“Sabemos que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida”.

La Multisectorial No a la Ley Monsanto a las y los Legisladores Nacionales:

NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS
29 de septiembre de 2016

"Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. El nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente."

Finalmente se hizo público el Proyecto de Ley de Semillas que el Poder Ejecutivo elaboró y se apresta a enviar al Congreso de la Nación.

Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. Negociaciones que, tal y como ocurrió en los intentos de reforma que, desde el 2012, llevó adelante el gobierno kirchnerista, dejan afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio.

Es por esto que el nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente.

Para comenzar, la estrategia parece ser ir introduciendo cambios menores pero regresivos con los que se avance paso a paso en la imposición de UPOV 91 ante los rechazos que existen para la modificación de la ley.

En primer lugar, y tal como se venía anunciando, el proyecto busca limitar el “uso propio” de las semillas planteando que deberá pagar regalías todo aquel que haya comprado semillas “protegidas” (art 4°) “durante las dos (2) multiplicaciones posteriores a la adquisición de la semilla, por toda la semilla reservada para uso propio”. Además agrega “A partir de la tercera multiplicación inclusive sólo por el uso incremental”; o sea que en el caso de que se amplíe la superficie de cultivo el pago deberá ser permanente (ya que no se aclara la duración que tendría en ese caso). La limitación del derecho básico a guardar semilla para cultivar, inherente a la misma existencia de la agricultura, es inaceptable y la rechazamos de plano. Porque la diversidad y riqueza de nuestra alimentación depende de la posibilidad que los agricultores familiares han tenido durante siglos para guardar, mejorar y crear nuevos alimentos, nutritivos y sanos. No podemos permitir que se impida el libre acceso a la semilla, sustento fundamental de la cultura y el trabajo de nuestros/ as pequeños/as agricultores/as.

En segundo lugar la “excepción” al pago de regalías planteada en el artículo 4° para quienes tienen una facturación menor a “tres (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista” es otra burla que solo busca legitimar la limitación del uso propio tratando de que los agricultores familiares pequeños acepten la modificación. En términos prácticos los controles recaerán sobre todos los agricultores. Pero además el proyecto señala que “En cada compra de semilla deberá establecerse el valor que el titular del derecho o su licenciatario podrá requerir por el uso de su tecnología incorporada a la variedad vegetal” con lo cual deja en libertad al titular para establecer el monto de la regalía pudiendo la misma ser exagerada o abusiva.

En tercer lugar lo planteado en el artículo 1° “El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar que se encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, en cumplimiento de la presente ley” implica la instalación de un sistema policial de persecución de los agricultores en la cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la cadena productiva. La reglamentación de este artículo podría empeorar mucho más las cosas, introduciendo por ejemplo la posibilidad de que se intervenga con fuerzas de seguridad privadas y sin intervención judicial. Esto se ve fortalecido por el artículo 6° que plantea que quien “no permita tomar muestras sobre el cultivo o producto de la cosecha, no proporcione o falsee una información que por esta ley este obligado, será sancionado con apercibimiento o multa de un mil pesos ($ 1.000) a sesenta mil pesos ($ 60.000).”

En cuarto lugar el artículo 3° plantea que: “Cuando se emplee una variedad protegida o sin protección que contenga un elemento patentado, el titular de la patente no podrá impedir el uso de dicha variedad que contenga o no la tecnología protegida a los fines de experimentación u obtención de una nueva creación fitogenética”. De esta manera se acepta la posibilidad del patentamiento de semillas y plantas, cuestión que en Argentina está terminantemente prohibida por la legislación vigente (comprendiendo tanto a sus componentes físicos como los brotes, semillas, tallos, células, frutos, bulbos, como así también a los componentes celulares como las organelas, membranas, moléculas de adn, secuencia genética, etc.). Esto significa la no patentabilidad y en estos momentos está en disputa la posibilidad de patentamiento de genes en la Corte Suprema de Justicia.Rechazamos de manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patentes sobre la vida. Permitir que el marco normativo admita estas patentes es profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes empresas se apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. A su vez, este artículo cierra planteando que: “No obstante, a los fines de la explotación comercial se requerirá el consentimiento del titular del derecho de patentes o su licenciatario.” Con lo cual se establece que quien realice la investigación deberá finalmente pagar regalías para poder tener “el consentimiento” del titular de la patente.

Finalmente la administración y dirección del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) queda conformada por un directorio integrado por 12 personas de las cuales 6 son representantes del Sector privado. Considerando que muchas de las otras partes (INTA, Ministerio de agroindustria) tienen intereses cercanos a los del sector privado, consideramos que esta estructura para el INASE es inadmisible ya que de ninguna manera puede representar los intereses de nuestro pueblo frente a un tema tan fundamental. Este organismo así constituido consolida la complicidad ya hace años construida entre las corporaciones, el Estado y el sistema de investigación hegemónico, que garantizan la apropiación de la semilla y el conocimiento para la ganancia de unos pocos y la miseria de las mayorías.

Las más de 50 organizaciones sociales que integramos la Multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas entendemos que este nuevo intento de modificación de la ley de semillas se encuentra enmarcado en un sistema capitalista que, desde hace décadas busca convertir nuestros bienes comunes (naturaleza, conocimiento) en mercancías para el lucro y crecimiento del poder de unos pocos. A lo largo y ancho de nuestro continente se han llevado adelante, de manera constante, reformas para que las grandes corporaciones obtengan ganancias que los pueblos pagamos con la contaminación de nuestros lugares de vida, con la pérdida de nuestros recursos para la subsistencia, incluso, con nuestra propia salud. Los Tratados de Libre Comercio, que han avanzado en las últimas décadas en nuestro continente, intentan extender y consolidar estas reformas a pesar de nuestras resistencias y múltiples luchas. Por eso sabemos que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida. (…)Leer