, la gente
organizada en las ciudades puede hacer mucha presión en las esferas gubernamentales
y el capital. Los objetivos de la movilización son, en primera instancia,
acabar con la presencia militar en la zona y, a más largo plazo, conseguir
echar el modelo de megaminería que está destruyendo los territorios. “Creo que tenemos que ser
solidarias con la gente que está poniendo el cuerpo, está defendiendo con su
vida el territorio; y también defender nuestra propia supervivencia, ya que
dependemos directamente de lo que la gente produce en el campo, en la selva, y
este acaparamiento nos afecta directamente”, reflexiona Báez.
Las acciones que se están llevando a cabo
consisten en la visibilización del problema, en informar de lo que está
pasando, en que todo el mundo comprenda bien la situación y organizar, tramar
un tejido de grupos ya activos y de personas para llamar la atención a escala
internacional. “Queremos ser
una réplica de denuncia de las voces shuar, porque no hay cobertura mediática y
el discurso oficial es muy fuerte”, dice
Báez. Sacher afirma que “con
estas acciones estamos retomando la esperanza que hubo cuando Correa llegó al
poder y que ha traicionado poniendo al país en manos del capital internacional.
Queremos otro tipo de proyecto económico, político y social para Ecuador”.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13508
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