Estado social de
derecha
2 de julio de 2019
Por Pablo Nariño
Las Dos Orillas
Entre los años 1998 y 2005 se estableció en Colombia la paramilitarización de la sociedad y las instituciones. El infierno se instaló en las zonas rurales, las plazas de los pueblos fueron convertidos en centros de tortura y muerte contra sus moradores, acusados de ser colaboradores, simpatizantes o integrantes de la guerrilla, y sus cuerpos lanzados a los caimanes, a los ríos, o calcinados en hornos crematorios.
Los medios, silenciaban los hechos, eludían los motivos y exculpaban a los autores. De esa manera encubrían la danza macabra paramilitar y el tormento en el campo colombiano. Al igual que hoy, las únicas fuentes periodísticas de RCN y Caracol, eran la Casa de Nariño y las autoridades civiles o militares de las regiones afectadas, muchos de ellos vinculadas a las masacres mismas.
El terror de Estado se conformó a partir de relaciones y pactos entre paramilitares, políticos, empresarios, terratenientes, industriales, comerciantes, comunicadores, organismos de seguridad del Estado, militares y narcotraficantes.
El paramilitarismo invadió los tres poderes públicos, instituciones financieras, alcaldías y gobernaciones. Al tiempo que formaban a sus huestes en escuelas de descuartizamiento, donde se les instruía -como consta en el expediente del paramilitar Francisco Villalva- con “personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (…) Se repartían entre grupos de a cinco (…) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza… descuartizarlas vivas”.
Llevando
la Doctrina de Seguridad Nacional al grado más extremo, la ola de terror
paramilitar se extendió por todo el país; masacres como las de San José de
Urabá, Segovia, Remedios, La Gabarra, Trujillo, Dabeiba, Ituango,
Barrancabermeja, El Tigre, Curumaní, Tierra Alta, Tibú, El Tarra, Buenaventura,
Naya, Chengué y las más de 1.200 que ejecutaron los paramilitares, se
realizaron en su gran mayoría auspiciadas por el poder político con la
participación y confabulación de las fuerzas militares.
El recorrido de la muerte
arribó también a Mapiripán (Meta) entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
Paramilitares venidos de Antioquia y San José del Guaviare, en complicidad con En el corregimiento del Salado, en febrero de 2000, los paramilitares asesinaron a 60 habitantes indefensos, y desplazaron 4.000, tras dos días de tortura y muerte selectiva, reunieron a la población en la plaza principal y mientras los verdugos tocaban gaitas, tamboras y acordeones, asesinaron a 28 personas más. Pocos días después de
Sería hasta el año 2006 que explotaría el escándalo de
Partidos como el antiguo PIN (Partido de Integración Nacional), que en razón a la parapolítica tuvo a la mitad de sus congresistas en la cárcel, lo que los obligó a cambiar su nombre al de Opción Ciudadana, contaba entre sus filas con Miguel de la Espriella, quien confesó el llamado Pacto de Ralito, un acuerdo para “refundar” la patria que firmaron varios congresistas con jefes paramilitares.
A ese mismo partido perteneció el exsenador Álvaro el gordo García Romero, a quien la justicia señaló de determinador de la masacre de Macayepo, perpetrada por paramilitares el 14 de octubre de 2000, donde con piedras y garrotes un grupo de 80 paramilitares del grupo “Héroes de Montes de María” asesinó a 15 pobladores.
Hoy
en el ocaso de la segunda década del siglo XXI, las regiones dejadas por Farc,
tras el acuerdo de paz, sí vienen siendo copadas por el Estado, pero por uno de
sus instrumentos más atroces, el paramilitarismo, en un nuevo y acelerado
proceso de control social territorial, a la par que los parapolíticos y sus
herederos continúan haciendo política.
De la misma forma como Turbay
Ayala, declaró en los años 80, que en Colombia no habían presos políticos, y
que el único era él, mientras los calabozos de las brigadas militares se
abarrotaban de prisioneros torturados; o como veinte años después, cuando más
arreciaba la guerra en el marco del “Plan Patriota”, el por ese entonces
presidente Uribe Vélez aseguraba que en Colombia no existía conflicto armado;
hoy los organismos de control soslayan la expansión paramilitar y reducen a
“líos de faldas” o vendettas, el más que evidente plan de
exterminio de líderes sociales y excombatientes de Farc en toda Colombia.
Los
líderes sociales que protegen y defienden el territorio,
que proponen límites y controles ambientales para la explotación industrial
continúan siendo asesinados día tras día
Pero no basta ocultar la soga para que
desaparezca el ahorcado; los líderes sociales que protegen y defienden el
territorio, que proponen límites y controles ambientales para la explotación
industrial, que subordinan los intereses particulares de las empresas al
patrimonio ambiental, los líderes campesinos que luchan por recuperar la tierra
despojada por paramilitares, gamonales y políticos delincuentes, los dirigentes
que defienden los derechos humanos, que movilizan a la sociedad en defensa de
los derechos sociales, económicos y políticos de los colombianos; continúan
siendo asesinados, día tras día.que proponen límites y controles ambientales para la explotación industrial
continúan siendo asesinados día tras día
Pero el actual Gobierno, ovacionado por los grandes empresarios,
no logra ocultar su desprecio hacia el pueblo colombiano y son solo los
intereses de las empresas transnacionales los que al parecer está decidido a
defender con firmeza. No importan variables ambientales, derechos humanos, si
son obstáculo para el crecimiento frenético de la economía de la élite a la
cual solo la impulsa un credo, la catalaxia y un dios: el mercado autorregulado,
como centro de una sociedad controlada por la ocupación militar y paramilitar,
y que gradualmente recompone su templo, el autoritario Estado social de
derecha.
Fuente original: https://www.las2orillas.co/estado-social-de-derecha/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257769
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