Explotación y trabajo
infantil en el México contemporáneo
Contradicciones de un
modelo de desarrollo excluyente y fallido
20 de agosto de 2016
Por Guillermo Castillo (Rebelión)
¿Cuál es el futuro de
un país que, al mismo tiempo que tiene a varios de los hombres más ricos del
mundo y presenta uno de los índices de corrupción y desigualdad más agudos del
mundo, cuenta también con más de 21 millones de menores de edad en pobreza y
con más de la mitad de su población total en la misma situación de precariedad
material?
La construcción social de la desigualdad se
funda en procesos de acumulación económica apuntalados por las políticas de
liberalización y desregulación que, en la medida en que sólo benefician a
acaudaladas y avariciosas minorías, despojan a millones de personas, no sólo de
sus recursos materiales y sus derechos humanos y sociales más elementales, sino
de la misma posibilidad de una vida digna.
Vista panorámica de una niñez empobrecida y explotada
La desigualdad e injusticia, así como la pobreza masiva y generalizada
en el campo y la ciudad, han sido algunos de los rasgos de la historia social
del México contemporáneo, y una de las muestras fehacientes de que el proyecto
de desarrollo nacional apuntalado por los regímenes políticos mexicanos
neoliberales de las últimas décadas ha fracasado por completo. No llegaron ni
la anunciada generación de empleos mejor remunerados ni el esperado crecimiento
económico que supuestamente se traduciría en la mejoría de las condiciones de
vida de la mayoría de la población; tampoco disminuyó la desigualdad e
inequidad, no mejoraron los servicios de salud, y, finalmente, la violencia,
junto con la impunidad y la corrupción, siguen siendo una pandemia constante,
generalizada y estructural-. Los rostros de la exclusión son variados y
múltiples –jornaleros, campesinos, obreros, maestros, estudiantes, entre tantos
otros-; no obstante uno de los más dolorosos son los adolescentes y niños en
situaciones de precariedad material y forzados a trabajar. Según datos
recientes de instancias internacionales y nacionales, en México aproximadamente
21 millones de menores de edad se encuentran en pobreza [1], situación que se
acentúa y acrecienta, tanto dentro del campo –donde los índices de problemas de
desarrollo/crecimiento físico se duplican respecto a los centros urbanos-, como
al interior de los grupos indígenas –donde uno de cada nueve está en pobreza y
uno de cada tres presenta algún tipo de desnutrición- [2]. En este contexto, en
el país cerca de 8.6% de los niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete
años -aproximadamente dos millones y medio de menores-[3], por varios motivos
–entre los que destacan completar el gasto familiar debido al exiguo salario de
sus padres- se ven obligados a trabajar en diversos rubros -agricultura, comercio,
servicios, manufactura, construcción y otros [4] [5]-; además, el trabajo de
menores de edad se concentra notoriamente en tres estados del sur del país
-Guerrero con 14%, Oaxaca con casi 12% y Chiapas con 11%- [6], entidades
federativas caracterizadas por una alta población rural e indígena y por
presentar los índices de desarrollo humano más bajos del país.
Explotación y trabajo infantil, una realidad
invisibilizada pero presente
El trabajo y
explotación infantil, más allá de los marcos normativos –nacionales e
internacionales- y de los buenos deseos oficiales, es una realidad innegable y
demográficamente desproporcionada que muestra la constante transgresión y falta
de respecto de los derechos de uno de los sujetos sociales más vulnerables.
Para estos niños y adolescentes bajo estas condiciones, y a semejanza de otros
grupos sociales con derechos violados, la ley es letra muerta y reflejo de la impunidad. Sobre
la base de otros procesos de marginación –como la alta mortalidad infantil, la
baja esperanza de vida, precarios niveles de educación e ingreso económico-, el
trabajo infantil y la falta de derechos de los niños y adolescentes se acentúa
en regiones del país con fuerte presencia campesina-indígena –como Guerrero,
Oaxaca y Chiapas- y con niveles de bienestar material claramente desiguales y
excluyentes, producto de una política explícita de la desigualdad; así, no es
casualidad que este fenómeno se concentre en el sureste de México, y el campo
en particular, pues ha sido uno de los sectores más golpeados y deteriorados
por las reformas estructurales neoliberales –que han desembocado en la
desarticulación productiva y, por consecuencia, en la falta de empleo, salarios
bajísimos y muy precarias condiciones laborales-.
De este modo, la pobreza y el trabajo adolescente e infantil se
asientan y establecen sobre un marco previo y estructural, las adversas
condiciones de los mercados labores –que se caracterizan por ser flexibles,
desreguladas, riesgosas, no vigiladas ni sancionadas-; este panorama, no sólo no
protege a los trabajadores –y padres de estos niños y adolescentes-, sino que
ni si quiera provee a estos trabajadores de la remuneración económica
indispensable para la subsistencia de ellos y sus familias. En gran parte de
los casos, la ignominia del trabajo infantil se funda en la explotación y
precariedad del trabajo en general. No obstante que el Estado mexicano dice
alarmarse y reconoce que hace falta mucho por hacer respecto a los derechos de
los niños y adolescentes, han sido el mismo Estado y sus instituciones quienes
han diseñado y llevado a cabo una serie de políticas y cambios
económico-sociales que generan y propician las condiciones, no sólo para que no
se respeten y se violen de manera constante y fáctica los derechos de los niños
y los menores de edad, sino también para que estas ominosas situaciones se
acentúen e incrementen.
Bibliografía
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215750
No hay comentarios:
Publicar un comentario