Nueve tesis sobre la
situación política y
la lucha antineoliberal
en tiempos de la 4T
29
de julio de 2019
Por
Marcos Tello (Rebelión) Esteban Mercatante
1.- A contrapelo de las luchas populares de
las últimas cuatro décadas para poner fin a la continuidad de las políticas
neoliberales y del clamor expresado en las urnas el primero de julio de 2018,
el neoliberalismo persiste y se profundiza. A pesar del cambio de gobierno son
notorias las iniciativas que refuncionalizan el modelo neoliberal y dan
continuidad a las reformas estructurales en prácticamente todos los campos de
actividad gubernamental.
El reciclamiento neoliberal incluye a las propias “elites” políticas priístas,
perredistas y aún panistas que se han metamorfoseado dentro y fuera de MORENA,
ocupando la conducción de buena parte de los gobiernos estatales y municipales.
Los grupos de poder de la vieja clase política y sus nuevos reclutas dominan el
Congreso de la Unión; el cambio de correlación de fuerzas a favor de los antineoliberales
en las elecciones federales no se corresponde con la composición conservadora
de las Cámaras, que han promovido leyes regresivas y aprobado una gran cantidad
de reformas a la Constitución y al marco jurídico en la línea neoliberal. Desde
la ultraderecha el panismo con todo y excresencias fascistoides, como siempre,
ha sido comparsa del régimen oligárquico. A modo de ejemplo destacamos las
reformas que legalizan la militarización del país, las reformas laborales, la Reforma Educativa
y la iniciativa de Reforma Agraria más neoliberal que la de 1992, entre otras.
2.- La continuidad de 3.- Los procesos de despojo de los bienes comunes y destrucción de derechos sociales y laborales sigue su curso a pesar de la supuesta democratización del país, los elementos característicos del régimen oligárquico perviven; los acuerdos que definen el rumbo del país se toman por un puñado de políticos y de grandes empresarios incluidos los agentes del gobierno estadounidense. La militarización se ha legalizado; y con ello la instalación de un régimen cívico-militar sigue su marcha ascendente a través de un dispositivo de “Estado de Excepción Blando o Suave”, que consolida la influencia de las fuerzas armadas y a sus tutores estadounidenses como el “otro poder”.
El monopolio de la gestión de los recursos estatales se ha concentrado en manos de la presidencia como en los viejos tiempos del presidencialismo extremo. Las reformas laborales y los bonos de asistencia social acabaron por legalizar el trabajo precario que se acompaña con la pretensión presidencial de desaparecer toda competencia política no liberal; toda competencia planteada desde propuestas comunitarias y ciudadanas. Por poner un ejemplo de la liberalización del régimen en un sentido no democrático: reparemos en la ofensiva contra el sindicalismo, aún el moderado, que desaparece o debilita las relaciones de bilateralidad entre patrones y trabajadores, sustituyéndolo por un esquema que legaliza la intervención del Estado, de la presidencia y los poderes facticos en la vida interna de los sindicatos a nombre del voto universal y secreto, en detrimento de las formas de organización consejista y comunal, en menoscabo de la democracia popular y comunitaria. Un ejemplo de cómo funciona en concreto el régimen oligárquico en los tiempos de
Sin embargo, el colmo del autoritarismo y del actuar grotesco y demagógico del presidente en turno son sus “tómbolas democráticas” y sus consultas llevadas a cabo en mítines a modo donde por aclamación ratifican sus decisiones personales. Tales “consultas” nada tienen que ver con una asamblea o consulta legal y particularmente violentan la Ley sobre la libre determinación de los pueblos originarios. Esas son algunas de las tantas incongruencias de un gobierno que se precia de democrático y laico; que hace concesiones a quienes sueñan con un Estado Confesional. En esa atmosfera conservadora las reformas sobre matrimonio igualitario no bastan para cambiar significativamente los contornos de un Estado patriarcal y racista.
4. Hasta ahora el proyecto de asistencia y superación de las desigualdades históricas, entre ellas las derivadas de las nuevas formas que el capitalismo neoliberal tomó en los últimos 40 años, no ha pasado de ser una propuesta para la redistribución de la pobreza, nada que ver con la redistribución de la riqueza y el desarrollo. Los bonos de asistencia otorgados por el presente gobierno que sustituyen los derechos sociales alcanzados a través de la lucha y del trabajo y de la construcción de ciudadanías democráticas, dan continuidad a la concepción neoliberal de la gubernamentalidad que desde el gobierno de Miguel de la Madrid se viene aplicando como modelo control de la participación social y de la lucha de clases. Acceder al consumo y al trabajo aunque sean precarios, es uno de los instrumentos para “ciudadanizar” precarizando a las personas; convirtiéndolas en clientes del capitalismo, en la base social de los partidos y las organizaciones sociales y civiles de corte liberal que funcionan como extensiones informales del Estado Contrainsurgente y Neocolonial.
El 6 % de aumento al gasto social en 2019 resulta insuficiente para contener el crecimiento de
5.- Todos los indicadores, nacionales y extranjeros, dan cuenta de un proceso recesivo que arrancó desde el segundo semestre de 2018 en México; proceso que se conecta con escenarios de desaceleración de la economía mundial y latinoamericana. Todo ello es el preámbulo de una nueva crisis económica cuyas consecuencias serán trágicas para la mayoría de la población porque opera en el marco de un acumulado histórico de crisis social y ambiental de larga duración. Desde el gasolinazo, 2017, la tendencia al empobrecimiento se ha mantenido a pesar de los recientes incrementos salariales y de la tazas de inflación que no reflejan el nivel de encarecimiento de los productos básicos. Son contundentes los datos que hablan del deterioro del empleo a niveles cercanos a los experimentados durante la crisis de 2008-2009; al igual que las estadísticas que muestran el crecimiento de la violencia, de los feminicidios, el tráfico de personas y el flujo de expulsados de Mesoamérica y el Caribe que se dirigen al norte.
Atenazados entre las disputas de los Estados Unidos con China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba; presos de una crisis regional que comprende a los países mesoamericanos y atados a la economía estadounidense que está a punto de caer en una recesión económica de pronostico incierto; debemos prepararnos para situaciones de emergencia nacional; de defensa de las economías populares y de nuestros territorios y poblaciones. La inestabilidad y la debilidad de las bases nacionales de la economía mexicana; la sobrevaluación del peso, y las pugnas entre las facciones del capital trasnacional ligado a diversas facciones de la oligarquía local pueden dar lugar a situaciones que agraven significativamente la catástrofe que vivimos.
En ese terreno de las proyecciones económicas tal vez estamos muy cerca a lo ocurrido en Argentina que en tres años con Mauricio Macri como presidente acumuló las siguientes cifras: inflación 158 %; devaluación 280 %, PIB -18%; deuda externa +35% y pobreza +33 %, todo sin bloqueos imperiales como los vividos por Venezuela. Por eso la condescendencia de AMLO y su gabinete con los empresarios representados por Carlos Salazar Lomelín que le aseguran que invertirán lo suficiente para evitar que la recesión económica termine por instalarse en el país. Concesiones que iran subiendo de nivel en momentos en que el bono electoral de AMLO y el caudal de legitimidad necesario para acotar y presionar a la burguesía y al capital extranjero tiende a disminuir significativamente. En la lógica de poder y de proyecto de Obrador es muy poco lo que se puede hacer frente a Estados Unidos y la oligarquía; para él se trata de acomodarse, de negociar la mejor forma de ceder ante sus embates. El acuerdo migratorio, el T-MEC y los compromisos con la cúpula empresarial lo desarman e inmovilizan.
6.- El gobierno de AMLO representa a una coalición de fracciones de clase burguesas que incluye a sectores de la clase media y a segmentos de la oligarquía y la alta burguesía, que a su vez están entrelazados con corporaciones extranjeras. Es una alianza contradictoria e inestable donde prevalecen los intereses de la oligarquía, del capital extranjero y de los Estados Unidos. La administración gubernamental la componen fracciones de la vieja clase política priísta-panista-perredista y de las burocracias estatales tradicionales. Las diferencias y enfrentamientos registrados entre las élites gubernamentales y empresariales, entre sus partidos políticos, aparatos mediáticos, jerarquías eclesiásticas, burocracias estatales y sus fuerzas policiaco-militares, son en lo fundamental contradicciones interburguesas que se disputan los privilegios derivados de la administración estatal. La envoltura cultural e ideológica que lo hace aparecer como un gobierno de las pequeñas burguesías, tanto de izquierdas como de derechas, tanto lumpenescas como mojigatas, dificulta la clara comprensión del carácter oligárquico y neoliberal “social” del gobierno.
Las diferencias interburguesas son de matiz aunque particularmente agudas en torno a la política hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela y en cuanto al grado de intervención estatal en algunas áreas económicas: energía, minería, comunicaciones y finanzas. A pesar de ello, el gobierno de AMLO ha respetado los compromisos con los sectores de la burguesía y la clase política que lo apoyan y aún los pactados con sus opositores burgueses, a los que les ha garantizado impunidad. Las pesquisas contra Lozoya y las mafias petroleras que se beneficiaron de la corrupción no constituyen una acción generalizada contra los elementos de la clase política y de la oligarquía opositora. Porque de ser así, tanto los oligarcas y políticos pro-AMLO como sus oponentes tendrían que ser llevados a tribunales. El de AMLO no es un gobierno antioligarquico y menos antimperialista; en términos de clasificación política es un gobierno neoliberal de centro-izquierda, es un gobierno representativo del ala izquierda de la derecha neoliberal que goza del respaldo, con todo y contradicciones, de oligarcas como Slim, Azcárraga, Salinas Pliego y personajes como Carlos Salazar Lomelín Presidente del Consejo Coordinador Empresarial o Alfonso Romo. A Obrador lo enfrentan oligarcas del tipo German Larrea, Bailleres, Coppel, Tricio y Ramírez entre otros; mientras la mayor parte de la oligarquía se abstiene de externar una posición de cuestionamiento o adhesión militante. La clase política está dividida al igual que sus partidos; particularmente el PRI se ha fragmentado, la mayoría de los priístas que aún no militan en Morena entienden que la clase política amloista tiene muchos puntos en común; por lo que en más de una ocasión han votado en el Congreso al lado de los amloistas. Al igual que en otros tiempos que nos hacen recordar al viejo PRI, la clase política y la oligarquía nos entretienen enmascarándose en disputas de liberales contra conservadores, cuando en realidad todos son liberales y por tanto, en el contexto histórico inmediato, conservadores en mayor o menor grado. En esa tesitura también suelen ampararse en las ambivalencias de las pugnas entre izquierdas y derechas, aunque todas y todos ellos únicamente sean expresiones particulares de la derecha neoliberal. En el torbellino de luchas mediáticas entre las facciones burguesas han aparecido categorías políticas exitosas como las de “fifís” y “chairos”; recreadas por los “fifís” de
7.- Los meses recorridos desde el 1° de julio siguen marcados por las inercias neoliberales que empujaron a una nueva forma de recolonización del país. Ante ella el combate a la corrupción estatal no basta, menos cuando se mantiene en el ámbito de la presidencia sin tocar a fondo las transferencias de recursos estatales que siguen operando a través de la obra pública, la deuda y las complicidades con la economía criminal. El desgaste del gobierno y de la figura presidencial es evidente; ahí están los hierros mediáticos de AMLO, sus exabruptos personales y los balances estadísticos de popularidad presidencial desde Salinas hasta
8.-
Quienes desde algunos
movimientos sociales y civiles albergaron esperanzas de cambios sustanciales
seguirán esperando. En tanto AMLO desarrolla estrategias de
contención y cooptación hacia los movimientos potencialmente más peligrosos
para su esquema de controles. Sus iniciativas no son de buena fe, las
concesiones que ofrece son una especie de carnada que muchos han mordido.
Desmontar a la CNTE y los movimientos territoriales, entre ellos al EZLN,
neutralizando en el camino a medios críticos y organizaciones civiles
relativamente autónomas, han sido parte de sus estrategias que se extienden al
campo de las viejas organizaciones de control sindical y campesino. Las
campañas de linchamiento mediático y la satanización de la resistencia social,
su equiparación a la ultraderecha o a los conservadores, son ingredientes
propias de las campañas contrainsurgentes, no simples dislates de quien ocupa
la presidencia y le hacen conscientemente el juego a la oligarquía y el
imperialismo.
AMLO no es demócrata ni
socialdemócrata, menos nacionalista; está obsesionado en que el proceso de
Revolución Democrática que se abrió en 1988 se encuadre en una simple
alternancia de partidos y un ajuste del régimen político donde él se convierte
en el eje articulador por encima de la clase política y los órganos estatales. En
ese sentido su 4T no nace de un episodio de revuelta como el que dio paso a los
Tratados de Ciudad Juárez en 1911; a un acuerdo interoligárquico entre Madero y
Porfirio Díaz, sino de un pacto electoral con diversos poderes facticos que
delimitan los alcances de su movilidad política, sin el respaldo de fuerzas
organizadas para un combate que no sea electoral y clientelar. En su horizonte
no hay revolución, ni pacifica ni violenta; tampoco socialismo a lo
socialdemócrata y menos descolonización; en decir, recuperación de los bienes
comunes y las fuerzas productivas de la nación como presupuesto de la
independencia nacional. Y mucho menos en su visión de país está presente un
proyecto de integración e independencia de
La
mejor manera de enfrentar a la ultraderecha, a la oligarquía y a los
capitalistas más retrogradas no es sumándose a una alianza con la oligarquía
“progresista” o “buena”, sino prepararnos para profundizar la Revolución
Democrática Nacional en el marco de la crisis y de los
resquicios políticos abiertos por las resistencias cívico-electorales y cívico
populares.
9.- “El movimiento social en sus diversas
expresiones populares, sindicales, rurales y urbanas, indígenas e
indígenas-mestizas; feministas y por los derechos de la sexo-diversidad
genérica, entre otros, debe asumir el desafío de presentar una proyecto
alternativo de poder, de gobierno desde la base, desde la comunidad que
construya y proporcione salidas y soluciones al desastre nacional causado por
los neoliberales, por las oligarquías económicas y políticas asociados al
imperialismo estadounidense a sus empresas y aliados. Para ello está obligado a
recomponerse sobre nuevas bases que le ayuden a superar su papel de fuerza de
presión o de acompañamiento de alternativas liberales y burguesas. Debe
reconstruir sus procesos de autonomía e independencia para transformarse en el
factor protagónico y decisivo de la lucha por resolver los problemas cotidianos
de la población en un contexto de construcción de gobiernos alternos y de
disputa por el gobierno y el poder nacional. En ese marco es urgente su
rearticulación en un frente o movimiento antineoliberal que se proponga la
refundación del país desde sus bases originarias y desde el pueblo. Que enfrente
los problemas de miseria e inseguridad, de defensa del territorio y los bienes
comunes a modo de un Movimiento Constituyente Ciudadano y Popular.Para ello requerimos articular nuestras luchas particulares y nuestros esfuerzos organizativos en una coordinación o Frente que asuma una plataforma de lucha democrática nacional, evitando las discusiones doctrinarias políticas o religiosas que deben reservarse para otros espacios.”
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