Argentina:
Pocos propietarios de
la tierra, muchos pobres
9 de febrero de 2017
En Argentina, el 1% de las estancias más
grandes concentra el 36% de la tierra. Concentración y desalojos son las dos
caras de la misma moneda. Es preciso distribuir la tierra para combatir la
desigualdad y la pobreza.
Por Julia Colla
El 10 de enero pasado tomó estado
público el
conflicto por el territorio que mantienen los mapuches con la estancia de la multinacional Benetton
ubicada en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut. La ocupación
territorial que inició el lof mapuche hace dos años en reclamo del
reconocimiento de preexistencia étnica y el respeto de los territorios
ancestrales derivó en un violento desalojo con heridos de gravedad y el inicio
de una causa judicial acusándolos de terroristas.
Estos hechos pusieron nuevamente en discusión quiénes son los
dueños de la tierra en Argentina. Pero también, se abrieron otros nuevos
debates referidos al incumplimiento de los derechos específicos de los pueblos
indígenas y el nivel de violencia con la que opera el Estado frente a los
desalojos y las acciones de protesta.
Quiénes tienen la tierra en Argentina
Recientemente, la organización internacional Oxfam publicó un informe sobre la situación de la tierra en
desigualdad en América Latina. El estudio alerta que en nuestro país el 1% de
las estancias más grandes concentra el 36% de la tierra. Mientras
que el 80% de las propiedades más pequeñas (en Argentina se estima que son
aquellas que no superan las 100 hectáreas ) alcanza solamente el 13% del
territorio.
Esta desigualdad en la distribución de la tierra tiene relación
directa con el modelo de acumulación vigente, que tiende a ampliar la
superficie productiva y atraer capitales extranjeros para una mayor explotación
de los recursos naturales. Así, bajo este modelo, la eficacia productiva se
basa en la utilización de paquetes tecnológicos y en la necesidad de profundizar la
concentración histórica de la tierra para el avance minero, petrolero, forestal
y de agronegocios. Según Oxfam, sólo entre 2000 y 2014 las plantaciones de soja
en América del Sur se ampliaron en 29 millones de hectáreas, en donde Brasil y
Argentina concentran cerca del 90% de la producción regional.
Según el Registro Nacional de Tierras, en el país hay 269 millones
de hectáreas de tierras rurales. Cerca de 16 millones están en manos extranjeras,
como las del grupo Benetton, con un millón y medio de hectáreas en la Patagonia. Otro de
ellos, es la empresa
Adecoagro , que tiene unas 200.000 hectáreas ,
parte de ellas ubicadas en la provincia de Santa Fe. Así como Bunge y Born y
Fortabat, que poseen unas 2 millones de hectáreas distribuidas en distintas
provincias. Ellos, los protagonistas de este modelo, conforman el grupo de los
30 grandes terratenientes del país.
En este contexto, el rol del Estado ha sido el motor para
garantizar el funcionamiento. En julio de 2016 el presidente Macri modificó
la Ley de Tierras Rurales (decreto
820/2016), volviendo más laxas las restricciones para la venta de campos a
extranjeros. Y también puso en marcha el Plan Belgrano, que promete una
inversión millonaria en infraestructura pero que se especula que estará
destinado a la exportación de productos primarios a la Alianza del Pacífico y a
la Costa Este
de Estados Unidos.
Entre la pobreza y la violencia
Pero esto no es todo, esta ampliación de superficie productiva en
Argentina de los últimos veinte años tuvo su contracara: el desplazamiento de
miles de productores familiares, y el arrinconamiento de muchos otros, en zonas
de escasos recursos e infraestructura.
En el mismo sentido, la violencia con la que se produjo el
desalojo en la comunidad mapuche fue no sólo una clara muestra del despojo
forzoso al que son sometidas las poblaciones, sino también de la complicidad
estatal para que éste se lleve a cabo. Tal como denunció
uno de los manifestantes, “era impresionante la cantidad de
armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta
violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno y nunca apareció una
orden. De nadie. Era una orden verbal”.
Una vez más, no sólo se incumplieron las legislaciones nacionales
(Constitución art. N° 75, inc. 17) e internacionales (Convenio 169 de la OIT,
art. 14 y 16) que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras. En este
caso, el Juez Federal de la causa se desentendió de la Ley 26.160 que prohíbe
los desalojos de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades.
Contrariamente, aplicó la
Ley Antiterrorista y acusó a los manifestantes de
“usurpación, coacción, atentado contra la autoridad agravado y hurto de un
cartel rutero”.
El mencionado informe de Oxfam advierte que “estamos en presencia
de una crisis de derechos humanos en la región, que amenaza derechos y
libertades fundamentales”. Efectivamente, mientras la gran propiedad se
extiende a una fracción cada vez mayor del territorio, la pequeña producción
–sea de campesinos, pueblos originarios o pequeños productores- tienden a
empobrecerse y desaparecer. Estas poblaciones no sólo están amenazadas por la
venta o la usurpación de sus tierras, sino también por la escasez de
oportunidades laborales y por ser arrinconadas hacia territorios sin recursos
básicos como el agua, sin infraestructura mínima y bajo condiciones de extrema
discriminación y pobreza.
La tierra para quien la trabaja
Cuestionar las causas de la inequidad social y los hechos
violentos de desalojo perpetrados en la comunidad mapuche (y en tantas otras
poblaciones indígenas y campesinas de Argentina que luchan por su territorio),
conduce a indagar qué se esconde detrás de estos conflictos y cómo hacer para
avanzar en propuestas superadoras.
La lucha por la tierra, lejos de acabarse, se produce entre
actores cada vez más desiguales. De un lado, quienes controlan y concentran la propiedad. Del
otro, las poblaciones de pueblos originarios y campesinos cuya subsistencia
depende de la tierra, que la conciben no sólo como bien material, sino como
expresión de su historia e identidad cultural y espiritual.
Esta condición de desigualdad dificulta el combate de la pobreza y
la marginalidad. No
es posible promover un crecimiento inclusivo ni alcanzar el desarrollo
sostenible sin abordar el reto pendiente de la concentración del territorio y
la divergencia en el acceso y control de la tierra y los recursos naturales, en
particular la que afecta a los sectores más vulnerables del campo. Esto implica
eliminar los privilegios de unos pocos para asegurar los derechos de todos
–tanto individuales como colectivos–, comenzando por garantizar la tierra a
quienes quieran trabajarla y generando puentes para el crecimiento y el
desarrollo económico de las regiones.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Pocos_propietarios_de_la_tierra_muchos_pobres
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