I. Tenemos, abajo y a la izquierda, debates imprescindibles para fijar rumbos postcapitalistas como:

(...)BALANCE DE 12 AÑOS DE KIRCHNERISMO: 
UN PROCESO DE RECOLONIZACIÓN 
SIN PRECEDENTES.

Por Alejandro Teitelbaum  (Alainet)

1) Sólo un tercio de las 500 empresas más grandes del país son argentinas. Las empresas extranjeras mandan en la Argentina. Un informe reciente del INDEC detalla que, entre las 500 mayores compañías del país –medidas por el valor de producción que generan–, sólo 176 son de capitales nativos. El resto son extranjeras. La transnacionalización de la economía es un fenómeno que arrancó en los 90 y se profundizó en la década pasada. 
Consecuencia: descapitalización del país y aumento de la explotación de los trabajadores.

2) Argentina firmó 54 tratados de protección y promoción de las inversiones extranjeras (TPPI), en el decenio de 1990 (Gobierno de Menem) y el Parlamento ratificó todos o casi todos. los TPPI firmados por Argentina cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional, entre ellas someter al arbitraje de tribunales constituidos en el CIADE (organismo del Banco Mundial) las controversias entre inversores extranjeros y el Estado Nacional, lo que le ha costado a Argentina cientos de millones de dólares.
Desde 2003, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pudieron retirarse del CIADI y denunciar los TPPI o por lo menos renegociarlos pero no lo hicieron.Los sucesivos gobiernos de los Kirchner, al no retirarse del CIADI han violado de manera permanente la Constitución Nacional. Y la han violado cada vez (más de veinte) que han aceptado la competencia de los tribunales arbitrales del CIADI. Y, por cierto, también la han violado cada vez que han aceptado la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros, en particular yanquis. Como fue el caso en el litigio con los fondos buitres.

3) Sigue vigente, con ligeras modificaciones, la ley de inversiones extranjeras dictada por la dictadura militar (Ministro de Economía Martínez de Hoz).

4) Participación de los asalariados en el PBI:
1979 (Videla- Martínez de Hoz) : 33%
2013 (Cristina Fernández- Kiciloff) 33%

5) Ante la negativa del Gobierno de CFK a informar sobre las cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron, celebrado en diciembre de 2012 en Houston, Texas, en noviembre 2015 la Corte Suprema ordenó a YPF que hiciera públicas dichas cláusulas.YPF no aceptó difundir esos documentos ni tampoco Chevron. Antes no habían aceptado entregar copias al Congreso, a pesar de las requisitorias de la justicia de primera instancia. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.
El Gobierno de Macri , pese a lo ordenado por la Corte Suprema continúa negándose a revelar las cláusulas secretas del contrato YPF-Chevron celebrado por el Gobierno anterior . UNA MUESTRA DE LA CONTINUIDAD DE AMBOS GOBIERNOS EN LO ESENCIAL: ESTAR AL SERVICIO DEL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL. Véase de Alejandro Olmos Gaona El PRO y el desprecio al estado de derecho enhttp://www.alainet.org/de/node/179486

Lo que se sabe hasta hoy
Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".
Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.
Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.
El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina.
YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos (Delaware) y el Atlántico Norte (islas Bermudas) para que los 1240 millones de dólares de la inversión para la formación Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.

6) Concesión del yacimiento petrolífero Cerro Dragón
El senador Mario Cimadevilla declaró ante los investigadores de los Estados Unidos que le siguen la pista a un presunto pago de sobornos que habría realizado Pan American Energy (PAE) para hasta 2047 la concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón.
Cimadevilla fue recibido en Miami por tres funcionarios de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos –conocida en inglés como Security Exchange Commission (SEC).
El senador dijo que entregó varios documentos clave en las gestiones para que la empresa obtuviera la concesión en Chubut en 2007. Aseguró que los documentos comprometerían al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien negó haber participado de las negociaciones del contrato. El diario Perfil publicó el 1º de abril de 2016 un extracto de un borrador del primer contrato que el Ministerio de Planificación redactó para la extensión de esta concesión petrolera.
La generosa política tributaria del gobierno anterior con la megaminería transnacional la agravó el actual Gobierno decretando en febrero de 2016 la eliminación de las retenciones a la exportación que eran de una modesta tasa del 5%. Bien entendido de las exportaciones declaradas. No de las que salían del país sin control alguno. Por ejemplo desde aeropuertos privados. Véase: Megaminería: todo se repite y empeora, en Noticias sobre conflictos mineros: http://www.conflictosmineros.net/noticias/2-argentina

7) Deuda externa 
Cifras aproximadas. Cuando asumió Néstor Kirchner se debían 200 mil millones. Se pagaron 200 mil millones. Se siguen debiendo 200 mil millones.
La ley de pago “soberano”.
En setiembre de 2014 el Congreso argentino aprobó, con el voto favorable de la mayoría kirchnerista y el voto en contra de todas las otras bancadas, un proyecto de ley presentado por el Gobierno con el título “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”. El artículo 1º dice: “En ejercicio del poder soberano de la República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010”. El interés público es el interés común de toda la colectividad, como por ejemplo asegurar la salud, la educación, un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etc. Y de manera general asegurar el bienestar del conjunto de la población.
Con esta ley el Gobierno anterior elevó a la categoría de interés público el pago de una deuda en buena parte ilegítima incluso la contraída por la dictadura militar que estatizó y convirtió en deuda pública miles de millones de dólares de deuda privada.

8) Venta o arriendo indiscriminado de tierras a extranjeros. La ley de tierras de 2011 no constituye ningún obstáculo para ello. Además, no afecta las operaciones terminadas antes de su sanción.Más del 10% de las tierras (equivalente a la superficie de toda la Provincia de Buenos Aires), está en manos de extranjeros. Hay por lo menos dos aeropuertos extranjeros construidos en la Patagonia, sin que puedan ser detectados por los radares argentinos, ya que éstos o son obsoletos o no existen en la región.El plan de radarización prometido por Néstor Kirchner nunca se llevó a cabo y lleva años de retraso. Un aeropuerto construido por Lewis, desde donde puede llevar del territorio cualquier tipo de material, y hasta aviones militares de gran porte están en condiciones de ascender y descender. Un aeropuerto cuya pista es tan larga como la de Aeroparque. Está a nombre de un argentino, Van Ditmar, pero que es socio de un gran magnate inglés, Joe Lewis, que posee miles de hectáreas en Chubut, que incluye al Lago Escondido. Costó 20 millones de dólares. ¿Por qué un aeropuerto tan grande y con seguridad privada que supera a la fuerza policial local? La respuesta fue que "viajar en auto por la provincia lleva muchas horas, y es más fácil ir en avión". Otro aeropuerto perteneciente a una minera canadiense, y que fue construido cerca de una zona de recursos mineros, para explotarlos y llevárselos del país sin control alguno. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros. http://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm)
La Fuerza Aérea Argentina aprobó el funcionamiento del aeropuerto, pero es incapaz de garantizar su control, pues no posee radares en la zona y podría aterrizar o despegar cualquier tipo de aeronave sin ser registrada. Innumerable cantidad de oficios fueron enviados por la Diputada provincial Magdalena Odarda a la Ministro de Defensa Nilda Garré, a funcionarios provinciales y nacionales, pero nada sucedió. El gobierno sabe del peligro que representa tener un aeropuerto de tamañas características en el corazón de la Patagonia, pero nada hace para evitarlo, al contrario, autoriza su funcionamiento sabiendo que es incapaz de controlarlo.
Las zonas de seguridad están definidas en el decreto-ley 15385/44 dictado en 1944 por el gobierno militar Farrell-Perón, que rige aún con pocos modificaciones, donde se dice que es “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezca a ciudadanos argentinos nativos”. Se declara de “conveniencia nacional” que pertenezcan a ciudadanos nativos, pero NO SE PROHIBEN las propiedades extranjeras en las zonas de seguridad.
Así es como actualmente hay enormes propiedades de extranjeros en el borde del Océano Atlántico, en zonas limítrofes, en zonas estratégicas por sus recursos naturales, etc.
Un país celoso de su soberanía establece la PROHIBICIÓN para los extranjeros de adquirir tierras en las zonas de seguridad. No es el caso de Argentina, ni tal prohibición figura en la ley de tierras vigente aprobada en 2011, que sólo establece como requisito para que un extranjero sea propietario en zonas de seguridad el consentimiento previo del Ministerio del Interior
Desde hace años las elites políticas y económicas dominantes han abierto de par en par las puertas del país al poder económico transnacional para que lo recolonice, lo saquee, lo contamine y acentúe la explotación de los trabajadores.
http://www.alainet.org/es/articulo/180117

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216508