México:
De la resistencia a la ofensiva
15 de febrero de 2017
15 de febrero de 2017
En 1996 Guatemala y México atravesaron momentos determinantes
en la relación de los pueblos indígenas y el Estado. Me refiero a los acuerdos
de paz y los diálogos de San Andrés Sakamch´en. El común de estas realidades
radica en abordar las luchas indígenas a la luz de las circunstancias políticas
generadas por las confrontaciones directas entre la guerrilla y el Estado.
Siendo característica de ambos países que los diálogos suscitados fueran
determinados por la instauración de un modelo económico neoliberal basado en el
extractivismo.
A veinte años de los acuerdos de San Andrés
Sakamch´en y la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, ¿se puede afirmar
que las luchas indígenas que han protagonizado dichos procesos están
desembocado en una institucionalización funcional al Estado? Considerando la
propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) de constituir en México un Concejo Indígena de
Gobierno (CIG), cuya vocera sea una mujer indígena, candidata independiente a
las elecciones presidenciales de 2018, ¿se puede instaurar un paralelismo con
el caso guatemalteco, donde el Movimiento Maya se insertó en una lógica
integracionista que abona a la construcción de un Estado “multicultural”
candidateando a la líder indígena Rigoberta Menchú por el partido Winaq?
El 26 de diciembre del 2016, Guatemala celebró
el 20 aniversario de la firma de paz entre el Estado y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que prometía la
transición de un Estado guatemalteco racista, violento y excluyente a uno
“multicultural” (Bastos, 2010: 3). La participación de las comunidades en estos
acuerdos resultaba fundamental, ya que habían sido el sector más violentado
durante la guerra, y encontrándose en medio de la trinchera entre Estado y
guerrilla, se habían convertido en un blanco específico, como se vio en la
llamada táctica de tierra arrasada. No obstante, su participación en este
proceso de paz se redujo a la integración de la Coordinadora de Organizaciones
para el Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA) en 1994, incidiendo directamente en
la definición del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
(AIDPI) firmado en 1995 por el Gobierno-Ejército y la URNG (Tzul, 2016: 72).
La COPMAGUA acudió al llamado de la Asamblea
de Sectores Civiles (ASC) y desde esta instancia participó como sector indígena
de Guatemala en los diálogos de paz, mismo que derivo en el llamado Movimiento
Maya, posicionándose como interlocutor directo frente al Estado. Mientras que
para este movimiento el reconocimiento de identidad se convertía en una de las
principales peticiones y parte de su objetivo se centraba en el desarrollo de
las comunidades, paralela y alternamente se desplegaban una serie de acciones
por la recuperación de tierra (Tzul, 201: 69). Sin embargo, estas pugnas por el
territorio y autogobierno, resumidas en autonomía, quedaron omitidas por el
Estado guatemalteco y, contrario a lo que se esperaría, el Movimiento Maya
cedió, olvidando el corazón de las reivindicaciones indígenas, en la definición
y caracterización de la nación guatemalteca que salió de los AIDPI.
Desde entonces los resultados y reconocimiento
de los indígenas se expresan en la entrada de figuras mayas a puestos del
gobierno y la creación de espacios específicos para la gestión de políticas
mayas (Bastos, 2010: 15).
A contrapelo a esta lectura sobre los
acuerdos de paz, Gladys Tzul Tzul pone el dedo en la llaga enumerando las
razones que constituyen el nudo problemático que han representado estos
acuerdos para las comunidades. El “problema indígena” no se resolvió, ya que
las demandas del Movimiento Maya siempre fueron integracionistas y siguieron
una lógica estatal enarbolando una bandera identitaria que descuidó el tema
crucial del territorio y autogobierno. Este descuido no fue casual, y reveló
que su estructura organizativa no estaba basada en las asambleas comunales,
pues se constituía de organizaciones cuyo objetivo era trabajar en el
desarrollo comunitario, entendido como la aplicación de proyectos para la
mercantilización de la tierra (Tzul, 2016: 72)
Así, la lógica del movimiento indígena post
acuerdos siguió lineamientos estatistas, siendo el remate la experiencia
electoral que representó Rigoberta Menchú con el partido Winaq. El lema de
2007, “De la resistencia al poder”, consumaba el proceso político que
protagonizaron los indígenas en el marco de los acuerdos de paz y anunciaba las
siguientes iniciativas partidistas electorales de las vertientes indigenistas e
izquierdistas.
Paralelamente a la firma de la paz en Guatemala, en México se
discutía la mesa de Derechos y Cultura Indígenas en San Andrés Sakamch´en,
entre el Estado y el EZLN. Es importante notar que el tema de la autonomía
inicialmente no se encontraba entre las demandas de los insurgentes. Fue en
1996 cuando este punto se colocó en la agenda política nacional como parte del
apartado Derechos y Cultura indígena, conformado por seis mesas: Libre
determinación y Autonomía; Procuración de Justicia; Participación y
Representación política; Derechos de la mujer indígena; Acceso a los medios de comunicación, y Lengua y Cultura.
Posterior a la firma de los Acuerdos de San Andrés, en octubre de 1996 nació el
CNI. Sus orígenes se encuentran en el Foro Nacional Indígena Permanente
convocado por el EZLN antes de iniciar la tercera fase del dialogo; la
intención era poner a consideración de las representaciones de cientos de
pueblos, comunidades y organizaciones los avances de las mesas y las propuestas
emanadas de las dos fases anteriores.
A diferencia del caso guatemalteco, el
horizonte político del EZLN—CNI no se centró en una reivindicación identitaria
sino en la reconstitución integral de los pueblos y la construcción de una
nueva relación con el Estado nacional. La experiencia de años de resistencias
indígenas se encontraron y se hicieron con el EZLN dando nacimiento al CNI, concentrando
sus reivindicaciones en los acuerdos de San Andres Sacamch´en; en ese sentido
las resistencias o comunalidades de los pueblos indígenas de México no se
vieron “eclipsadas” por los insurgentes.
El CNI participó en todas las iniciativas que
el EZLN llevó adelante para lograr la incorporación de los acuerdos a la
Constitución, hasta el 2001, cuando dichos acuerdos fueron traicionados por el
Estado y la clase política mediante la aplicación de una contrarreforma
expresada en la “Ley
Indígena ” (la “Ley Barttlet –Cevallos–Ortega”), misma que fue
rechazada por el CNI ya que no recogía el espíritu de los acuerdos, pues
modificaba en forma sustancial la Iniciativa de Reforma Constitucional
elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).
Esta contrarreforma canceló la reanudación del
diálogo entre el gobierno y el EZLN, imposibilitando la construcción de una paz
justa y digna. Por esta razón el CNI replanteó sus objetivos tácticos y
desconoció la “Ley
indígena”, proclamando los Acuerdos de San Andrés como ley propia y llamando al
ejercicio directo de la autonomía indígena. De ahí el EZLN dio nacimiento a los
Caracoles autónomos y las Juntas de Buen Gobierno en agosto de 2003.
En 2006 se celebró el cuarto CNI en la
comunidad hñahñu de San Pedro Atlapulco. Allí el Congreso se adhirió a la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona
y asumió abiertamente un perfil anticapitalista, de abajo y a la izquierda. Desde
entonces sus pasos siguieron encaminados al ejercicio de la autonomía en los
hechos, la defensa de los territorios y el ejercicio de los sistemas normativos
propios, así como el derecho a la autodefensa proclamado en Santa María Ostula
el 14 de junio de 2009.
Diez años después, en octubre de 2016, se
realizó el quinto CNI y la celebración de su 20 aniversario. En este marco se
ratificó la postura anticapitalista y surgió la polémica propuesta de una
candidata indígena independiente a las elecciones presidenciales mexicanas del
próximo año.
Mirando a lo que siguió la firma de los tratados de paz, podemos
afirmar que tanto Guatemala como México revelan que en sus coyunturas de
diálogos entre el Estado y las fuerzas beligerantes, el tema de la autonomía
sigue siendo anulado completamente por los Estados; por el contrario, han
impuesto una agenda encaminada a blindar el modelo económico neoliberal
extractivista.
Una de las grandes diferencias, sin embargo,
radica en la relación de los grupos guerrilleros con las comunidades indígenas.
En Guatemala, la guerra se volvió el pretexto perfecto para despojarlas de
territorios, las llevó a ser descomunalmente violentadas por las políticas
contrainsurgentes de un Estado criminal: desapariciones forzadas, masacres de
aldeas enteras, violaciones y asesinatos de mujeres y niños llenan los
expedientes de los años ochenta.
En el caso mexicano, en cambio, el EZLN, desde
el cese al fuego demandado por la sociedad civil, ha optado por iniciativas
pacíficas, llamando a la colaboración de los sectores disidentes antes que
concentrarse en la lucha armada, pasando del arma de fuego al arma política.
Desde ahí toma sentido la propuesta conjunta EZLN–CNI, sobre todo cuando el
diálogo con el gobierno federal se encuentra interrumpido y el CNI no ha
sucumbido a las dádivas contrareformistas. Así, sin la intención de deslegitimar
el proceso guatemalteco ni descalificar la necesaria firma de paz, es necesario
resaltar que las reivindicaciones indígenas y las luchas por las autonomías
para el caso mexicano se han ejercido de facto durante estos veinte años, y
actualmente están proponiendo en la agenda política nacional como respuesta al
incremento del despojo y la represión.
El caso guatemalteco enseña que la propuesta
es susceptible de ser cooptada, capitalizada por pretendidas líderes e
interlocutores del movimiento indígena y neutralizada por reformas
integracionistas que contrarrestan las luchas por las autonomías. De la misma
manera, los nuevos rostros del indigenismo, la subsunción del discurso
reivindicativo, los mecanismos integracionistas al Estado y la invasión de los
partidos políticos en zonas autónomas son los riesgos que corre la propuesta en
México, tal como lo ilustran las políticas del Estado guatemalteco.
En Guatemala, los acuerdos de paz han sido
funcionales para la instauración del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la
creación de un paraíso extractivo para las empresas trasnacionales,
desmovilizando, omitiendo y cooptando las luchas indígenas. En el caso
mexicano, igual se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994 y se han concesionado los territorios indígenas a empresas
trasnacionales, pero tanto la expresión guerrillera como la lucha indígena no
han claudicado y actualmente discuten con los pueblos la propuesta de una
indígena como candidata independiente para 2018, donde lo que se propone no es
la formación de un partido indígena o étnico, sino la confrontación directa con
una lógica de política asimétrica que, a su vez, interpela y desafía a la
democracia neoliberal electorera, contraponiéndole un Concejo Indígena de
Gobierno (CIG).
De ésta manera, CNI y EZLN insertan la noción
de política comunal en la arena de la política neoliberal – colonial,
expresándola a través de un CIG cuya agenda mantiene como premisas la autonomía
y la reconstitución integral de los pueblos. Hay un cuestionamiento claro al
régimen y funcionamiento de la política estatal, golpeándola justo en su
estructura electoral en el momento en que exhibe al máximo la corrupción de su
pervertido y obsoleto sistema partidario.
En la segunda etapa del quinto CNI, realizada los
pasados días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, los resultados de la consulta
mostraron la participación de 43 lenguas en 523 comunidades consultadas. La
mayoría aprobó la propuesta, mientras 80 siguen en proceso de consulta. Lo
relevante de los resultados es que a diferencia del Movimiento Maya, el CNI no
está constituido sólo por organizaciones y colectivos sino también por
asambleas comunales y ejidales. Basta escuchar a los pueblos ch´oles, nayeri,
tseltales, wirrarikas, ñu savi, afromestizos, nahuas o chontales, por mencionar
algunos, que se han presentado a título de asambleas comunales y han aprobado la propuesta. Sin
embargo la iniciativa no se reduce a un “a favor” o “en contra”, pues lo
importante es que estos pueblos representan un gran proceso de lucha y defensa
de sus territorios contra megaproyectos mineros, gaseoducto, madereras y
privatización del agua, lo que posibilita pensar la real constitución de un
CIG.
No obstante, parte de la dificultad radica en
el fortalecimiento de los sistemas de gobiernos comunales en pueblos cuyas
asambleas se encuentran fragmentadas por los partidos. En esos lugares es
incierta la repercusión que tendrá el mensaje del CNI–EZLN en la coyuntura
electoral, así como en las zonas donde no se ha logrado consultar por la
presencia del crimen organizado. El hecho de que comunidades en procesos de
autonomía hayan abrazado la propuesta confirma que el Concejo Indígena de
Gobierno, si bien no es un proceso consumado, está lejos de ser una inflación
mediática o un caparazón vacío. De ser así, la propuesta del EZLN—CNI estaría
desafiando la tutela partidaria y estatal para llevar su propia forma de
gobierno a escala nacional, pasando de la resistencia a la ofensiva, no de la
resistencia al poder.
Referencias:
·
Antología XX Aniversario Congreso Nacional Indígena. Edición de autor,
s/f.
·
Santiago Bastos Amigo y Brett Roddy: El movimiento maya después de la
década de la paz (1997-2007). Guatemala,
F&G editores, 2010.
·
Gladys Tzul: Sistemas
de Gobierno Comunal Indígena. Mujeres y tramas de parentesco en Chuimeq´na´. Maya Wuy, Guatemala, 2016.
Josefa S. Conteras,
Pombashuve, autora zoque nacida en Chimalapa, Oaxaca. Publicó en Ojarasca235.
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_De_la_resistencia_a_la_ofensiva
No hay comentarios:
Publicar un comentario