Patrón de acumulación
extractivista
y sus limitaciones
31 de mayo de 2017
Por Gonzalo Colque (Rebelión)
Este trabajo aborda los alcances y limitaciones del extractivismo
que se propone desde el gobierno del MAS y que se implementa sin grandes
preocupaciones por los impactos ambientales. El tema central es si la
extracción intensificada de recursos conduce (en qué grado o no) a un nuevo
patrón de acumulación capitalista, donde el modelo primario exportador debería
dejar de ser la principal fuente de obtención de la riqueza. Este debate
tiene relevancia porque apremia encontrar el equilibrio
apropiado entre protección de recursos naturales y desarrollo económico.
Introducción
El gobierno de Evo Morales está dando pasos
firmes para desentenderse de su programa anticapitalista y antimercantilización
de la naturaleza y pasar a abrazar con más fuerza el extractivismo. Justificar
y defender esta transición radical no es una tarea fácil pero el gobierno ha
comenzado a ocuparse de ello en los últimos añosi.
Como era de esperar, antes que una explicación sistemática sobre por qué es
mejor la mercantilización intensificada de los recursos naturales –y cómo ello
conduce al Vivir Bien– predomina el hostigamiento a quienes cuestionan este
viraje.
La defensa del extractivismo desde una opción
confrontacional implica descalificar a los movimientos ambientalistas, como si
con ello fueran a desaparecer los problemas de nuestro patrón de desarrollo
primario exportador. Los ecologistas están acusados de estar dedicados a cuidar
los intereses de los países ricos, es decir serían simples cómplices de los
mayores culpables del calentamiento global. Además, estarían en contra de los
intereses nacionales por obstaculizar el desarrollo económico y la puesta en
marcha de programas de industrialización para la lucha contra la pobreza. Álvaro
García Linera, en su ensayo “Medioambiente e igualdad social”, además de
reiterar su cuestionamiento al eco-imperialismo, enjuicia el ecologismo
elitista que ignora los problemas sociales, pero no lo hace para exigir
justicia ambiental, medidas más firmes de los países dominantes para la lucha
contra la degradación ecológica o para avanzar en el análisis sobre acumulación
y desposesión sino su escrito es, fundamentalmente, un alegato en defensa del
extractivismo con inclusión socialii.
La intención en este texto es retomar un punto
fundamental que a menudo es ignorado: el extractivismo propugnado por el
gobierno, ahora con licencia para contaminar, tiene limitaciones e inconsistencias
severas en su formulación como programa de desarrollo, en mucho porque sigue
siendo funcional al sistema económico global, al capitalismo destructor de la
naturaleza y adicto al crecimiento ilimitado.
La intensificación del extractivismo
El abandono de las políticas (no del discurso)
de protección ambiental y la intensificación del modelo extractivista ocurren
en un periodo de tiempo breve y marcado por procesos políticos y económicos
solapados. Para muchos, el conflicto por el TIPNIS de 2011 que enfrentó a los
indígenas y al gobierno marca el punto de inflexión, el momento de retrocesos
en las políticas ambientales y de adopción abierta de la economía
extractivista. Algunos ejemplos de la intensificación extractiva son las nuevas
y flexibles regulaciones para facilitar proyectos de exploración y explotación
petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas o la ampliación de la
frontera agrícola a costa del bosque. Para alcanzar el objetivo de generar
riqueza mediante la industrialización se ha puesto en marcha la construcción de
megaobras como la planta de fertilizantes de Bulo Bulo (862 millones de
dólares, la inversión más alta en la historia de Bolivia), el proyecto
siderúrgico El Mutún, el aeropuerto intercontinental o hub de Viru Viru o las hidroeléctricas
El Bala y el Chepete.
El inesperado fin del superciclo de precios
altos de materias primas (2011-2013) influyó decisivamente en la decisión
gubernamental de compensar las pérdidas económicas por mayores volúmenes de
producción. Los proyectos de industrialización también se ampliaron a la
creación de una empresa estatal de producción de alimentos, una planta
industrial de carbonato de litio, otra planta de propileno y polipropileno, una
ciudadela de investigación nuclear y otrosiii.
Dado que estos y otros proyectos necesitan más renta extractiva, el gobierno
acabó por decantarse por una mayor dependencia del modelo primario-exportador.
Así, el extractivismo acabó siendo un imperativo económico y político.
En medio de estas medidas económicas puede
resultar curioso que el discurso ambientalista del gobierno perviva,
especialmente frente a la audiencia global cuestionadora del pésimo papel de
los ricos para detener el desastre ecológico y frente a las clases
subordinadas. Pero tiene una razón de ser. Por un lado, es un instrumento
retórico para conservar su imagen de gobierno indígena y legitimarse como una
opción política adscrita al movimiento “Otro mundo es posible”. Por otro lado
la intención es, por supuesto, persuadir e influir en la opinión pública para
dar por sentado que los movimientos ambientalistas y antiextractivistas tienen
nexos con el eco-imperialismo, al igual que las organizaciones de la sociedad civil
que cuestionan las contradicciones del gobierno. Esta asociación ligera busca
desacreditar a las voces disidentes, despejar el camino de obstáculos y
resistencias para mantener en marcha las nuevas iniciativas económicas. Desde
esta mirada, los ambientalistas son enemigos de los pobres.
Los activistas son retratados únicamente como
idealistas de la ‘naturaleza sin humanos’, que soslayan la importancia del
desarrollo económico. Por supuesto que existen movimientos ambientalistas que
califican de enemigos de la naturaleza a ciertos grupos poblacionales,
específicamente a los campesinos andinos a menudo estigmatizados como
“tomatierras” o “depredadores”, pero la realidad es algo más compleja que la
oposición binaria de naturaleza y humanos. Una prueba de ello son las múltiples
experiencias de gestión integral de territorios y comunidades en áreas
protegidas.
Para que el extractivismo tenga la categoría
de política de Estado, el gobierno asevera que las prácticas extractivistas son
imprescindibles para sostener los programas sociales, en especial las
transferencias monetarias hacia los sectores pobres y vulnerables. Dado que los
problemas económicos y sociales siguen azotando a la sociedad boliviana, desde
el poder se insiste que oponerse a la mercantilización de los bosques, áreas
protegidas o territorios indígenas sería una posición atentatoria contra los
intereses nacionales y de las mayorías.
En perspectiva, el extractivismo sería una
manera de alcanzar de forma escalonada tres grandes etapas de desarrollo:
industrialización con excedentes económicos e inclusión social, crecimiento con
reducción de impactos ambientales y, por último, una sociedad con “mayor
capacidad técnico-productiva para el control de los procesos globales de
producción”iv. En
estos términos acaba siendo un patrón de desarrollo ideado por un movimiento
político; en consecuencia, la interpretación literal o mecanicista –acción
extractiva o de extraer– deja de tener relevancia analítica y lo que importa es
su connotación como tendencia a intensificar la actividad extractiva, a modo de
una condición originaria para instaurar un particular sistema económico y
social de creación de riqueza.
Grosso modo, la jugada consiste en superar el
extractivismo con más extractivismo, donde el Estado debe ser el protagonista
central en calidad de estratega y promotor de procesos económicos y
redistributivos. No hay una estimación específica del tiempo que tomaría este
proceso. El año del bicentenario, 2025, está marcado en el calendario como hito
para que todas las exportaciones tengan valor añadido y según algunas
declaraciones públicas, el cambio del patrón de acumulación probablemente lleve
unas dos décadasv.
Inconsistencias y limitaciones
Esta formulación que también se puede
denominar ‘extractivismo dirigido por el Estado’, a pesar de sus múltiples
implicaciones, no ha sido examinada con detenimiento. En parte esto es así
porque, excepto un par de ensayos, la propuesta no está expuesta ni
desarrollada de forma sistemática sino sigue estando confinada a los documentos
políticos y burocráticos. Este hecho en sí mismo es una muestra de la fragilidad
de la propuesta.
Dejemos de lado este punto para advertir sobre las
principales inconsistencias y limitaciones.
Primero, los promotores del modelo asumen que
más extractivismo desencadenará un proceso de transformación estructural desde
una economía primaria de exportación hacia una economía con alto valor agregado
y generadora de excedentes principalmente a partir de la industrialización y
las nuevas industrias de energías renovables. Es una narrativa atractiva pero
básicamente reproduce ideas evolucionistas y desarrollistas, como si el salto
solo fuera cuestión de tiempo, sin reconocer el papel y lugar que ocupamos en
relación al mundo. Nuestra condición es de una sociedad subordinada, espacio
hacia donde se expande la “acumulación por desposesión” y, además, con un
historial de pésimo desempeño durante los años de experimentos latinoamericanos
de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). No es lo mismo
transformarse teniendo control sobre las materias primas que suministrándolas
al resto del mundo. El extractivismo es tal no por extraer o transformar la
naturaleza sino por el vínculo funcional, digamos, con China y otros países
capitalistas. Además, el extractivismo no es nuevo en nuestra historia. Por lo
tanto, ¿qué marcaría la diferencia?
La respuesta del gobierno es que ahora el
Estado tiene un papel decisivo en la economía. Pero este postulado no tiene correlato
en los hechos. Un número creciente de estudios confluyen al concluir que el
gobierno de Evo Morales subordina e instrumentaliza cualquier faceta del
aparato estatal a su proyecto partidario: la conquista, apropiación y
dominación ideológica de las clases subordinadas, la reproducción permanente de
su legitimad política y su expansión hegemónica. La preferencia por un Estado intervencionista
pero a la vez supeditado a los intereses del partido gobernante lógicamente
atrofia cualquier posibilidad de hacer de éste una maquinaria burocrática
eficiente. Como señalan algunos estudiosvi,
haría falta un Estado de tipo ideal weberiano para conducir las
transformaciones económicas de carácter estructural pero las evidencias abundan
sobre lo contrario, es decir, sobre la persistencia en América Latina (y en Bolivia)
de aparatos públicos ineficientes y cooptados por grupos de poder y gobiernos
de turno. Si todo esto es así, entonces estamos cerca de repetir la historia de
proyectos nacionalistas fallidos.
Segundo, los impulsores del extractivismo dan
por descontado que la mercantilización creciente de la naturaleza gestará un
proceso sostenido de acumulación y apropiación capitalista. Si bien actualmente
Bolivia se caracteriza por relaciones capitalistas que se generalizan y se
internalizan en casi todos los circuitos de reproducción social, incluyendo la
mercantilización de las economías de subsistencia de campesinos e indígenasvii, no
se puede dejar fuera de la ecuación el hecho de que todo esto no ha generado ni
está generando acumulación y desarrollo de fuerzas productivas en una escala
expectable, digamos en comparación con las tasas medias de los países de la región. El cambio de
patrón de acumulación se podría medir, con recaudos, mediante algunos
indicadores económicos. Por ejemplo, en materia de productividad laboral
Bolivia ocupa el último lugar en América Latina y con un añadido bastante
revelador y preocupante: la producción promedio por cada trabajador boliviano
es la mitad con respecto a la media de la región y solo la tercera parte en
relación al mundoviii.
En términos de rentabilidad de las inversiones, el gobierno publicita que
Bolivia tiene la mejor tasa de rendimiento pero no menciona o no cae en cuenta
que se trata de un excedente capitalista generado por la apropiación mercantil
de los recursos naturales por parte de capitales transnacionales buscadores de
rentas extraordinarias, es decir capitales incapaces de crear riqueza mediante
la “reproducción ampliada” o la explotación capitalista de los trabajadores.
¿De dónde viene la ganancia? En este caso de las rentas extraídas a la
naturaleza.
Tercero, los proponentes del modelo esperan
que el Estado interventor conduzca el mencionado proceso de transformación
estructural y con amplia participación de las empresas públicas en los sectores
estratégicos. Esto significa que las mayorías bolivianas están consideradas tan
solo como potenciales trabajadores asalariados antes que agentes económicos y
políticos. Pero esta idea es precaria en extremo sabiendo que tanto las
empresas estatales como la burguesía nacional han sido y son profundamente
dependientes de socios foráneos y capitales extranjeros. Por ejemplo, la
nacionalización de hidrocarburos no pudo cumplir con la meta de expulsar del
negocio a las empresas petroleras transnacionales las que más tarde acabaron
siendo defendidas por el propio presidente Morales explicando que ahora son
socios y no patrones. La historia también nos enseña que nuestras élites del
agro –bien conocidas por su mirada hacia afuera– no son más que socios
minoritarios dentro del agronegocio ahora controlado casi por completo por
capitales extranjeros. La improvisación del plan de desarrollo también queda
delatada por la ausencia de mecanismos y políticas de redistribución de la
riqueza, en caso de que prosperase la creación de la riqueza mediante los
nuevos patrones de acumulación.
Cuarto, el extractivismo dirigido por el
Estado no es parte ni está acompañado de esfuerzos sistemáticos en cuanto a
reformas y cambios institucionales hacia dentro de nuestras fronteras. La
pobreza, la desigualdad en razón de género y pertenencia étnica, la baja
productividad laboral, la creciente dependencia de las importaciones o la
incapacidad de controlar la expatriación de la riqueza son parte de los
problemas de fondo que sistemáticamente se reproducen. Esto significa que
persisten las fallas de gran magnitud en la estructura social y económica
nacional. Nuestra inclinación por asuntos macro o “estructuralistas” nos ha
hecho perder de vista muchos otros problemas que tenemos en casa. Por ejemplo,
los pactos gobierno-latifundistas han saboteado reiteradamente cualquier
iniciativa de reforma agraria para modificar la estructura agraria dual que
explica la mayor parte de la extrema pobreza en que viven los pobladores
rurales. Con este tipo de acuerdos y alianzas, los agroexportadores aumentaron
su influencia sobre los gobiernos en las últimas dos décadas y consolidaron
nuestra condición de simples suministradores de materias primas, en detrimento
de procesos de industrialización interna y creación de clases medias y
trabajadoras. Nuestra clase política y gobernante en cierto sentido procrastina
al buscar por el mundo a los culpables del cambio climático o aventurándose en
soluciones eco-populistas y sin prestar atención de forma sistemática a la
necesidad de encarar cambios estructurales hacia adentro.
Conclusión
Para nadie es desconocido que apremia
encontrar el equilibrio ‘apropiado’ entre protección de recursos naturales y
desarrollo económico. Hasta ahora los virajes bolivianos más bien han pasado de
un extremo a otro. E l extractivismo que se propone ahora es un tipo de
desarrollo económico sin obligaciones ambientales. Este planteamiento se
justifica con enunciados como que el calentamiento global no es un problema
nuestro, los culpables de los desastres ecológicos son otros, los
ambientalistas obedecen a intereses foráneos y son los enemigos de los pobres.
La conclusión obvia de la clase gobernante es tenemos derecho a explotar los
recursos naturales para nuestro provecho y sin preocuparnos por los costos
ambientales.
En este texto hemos privilegiado una cuestión
crucial que se pasa por alto en muchos debates: si el extractivismo
intensificado conduce (en qué grado o no) a un nuevo patrón de acumulación
donde el saqueo de los recursos naturales no sea la principal fuente generadora
de la riqueza. La
aproximación crítica que hemos ensayado nos ha llevado a identificar vacíos,
inconsistencias y limitaciones en la formulación y argumentación a favor del
extractivismo promovido por el gobierno. Por esta razón y por las complejidades
inherentes, el hacer frente a la destrucción de la naturaleza y adicción al
crecimiento obsesivo exige replanteamientos de fondo.
Notas:
i Álvaro García Linera
(2012): “Una vez más sobre el llamado “extractivismo”. En “Geopolítica de la
Amazonía: Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional-Bolivia.
iii Gobierno de Bolivia
(2016: 3-6): “Plan de desarrollo económico y social 2016-2020: en el marco del
desarrollo integral para vivir bien”. http://www.planificacion.gob.bo/pdes/
25/05/2016
v Carlos Corz (2016)
“García Linera dice que Bolivia ganó una década y perfila 20 años de
extractivismo”. La
Razón Digital. https://goo.gl/uYhl9U18.08.2016
vi Murat Arsel, Barbara
Hogenboomb y Lorenzo Pellegrini (2016): “The extractive imperative in Latin
America”. En The
Extractive Industries and Society. Volumen 3, Issue 4, Noviembre 2016, pp.
880–887.
vii Henry Bernstein (2016)
Dinámicas de clase y transformaciones agraria. Cambios agrarios y estudios del
campesinado. La Paz: TIERRA.
viii Beatriz Muriel (2016)
“¿Cómo está Bolivia en materia de productividad laboral?” https://goo.gl/ZfsUJu 7.03.2016
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227317
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