La papelera que devora Colombia
25 de mayo de 2017
Primero fue la tala de miles de hectáreas de selva,
después la plantación de pinos y eucaliptos. Como Cartón Colombia primero, como
la irlandesa Smurfit
Kappa hoy, la papelera se hizo fuerte, silenciosamente,
aliada con el poder. “Estamos cambiando agua por basura”, denuncia un veterano
ecologista.
En enero de 2016 el acueducto de
Salento se quedó seco. La quebrada Cañas Gordas , afluente que abastece al
municipio baluarte del turismo en el Quindío, había perdido la totalidad de su
caudal, era apenas un chorrito pantanoso debajo de las dos bocatomas que surten
al municipio. Mientras la Corporación Autónoma del Quindío responsabilizaba
al calentamiento global, autoridades civiles del pueblo, campesinos y
ecologistas de la región apuntaron, una vez más, a las cabeceras del afluente:
todo, hasta los bordes mismos de la quebrada, está plantado de pinos. Según
dicen, son esas plantaciones forestales las culpables de la escasez del agua.
Este conflicto, que se repite en zonas
rurales de Sevilla o Pereira, de Riosucio o Dagua, ajusta medio siglo en el
país con un nombre propio: Smurfit Kappa – Cartón de Colombia, la multinacional
que en 1969 comenzó a adquirir terrenos montañosos a bajos precios para
instalar cultivos forestales que sustentasen su demanda de madera en la
elaboración de pulpa papelera. Mientras el debate ambiental en Colombia se
enfoca con preocupación en los conflictos petroleros y mineros, la multinacional
irlandesa exprime silenciosa miles de hectáreas en el país.
Ya en los años 50 se acusaba a Cartón
de Colombia (hoy parte de la irlandesa Smurfit Kappa ) de arrasar las selvas
del Bajo Calima (Pacífico) para emplear la madera produciendo pulpa papelera.
20 años después la compañía comenzó a plantar pinos y eucaliptos, especies
sobre las que la FAO (organización de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura) alerta de que provocan consecuencias negativas sobre los suelos,
la biodiversidad y los ciclos del agua, cuando reemplazan los bosques nativos
de las regiones tropicales.
Pero las afectaciones no son solo a la
biodiversidad y a los cursos de agua. La política de la compañía implica la
concentración de enormes extensiones de tierra en su poder, en latifundios
forestales que fragmentan las comunidades campesinas, donde toda la dinámica
social y económica acaba trastocada. La oposición de ecologistas y comunidades
se ha saldado con amenazas y casos de homicidios que nunca se han investigado a
fondo. También hay abiertas varias reclamaciones de restitución de tierras por
comunidades indígenas y particulares. Hasta el Tribunal de los Pueblos
reconoció en 2007 que Smurfit Kappa tiene “una deuda ecológica, social,
económica y cultural con el país y el total de sus habitantes”.
Smurfit Kappa Cartón de Colombia poseía
en 2015, según sus propios datos, unas 67.926 hectáreas
en 454 grandes fincas entre las cordilleras central y occidental. Hay pinos y
eucaliptos de Smurfit desde el nudo de Caramanta hasta las montañas del Macizo
colombiano, y desde la vertiente del Magdalena hasta la del Pacífico.
Un negocio rentable:
Hoy Smurfit emplea a 2.500 operarios
sobre terreno y posee una enorme y sofisticada planta de producción de cartón,
papel y empaques, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Mantener el
volumen habitual de producción requiere 830.000 toneladas de madera al año, es
decir, cada día entran a la planta alrededor de 300 camiones cargados con
troncos provenientes de las montañas del centro y suroccidente colombiano. Las
condiciones geográficas de Colombia permiten que sus cultivos sean más
rentables y productivos que en cualquier otro lugar del planeta; plantaciones
similares de países con gran vocación forestal como Chile o Canadá tardan cuatro
veces más tiempo en crecer. La disponibilidad de luz todo el año y de lluvias
permanentes son las que posibilitan el rendimiento excepcional de los pinos y
eucaliptos en el trópico. En una visita a Colombia, Michael Smurfit, antiguo
presidente de la multinacional declaró que “en una industria como la nuestra,
los grandes activos naturales, bosques y agua, han sido considerados como los
elementos claves del éxito”.
Smurfit-Kappa es la papelera más grande
del mundo y hace presencia en una veintena de países. En sus entrañas también
hay capital colombiano. En 1986 el Jefferson Smurfit Group, con sede en
Irlanda, absorbió la
Container Corp., empresa de capital norteamericano que
controlaba a Cartón de Colombia, fundada en 1944 por inversionistas
antioqueños.
Sin embargo, los socios nacionales
nunca han perdido participación en la compañía local: el Grupo Carvajal sigue
siendo un accionista minoritario importante de Smurfit Cartón de Colombia. La
multinacional opera en el país bajo una complejísima red de empresas
subsidiarias, contratistas y asociados, donde inversionistas colombianos
terminan sumando sus intereses políticos y económicos con los del capital
extranjero.
Smurfit conformó la Asociación Colombiana
de Reforestadores (ACOFORE) según la investigación del periodista Walter
Broderick recogida en su libro ‘El
imperio del cartón’, ACOFORE desplegó un poderoso lobby entre políticos y
congresistas para la aprobación de legislaciones a su medida, entre ellas la
ley del incentivo forestal que subsidia con dineros públicos al gremio de
cultivadores de árboles, donde la multinacional ejercía hasta hace muy poco un
papel monopólico (ver aquí).
La larga sombra de la papelera:
Cartón de Colombia ha respaldado las
campañas de muchos políticos colombianos, incluyendo varios ex presidentes.
Según publicaciones de El Tiempo y La Silla Vacía la empresa figura entre las
sociedades de capital extranjero y nacional que respaldaron el Gobierno de Álvaro
Uribe y sus campañas (ver aquí). En concreto en 2006 Alfredo
Carvajal y Juan Martín Carvajal hicieron aportes de 20 millones de pesos. Ambos
son propietarios del Grupo Carvajal, a su vez accionista de Cartón de Colombia.
En el informe publicado por La
Silla Vacía se constataba que el gerente y el presidente de
Smurfit también donaron dineros a la primera campaña de Juan Manuel Santos (ver aquí).
Cartón de Colombia también ha sostenido
proyectos conjuntos con la Federación de Cafeteros y las Corporaciones
Autónomas Regionales, entidades que tienen la responsabilidad de vigilar a la
papelera.
Para comprender los vínculos de la
multinacional con el establecimiento local basta echar una ojeada al libro ‘Medio siglo
sembrando el porvenir’, editado por la empresa cuando cumplió cincuenta
años de presencia en Colombia: media docena de Presidentes desfilan en las
fotografías conmemorativas de todos esos años y una infinidad de políticos,
empresarios y hasta militares aparecen posando con los jerarcas extranjeros y
nacionales de la compañía (ver aquí).
Todos los gobiernos otorgaron o
ratificaron permisos para que la multinacional explotara las selvas vírgenes
del Pacífico en la región del Bajo Calima, al norte de Buenaventura. Entre 1957
y 1974 la compañía recibió cerca de 120.000 hectáreas
en concesión, cuando aún no se abastecía de sus propias plantaciones. A partir
de ahí, poco a poco la empresa fue haciéndose autosuficiente con los cultivos
por lo que acabó abandonando la concesión antes de que acabara el plazo de 50
años.
Después de que la multinacional
abandonara el bajo Calima en 1993, el periodista australiano Walter Joe
Broderick visitó la zona y realizó la investigación sobre la trayectoria de
Smurfit en el país que plasmó en ‘El imperio del cartón’. En este trabajo narró
como la selva resultó devastada porque la compañía utilizó un sistema de corte
conocido como “tala rasa”, que consiste en talar y extraer todos los árboles
del terreno. Las comunidades negras e indígenas asentadas allí, que dependían
de los recursos del bosque y hasta entonces convivían en relativa armonía con
la selva, practicando sólo cortes selectivos de madera, sufrieron las
consecuencias sociales y ambientales de este modelo extractivo. Terminaron
trabajando a destajo en aserríos para la multinacional.
“Mucha gente no nos perdona que
aprovecháramos bosques naturales durante muchísimos años en el Bajo Calima”
admite Ricardo Gómez Londoño, responsable de la operación forestal de Smurfit
para el eje cafetero. “Pero es que no era ilegal, y no es hoy en día ilegal,
empresas como Maderas Pizano lo siguen haciendo en el Chocó”, concluye.
De la explotación a la plantación:
Cartón de Colombia descubrió en la
década del 70 que su rentabilidad aumentaría si dejaba de emplear la madera
tropical de la selva, reemplazándola por fibras más homogéneas que podían
cultivarse en el país con una eficiencia excepcional. Fue entonces cuando
arrancaron la política de plantaciones de pino y eucalipto, las dos especies
foráneas sobre las que los estudios de la FAO de 1987 denuncian los impactos
negativos sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua. La empresa
logró mejorar variedades de eucalipto que alcanzan la altura de corte a sólo 7
años de plantados, y variedades de pino que tardan entre 16 y 18 años. En
ninguna otra zona del planeta el negocio forestal es tan productivo, ello se
debe a las condiciones privilegiadas de luz y agua disponibles en el trópico.
A escala local, finqueros y medianos
propietarios de tierras alquilaron sus predios para la instalación de cultivos forestales
bajo contratos de asociación, o bien se dedicaron por su cuenta a talar los
bosques nativos de sus propiedades y a sembrar coníferas que terminaban
cortadas rumbo a los molinos de la compañía. El modelo asociativo, mayoritario
cuando Cartón de Colombia comenzó su proyecto forestal, decayó en los últimos
años a medida que la empresa adquiría extensos terrenos que ahora le permiten
autoabastecerse de madera. La compañía aprobó en 1974 un plan para comprar 30.000 hectáreas
en un lapso de 15 años. 40 años después superaban las 67.900 hectáreas
en 454 fincas entre las Cordilleras Central y Occidental.
Sus tierras e encuentran repartidas en
proporciones iguales en tres núcleos de explotación –norte, centro y sur– que
cubren los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y Tolima.
Estas cerca de 68.000
hectáreas suponen más de la mitad de las plantaciones de
la multinacional en todo el mundo, que suman poco más de 104.000 hectáreas .
Su principal activo forestal se encuentra en Colombia.
Las consecuencias:
La otra cara de tan fabulosa rentabilidad
son las afectaciones a los cursos de agua y el impacto dañino que los
latifundios forestales han tenido sobre las comunidades campesinas, donde toda
la dinámica social y económica acaba trastocada.
Néstor Ocampo es un ambientalista de
Calarcá (Quindío), reconocido opositor a las plantaciones forestales. Ocampo
viajó hasta Irlanda en 2001 para confrontar públicamente a Michael Smurfit, el
presidente de la compañía, durante una asamblea de la sociedad. Antes
había acompañado los primeros procesos de resistencia civil contra las
plantaciones forestales en el país: “Conocimos del problema con los pinos en
Darién, Valle del Cauca, desde 1982”
explica. “Nosotros creíamos que era un problema de daños al medio ambiente,
pero allá descubrimos que era un asunto social, con implicaciones políticas,
económicas y hasta ideológicas”.
En los 80 la población de Darién se
organizó en un comité cívico llamado ‘No al pino’. Rechazaban la siembra
de coníferas porque su municipio, que antes se autoabastecía de alimentos,
estaba perdiendo toda vocación agrícola: ya no quedaba quien cultivara la
tierra, las plantaciones de pino ocuparon terrenos fértiles, muchos jornaleros
perdieron sus trabajos y aquello derivó en una profunda crisis social. Germán
Mejía, que luego sería alcalde del pueblo, lideró la movilización. A Mejía
lo mataron unos sicarios en 1997, su muerte nunca se aclaró.
Los casos de la dirigente campesina
Dila Calvo, asesinada en Riofrío en 1995; los ecologistas Gloria Sofía Zapata,
Eder Alexander y Hernando Duque, asesinados en Belén de Umbría en 1998; la ambientalista Sandra
Viviana Cuéllar, desaparecida en Cali en 2012, comparten
semejanzas con el asesinato de Germán Mejía. Todos ellos fueron líderes
opuestos abiertamente al negocio forestal; todos quedaron en la impunidad. El
portal Verdad Abierta reveló que en 2015 un juzgado especializado abrió un
proceso de restitución de tierras contra Smurfit Cartón de Colombia, debido a
la solicitud de un campesino de Bolívar (Valle), quien manifestó que tuvo que
vender su finca a muy bajo costo por la presión de grupos paramilitares y
bandas ligadas al narcotráfico que operan en la zona (ver aquí).
Un litigio similar sucede desde
mediados de los 90 en la región del Alto Naya con un par de fincas donde la
multinacional plantó pinos, pero que son reclamadas por una comunidad de
indígenas paéces, quienes hasta hoy ocupan los terrenos sin conseguir su
titulación. También hay cultivos de Cartón de Colombia en la hacienda El Japio ,
donde otro grupo de indígenas exige desde 2005 que les entreguen la tierra como
parte de los acuerdos con el Estado para reparar las víctimas de la masacre del
Nilo.
Por ello, el Tribunal Permanente de los
Pueblos, una reconocida instancia internacional que denuncia los abusos a los
Derechos Humanos en el mundo, realizó en 2007 un juzgamiento público a la
multinacional en Colombia, acusándola de tener “una deuda ecológica, social,
económica y cultural con el país y el total de sus habitantes, específicamente
con aquellos pertenecientes a las comunidades en donde ha establecido sus
plantaciones forestales, en donde ha instalado sus plantas de producción y en
donde ha devastado por completo selvas tropicales y otros ecosistemas para
abastecer de madera sus fabricas de papel y cartón para empaques” (ver aquí).
Guillermo Castaño,
otro veterano ecologista fundador del movimiento ambientalista en el país,
resume en pocas palabras la disyuntiva de los cultivos forestales: “¿Cómo es
posible que cambiemos la riqueza más grande de nuestra región, que además es de
un inmenso valor histórico y natural, por unos cultivos que sólo sirven para
hacer cartón? Todo mundo sabe dónde acaba el cartón, es un producto que va a
terminar en la basura.
Estamos cambiando agua por basura.”
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_papelera_que_devora_Colombia
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