El país del
olvido
5 de mayo de 2017
Del país de la memoria y la verdad se
plantea ahora el olvido y el perdón. La iglesia quiere generar una
reconciliación, mientras que la Corte Suprema permite aplicar el 2 por 1 a genocida. Empieza a ser
sistémico, desde que llegó la Alianza Cambiemos al poder, este accionar de
deslegitimación de las víctimas del terrorismo de estado y menguar la
culpa de los victimarios.
Por
Juan Alberto
Perez en ANCAP
Después del horror perpetrado desde el estado
por parte de delincuentes que representaban a las fuerzas armadas, parte la
sociedad civil y eclesiástica, en Argentina se vivieron tiempos de
reconstrucción de la memoria por la verdad y la justicia. Con
vaivenes, y gracias a la constancia de la militancia de organismos de derechos
humanos, en su mayoría integrados por víctimas y familiares del horror, se pudo
iniciar un camino de enjuiciamiento y esclarecimiento de los días más oscuros.
Sin embargo, desde el día uno de la llegada de la Alianza Cambiemos
al poder parece que las defensas de los genocidas y los cómplices del
terrorismo de estado volvieron a asomar la cabeza.
Basta recordar la editorial del diario
colaboracionista La Nación, luego del triunfo de Macri en el balotage, y su
llamado a revalorizar la teoría de los dos demonios. Allí, se hacía especial
énfasis en la necesidad de acabar con la “mentira” de los años ´70 y se
alarmaban por supuestas “violaciones a los derechos humanos de los genocidas
condenados. Llamaban “vergüenza nacional” al hecho de qué los presos por delito
de lesa humanidad mueran en cumplimiento de sus condenas.
Este no es el único caso. Desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha se desató
una feroz campaña que busca deslegitimar las consecuencias de la última
dictadura cívico-militar-eclesiástica. Primero, el antecedente del Presidente
Macri hablando de “los curros de los ddhh”. Luego, la puesta en debate público
el número de desaparecidos, en un ataque a ultranza por parte de funcionarios
contra los 30 mil detenidos desaparecidos.
Pero esta semana, dos nuevos hechos vienen a traernos a
las claras que hay un sector social, que en este momento maneja los espacios de
poder estatal, pero que siempre ha estado en el establishment económico,
político y comunicacional, que desea hacer un nuevo “punto final”. En primer
término, el mensaje publicado por la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA), quién expresa que en su 113°
Asamblea Plenaria harán una “reflexión” acerca de lo sucedido en dictadura. A
la vez que agrega que se realizará una escucha de algunos testimonios de
familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado
por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad. Otra vez
abonando a la teoría de los dos bandos, como si hubiese existido una guerra en
el país y no un proceso de opresión, asesinato y saqueo desde las esferas del
Estado. Desde la CEA se expresó que el objetivo de la misma es crear “un
itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la
cultura del encuentro”. Lo cual generó un gran rechazo por parte de los
organismos de DDHH. Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado oficial marcó que
“manifiesta su profunda preocupación por la idea de “reconciliación” entre
víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que está impulsando la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA), encabezada por su presidente,
Monseñor José María Arancedo” al tiempo que agrega que “no hay diálogo posible
con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas;
con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde
están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40
años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”. Desde el
organismo que preside Estela de Carlotto se hace especial mención al rol que
parte de la iglesia católica tuvo en la última dictadura: “parte de la Iglesia
fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió
información para el encuentro de nuestros hijos”.
Por otro lado, la Corte Suprema de justicia dictó un falló
alarmante al declarar aplicable el beneficio de 2X1 a un condenado por delitos
de lesa humanidad. El represor Luis Muiña, culpable por crímenes de lesa
humanidad en el Hospital Posadas. Mediante este artículo, que fue derogado en
2001, el condenado podría reducir un tercio de su pena por buena conducta. Al
haber estado encarcelado Muiña mientras regía dicho artículo la Corte permite
aplicar el beneficio. Esto asienta un peligroso antecedente ya que los crímenes
de lesa humanidad son imprescriptibles y de cumplimiento efectivo, pero esto
podría dejar libres varios genocidas. Cabe recordar que Muiñas fue condenado
como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con
imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo,
Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.
Se realizó una conferencia de prensa en Abuelas de Plaza
de Mayo en donde se reprochó la aplicación del 2X1 por “permitir drásticas
reducciones de las penas o mismo dejar libres a quienes hayan cumplido la mitad
se sus condenas” afirmó Estela de Carlotto, a lo que agregó que “varias de las
condenas se dieron en forma tardía por las dilaciones de la misma justicia”.
Por parte de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida expresó su
dolor y el repudio“Tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron a
nuestros hijos y se apropiaron de bebés es inaudito” y agregó “le están
faltando el respeto a nuestros hijos nuevamente, no quieren tener memoria”.
Se trata de una serie de hechos contendientes a intentar
borrar una parte muy importante de la historia Argentina. Una
página llena de terror pero que con el tiempo nos interpeló para generar
conciencia y memoria. Hoy los dirigentes políticos y judiciales de turno nos
pretenden invitar a vivir en el país del olvido.
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article14125
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