Veamos cómo se origina nuestro malvivir y quiénes son los responsables

Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición
12 de agosto de 2012

Por Alberto Acosta*

(...)Algunas patologías del extractivismo
El punto de partida de esta cuestión radica (5), en gran medida, en la forma en que se extraen y se aprovechan dichos recursos, así como en la manera en que se distribuyen sus frutos. Por cierto que hay otros elementos que no podrán ser corregidos. A modo de ejemplo, hay ciertas actividades extractivistas como la minería metálica a gran escala, depredadora en esencia, que de ninguna manera podrá ser “sustentable”. Además, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes (6). Sostener lo contrario, aunque se sostenga esta posición en una fe ciega en los avances tecnológicos, es practicar un discurso distorsionador (7).

La historia de la región nos cuenta que este proceso extractivista ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades “rentistas”. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas desplegadas, que contribuyen a frenar la construcción de ciudadanía.
Lo cierto es que la gran disponibilidad de recursos naturales que caracteriza las economías primario-exportadoras, particularmente si se trata de minerales o petróleo, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos; redistribuye regresivamente el ingreso y concentra la riqueza en pocas manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la abundancia de estos recursos naturales.

Empecemos con la “enfermedad holandesa” (8), un proceso que infecta al país exportador de materia prima, cuando su elevado precio o el descubrimiento de un nuevo yacimiento desatan un boom de exportación. La distorsión en la economía se materializa en la estructura relativa de los precios. Las inversiones fluyen hacia los sectores beneficiados por la bonanza, entre los que se cuentan los bienes no transables (no comerciables en el mercado internacional), por ejemplo, el sector de la construcción. En paralelo se produce un deterioro acelerado de la producción de aquellos bienes transables que no se benefician del boom exportador, en tanto pueden ser importados, incluso debido a la revalorización de la moneda nacional. Luego del auge, como consecuencia de la existencia de rigideces para revisar los precios y los salarios, los procesos de ajuste resultan muy complejos y dolorosos; otra manifestación de dicha enfermedad.

La especialización en la exportación de bienes primarios en el largo plazo también ha resultado negativa, como consecuencia del deterioro tendencial de los términos de intercambio. Este proceso actúa a favor de los bienes industriales que se importan y en contra de los bienes primarios que se exportan. Entre otros factores, porque estos últimos se caracterizan por su baja elasticidad de ingreso, ya que se van sustituyendo por sintéticos, porque no poseen poder monopólico (son commodities, es decir, en la fijación de sus precios funciona mayormente la lógica del mercado mundial), porque su aporte tecnológico y de desarrollo innovador es bajo, y porque el contenido de materias primas de los productos manufacturados es cada vez menor. Esta última aseveración no desconoce el incremento masivo de extracción y exportación de recursos primarios en términos absolutos, provocada, por ejemplo, por el vertiginoso crecimiento de demanda por países como la China y la India.

Adicionalmente, la elevada tasa de ganancia, por las sustanciales rentas ricardianas (9) que contiene, invita a la sobreproducción cuando los precios en el mercado mundial son altos. Inclusive en momentos de crisis se mantiene esta tentación de incrementar las tasas de extracción. El exceso de oferta, para tratar de compensar la caída de los precios, hace descender la cotización del producto en el mercado mundial, lo que termina por beneficiar a los países industrializados (10). Este proceso desemboca en lo que se conoce como “crecimiento empobrecedor” (Baghwati, 1958).
Todo lo anterior explica por qué estos países con economías extractivistas no han podido participar plenamente de las ganancias que proveen el crecimiento económico y el progreso técnico a escala mundial. Esto se agudiza aún más porque normalmente los países que extraen recursos primarios no los procesan. Hay situaciones inclusive aberrantes de países que exportan petróleo e importan derivados de petróleo porque no han desarrollado una adecuada capacidad de refinación. Para colmo, gran parte de esos costosos productos refinados importados los destinan a la generación de electricidad, teniendo disponibilidades importantes de otras fuentes de energía renovables, como la hídrica, la solar o la geotermia, como en el caso de Ecuador.

Otro rasgo característico de estas economías extractivistas es la heterogeneidad estructural de sus aparatos productivos; es decir, la coexistencia de sistemas productivos de alta productividad con otros atrasados y de subsistencia. A eso se suma la desarticulación de sus estructuras económicas, signada por la concentración de la exportación en unos pocos productos primarios, la ausencia en la industria de una adecuada y densa diversificación horizontal, la casi inexistente complementariedad sectorial y la prácticamente nula integración vertical.
Este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, muchas veces funciona con una lógica de enclave: es decir, sin una propuesta integradora de estas actividades primario-exportadoras con el resto de la economía y de la sociedad. Su aparato productivo, en consecuencia, queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial.

En estas condiciones se cristaliza un callejón sin salida. Es imposible aceptar que todos los países productores de bienes primarios similares, que son muchos, puedan crecer esperando que la demanda internacional sea suficiente y sostenida para garantizar ese crecimiento por mucho tiempo.
Lo preocupante es que los países primario-exportadores, que deberían haber acumulado parecidas experiencias a lo largo del tiempo, han sido normalmente incapaces de un manejo coordinado de cantidades y de precios. Como una salvedad de la anterior aseveración, con todas las limitaciones y contradicciones que se puedan identificar en su accionar, asoma la experiencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La volatilidad, que caracteriza a los precios de las materias primas en el mercado mundial, ha hecho que una economía primario-exportadora sufra problemas recurrentes de la balanza pagos y de las cuentas fiscales, lo que genera dependencia financiera externa y somete a las actividades económicas y sociopolíticas nacionales a erráticas fluctuaciones. Todo esto se agrava cuando se desata la caída de esos precios internacionales y la consecuente crisis de balanza de pagos se profundiza por la fuga masiva de los capitales “golondrinos” que aterrizaron en esas economías durante la repentina bonanza. En este contexto les acompañan prestos los también huidizos capitales locales, agudizando la restricción externa.
El auge de la exportación primaria también atrae a la siempre bien alerta banca internacional que desembolsa préstamos a manos llenas, como si se tratara de un proceso sostenible; financiamiento que, por lo demás, ha sido y es recibido con los brazos abiertos por los gobiernos y grandes empresarios, quienes también creen en esplendores permanentes. En estas circunstancias se acicatea aún más la sobreproducción de los recursos primarios y, a la postre, las distorsiones económicas sectoriales. Pero, sobre todo, como demuestra la experiencia histórica, se hipoteca el futuro de la economía cuando llega el inevitable momento de servir la pesada deuda externa contraída en montos sobredimensionados durante la generalmente breve euforia exportadora (11).
La abundancia de recursos externos, alimentada por los flujos que generan las exportaciones de petróleo, lleva a un auge consumista que puede durar mientras dure la bonanza, y es una cuestión psicológica nada menor en términos políticos. Este incremento del consumo material se confunde con una mejoría de la calidad de vida. En estas circunstancias, el gobierno puede ganar legitimidad desde la lógica del consumismo, que es no es ambiental y socialmente sustentable, para seguir ampliando la frontera extractivista.
Esto generalmente conduce a un desperdicio de recursos. Normalmente se pasa a la sustitución de productos nacionales por productos externos, atizada muchas veces por la sobrevaluación cambiaria. Incluso una mayor inversión y un creciente gasto del sector público, si no se toman las debidas providencias, conduce a incentivar las importaciones y no necesariamente la producción nacional. En síntesis, es difícil hacer un uso adecuado de los cuantiosos recursos disponibles.
La experiencia de las economías petroleras y mineras de la región nos ilustra, y el presente nos confirma, que estas actividades extractivistas, tal como se mencionó antes, no generan encadenamientos dinámicos tan necesarios para lograr un desarrollo coherente de la economía. No se aseguran los tan esenciales enlaces integradores y sinérgicos hacia delante, hacia atrás y de la demanda final (en el consumo y fiscales). Mucho menos se facilita y garantiza la transferencia tecnológica y la generación de externalidades a favor de otras ramas económicas del país.
De la anterior constatación se deriva una clásica característica adicional de estas economías primario-exportadoras, incluso desde la colonia, que es su carácter de enclave: el sector petrolero o el sector minero, así como muchas actividades agrarias, forestales o pesqueras de exportación, normalmente están aisladas del resto de la economía. En esta línea de reflexión también debe incluirse la energía nuclear (12) y la producción de biocombustibles (Houtart, 2011).

Las enormes rentas diferenciales o ricardianas que producen estas actividades, conducen a sobreganancias que distorsionan la asignación de recursos en el país. Derivadas de la actividad de exportación de bienes primarios, se consolida y profundiza la concentración y centralización del ingreso y de la riqueza en pocas manos, así como el poder político. La masiva concentración de dichas rentas se registra en pocos grupos económicos, muchos de los cuales no encuentran ni tampoco crean alicientes para sus inversiones en la economía doméstica. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados, con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país y muchos manejan sus negocios con empresas afincadas en lugares conocidos como paraísos fiscales.

Como consecuencia de lo expuesto, las empresas que controlan la explotación de los recursos naturales no renovables en forma de enclaves, por su ubicación y forma de explotación, se convierten en poderosos entes empresariales dentro de relativamente débiles Estados nacionales.
Grandes beneficiarias de estas actividades son las empresas transnacionales, a las que se les reconoce el “mérito” de haberse arriesgado a explorar y explotar los recursos en mención. Nada se dice de cómo estas actividades conducen a una mayor “desnacionalización” de la economía, en parte por el volumen de financiamiento necesario para llegar a la explotación de los recursos, en parte por la falta de empresariado nacional consolidado y, en no menor medida, por la poca voluntad gubernamental de formar alianzas estratégicas con sus propias empresas estatales o inclusive con empresarios privados nacionales. Por lo demás, desafortunadamente, algunas de esas corporaciones transnacionales han aprovechado su contribución al equilibrio de la balanza comercial, para influir sobre los balances de poder en el país, amenazando permanentemente a los gobiernos que se atreven a ir a contracorriente.

Comúnmente las compañías extranjeras han gozado y aún gozan en muchos casos de un marco referencial favorable y, en no pocas ocasiones, sus propios directivos o sus abogados ocupan puestos clave en los gobiernos. De esta manera, cuentan también con el respaldo de poderosos bufetes de abogados y en no pocas ocasiones, con el apoyo de la gran prensa, velando así directamente para que las políticas aplicadas o las reformas legales les sean ventajosas. Esta situación alentada por organismos como el BID y sus hermanos mayores, el Banco Mundial (13) y el Fondo Monetario Internacional se ha registrado una y otra vez en los sectores petrolero y minero de América Latina.
Con estos esquemas altamente transnacionalizados se ha dado paso a un proceso sumamente complejo: la “desterritorialización” del Estado. El Estado se desentiende (relativamente) de los enclaves petroleros o mineros, dejando, por ejemplo, la atención de las demandas sociales en manos de las empresas. Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes nacionales. Todo eso consolida un ambiente de violencia generalizada, pobreza creciente y marginalidad que desemboca en respuestas miopes y torpes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y económicas.

La poca capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y la desigualdad en la distribución del ingreso y los activos, conducen a un callejón aparentemente sin salida por los dos lados: los sectores marginales, que tienen una mayor productividad del capital que los modernos, no pueden acumular porque no tienen los recursos para invertir; y los sectores modernos, en los que la productividad de la mano de obra es más alta, no invierten porque no tienen mercados internos que les aseguren rentabilidades atractivas. Ello a su vez agrava la disponibilidad de recursos técnicos, de fuerza laboral calificada, de infraestructura y de divisas, lo que desincentiva la acción del inversionista, y así sucesivamente.
A lo anterior se suma el hecho, bastante obvio (y desgraciadamente necesario y no sólo por razones tecnológicas) de que, a diferencia de las demás ramas económicas, la actividad minera y petrolera genera poco "aunque bien remunerado" trabajo directo e indirecto. Son actividades intensivas en capital y en importaciones. Contratan fuerza directiva y altamente calificada (muchas veces extranjera). Utilizan casi exclusivamente insumos y tecnología foráneos. La consecuencia de estas prácticas hace que el “valor interno de retorno” (equivalente al valor agregado que se mantiene en el país) de la actividad primario-exportadora resulte irrisorio.

En estas economías petroleras y mineras de enclave, la estructura y dinámica políticas se caracterizan por prácticas “rentistas”; la voracidad y el autoritarismo con el que se manejan las decisiones, disparan el gasto público más allá de toda proporción y acarrean distribución fiscal discrecional, como se analizará más adelante.
Debido a estas condiciones y a las características tecnológicas de las actividades petrolera y minera, no hay una masiva generación directa de empleo. Esto explicaría también la contradicción de países ricos en materias primas donde, en la práctica, la masa de la población está empobrecida.
Adicionalmente, las comunidades en cuyos territorios o vecindades se realizan estas actividades extractivistas, han sufrido y sufren los efectos de una serie de dificultades socioambientales derivadas de este tipo de explotaciones. La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con alta renta diferencial). Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno e incluso no lo necesita, puesto que funciona con salarios decrecientes. No hay la suficiente presión social para obligar a reinvertir en mejoras de la productividad. El rentismo determina la actividad productiva y por cierto el resto de relaciones sociales. Como corolario de lo anterior, estas actividades extractivas, petrolera o minera, promueven relaciones sociales clientelares, que benefician los intereses de las propias empresas transnacionales, pero impiden el despliegue de adecuados planes de desarrollo nacionales y locales.
Este tipo de economías extractivistas deteriora grave e irreversiblemente el medio ambiente natural. El examen de la actividad minera o petrolera alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente atrasados, en donde los problemas ambientales crecen al ritmo que se expanden las actividades extractivistas.

Fijemos un momento nuestra atención en la minería. La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva y en un tiempo muy corto, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando. Sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos (cianuro, ácido sulfúrico, entre otros), un consumo cuantioso de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos.
Este gigantismo provoca la generación de impactos ambientales enormes. Los efectos nocivos no sólo afloran en la fase de exploración y explotación, cuando se abren gigantescos hoyos en la Madre Tierra o cuando se usan químicos tóxicos para procesar los minerales extraídos, sino también en la movilización del material extraído que afecta grandes extensiones de territorio.
Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, particularmente con metales pesados o drenaje ácido de roca. Este último fenómeno, que puede darse por decenas y decenas de años, ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en el cráter o en los diques de desechos de la mina. Generalmente existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. En el Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían particularmente expuestos a este problema porque tienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido.
Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. En numerosas ocasiones, el agua termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. La contaminación de las fuentes de agua provoca además un conjunto de impactos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas o de la piel, entre otras. Y todo esto sin considerar los graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad extractivista.
Si bien las distintas actividades extractivas tienen una prolongada y conocida historia de depredación en el mundo, en la actualidad se registra en la medida que es notorio el agotamiento de los recursos naturales, especialmente en los países industrializados una creciente presión en los países subdesarrollados para que estos entreguen sus yacimientos minerales o petroleros. Incluso la creciente defensa del ambiente en las sociedades consideradas como desarrolladas genera una presión sobre los países empobrecidos con el fin de que estos abran su territorio para satisfacer la demanda de minerales de la economía mundial.
Es preciso recordar que normalmente las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices destacan exclusivamente los “enormes” montos de reservas mineras y petroleras existentes, transformados en valores monetarios. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta. Habría que sumar los llamados costos ocultos, ambientales y sociales, incorporando por ejemplo, el valor económico de la contaminación.
Éstas son pérdidas económicas que normalmente no aparecen en los proyectos y que son transferidas a la sociedad; recuérdese la devastación social y ambiental en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, que luego dio lugar a un juicio en contra de la compañía Chevron-Texaco. También deberían entrar en la lista de costos los denominados “subsidios perversos” que se expresan a través de la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido, e inclusive infraestructura de transporte (Gudynas, 2011c). ¿Se han presentado estas evaluaciones? No. Probablemente porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.
Estas actividades extractivistas generan, a su vez, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la extracción de dichos recursos naturales, en la medida en que son muy pocas las personas de la región las que normalmente pueden integrarse a las plantillas laborales de las empresas mineras y petroleras. Los impactos económicos y sociales provocan la división de comunidades, peleas entre ellas y dentro de las familias, violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, un incremento de la delincuencia y violencia, el tráfico de tierras, etc.

En las economías primario-exportadoras de la región, a lo largo de décadas de una modalidad de acumulación extractivista, se han generado niveles elevados de subempleo y desempleo, de pobreza y de una distribución del ingreso y de los activos que se vuelve aún más desigual. Con ello se van cerrando las puertas para ampliar el mercado interno porque no se generan empleos e ingresos suficientes (no hay, ni habrá “chorreo”). Sin embargo, se mantienen las presiones para orientar la economía cada vez más hacia el exterior porque “no hay a quién vender domésticamente”, como afirman cansinamente los defensores de este modelo.
Esta “monomentalidad exportadora” inhibe la creatividad y los incentivos de los empresarios nacionales. También en el seno del gobierno, e incluso entre amplios segmentos de la sociedad, se reproduce la “mentalidad pro-exportadora” casi patológica, basada en el famoso eslogan “exportar o morir”, lo que lleva a despreciar las enormes capacidades y potencialidades disponibles al interior del país.

Neoextractivismo, una versión contemporánea del extractivismo(...)
^*Economista ecuatoriano
Profesor e Investigador de la FLACSO
Ex Ministro de Energía y Minas
Ex presidente de la Asamblea Constituyente

Fuente: http://www.eco-sitio.com.ar/node/9547