Dossier: lucha de
clases y orden capitalista.
La crisis capitalista
y la lucha de clases
Julio
C. Gambina* y Antonio Elías**
Introducción
En muy poco tiempo se cumplirán 40
años del golpe de Estado en Chile, que inició el ensayo de lo que luego serían
las políticas neoliberales. Estas adquirieron carta de ciudadanía global con la
restauración conservadora de los tories británicos y los republicanos yanquis.
Thatcher y Reagan, contra los mineros ingleses y los controladores aéreos
estadounidenses, otorgaron vía libre a la ofensiva mundial del capital. Una ofensiva
que anticipó el terrorismo de Estado en el Cono Sur de América, inaugurando una
cooperación transnacional de la internacional del terror: el Plan Cóndor. El
capital había llegado hacia fi nes de los años sesenta al límite de su
retroceso en la lucha de clases, construido desde la emergencia de la teoría y
práctica de la revolución con el Manifi esto Comunista, El Capital, y la
organización proletaria en la Asociación Internacional
de los Trabajadores, junto a experiencias e intentos de poder obrero desde la
Comuna de París y especialmente la Revolución de Octubre.
Con El Capital se consolidaba un
enfoque teórico de crítica a la Economía Política y al capitalismo, con asiento
en la Teoría del valor y el plusvalor, que explicaba el origen del excedente
económico y su apropiación por la burguesía, originando el análisis central
según nuestro entender, de la relación entre el trabajo y el capital como
núcleo esencial para entender la realidad. Con esa contradicción asociada a la ley
tendencial de caída de la Tasa de Ganancia, Marx aportaba elementos esenciales
para discutir las crisis en su momento y en la actualidad.
Son cuestiones imprescindibles para
intentar analizar las políticas de los Estados contemporáneos, la presión sobre
ellos del capital hegemónico y las contradicciones al interior de los procesos
de cambio como los que vive Nuestramérica y sus gobiernos “progresistas”. Esta historia de la lucha de clases contemporánea que
ubicamos luego de 1848 ofrece un proceso social donde los trabajadores organizados
y en lucha ponían en jaque al capital, que contestaba recurrentemente con mayor
agresividad y violencia. Por si alguien duda sobre la violencia del capital,
solo basta registrar la matanza en la lucha por la hegemonía y la dominación
imperialista manifestada entre 1914 y 1945. La respuesta del capital a
la crisis capitalista del 30 había sido a la defensiva, con concesiones a la
lucha y el poder de los trabajadores. El Estado benefactor sería una respuesta
transitoria, hasta que se pudiera derrotar la ofensiva popular y de los
trabajadores, la que se presentaba hacia mediados de los 70 con el contundente
triunfo militar, político y cultural del pueblo de Vietnam sobre EEUU, claro
que con la solidaridad mundial. Pero también se manifestaba en la acumulación
de fuerzas social, económica y política de los trabajadores y los pueblos,
puesta de manifi esto en la Carta de los Deberes y Derechos de los Pueblos,
votada en 1974 por Naciones Unidas, más conocida por la demanda de un Nuevo
Orden Económico Mundial, obviamente rechazada por EEUU y el selecto grupo de
países que luego conformarían el G7 y algún asociado más. Ese era el límite que
establecía el capital a la ofensiva de los trabajadores y los pueblos.
La lucha de clases imponía modifi car la situación,
y como siempre, la partera de la historia capitalista se reiteró con la
violencia del terror del Estado capitalista. El punto de partida de la
experiencia represiva se concentró en el Cono Sur de América, uno de los
territorios donde la lucha popular amenazaba seriamente el orden capitalista.
No solo Cuba y su experiencia insurgente, sino Chile con su ejercicio electoral
para la construcción del socialismo eran los proyectos a derrotar. La ofensiva popular de masas, electoral o armada discutía
el orden mundial, desde la territorialidad específica de Nuestramérica.
Era una práctica acompañada por reflexión
teórica, crítica, desde el desarrollo
de la teoría de la revolución, en el camino de Marx y el pensamiento
evolucionario clásico, con rupturas y ensayos que suponía la teoría de la
dependencia, o los teólogos de la liberación, articulando procedencias
diferentes para un rumbo común anti-capitalista. Con fi nanciamiento de EEUU y
las grandes transnacionales de ese origen, junto a las clases dominantes locales
se habilitó un nuevo ciclo de ofensiva del capital sobre el trabajo que
recorrió la historia contemporánea por 40 años hasta la crisis capitalista en
curso.
La caída de la tasa de ganancia y la respuesta del capital
Desde la segunda guerra mundial
hasta principios de los setenta, las economías de los países centrales vivieron
una de las épocas de mayor certidumbre y estabilidad en la historia del
capitalismo. El alto nivel de empleo favorecía el consumo de la producción en
masa y el Estado recaudaba lo suficiente para sostener cierto grado de
bienestar de de la población.
A fi nes de los años sesenta en el
capitalismo mundial se presenta una aguda manifestación de la Ley de la Tendencia Decreciente
de la Tasa de Ganancia, que recién se recuperará a comienzos de los ochenta y
como consecuencia de la ofensiva neoliberal del capital transnacional.
En los setenta se produjo un fuerte
crecimiento de los precios del petróleo y las materias primas y una creciente
inestabilidad de los tipos de cambio. En esa década las políticas keynesianas y
sus instrumentos fi scales y monetarios para incidir sobre la demanda efectiva
no pudieron superar la estanfl ación (infl ación con estancamiento). La
prioridad de los gobiernos se desplazó de la búsqueda del pleno empleo al
control de precios y salarios con atención privilegiada para el défi cit
público. Luego se sucedieron los procesos de desregulación de la economía, de
privatización de las empresas y servicios propiedad del sector público (de
hecho o de derecho) y el consiguiente desmantelamiento, progresivo e incesante,
de la arquitectura de redes que sostenía el Estado de bienestar, con los
límites que este presentaba en Nuestramérica.
El fuerte cambio en las políticas
económicas fue producto de una crisis estructural del capitalismo asociada a la
reducción de la tasa de ganancia desde fi nes de los sesenta. La prioridad de
los gobiernos se concentró entonces en recuperar una rentabilidad que los
empresarios consideraran satisfactoria. Los avances científi cos produjeron
cambios tecnológicos que aumentaron la capacidad productiva reduciendo el ciclo
de vida útil de máquinas y productos. Es así que el desarrollo de las fuerzas
productivas entró en contradicción con un mundo fragmentado en mercados
nacionales, y su resolución transitoria se dirigió a la promoción de acuerdos
bajo la celosa vigilancia de los principales organismos multilaterales: Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) primero y la Organización Mundial
de Comercio (OMC) después. Con base en ese proceso se construyó, estableció y
operó el nuevo orden mundial que tiene como uno de sus ejes la liberalización
comercial multilateral. Es bajo la egida de estas condicionantes que tuvo amparo
física y legalmente la penetración de las empresas transnacionales en los
mercados globales, eliminando fronteras económicas nacionales y los altos
costos de transacción e instalación para dichas empresas.
Los principales cambios
tecnológicos claves para entender la evolución iniciada en los setenta son
tres: la difusión de las computadoras en las tareas relacionadas con el manejo
de la información; la automatización del proceso de producción; la transmisión
instantánea de la información bajo diversos formato (palabra, imagen, texto) a
cualquier punto del planeta. Las telecomunicaciones son las que informan a las
empresas de la demanda; la estandarización del transporte (contenedores) reduce
los costos y agiliza la distribución a escala mundial. Esos avances no hubieran
servido de nada sin los cambios institucionales impulsados por los acuerdos del
antiguo GATT: liberalización comercial multilateral que convalida la
penetración transnacional en los mercados a nivel global. La aplicación de las
nuevas tecnologías de la información no se ha producido exclusivamente en la
industria, sino que también ha dado lugar a una revolución en los servicios,
liderados por la banca, el sector donde se introdujeron primero las
computadoras y las redes de transmisión de datos interinstitucionales y entre
las principales plazas fi nancieras del mundo. La liberalización de la
circulación de capital condujo a la globalización de los mercados fi nancieros
y al crecimiento exponencial del capital fi cticio, potenciado éste último por
un proceso de desregulación en Estados Unidos que permitió al capital fi
nanciero participar libre y conjuntamente en las áreas de crédito y
especulación, incluyendo los mercados de derivados. A partir de la crisis de
las hipotecas “sub prime” quedo al descubierto la fragilidad del sistema y la
colusión entre las instituciones fi nancieras y las instituciones que deberían
regularlas.
En la economía real las empresas
transnacionales fueron el motor y las principales benefi ciarias de un mercado
mundial construido a su medida, en el que desarrollaron su actividad lo que
explica el gran crecimiento del comercio (dominantemente entre sus fi liales),
potenciándose enormemente las rentas tecnológicas y las economías de escala.
Tales empresas explotan todos los espacios legales en cualquier parte del mundo
para conseguir capital, trabajo y todo tipo de recursos e insumos que reduzcan
sus costos apuntando a un triple proceso de reducción de los mismos:
relocalización de sus plantas productivas; centralización de sus procesos
administrativos y fi nancieros; tercerización de los aspectos logísticos. Sin
olvidar, por supuesto, la conversión necesaria del poder de mercado en poder
político estratégico acorde a sus planes de expansión y de control de la
producción y del comercio mundial. Se agudizó, en tal contexto, la tendencia
dominante de la economía capitalista en el proceso de concentración de la
propiedad y las alianzas estratégicas. La apertura comercial y fi nanciera
operada y señalada con anterioridad, estuvo acompañada por cambios
institucionales tendientes a reducir el papel del Estado en la economía, siendo
la privatización de empresas públicas uno de los aspectos más notables. En Gran
Bretaña y Estados Unidos se privatizaron empresas y servicios a partir de los
ochenta, como forma de ampliar espacios para la acumulación capitalista. La
creciente explotación de la fuerza de trabajo es el principal factor
contrarrestante de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. A partir de
los ochenta hay un incremento de la explotación de los trabajadores en el
mundo, no sólo en la periferia sino también en los países centrales: es la
época en que Margaret Thatcher en Gran Bretaña reprime y derrota una huelga
nacional de mineros, y donde Ronald Reagan hace lo mismo en EE.UU. contra los
controladores aéreos. El efecto es el aumento de la plusvalía absoluta, por
medio de la extensión e intensifi cación de la jornada de trabajo en el marco
de una desregulación de las relaciones laborales; aumenta la plusvalía relativa
debido a los avances de la tecnología que incrementan la productividad del
trabajo y lo intensifi can. Para imponer este aumento de la plusvalía fue
necesario eliminar las conquistas que los trabajadores habían obtenido en el
pasado, lo cual implicó destruir o, al menos, debilitar sustancialmente, a los
organizaciones sindicales y sus aliados.
El capital que no encuentra
espacios para su valorización en el área productiva o en el área comercial
busca la rentabilidad deseada en la especulación. Eso
produce una difi cultad signifi cativa desde el punto de vista de la
contradicción entre producción y apropiación en los siguientes términos: el
capital fi cticio exige rentabilidad alta, pero no contribuye para la
producción del excedente y de la plusvalía. La ganancia ficticia es ganancia del
capital, pero no tiene origen en la plusvalía, como lo demuestra el siguiente
ejemplo. Un empresario obtuvo un benefi cio en su empresa de un millón de
dólares y compra acciones en la bolsa de valores por ese monto, tiempo después,
en el proceso especulativo, vende sus acciones en el doble de precio y, por
tanto, tiene dos millones de dólares y aumentó su poder adquisitivo. Entre
tanto, el que compro las acciones también tiene dos millones aunque en títulos;
nadie perdió y el capital fi cticio aumento en un millón de dólares. La
ganancia fi cticia es igual al aumento del capital fi cticio y sobrevive
mientras la especulación prosiga. En las crisis una parte del capital fi cticio
se destruye. El capital productivo crece, pero a mucha menor velocidad que el
capital especulativo, lo que provoca que esa contradicción se amplifi que y
agudice. Lo que en principio es una solución para capitalistas individuales
-que encuentran espacios para obtener ganancias- agudiza la inestabilidad del
sistema en su conjunto. Es una solución temporal que genera crisis más agudas y
recurrentes porque al crear ganancia fi cticia, crean más capital fi cticio que
exige nuevos espacios de inversión en el ámbito especulativo o en la economía
real.
El capital que obtiene sus benefi
cios en la economía real interactúa con el capital que obtiene sus ganancias en
el proceso especulativo buscando -asociados o compitiendo entre sí- formas de
aumentar y preservar su valor. Los recursos naturales, tierras, inmuebles y
empresas de los países periféricos son un objetivo fundamental del capital como
lo demuestra el crecimiento de la Inversión Extranjera
Directa en los países periféricos. Lo que hemos llamado
neo-colonización, se explicaría por este fenómeno de preservación y expansión
del capital. Es un proceso que no se puede entender
sin identifi car a los sujetos organizadores del orden contemporáneo: las
corporaciones transnacionales, expresión concentrada del desarrollo del
capital, los principales Estados del capitalismo y las organizaciones mundiales
que inducen un orden global para sustentar el régimen del capital, la
explotación.
Cuatro décadas de ofensiva estratégica del capital en el Cono Sur
Las etapas que se describen a
continuación identifican diferentes formas de dominación política y son partes
de la ofensiva del capital para implantar un nuevo modelo de acumulación. Las
características de cada etapa, en tanto son procesos sociales contradictorios
conllevan complejidades, avances y retrocesos propios del desarrollo de las
tendencias del capital y de la correlación de fuerzas en cada país. Sin
postular que hay una especie de dominio de los organismos multilaterales que
imponen una acción deliberada y programada en nuestros países, se debe analizar
para mejor comprender la importancia que han tenido en nuestro continente los
lineamientos del Consenso de Washington y las reformas institucionales de
segunda generación que ellos han impulsado.
En la primera etapa, a través de
dictaduras militares y/o gobiernos autoritarios, se buscó destruir la capacidad
de resistencia de los trabajadores, ilegalizando sus organizaciones sindicales
y las fuerzas políticas que los representaban. La mayor parte de los dirigentes
y los cuadros intermedios fueron torturados, encarcelados y muchos asesinados
y/o desaparecidos. Sobre la “tierra arrasada” se impusieron medidas económicas
que hubieran sido inviables si se hubiera mantenido la democracia. En
estos períodos autoritarios se redujo el salario real, se bajaron los impuestos
al capital y los países abrieron sus economías al exterior.
La segunda etapa se produjo con la
restauración democrática cuando los gobiernos de derecha (Brasil y Uruguay) y
los mimetizados (la Argentina menemista y la concertación en Chile) aplican las
recetas del Consenso de Washington. Las medidas de privatización y
desregulación fueron resistidas, retardadas, incluso frenadas parcialmente con
medidas de democracia directa en el caso uruguayo, aunque el resultado fi nal
fue, igualmente, un avance importante del neoliberalismo. Las políticas
económicas implementadas en este período toman como punto de referencia al
llamado Consenso de Washington, un modelo económico con fundamentos
neoclásicos, que expresa una clara orientación de mercado con apertura externa
(asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado
llevaría a la convergencia de las economías).
Los principios del Consenso se
expresan en el decálogo de lineamientos que a continuación se exponen. En lo
que respecta a las fi nanzas públicas, propone disciplina fi scal para evitar
que el défi cit impulse una “excesiva presión de la demanda”, lo que
repercutiría en los niveles de infl ación o en un défi cit de pagos
insostenible. Defi ne normativamente que el défi cit no debe ser mayor a 2% del
PBI y, para reducirlo, recomienda recortar el gasto público y no aumentar los
impuestos. La política de gastos se basa, por un lado, en el recorte de los
“subsidios, especialmente los indiscriminados [...] los gastos militares y de
administración pública”; por otro lado, en que no deberían afectarse las
“inversiones en infraestructura, los gastos en salud y educación, y los
subsidios cuidadosamente dirigidos a la protección de grupos vulnerables [...]
rienda corta sobre el gasto público y modifi car su composición en beneficio
del futuro y de los que están en desventaja”.
En lo que refiere a la política
tributaria, aconseja aplicar un sistema de amplia base, reglas simples y con
bajas tasas de impuestos marginales. Recomienda la privatización de empresas
públicas, justifi cándolo en razones de una supuesta mayor efi ciencia y para
reducir el défi cit fi scal: “Desde que se lanzara el Plan Baker en 1985, tanto
el gobierno de los EUA como el Banco Mundial han desempeñado un papel activo en
hacer presión sobre los gobiernos de países en desarrollo para que se deshagan
de sus empresas estatales. La motivación principal es la creencia de que la
propiedad privada agudiza los incentivos para un manejo efi ciente y, por lo
tanto, mejora el desempeño [...] Un objetivo complementario sería el de aliviar
la carga de las fi nanzas públicas”.
En lo relativo a la apertura de la
economía, plantea la liberalización fi nanciera con “tasas de interés
determinadas por el mercado”, rechazando que se trate a las tasas de interés
reales como una variable de política. Dado que entiende que el único
crecimiento viable es el crecimiento hacia afuera, propone “un tipo de cambio
competitivo [...] que promueva una tasa de crecimiento en las exportaciones
capaz de permitir que la economía crezca [...] y da por sentado que un tipo de
cambio unifi cado es preferible a un sistema de tasas múltiples”. Lo anterior
debe encuadrarse en la liberalización del comercio, en una política orientada
hacia el exterior. Entendido esto como una liberalización de importaciones y el
reemplazo de la complicada estructura arancelaria por una tarifa uniforme. En
esa misma dirección, plantea la importancia de captar inversión extranjera
directa como aporte de capitales, conocimiento y tecnología. Propone mejorar el
funcionamiento del mercado a través de la desregulación y del respeto a los
derechos de propiedad que “constituyen un prerrequisito básico para la
operación efi ciente de un sistema capitalista, y [son] algo que generalmente
falta en la región”.
El primer grupo de medidas refiere
directamente a la política fi scal y a la necesidad de su racionalización, en
tanto que las privatizaciones tendrían fuerte incidencia en los resultados fi
scales. En el caso uruguayo, la no concreción de aquéllas permitió mejores
resultados fi scales y el aumento del margen de maniobra del Ejecutivo, dado
que el manejo de los ingresos y los egresos de las empresas estatales no
requiere autorización parlamentaria. Con el segundo grupo de medidas, en
síntesis, se apunta a destrabar el funcionamiento de los mercados, buscándose
mayor efi ciencia en la asignación de recursos a través de las aperturas
comercial y fi nanciera, y de la inversión extranjera directa, para lo cual se
plantea que el mercado determine el tipo de cambio. Por último, se proponen
medidas de tipo institucional en defensa de los derechos de propiedad. Lo
precedente busca una mutación signifi cativa en las estructuras productivas; en
particular, deben destacarse, por su carácter estratégico, las privatizaciones,
las desregulaciones, las liberalizaciones con ampliación de regulaciones, las
aperturas fi nanciera y comercial, y la inversión extranjera directa. La
adopción de precios internacionales implicaría cambiar la relación entre la
producción para el mercado interno y la producción para exportaciones. El
crecimiento hacia fuera busca terminar con las formas de acción del Estado que
induzcan la apropiación de rentas públicas por agentes privados, acciones
generadas en los modelos de crecimiento asentados en la sustitución de
importaciones. La privatización y la desregulación implican un cambio
sustancial en las relaciones entre el Estado y el mercado, que son acompañadas
con la desmonopolización y las tercerizaciones de servicios.
La tercera etapa, comienza básicamente
con los gobiernos progresistas que asumen las llamadas reformas de segunda
generación del Banco Mundial (BM), como si fueran un programa anti-neoliberal. En efecto, en los últimos años de la década de
los noventa era notorio que el Consenso de Washington no daba los resultados
que se preveían. La idea central sostenía que los magros resultados eran
consecuencia del marco institucional creado para implementar el modelo de
desarrollo anterior, por lo cual era inadecuado para llevar adelante las
políticas del nuevo modelo. Las reformas de segunda generación se encuadran en
esa concepción. Esta postura del BM se basa en el abandono del paradigma
capitalista de posguerra que se basó en tres principios básicos que se
mantuvieron intactos hasta primera gran crisis del petróleo en 1973. Estos
principios son identifi cados de la siguiente manera “Primero era la obligación
de ayudar a quienes sufrieran una privación transitoria de ingresos u otras
desgracias; el segundo, la superioridad de la economía mixta que signifi caba
la nacionalización de una serie de industrias estratégicas; el tercero, la
necesidad de una política macroeconómica coordinada ya que el mercado no podía
conseguir por sí mismo resultados macroeconómicos estables y coherentes con los
objetivos individuales. Con el tiempo, se reconocieron explícitamente los
objetivos de la política macroeconómica: el pleno empleo, la estabilidad de
precios y el equilibrio de la balanza de pagos”. Asimismo, se cuestionaron las
propuestas de desarrollo latinoamericanas que hacían hincapié en las fallas del
mercado y asignaban al Estado un papel fundamental para corregirlas porque,
según ellos, los supuestos institucionales implícitos eran demasiado simplistas
(asesores y técnicos competentes formularían políticas acertadas, que luego
serían puestas en práctica por buenos gobiernos). Entendían, además, que esa
lógica institucional otorgaba un papel protagónico al Estado en la economía que
tendía a hacerlo autoritario y antidemocrático, sin sistemas de contrapeso y
salvaguardia en sus procesos de rendición de cuentas.
Para el BM el proceso de desarrollo
perdió impulso por el bajo nivel de inversión y esto se explicaba porque los
inversionistas privados se abstenían de invertir, por la desconfi anza en las
políticas públicas y en la fi rmeza de los dirigentes. Pero esto, el factor
riesgo, siendo importante, es sólo una parte de la explicación, otro factor
tanto o más relevante es el nivel de rentabilidad de la inversión.
En nuestros países,
desde las dictaduras militares en adelante, se han aplicado políticas
económicas tendientes a la concentración del ingreso en los sectores de mayor
poder económico, asumiendo
erróneamente que esa concentración del ingreso en los sectores capitalistas con
mayor capacidad de ahorro se refl ejaría en un incremento de la inversión. Una de
las principales hipótesis del BM es que el sector público determinó el desplome
de las economías dirigidas, la crisis fi scal del estado de bienestar, el
desmoronamiento del Estado en varias partes del mundo y la multiplicación de
las emergencias humanitarias. A la vez, sostenía que las privatizaciones eran
el telón de fondo del milagro económico de algunos países de Asia. En el
diagnóstico de la situación de naciones subdesarrolladas el BM cuestiona tanto
lo que llama “estado del bienestar hipertrofi ado”, el cual habría contraído
deudas con sus ciudadanos imposibles de solventar (sistemas de seguridad social
y desempleo), como la existencia de países donde no se brindan ni siquiera los
bienes públicos considerados fundamentales, como la protección de los derechos
de propiedad, red vial y servicios básicos de salud y educación. A su entender,
las carencias señaladas generan un círculo vicioso: los individuos y empresas
evaden el pago de impuestos y crece la informalidad, lo que a su vez reduce los
recursos del Estado y su capacidad de actuar. Para superar el círculo vicioso
planteado propone que el Estado sea un instrumento que facilite el
funcionamiento del mercado. Sentencia: “Un Estado efi caz es imprescindible
para poder contar con los bienes y servicios y las normas e instituciones que
hacen posible que los mercados prosperen. En su ausencia, no puede alcanzarse
un desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social.”
La propuesta es, en esencia, aumentar la capacidad
estatal mediante la revitalización de las instituciones públicas. Pero no es
cualquier revitalización: es un conjunto de reformas alineadas con las orien
taciones de los organismos multilaterales en las últimas décadas; se proponen cambios institucionales y de reforma del
Estado acordes con el libre funcionamiento del mercado. En ese sentido las dos
tareas que se destacan ampliamente son: un orden jurídico, que garantice la
propiedad privada, y estabilidad macroeconómica, que facilite la inversión.
No es nada menor señalar que el
enfoque que se utiliza para evaluar la importancia de las tareas del Estado se
fundamenta en la opinión de los empresarios, recabada a través de una encuesta
realizada en 69 países. Si bien el Estado es considerado esencial, su función
se re-direcciona dado que se excluye su papel como productor y agente directo
del crecimiento y se lo acota al papel de socio, elemento catalizador e
impulsor de un proceso de desarrollo en el que los mercados y las empresas son
los protagonistas principales. Sostiene el BM que el cambio tecnológico abre
nuevas oportunidades para la desagregación de los servicios y la ampliación de
las funciones de los mercados, mientras el Estado debe pasar de productor de
bienes en mercados monopólicos a promotor y regulador. Las políticas
económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben
responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho
margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las
empresas transnacionales y el sistema fi nanciero.
El modelo de desarrollo que impulsa
está tercera etapa de la ofensiva capitalista profundizó el desplazamiento del
estado por el mercado y la apertura de la economía bajo el supuesto de que la
competencia con el exterior permitiría eliminar las inefi ciencias a través del
sistema de precios, a la vez que se va a facilitar el ingreso de capitales y de
tecnología. La apertura indiscriminada
y asimétrica entre los países centrales (alta productividad, el progreso
técnico se difunde con gran rapidez en forma homogénea y es endógeno al proceso
de desarrollo) con los países periféricos (baja productividad e incorporación
del progreso técnico de manera exógena y sin irradiación al conjunto de la
economía) amplió las brechas entre ambos polos económicos, al menos hasta la
actual crisis en los países centrales.
Las reformas de
segunda generación impulsadas por el FMI, el BM y el BID, han pretendido expulsar el poder político de la
economía para dejarla en manos del poder de las corporaciones transnacionales y
sus aliados locales. Tanto el ALCA, rechazado en Mar del Plata en noviembre del
2005, como los tratados de Protección de Inversiones y de Libre Comercio, que
siguen proliferando, intentan una profundización del
proceso de globalización que adjudica a nuestro continente el papel de
proveedor de materias primas en bruto o con poco valor agregado. En este
proceso, “las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel
de reforma, la política comercial, que apunta a complementar la liberalización
unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta”. La
ofensiva del capital impulsa un proceso de “neo-colonización”. Debe entenderse
por ello la ocupación física de los territorios para sostener una división
internacional del trabajo que dé continuidad y permanencia al histórico papel
del continente como proveedor de materias primas (con o sin algo de valor
agregado), pero regresando al saqueo directo que permita la ocupación
económica: algo así como una colonización sin banderas.
En este marco se inscriben los
megaproyectos de la
“Iniciativa de Integración de la Infraestructura
Suramericana ” (IIRSA), impulsados como complemento del ALCA,
pero que se mantiene como meta en el marco de los tratados binacionales de
protección de inversiones que fi rman los gobiernos progresistas. La IIRSA
busca unir varios países y sectores productivos para canalizar, en forma rápida
y económica, los fl ujos comerciales mediante el mejoramiento en
infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Está dirigida,
fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con grandes economías
de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su
meta esencial es la extracción, rápida y económica, de nuestros recursos
naturales, a la vez, que facilitar la instalación de las llamadas “industrias
sucias”.
Implica, además, “el repliegue del
Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos
marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios,
la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los
servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de otros operadores nacionales
e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica”. Lo paradójico es que estos proyectos y la determinación de
diseñar y avanzar en las obras reúnen a gobernantes que supuestamente tenían
diferencias ideológicas muy importantes con estas concepciones y en la
actualidad entre sí. En este proceso de cuatro décadas aumentó sustancialmente
la brecha tecnológica y productiva entre los países centrales y los
periféricos, lo que se refl eja en el carácter primario de la economía latinoamericana.
Todos los cambios estructurales señalados implican un incremento en la
capacidad del capital a escala internacional para eludir regulaciones
provenientes de los Estados, lo que implica un aumento del poder de las ET,
cuya magnitud e implicancias deben ser analizadas en profundidad. El proceso de
regionalización y globalización en el que se acentúa la infl uencia de las
grandes unidades económicas trasnacionales, pone en jaque los espacios de
autonomía de los Estados nacionales. Este fenómeno opera con mayor fuerza en
los pequeños países de la periferia capitalista, debido, entre otros aspectos,
a su retraso relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y
competitiva en el mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento
científi co-tecnológico y el desarrollo industrial.
El papel de los gobiernos progresistas
Un elemento central de la tercera
etapa de la ofensiva estratégica del capital son los llamados gobiernos
progresistas. Más allá de las consideraciones sobre la manera como ellos han
incidido sobre un cambio en la geopolítica de la región (lo cual es, sin duda,
de la mayor importancia), es fundamental hacerse la siguiente pregunta ¿En qué
medida estos gobiernos acercan, estancan o incluso alejan al movimiento social
y popular de escenarios de transición hacia proyectos político-económicos más
radicales, de transformaciones estructurales a favor de la población?
Recuperar un análisis de clase de
tales gobiernos se torna imprescindible.
En ese aspecto, se destaca, como ya se ha dicho, que el proyecto del capital,
en un contexto de recomposición general del capitalismo, continúa adelante, y
no ha sido afectado en lo esencial. Más bien se viene acentuando frente a la
ausente movilización social y política requerida. Desde ese punto de vista, los
gobiernos progresistas, con todas sus diferencias, tienden a inscribirse dentro
de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la
crisis.
Si bien las políticas económicas
presentan diferencias en su aplicación nacional en Brasil, Uruguay o Argentina,
ninguno de los tres procesos del cono sur se asemejan a las búsquedas de una
orientación socialista tal y como se presentan en Bolivia, Ecuador y Venezuela,
las que a su vez son muy diferentes entre sí y cuyos alcances y realizaciones
merece otro trabajo. No es lo mismo definirse por un rumbo capitalista que por
otro socialista, aun siendo difuso el perfi l socialista. La existencia misma
de gobiernos progresistas es una manifestación de importantes cambios en la
correlación de fuerzas en el cono sur, aunque estos cambios son fuertes en el
plano político electoral, menores en lo ideológico y mínimos en el plano
económico. Los nuevos tiempos desmitifi can la
creencia de que la intervención del estado es necesariamente progresista.
Las finalidades, la forma y los resultados de esas
intervenciones, más allá de los discursos que pretenden legitimarlas, no han
demostrado la existencia de avances hacia un proyecto alternativo al dominio y
control del capital. No basta con que el Estado intervenga para que una
estrategia alternativa se construya. El carácter transformador de dicha
intervención, para ser tal, debe tener origen y basarse en la más amplia
participación de los movimientos populares, en particular de los trabajadores
organizados con conciencia e independencia de clase y proponerse un horizonte
anticapitalista y por el socialismo, más allá de su denominación.
El Cono Sur tiene hoy
un modelo de acumulación capitalista basado, en gran medida, en los agro-negocios
con algunas características importantes:
(i) lógica de extracción con el único propósito de apropiarse de la renta de
los recursos naturales, por lo general apropiado para una minoría de la
burguesía agraria asociada al paquete tecnológico en manos de las
transnacionales; (ii) proceso ampliado de re-primarización de las
exportaciones, que debe mucho, como consecuencia de la reestructuración
productiva, a la aplicación de la estrategia neoliberal de desarrollo en
nuestra región desde el siglo pasado; (iii) el regreso de la región como
proveedor de materias primas para la economía mundial, redefi niendo, en muchos
casos, la lógica de una inserción externa similar a la época colonial; (iv) el
creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso con el papel del
capital fi cticio (especulativo, sin intención de producir en la tierra),
profundiza la concentración de la propiedad; (v) incremento del papel de las
empresas transnacionales como el agente fundamental del proceso extractivista y
depredador, incluyendo empresas locales como socios subordinados. En asociación con esto observamos la permanencia de muchos
de nuestros países en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), una institución vinculada al Banco Mundial que
tiene por objeto salvaguardar los intereses de los inversores internacionales
en los eventuales litigios con algunos países; es decir, es una institución
que, a expensas de los intereses nacionales y regionales, garantiza la libre
circulación de capitales. Otro ejemplo de restricción institucional a las
estrategias de desarrollo alternativo es el mantenimiento de los procesos de
integración basado en una lógica heredera de los procesos de mercantilización
neoliberal. Uno de esos casos es la IIRSA que está diseñada dentro del modelo
productivo y para facilitar el dominio de las empresas transnacionales.
En síntesis: uno de los principales rasgos del
proceso político y económico del Cono Sur, y en general América del Sur, es la
pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales. Dada la confi guración del
proceso de acumulación capitalista a escala planetaria y la nueva división
internacional del trabajo, es indiscutible la importancia que han adquirido los
hidrocarburos, los minerales, las fuentes de agua y la biodiversidad de que
dispone América Latina. Las transnacionales han impuesto un modelo
“re-primarizador” de las economías latinoamericanas, cimentado en la
explotación indiscriminada de esas riquezas naturales. En diferentes países de
la región es notorio el alistamiento del territorio para proyectos en
hidrocarburos, en minería, para la construcción de nuevas represas, la
explotación maderera, el acceso a fuentes de agua, proyectos agro-combustibles
o de producción de soja, entre otros.
Los montos acumulados de inversión
extranjera directa implican un cambio estructural en las relaciones económicas
del Cono Sur con el exterior, que se ven refl ejados en una incrementada
presencia de las corporaciones transnacionales en la actividad productiva y en
consecuencia con efectos de más largo plazo sobre el crecimiento y el
desarrollo económicos. La IED se concentra en los sectores industriales que
recurren con intensidad a la extracción de recursos naturales en el contexto de
un proceso de transnacionalización constituido por una red de empresas que
tienden a generar enclaves en los lugares donde se instalan, administran el
comercio internacional entre las fi liales y, en la práctica, controlan los
procesos económicos nacionales. Tanto a nivel microeconómico (transferencia de
tecnología, generación de empleo, apertura de mercados) como macroeconómico
(inversión, crecimiento) es incontrastable que la IED no cumple los requisitos
que debieran exigirse para un desarrollo productivo con justicia social. La
presencia creciente de las corporaciones transnacionales implica que
controlarán una parte signifi cativa del ahorro generado localmente, por lo que
cobra particular relevancia la política de reinversión de utilidades que
apliquen estas empresas en los próximos años. El uso de los excedentes por
parte de las transnacionales tendrá un impacto signifi cativo en las futuras
tasas de crecimiento, la estructura productiva, la inserción internacional y la
distribución del ingreso, el cual seguramente no será positivo. Debe concluirse
que el actual proceso de extranjerización de la economía del cono sur fortalece
y consolida el capitalismo dependiente. Es claro que en la actualidad la
disputa por la renta de los recursos naturales se ha acentuado entre las transnacionales
y los procesos presentes en Bolivia, Ecuador y Venezuela. No sucede lo mismo en
el cono sur, donde los gobiernos progresistas son en extremo “generosos” con el
capital transnacional y, como consecuencia, buena parte del territorio de la
región está siendo adquirida por empresas transnacionales, lo cual tendrá
repercusiones incalculables en el largo plazo. Más allá de los discursos, los
programas de gobierno, las concepciones de política económica y la buena o mala
voluntad de quienes las implementan, se observa una “neo-colonización” que
atenta contra la soberanía y modifi ca radicalmente nuestro entorno. El proceso
de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el
traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros, no es algo
novedoso. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la
aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes. Contra lo que otrora
eran los discursos de la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por los gobiernos
del Cono Sur al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de
extranjerización de los principales recursos de cada país, donde en los hechos
predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político.
En términos más amplios, en el mundo, el capitalismo está en crisis, pero los
capitalistas tienen capacidad para comprar tierra, inmuebles y medios de
producción en el sur, generando la desnacionalización de nuestras economías. Un
añejo libro de Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina, mantiene
toda su actualidad. Si bien se aduce que las transnacionales son necesarias
porque aportan el capital que en América Latina no existe, lo real es
exactamente lo contrario: vienen para llevarse plusvalor y fortalecer el ciclo
de la acumulación capitalista, aumentado las ganancias y con ello la dominación. La
creación de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), tuvo algunos aciertos
políticos pero aún no tiene efectos en el plano económico. El modelo dominante
continúa impulsando cambios institucionales que apuntan al debilitamiento de la
capacidad de intervención del Estado, en particular en los aspectos referidos a
las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado. Se aprueban
políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las
generalizadas zonas francas y las leyes de promoción de inversiones, en ambos
casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto.
Como contrapartida del
proceso de profundización del mo delo ortodoxo, amigable para la inversión
extranjera, los gobiernos progresistas buscan su legitimación a través de una
estrategia que combina, la contención de las situaciones de máxima pobreza con
políticas asistencialistas; con un conjunto de cambios institucionales y
políticas que favorecen a ciertos sectores de los trabajadores. La mayoría de
las reformas se caracterizan por la creación y/o perfeccionamiento de
instituciones y agencias favorables al “libre” mercado, a la inversión
extranjera directa, a la circulación más abierta de capitales. Supuesto básico
de todas ellas es que la política debe ser sustituida por el “saber técnico” en
aquellas partes del estado que, de acurdo con ese criterio, tienen que seguir
existiendo para que la economía funcione. Así se desarrollan e implementan “agencias
autónomas”, con autoridades independientes de los procesos electorales: las más
notorias son los bancos centrales y las unidades reguladoras de mercados.
Actúan “técnicamente” al margen del estado y están para intervenir en el diseño
e implementación de cambios institucionales favorables al capital. Lo
anteriormente señalado demuestra que el neoliberalismo, que es a la vez una
concepción ideológica, una forma de hacer política y el modelo económico que
expresa los intereses de los capitalistas, sigue plenamente vigente. Lo que se
explica, simple y llanamente, porque el capital sigue siendo el sector
dominante y ha crecido enormemente en esta etapa en relación a las clases
subordinadas. O, dicho de una manera más directa, hay una profundización del dominio
del capital sobre el trabajo en la etapa actual. Es un proceso como dijimos que
se articula desde las políticas de los estados nacionales y en acuerdo, más
allá de ciertas polémicas, con los organismos internacionales. Parece una
paradoja afi rmar que el dominio del capital crece en el Cono Sur cuando es
notorio que existen múltiples gobiernos llamados y/o autollamados
“progresistas”, “izquierdistas”, incluso, “revolucionarios”. La existencia de
estos gobiernos, sin embargo, no ha provocado una agudización de la
contradicción capital-trabajo, ni tampoco que exista un enfrentamiento con el
capitalismo; más aún, en muchos de estos países, se sostiene que el objetivo es
alcanzar un “capitalismo en serio”, un “capitalismo normal”. El progresismo
minimiza sus raíces en la izquierda cuando se asume que el Estado no tiene
recursos para invertir, que no existe ahorro en el sector privado nacional y
que la única fuente de recursos es la inversión que llega del exterior. De ahí
en adelante el problema es cómo atraer a los inversores foráneos, lo cual exige
poner a “disposición” de ellos los recursos naturales potencialmente más
rentables y, complementariamente, garantizar los derechos de propiedad y los
menores costos fi scales y salariales posibles.
El neo-desarrollismo es la fórmula
progresista para profundizar el capitalismo. En el progresismo gobernante de Brasil, Uruguay y Argentina se ha
profundizado enormemente la inversión extranjera y la explotación de recursos
naturales. Los gobiernos de estos tres países tienen muchos elementos en común
como, por ejemplo, la aplicación de políticas asistencialistas, por supuesto
con nombres distintos en cada uno de ellos y la permanente reafi rmación en
todos los ámbitos de que son las fuerzas del cambio que enfrentan a los
partidos de derecha (nunca dicen al capital). La existencia de gobiernos
progresistas que tienen como fi nalidad ofrecer seguridades a los inversores,
ha generado la fragmentación de los movimientos populares. Esto se explica
porque estos gobiernos toman múltiples medidas que favorecen a algunos sectores
de la clase trabajadora y postergan a otros. Debe señalarse también que la
clase que tiene contradicciones internas importantes entre la lucha por los
objetivos históricos y programáticos y la preservación de benefi cios, a veces
no menores, obtenidos con estos gobiernos, tales como, ampliación de derechos
sindicales, mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos salariales. La
lucha por el socialismo, sin embargo, ha quedado como una rémora retorica que
acompaña y convive con la lucha cotidiana por mantener lo obtenido dentro del
sistema capitalista. En los factores del debilitamiento ideológico hay que
incluir, sería un error muy grande omitirlo, el impacto de la desaparición del
conocido como bloque socialista. Se podrá criticar a la U.R.S.S. por múltiples
razones, pero en el imaginario colectivo latinoamericano era la “garantía”
internacional para aquellos pueblos que podrían llegar a alguna forma de
liberación, como lo había demostrado en la revolución cubana. Cualquier
análisis político y geopolítico exigía reconocer la existencia de dos modelos
de producción en disputa, uno de los cuales estaba cayendo, el capitalismo, y
otro que avanzaba, el socialismo. Los revolucionarios, más allá de diferencias
ideológicas, se concebían como parte de un proyecto histórico que se estaba
realizando, con mayores o menores errores. La discusión sobre la ausencia de un
proyecto alternativo empezó, como tema cardinal, cuando cae el bloque
socialista. Por entonces la meta era claramente el establecimiento del
socialismo y lo que estaba en discusión era el programa y las vías para
lograrlo. La principal característica de esta tercera etapa de la ofensiva del
capital, facilitada políticamente por el progresismo, es la derrota ideológica.
A pesar de que existen gobiernos progresistas, no existe una conciencia
anticapitalista, ni predominan las organizaciones que luchan por el socialismo.
Los desafíos y límites del progresismo
Si se reconoce que la caracterización de
los gobiernos progresistas es correcta, se vuelve necesario evaluar cuáles son
los desafíos y límites de esos gobiernos, teniendo en cuenta que esto es una
aproximación que no puede aplicarse mecánicamente a diferentes realidades.
Parecería que el progresismo tiene algunos desafíos y límites muy claros. Un
desafío, es, sin duda, la crisis mundial que se sigue profundizando y más
temprano que tarde va a afectar a nuestro continente. Vale la pena recordar que
las dictaduras militares fueron desplazadas en los años ochenta en el marco de
una gran crisis internacional, la crisis de la deuda; los gobierno que
implementaron el Consenso de Washington fueron derrotados políticamente en el
marco de la crisis de comienzo del milenio. El progresismo, por su parte,
deberá enfrentar, muy probablemente, una reducción de las cantidades y de los
precios de sus exportaciones junto con un aumento de la tasa de interés
internacional, todo lo cual alejará las inversiones de nuestro continente, con
todos los impactos negativos que esto tiene sobre la economía y la sociedad en
países cada vez más dependientes del capital extranjero.
Las contradicciones entre el capital y el trabajo
se van a agudizar porque los empresarios reivindicarán y exigirán recortes en
el gasto público, reducción de impuestos y fl exibilización laboral. A los
partidos que están en el gobierno les será muy difícil demostrar que los
resultados de la crisis son independientes de su política económica, exagerando
se podría afi rmar que para una buena parte de la población vale el dicho
italiano: “piove, porco governo”. En este caso, además, la crisis encuentra al
Cono Sur en un proceso de profundización de la dependencia y de la
vulnerabilidad social, lo que no es nada menor. Decimos profundización de la
vulnerabilidad social, porque estos gobiernos han gastado muchos recursos en
políticas asistencialistas que, como tales, no pueden sostenerse cuando la
crisis reduzca los ingresos del estado. Las personas benefi ciadas por el
asistencialismo seguirán siendo tan vulnerables como antes, no han cambiado, no
tuvieron formación ni oportunidades de trabajo generadas por el desarrollo de
matrices productivas incluyentes ni, tampoco, nuevas formas de inserción
social. Solo superan la línea de indigencia o de pobreza por un subsidio
económico que en nada cambia lo esencial de sus vidas. Un segundo desafío es la
política agresiva de los Estados Unidos, que ha vuelto a poner los ojos en
América Latina. Veamos varios ejemplos: Honduras (la destitución de Zelaya);
Paraguay (la destitución de Lugo); la ofensiva desestabilizadora contra
Bolivia; el hostigamiento al gobierno de Venezuela; la instalación de bases
militares en Colombia; la cuarta fl ota en el Atlántico. Estados Unidos busca
el control de América Latina a través de gobiernos totalmente confi ables y
permeables a sus decisiones.
El progresismo y sus discursos internacionalistas
ambiguos no garantizan la estabilidad que requiere el capital transnacional. El
limite pudiera ser el agotamiento de estos gobiernos progresistas para poder
ampliar o, siquiera mantener, las políticas favorables al trabajo (derechos
sindicales, condiciones de trabajo, aumentos salariales) y a los excluidos
(planes de emergencia, bolsa familia, etcétera), que consolide su base popular
sin un enfrentamiento crucial con el capital. Por ahora, la confrontación se ha
evitado de múltiples maneras para mantener y acrecentar la Inversión Extranjera
Directa. Estos gobiernos se han caracterizado por mejorar los
ingresos reales de los trabajadores, aunque en términos relativos aumentaron
más los ingresos del capital. Se redistribuye parcialmente la renta, pero se
acrecienta la concentración de la riqueza acumulada.
Los escenarios posibles en
caso de una agudización de la crisis internacional que impacte sobre nuestros
países son tres: 1) Algunos gobiernos pueden asumir el modelo de ajuste del
Fondo Monetario y, probablemente, están condenados a ser derrotados
electoralmente junto con la agudización de la crisis, porque las políticas de
ajuste golpearan directamente a su base social: a los trabajadores, a los
pasivos y todas aquellas familias que reciben actualmente asistencia económica
del Estado para paliar la pobreza, cuando no la indigencia. 2) Otros gobiernos
progresistas pueden fi jarse como meta proteger los ingresos de los
trabajadores y pasivos por medio de políticas fi scales defi citarias,
sostenidas con endeudamiento, que le permitan sostener políticas anti-cíclicas.
Tratarían de evitar así la confrontación directa con el capital que generaría
ría un aumento de la carga impositiva para fi nanciar dichas políticas. Esos
gobiernos pueden mantener apoyo popular pero deberán enfrentar fuerte
resistencia del capital. Lo que pude pasar con ellos, desde el punto de vista
de la continuidad política, dependerá básicamente de su capacidad para
controlar la ofensiva táctica de los empresarios y sus medios de comunicación,
a la vez, que mantienen el control de la economía y el apoyo de su base social.
3) Por último, puede haber gobiernos que asuman la crisis como una oportunidad
para impulsar una política clara de carácter nacional y revolucionario, que
afecte directamente a la riqueza acumulada y la renta del capital. Los que
recorran ese tercer camino podrán ganar o perder, la lucha no será fácil, pero
van a dejar la “copa limpia”, como lo hizo Espartaco en la novela de Howard
Fast. En esa obra sobre la sublevación de los esclavos romanos existe un
dialogo en el que le cuestionan a Espartaco que vaya a combatir en condiciones
de inferioridad notoria. A pesar de ello, el protagonista va a librar la última
batalla consciente de que es muy probable que sea derrotado pero lucha para
dejar la “copa limpia”. Ese será, posiblemente, la decisión y el desafío que
pudiera tener un verdadero gobierno de izquierda.
Fuente: https://www.fisyp.org.ar/media/uploads/periferias.22.libro.08.06.2014.pd
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