«Si no hubiéramos luchado, se habría privatizado», explica Domínguez. Ahora los barracones del centro de operaciones que instaló la empresa hondureña DESA están abandonados y lo único que el viento agita son los papeles con los registros que los guardias de seguridad arrojaron tras el portón. Aun así, la posibilidad de que se reactive el proyecto no ha cesado. Tampoco las amenazas

Controversia medioambiental en Centroamérica

Y Berta se multiplicó

26 de julio de 2019

 

Por Gemma García

El periódico de Aragón

Arrecian las protestas en Honduras tres años después del asesinato de la activista ecologista
Podría haber pasado desapercibido internacionalmente como tantos otros, pero el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque (noroeste de Honduras) dio la vuelta al mundo. Por la oposición de la comunidad afectada de Río Blanco y por el asesinato, el 2 de marzo del 2016, de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, quien un año antes había recibido el prestigioso Premio Goldman, conocido como el Nobel verde.  
Tres años después del crimen y uno desde que el proyecto quedó paralizado por la retirada de los financiadores europeos, las heridas y el conflicto siguen abiertos. La familia Cáceres todavía reclama justicia y la comunidad ha registrado al menos 22 ataques desde entonces. El último se produjo el pasado 16 de julio. La Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció que un grupo de personas había destruido la cosecha sembrada en tierras afectadas por el proyecto.  
Mientras baja hacia sus aguas, sorteando ramas y piedras, Rosalina Domínguez cuenta que «el Gualcarque es sagrado porque mantiene un montón de vidas». Su comunidad se sustenta con la siembra de frijoles, plátano, aguacate, caña y sobre todo maíz que irriga el río. «Si no hubiéramos luchado, se habría privatizado», explica Domínguez. Ahora los barracones del centro de operaciones que instaló la empresa hondureña DESA están abandonados y lo único que el viento agita son los papeles con los registros que los guardias de seguridad arrojaron tras el portón. Aun así, la posibilidad de que se reactive el proyecto no ha cesado. Tampoco las amenazas. El pasado mes de mayo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertó de que hombres armados advirtieron a Domínguez de que la matarían «de la misma manera que a la señora Berta».  
Todavía perdura el sabor agridulce que dejó la sentencia dictada en el 2018 por el asesinato de Cáceres. Siete hombres fueron declarados culpables -tres sicarios y otros cuatro vinculados a DESA y al Ejército hondureño- y un octavo detenido, el presidente ejecutivo de la empresa, David Castillo, está pendiente de juicio.  

Los responsables  
Pero la familia y el COPINH reclaman que también se juzgue como autores intelectuales a los principales accionistas de la mercantil. «Para nosotros los máximos responsables son algunos miembros de la familia Atala Zablah», dice Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y nueva coordinadora de la organización: «Ellos forman parte de la oligarquía nacional que apoyó el golpe de Estado del 2009 que permitió la concesión de decenas de proyectos hidroeléctricos y de extracción de recursos naturales en el país».  
Muchas de las 47 concesiones que se dieron en Honduras entonces chocaron con la oposición de las comunidades. Pero ninguna lucha inspiró tanto como la de Berta Cáceres y el COPINH en Río Blanco. «Pensaron que matando a Berta matarían la lucha, pero Berta fue una semilla que se multiplicó», según afirma Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Miranda ha recogido el legado de 27 años de vida y defensa de los derechos de los pueblos indígenas compartidos con Cáceres, convirtiéndose en la actualidad en una de los máximos referentes de la lucha de los movimientos sociales contra la presidencia de Juan Orlando Hernández.  
Honduras es un polvorín en la actualidad. En los últimos seis meses, además de acrecentarse la oposición a megaproyectos mineros y la consecuente persecución a líderes comunitarios, como en el caso de Guapinol (cerca de la costa caribeña), las protestas contra la privatización de la salud y la sanidad han arreciado en Tegucigalpa.  

A pesar de que el conflicto ya ha hecho mella en la zona, Rosalina Domínguez, Chico Sánchez, Edmunda González, Cornelia Domínguez, Paulina Gómez, Pascual Gómez... siguen resistiendo. «Antes, todas las comunidades convivíamos labrando la tierra. Hoy hay desconfianzas», reconoce Domínguez. Y lamenta que una de las comunidades vecinas que inicialmente se oponía al proyecto acabó cediendo ante las promesas de la empresa de construir carreteras y mejorar las instalaciones en una escuela. 

Precisamente, la hija de Cáceres identifica el intento de «comprar las comunidades» como una de las estrategias utilizadas por las empresas para implementar megaproyectos. «Siguen el mismo patrón en todo el país: crean conflictos intercomunitarios, criminalizan y estigmatizan a la comunidad, judicializan, amenazan a las familias y, si estas no desisten, asesinan», denuncia Zúñiga.

123 personas asesinadas  

De acuerdo con distintas organizaciones internacionales, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente. Según