Enfrentando los crímenes impunes de las
empresas transnacionales
14 de septiembre de 2016
¿Cómo consiguen las TNCs quedar impunes ante
sus crímenes? Cuando las comunidades consiguen organizarse para buscar justicia,
hacen frente a menudo a autoridades policiales, administrativas y judiciales
que no colaboran en la defensa de sus derechos y que anteponen los intereses de
las TNCs."
Por Sol
Trumbo / 13 de septiembre,
2016
Este fin de semana se ha hecho pública la
declaración de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) celebrada
en Manzini, Suazilandia el 16 y 17 de Agosto, centrada en los crímenes
cometidos impunemente por empresas transnacionales (TNCs) en la región
sudafricana. Nueve testimonios presentados mayoritariamente por mujeres como
líderes de sus comunidades o cuidadoras de las víctimas, demostraron la falta
de acceso a la justicia y la necesidad de mecanismos como el TPP para acabar
con la impunidad de las TNCs.
Casos como la masacre de Marikana en 2012,
donde 34 de los mineros de la multinacional Lonmin en huelga fueron asesinados
por las fuerzas de seguridad surafricanas, muestran el nivel de violencia
ejecutado en la región para defender los intereses de las TNCs. La sesión del
TPP constató el carácter sistemático de las violaciones cometidas por TNCs en
diferentes países, en particular las empresas mineras y extractivas.
Testimonios de Zambia y Sudáfrica verificaron como, debido a las actividades de
Glencore en sus territorios, acuíferos de los que dependen comunidades enteras
quedan inservibles y como se disparan los problemas respiratorios a
consecuencia de la emisión de gases venosos sin ningún plan medioambiental.
Glencore es la mayor empresa del mundo dedicada a la compra-venta de materias
primas y alimentos, acaparando por ejemplo la mitad del mercado mundial del
cobre. El comportamiento de Glencore puertas adentro no es más positivo,
reprimiendo con disparos una huelga consecuencia de incumplir sus propios
planes laborales. No pagar costes medioambientales y humanos ofrece grandes
beneficios, los cuales sin embargo no repercuten en la zona gracias a complejas
estructuras financieras internacionales. El cuartel general de Glencore está en
Suiza aunque su registro oficial esta en el paraíso fiscal de la isla de
Jersey.
Los asesinatos a activistas luchando contra
las actividades de TNCs en América Latina como el de la Hondureña Berta Cáceres
han sido titular en los últimos meses. Sin embargo África sigue encarnando la
cara más extrema de la
globalización. Como indica la introducción de la declaración
del TPP de Manzini “las luchas de liberación (Africanas) han sido incapaces de
evitar la transición al neocolonialismo”. En el actual contexto la supeditación
de África a los intereses de los viejos poderes coloniales se añade los de las
potencias emergentes. La intensificación de la presencia empresarial china en
el continente durante los últimos años es bien conocida, pero en el TPP también
se han escuchado casos de violaciones cometidas por TNCs de los llamados BRICS
como la Brasileña Vale ,
la Rusa DTZ-OZGEO ,
la India Jindal ,
y la
Sudafricana Chancellor House.
¿Cómo consiguen las TNCs quedar impunes ante
sus crímenes? Cuando las comunidades consiguen organizarse para buscar
justicia, hacen frente a menudo a autoridades policiales, administrativas y
judiciales que no colaboran en la defensa de sus derechos y que anteponen los
intereses de las TNCs. Una narrativa de crecimiento y progreso construida en
torno al supuesto beneficio que sus inversiones traen a los territorios,
presenta los intereses de las TNCs como coincidentes con los de las poblaciones
que sufren las consecuencias de sus operaciones. Esta narrativa se promueve por
las TNCs y organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI y es
aceptada ampliamente por altos funcionarios y cargos electos. En Manzini sin
embargo la pregunta era: ¿Crecimiento para quién?
Cuando a pesar de todo un proceso judicial
contra una TNC consigue salir adelante se inicia entonces una lucha desigual,
las TNCs acceden a bufetes de abogados internacionales especializados en
proteger por todos los medios posibles los “derechos” de sus clientes. En este
punto la brecha que separa la Lex Mercatoria ,
construida en torno a multitud de tratados y acuerdos de comercio e inversión
con sistemas de ejecución consolidados, del frágil sistema internacional de
defensa de los derechos humanos se vuelve insalvable.
El caso de varias comunidades indígenas
ecuatorianas que presentaron una demanda en una corte estadounidense contra
Chevron por la destrucción causada en la región amazónica en la que vivían es
paradigmático. La petrolera gastó millones de dólares para argumentar que debía
ser juzgada en Ecuador, tras diez años de litigio y conseguir que el caso
pasara a cortes ecuatorianas su defensa se basó entonces en la inadecuación de
las cortes ecuatorianas. Tras otra década de litigios y recibir finalmente una
sentencia a pagar casi 10.000 millones de dólares en daños, Chevron invocó un
tratado de comercio e inversión bilateral que finalmente le exoneró de pagar.
Tras 23 años de lucha los pueblos indígenas ecuatorianos siguen sin acceder a
la justicia.
Casos como el de Chevron son comunes en otras
regiones del mundo, los tratados bilaterales de comercio promovidos por los
países de la EU en las últimas décadas incluyen extensos capítulos de
protección de inversores, principalmente TNCs. Esta tendencia se ha pretendido
ahora afianzar a nivel de la UE con los acuerdos planeados con Estados Unidos
(TTIP) y Canadá (CETA). Las críticas y movilización sin precedentes contra
estos tratados, que han forzado al gobierno francés a posicionarse en contra
del TTIP y creado dudas en el alemán, fue de hecho iniciada por organizaciones
que llevan dos décadas exponiendo las consecuencias que ese tipo de tratados
han tenido en otras regiones del mundo.
La política comercial de la UE en África gira
en torno a negociar agresivamente EPAs (Acuerdos de Asociación Económica por
sus siglas en inglés). Recientemente Nigeria y Tanzania se han negado a firmar
EPAs cuestionando la compatibilidad de una política industrial autónoma con
reglas de comercio que incluyen extensos planes de liberalización e impiden la
protección de la economía local. La evidencia presentada en Manzini expuso
además como éste modelo comercial deja a las comunidades desprotegidas mientras
se blinda la protección de los inversores, constituyendo unaarquitectura de
la impunidad para las TNCs.
Ante la impunidad de las TNCs movimientos
sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil han iniciado el
proceso de construcción de un sistema judicial desde abajo para llegar donde no
llegan las leyes nacionales e internacionales. El principal ejemplo de ello es
el TPP, descendiente de los Tribunales Russell organizados en Estocolmo y
Roskilde (1966-1967) para juzgar los crímenes contra la humanidad que se
estaban cometiendo en Vietnam. Rusell II juzgó los crímenes de las dictaduras
en América Latina en los años setenta y ya entonces organizó sesiones concretas
exponiendo la alianza entre las empresas transnacionales y los estados. El TPP
se fundó en 1979 siguiendo la Declaración de los Derechos de los Pueblos en
1976 afirmando el rol de las comunidades afectadas como las protagonistas para
desarrollar leyes desde el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Las TNCs españolas Repsol, Aguas de Barcelona
y Unión Fenosa también han sido juzgadas en diferentes estancias del TPP. En
Mayo de 2010 Madrid fue el escenario de la sesión del TPP sobre la UE y las
TNCs en América Latina, que expuso y condenó las violaciones de derechos
humanos cometidas impunemente bajo el paraguas de las políticas comerciales de la UE. La experiencia de
cuarenta años del TPP ha desarrollado una capacidad de presión política y
jurídica que ha dado paso a una coalición de 200 organizaciones y redes de todo
el mundo trabajando en torno a la
“Campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner
fin a la impunidad”. Una línea de trabajo clave de la campaña es la elaboración
de un Tratado Internacional de
los Pueblos para el control de las empresas transnacionales. El tratado se
entiende como un proceso que visibilice y fortalezca las alianzas entre las
comunidades y pueblos afectados, creando a su vez un nuevo paradigma jurídico
internacional que afiance la protección de los derechos humanos y los
ecosistemas por encima de los derechos de los inversores.
Este trabajo ya ha dado frutos. Desde 2014
existe un grupo de trabajo intergubernamental en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra para discutir la creación de un tratado vinculante
sobre derechos humanos y TNCs. Este proceso histórico se inició a petición de
los gobiernos Ecuador y Sudáfrica con el apoyo de cientos de organizaciones y
movimientos sociales de todo el mundo. Con escasas expectativas de éxito al
inicio, salió adelante a última hora con la resolución A /HRC/RES/26/9
gracias al apoyo definitivo de China, India y Rusia. Estados Unidos, la UE y
Japón se opusieron frontalmente, con abstenciones escandalosas como la de Brasil.
El proceso en la ONU permite resaltar la
impunidad de las TNCs en casos de violaciones de derechos humanos. Construir
obligaciones vinculantes no será sin embargo un camino fácil. En la primera
sesión celebrada en Julio de 2015 la UE tuvo un papel perverso al intentar
bloquear el inicio del grupo de trabajo, mientras Estados unidos y Japón
optaron por no presentarse a las sesiones. El mes que viene tendrá lugar la
segunda sesión del grupo de trabajo y de nuevo cientos de organizaciones y
movimientos sociales se están preparando para estar presentes física o
simbólicamente en Ginebra, cambios políticos como el reciente en Brasil añaden
mucha incertidumbre al proceso.
La política comercial de la UE que prioriza
los intereses de las TNCs está más en entredicho que nunca, a lo que se suma la
articulación global de la resistencia contra la impunidad de las TNCs. Estamos
ante una ventana de oportunidad para construir desde los pueblos un sistema de
comercio internacional que controle las actividades de las TNCs y garantice los
derechos de los pueblos y el planeta. Como la declaración del TPP de Manzini
indica, se ha dado otro paso para “una profunda revolución en el rol de las leyes: de ser
el garante e instrumento de aquellos en el poder a ser un flexible compañero en
las luchas de las mayorías y minorías marginadas”.
Sol Trumbo, investigador en el
Transnational Institute (TNI) y activista en varias redes internacionales como la “Campaña global para
desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”.
Ver en línea : Público, 13 de septiembre de 2016.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Enfrentando_los_crimenes_impunes_de_las_empresas_transnacionales
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