Brasil después de la democracia
2 de septiembre de 2016
Y ahora qué? La pregunta
resuena en cada rincón de América Latina. La incógnita por el futuro del país
más grande de la región está instalada en casi todas las sedes de gobierno del
mundo y miles de organizaciones políticas y sociales intentan anticipar las
consecuencias de lo que ha ocurrido. Un proceso de impeachment (juicio
político) sin base jurídica llegó hasta la última instancia, puso al mando del
país a un Presidente no electo y revirtió una decisión tomada en las urnas por
54 millones de personas hace menos de dos años.
Por Ignacio Díaz en Rebelion.org
La clausura de esa instancia política fundamental, pese a la
notoria pérdida de popularidad de quien fue electa presidente, Dilma Rousseff,
plantea un dilema central para el futuro nacional y latinoamericano. Si las
democracias burguesas se sostienen en base al voto de los ciudadanos casi como
única instancia de participación popular, ¿por dónde se canalizará el
descontento social sin esa posibilidad?
El sistema político brasileño está atravesado por la corrupción,
como muestran los avances judiciales del proceso denominado Lava Jato, y cada
vez se aleja más del grueso de la población, que reclama elecciones anticipadas
para elegir un nuevo presidente. Michel Temer apenas tiene el apoyo de entre
el 10 y 14% de los brasileños según encuestadoras pero, sin haber sido
elegido, podría ocupar el cargo máximo del país hasta el 1 de enero de 2019.
Giro político
El débil gobierno al mando del país se propone tareas de gran
magnitud e impopularidad, que probablemente deterioren aún más su pequeña base
de sustentación social. La silbatina masiva que recibió en la inauguración de
los Juegos Olímpicos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y lo hizo
desistir de participar de la ceremonia de cierre junto al primer ministro
japonés Shinzo Abe (Tokio será la próxima sede olímpica) le demostró a Temer
que su punto de partida es el repudio generalizado.
Su objetivo no es sin embargo ganar apoyos masivos, aunque
necesita garantizarse un margen mínimo de gobernabilidad. La Federación de
Industrias de San Pablo (Fiesp) y otras importantes organizaciones
empresariales, los grandes capitales extranjeros (“los mercados”) y fuerzas
políticas de derecha como el Partido de la Social Democracia
Brasileña (Psdb) son sus verdaderos apoyos. A cambio, debe
llevar adelante los planes de ajuste que le exigen. Por eso el Psdb no afloja
la presión y llevará hasta el final su denuncia ante el Tribunal Supremo
Electoral contra la candidatura Rousseff-Temer de 2014 por
financiamiento ilegal, que en última instancia podría anular el resultado de la elección. No buscan
eso, pero reclaman un mayor ajuste fiscal.
Temer tendrá su primera presentación internacional el 4 y 5 de
septiembre en China, en la cumbre del G-20. Allí buscará celebrar reuniones
bilaterales, firmar nuevos acuerdos comerciales con China y captar inversiones
extranjeras. Irá con un anzuelo: el amplio plan de privatizaciones que prevé
anunciar e implementar para reducir el elevado déficit fiscal, agravado desde
la suspensión de Dilma.
Después, en Brasilia, se discutirá el centro del programa que
burló las urnas. Tres proyectos fundamentales llegarán al Congreso en cuanto
sea posible: las reformas laboral y jubilatoria y una enmienda constitucional
para impedir el aumento real del gasto público. Los contenidos: aumento en diez
años de la edad mínima jubilatoria y en cinco años el tiempo necesario de las
contribuciones; reducción de derechos laborales como el aguinaldo, horas
extras, vacaciones, duración de la jornada; prohibición constitucional del
crecimiento del gasto real en educación, salud y viviendas durante 20 años. “Va
a imponer que las reglas del trabajo sean firmadas solo entre las dos partes,
obreros y patrones. Y promete aprobar una ley en el Congreso que libere la venta
de tierras al capital extranjero”, advirtió el fundador del Movimiento Sin
Tierra (MST), João Pedro Stedile.
A esto hay que sumarle medidas concretas contra la agricultura
familiar; obligatoriedad de pagar planes de salud; cierre de las fronteras a los
refugiados sirios; recortes en programas educativos; eliminación de la
exclusividad de Petrobras para la explotación de los yacimientos de petróleo
en aguas profundas; retiro del paquete de leyes anticorrupción enviado por
Dilma al Congreso.
Otro giro de envergadura se desenvuelve ya en el campo de la
política internacional. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil
confrontó a Estados Unidos en la región, apoyó la incorporación de Venezuela al
Mercosur, trabajó en la edificación de Unasur y fundó el grupo Brics junto a
China, Rusia, India y Suráfrica. Con José Serra –del Psdb– en la cancillería,
Brasilia se desplaza nuevamente hacia la órbita de Washington.
Obstáculos sociales
En este nuevo escenario la cuestión clave a dilucidar es cuánto margen
social tiene Temer para encarar las medidas que se le exigen, más allá de tener
el apoyo de ambas cámaras en el Congreso. Hasta ahora, decenas de fuerzas
sindicales, estudiantiles y campesinas –entre otras– vinculadas al Partido de
los Trabajadores (PT) y otros sectores de izquierda se han organizado en torno
al Frente Brasil Popular, para formar una gran alianza “en defensa de la
democracia y de otra política económica”. Si bien su objetivo inmediato fue
enfrentar el golpe parlamentario con fachada institucional, se reunieron en
torno a cuatro puntos: defensa de los derechos de los trabajadores; ampliación
de la democracia y la participación popular; campaña por reformas estructurales
(del Estado, política, del poder judicial, de la seguridad pública, de los
medios de comunicación, agraria, urbana, de salud, de la educación y
tributaria) y defensa de la soberanía nacional.
Otra alianza de organizaciones, pero sin la presencia formal del
PT, es el Frente Pueblo Sin Miedo. Ambos ya tienen casi un año de existencia y
tienden a la confluencia. Sin embargo todavía no ha habido grandes
movilizaciones de masas y, pese a la creciente insatisfacción social, los que
salen a las calles por ahora son sólo los militantes.
Ante la posibilidad del llamado a una huelga general, Stedile
explicó que “el movimiento sindical encuentra dificultades. Hace 28 años no se
realiza en el país una huelga política y la clase obrera, muy joven, no tiene
experiencia. Por eso estamos discutiendo con las bases la practicidad de una
huelga general”. Pero advirtió que “la lucha de los campos se intensificará”,
con crecientes movilizaciones y ocupaciones de tierras. “Hay un proyecto de
ley para liberalizar la venta de las tierras brasileñas al capital extranjero.
Los movimientos campesinos han amenazado que si el proyecto se convierte en
ley, cada hacienda vendida al capital extranjero será inmediatamente ocupada”,
desafió.
Pese a las dificultades y la fragmentación actual, las
condiciones para la re-emergencia del movimiento popular brasileño ya están
dadas y su poder potencial es demasiado grande para un gobierno que carece de
apoyos significativos en la población. Aunque en lo inmediato no se espera
una explosión social que revierta la acción del Congreso, no se puede descartar
una salida anticipada de Temer.
Otro frente para el ex vicepresidente de Dilma es el judicial. Si
bien la ley protege al Presidente contra cualquier denuncia por delitos
cometidos antes de asumir el cargo, la declaración del empresario Marcel
Odebrecht (de la constructora más grande del país) en el caso Lava Jato amenaza
con reducir todavía más la popularidad de Temer, que le habría pedido dinero
para la campaña de 2014, canalizado ilegalmente a través de Petrobras. Su
círculo de funcionarios también puede sucumbir ante las delaciones de los
“arrepentidos”. Entre ellos José Serra, acusado por el empresario de recibir 23
millones de reales “por fuera” para su campaña presidencial de 2010.
Pese a todo, una de las ruedas institucionales sigue su movimiento
y los partidos ya están en campaña para las elecciones municipales del 2 de
octubre. A un mes de la votación, predominan las denuncias cruzadas de
corrupción y otros delitos contra una larga lista de candidatos. Será la primera
vez que los partidos se sometan a las urnas desde que las investigaciones judiciales
por corrupción salpicaron a miembros de casi todas las fuerzas políticas. La
prueba es importante para el PT, el Psdb y el Pmdb de Temer. Para el partido de
Lula, al que algunos exigen que se lo declare ilegal, el eje está puesto ahora
en la movilización social.
Obstáculos económicos
La continuidad de la recesión, con una caída del PIB estimada en
3,5% para este año, el desempleo por encima del 11% y el alto déficit fiscal
ensombrecen los pronósticos favorables que busca instalar el gobierno de
Temer. Según el presidente en funciones la economía ya da “señales de
recuperación”, las empresas y familias elevan la confianza y en 2017 Brasil volverá
a crecer. Una de las señales serían las ganancias que los capitales financieros
están obteniendo en la Bolsa de San Pablo. Otra es la fuerte apreciación del
real frente al dólar durante los últimos ocho meses.
La principal exigencia empresarial es la reducción del déficit.
Pero el Pmdb profundizó el rojo de las cuentas fiscales al aumentar salarios de
funcionarios públicos y jueces y multiplicar la cantidad de cargos para
nombrar en el Congreso, con la inconfundible intención de garantizar el avance
y aprobación definitiva del proceso de impeachment. Este año el déficit no
bajará de los 170 mil millones de reales (53 mil millones de dólares) y la meta
para 2017 es llevarlo a 139 mil millones de reales (43 mil millones de dólares)
con los ingresos que se esperan de las privatizaciones.
En el terreno industrial, la producción fabril aumentó 1,1% de
mayo a junio, pero registró una caída interanual de 6% y una baja semestral de
9% según información oficial. Datos de julio mostraron el desplome de la
producción de automóviles: 15,3% en doce meses por una merma de 20,3% en la
demanda de nuevos vehículos.
Los 12 millones de brasileños desempleados y los 10,3 millones a
los que se considera “trabajadores informales”, incluyendo los que pasan el día
en los semáforos, y ganan hasta medio salario mínimo (440 reales) siguieron
creciendo en los últimos meses, según datos de la FGV.
Pese a la falta de empleos, Temer cortó de inmediato el plan de
vivienda gubernamental, que procuraba construir dos millones de casas en dos
años y generar 1,3 millones de empleos, según cálculos de la Fundación Getulio Vargas
(FGV).
Futuro del PT
El 16 de agosto Dilma y Lula fueron formalmente imputados y serán
investigados por “obstrucción de la justicia” en el caso Lavo Jato, que develó
el esquema de sobornos pagados por grandes constructoras con eje en la estatal Petrobras. La
acusación señala que estaban al tanto del sistema de coimas y quisieron
bloquear las investigaciones.
Lula eligió apostar a una campaña internacional para denunciar
una persecución política y judicial en su contra, cuyo fin sería impedir su
candidatura en 2018. Busca reconstruir el PT desde la movilización de las bases
en las calles.
Dilma decidió enfrentar a los senadores y dar un mensaje público
al pueblo brasileño en apoyo a la convocatoria a elecciones anticipadas.
Propuso un pacto por la unidad nacional, el desarrollo y la justicia social
como “único camino para salir de la crisis” y sostuvo el lema “ni un derecho
menos”. También habló del “agotamiento del sistema político” y planteó que es
necesario “superar la fragmentación de los partidos, transparentar el
financiamiento electoral, fortalecer la fidelidad partidaria y dar más poder a
los electores”. Por último, defendió con argumentos claros su honestidad y
señaló la ilegalidad del impeachment, pero no hizo autocrítica sobre el rumbo
que imprimió a su gobierno el año pasado tras dar la espalda a sus votantes.
¿Se recuperará el PT de este último golpe? Es la gran incógnita. Y
no sólo para Brasil. El partido estaba debilitado, desmotivado y desmovilizado
hace tiempo. Su posibilidad de resurgir depende ahora de la reacción social que
provoquen el golpe y el nuevo programa de gobierno.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12750
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