jueves, 29 de septiembre de 2016

Nos hacen relativizar la gravedad del envenenamiento causado por Barrick Gold y la criminalidad cómplice de los gobiernos nacional y provincial de turno.



luego del segundo derrame en Jachal
28 de septiembre de 2016

Las fotos muestran los precarios dispositivos que contendrían urgencias en la empresa minera. Luego de conocerse el segundo derrame de aguas cianuradas, los pobladores continúan movilizados y exigiendo el cierre de la mina en Jachal.

Por ANRed

Desde hace unos días está circulando por las redes sociales imágenes del valle de lixiviación en Jachal, en el cual se observan las “medidas de seguridad” implementadas por la empresa Barrick Gold en caso de urgencias y derrames. En las mismas se pueden observan la precariedad de las medidas que van desde simples parches en caños de trasporte de material hasta una contención de grandes bolsas de plástico alrededor del cerro. Las imágenes alertaron aun mas a los asambleístas y defensores del ambiente en todo el país.
El Proyecto Veladero reportó dos derrames que han perturbado no sólo a los habitantes de Jachal sino a todo el país. Los derrames han afectado a la cuenca del río Jachal poniendo en riesgo el ambiente de la zona glacial. Pero la noticia de la negligencia de la empresa multinacional Barrick Gold a desatado acciones judiciales que hasta el día de hoy mantienen detenida la actividad minera.
El martes, vecinos organizados en la “Asamblea Jáchal No Se Toca” arribaron a la capital de San Juan para entregar un petitorio al gobierno exigiendo el cierre del emprendimiento minero que denuncian, “lejos de traer prosperidad solo amenaza destruir nuestro lugar”. El abogado de los asambleístas, Enrique Viale, manifiestó, "La mina debería cerrar por estar en zona de glaciares: la Ley de Glaciares prohíbe la minería en este tipo de zonas. Cuando se difunda el inventario de glaciares de San Juan se comprobará que Veladero no puede funcionar ahí".

La noticia del último derrame el pasado 8 de septiembre se filtro a la población seis días después mientras el pueblo se encontraba movilizado reclamando por el primer derrame. En ese momento la Corte Suprema de Justicia dejó en manos del fuero penal provincial la tramitación de la causa y apartó al juez Sebastián Casanello. El resultado fue la sanción a la empresa a través de una insignificante multa ordenada por el juez local Pablo Oritja.

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