La desaparición de Julio López: el crimen que
el kirchnerismo se negó a investigar
Ya son doce años de impunidad y de
beneficios para el genocida Miguel Etchecolatz, responsable de su desaparición
en dictadura y principal sospechoso de su segunda desaparición en 2006.
Daniel Satur
@saturnetroc
@saturnetroc
CeProDH Zona Norte del
Gran Buenos Aires
Martes 18 de septiembre
Como se sabe, Miguel Osvaldo
Etchecolatz fue
protagonista directo de las dos desapariciones de Jorge Julio López, una en
1976 y la otra treinta años después, hace hoy justo doce años.
Etchecolatz, uno de
los directores del circuito Camps, recibió su primera condena a prisión
perpetua efectiva por crímenes de lesa humanidad el 19 de septiembre de 2006,
un día después de que que Julio López desapareció. Luego el genocida recibió condenas
similares en otros juicios y hoy está siendo juzgado junto a una veintena de
sus secuaces por los crímenes de la Brigada de San Justo.
La
primera desaparición de López
En los años 70 Jorge
Julio López colaboraba en una unidad básica impulsada por Montoneros en el
barrio platense de Los Hornos, donde vivió casi toda su vida. Tras ser
secuestrado el 27 de octubre de 1976 pasó por varios centros clandestinos de
detención del circuito Camps, de los cuales Etchecolatz era el responsable: la estancia La Armonía
en Arana y las comisarías quinta y octava de La Plata.
El 4 de abril de 1977
fue “legalizado” (es decir blanqueado y puesto a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional a cargo de la junta militar) en la Unidad 9 de La Plata,
donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979.
En aquel momento,
entre marzo de 1976 y hasta enero de 1979, Etchecolatz fue director general de
Investigaciones de la
Policía Bonaerense.
El
día que volvió a desaparecer
El 18 de septiembre de
2006 Julio López desapareció luego de salir a la mañana de su casa de Los
Hornos. Se dirigía al centro de La Plata a escuchar la sentencia de un juicio
que fue histórico. Era el primero que se iniciaba luego de que fueran
declaradas nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las
declarara inconstitucionales.
Además, después de
treinta años de lucha, se estaban juzgando por primera vez como hechos
ocurridos en el marco de un genocidio los secuestros, torturas y crímenes que,
bajo las órdenes del Estado, llevaron adelante las fuerzas represivas para
aniquilar a una generación de obreros, intelectuales y estudiantes militantes
que luchaban por cambiar de raíz la sociedad.
Su testimonio en ese
juicio fue central, ya que detalló cómo el propio Etchecolatz dirigía y
ejecutaba las sesiones de tortura y los asesinatos. Él vio con sus propios ojos
las ejecuciones de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Su relato de
aquellos hechos fue esencial para lograr la condena del genocida.
Julio López había
declarado por primera vez en los llamados Juicios por la Verdad, instancias
judiciales que solo servían para recolectar testimonios pero sin efectos
condenatorios de ningún tipo, ya que estaban vigentes las leyes de impunidad y
los indultos pactados entre los genocidas y el régimen político radical-
peronista.
López dio testimonio
el 7 de julio de 1999. Allí relató los tormentos que sufrieron él y el resto de
sus compañeros y compañeras, los asesinatos que vio y describió cómo
Etchecolatz era responsable directo de todo eso.
Volvió a declarar en
la instrucción de la causa contra este genocida el 16 y el 30 de noviembre de
2005 y, finalmente, declaró en el juicio oral el 28 de junio de 2006.
Monumento
a la impunidad
Así definió desde el
principio a la causa por la desaparición de López la recordada Adriana Calvo ,
fundadora y máxima referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y
quien junto a las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy fueron parte del
núcleo denunciante desde un inicio de la desaparición.
La AEED, integrada por
sobrevivientes de los horrores más brutales de la dictadura, como la misma Calvo , Nilda
Eloy y Enrique Fuckman, fue de vital importancia para que López tomara la
decisión de dar testimonio luego de dos décadas de silencio (incluso
intrafamiliar).
Hoy, cuando el
gobierno de Mauricio Macri, plagado de negacionistas progenocidio, lleva casi
tres años de gestión, es natural denunciar su nula intención de que se sepa qué
pasó con López y su más nula voluntad de ajusticiar a sus desaparecedores. Pero
de los doce años de impunidad en el caso, Macri estuvo en la Casa Rosada apenas un
cuarto. Nueve años y tres meses de esa impunidad se dieron bajo gobiernos
kirchneristas.
La definición temprana
de Calvo sobre la causa hoy cobra un sentido lapidario. Cuando la lanzó por
primera vez aún gobernaba Néstor Kirchner, el líder peronista que luego de
mandar a reprimir a las Madres de Plaza de Mayo de Santa Cruz en 2001 vio que
apoderarse de la bandera de los derechos humanos desde la Casa Rosada , luego del
“que se vayan todos”, podía redituarle mucho políticamente.
Cuando desapareció
López, Kirchner se preocupó mucho por las consecuencias políticas del caso.
Públicamente habló del “compañero Tito” (como le decían a Julio), de su
“compromiso” por llegar a la verdad y la justicia y de la casi seguridad de que
bandas “parapoliciales” estuvieran detrás del crimen. Pero mientras se mostraba
compungido para la tribuna, sus funcionarios nacionales y los de Felipe Solá
(entonces gobernador bonaerense) sellaban el más abyecto pacto de impunidad con
la Policía formada por Camps y Etchecolatz.
Desde el “progre”
Aníbal Fernández diciendo que Julio podía estar en la casa de una tía hasta las
huestes de Jaime Stiuso operando de mil maneras (a las órdenes
de algún superior, obvio) para plantar pistas falsas y rodear a la familia López con
zanahorias podridas, pasando por el nulo aporte de los más mínimos elementos de
prueba y por un Poder Judicial abocado a mirar para cualquier lado menos para
el de la verdad, el Estado hizo todo lo que estuvo a su alcance para que López
no apareciera, ni vivo ni muerto.
Leé también Myriam Bregman:
“Para saber qué pasó con Julio López hay que abrir los archivos de
inteligencia”
¿Tan difícil resultaba
centralizar indicios para desentrañar la madeja en la que quedó atrapado un
albañil de 77 años que no quería esconderse de nadie, que caminaba todo el
tiempo por las calles de una ciudad superpoblada y que no tenía vínculos ni
relaciones turbias con nadie? Parece que sí.
Al menos resultaba tan
difícil como meterse con los máximos sospechosos de un caso que conmovió al
país por su brutalidad y mensaje. Fue el propio León Arslanián, entonces
ministro de Seguridad bonaerense, quien les confesó a los organismos de
derechos humanos que alrededor del caso se estaba jugando la “gobernabilidad”
de la Provincia y que por eso, palabras más palabras menos, meterse con los
sospechosos no era conveniente. Y así fue.
Obviamente los aliados
del kirchnerismo siempre repartieron culpas a conveniencia. Que los jueces, que
los fiscales, que la Policía de siempre. Hasta hubo quienes creyeron (y lo
transformaron en una denuncia penal) que la responsabilidad de lo que le pasó a
López estaba en manos de los propios organismos de derechos humanos que le
habían dado el impulso para que sacara toda su verdad afuera y diera su
invalorable aporte para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Canalladas
que, en definitiva, no son más que un penoso capítulo de esta larga historia de
impunidad.
A doce años de esa
nueva desaparición en “democracia”, en la “investigación” judicial no hay ni un
solo imputado de los múltiples sospechosos.
El
envalentonamiento que da la impunidad
En octubre de 2014 en
La Plata el Tribunal Oral Criminal Federal 1 estaba finalizando el juicio por
La Cacha, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionó en la
región . En el momento en que se estaba leyendo el veredicto Miguel Etchecolatz
miró a los familiares de las víctimas y a los organismos de derechos humanos en
forma amenazante, cínica, inmutable.
De su bolsillo sacó un
papelito doblado que desplegó con calma e intentó llevárselo al juez pero no lo
dejaron. Las fotografías mostraron luego que en el papelito del excomisario
estaban escritas las palabras “Jorge Julio López” y “secuestrar”. López llevaba ocho años desaparecido y
hacía pocos días una nueva movilización exigía su aparición con vida .
Este y todos los
genocidas militares, policiales, empresarios, civiles y miembros de la Iglesia
católica contaron con el amparo de todos los gobiernos, desde las leyes de
impunidad vigentes durante décadas, la “prisión” domiciliaria para beneficiar a
“pobre viejos sufrientes”, los intentos de “reconciliación” desplegados a
través de discursos oficiales y de editoriales de medios cómplices (y
beneficiarios) del genocidio y hasta casi el “2x1” para los condenados de los
peores crímenes contra la población, solo frenado por la movilización de cientos
de miles de personas en todo el país.
Aunque haya quienes se
ofusquen con la denuncia, Etchecolatz tuvo de su lado el silencio y la negativa
de llegar a la verdad garantizados por los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner. Tan es así que entre 1983 y 2017 el represor siguió formal y
administrativamente siendo parte de la Policía Bonaerense
como jubilado.
Hace unas semanas, en
otra provocación hacia las víctimas, sobrevivientes y familiares envió una
carta a la
gobernadora María Eugenia Vidal para pedirle volver a ser
parte de la fuerza.
Semejante hecho produjo el repudio de los organismos de
derechos humanos y amplios sectores de la sociedad. Como era
de esperarse, la Gobernadora ni siquiera repudió este “pedido”.
Las provocaciones y el
envalentonamiento de Etchecolatz no pueden explicarse por el mero ímpetu
personal del genocida. Hay una larga lista de beneficios en los que el represor
se apoya para seguir dando que hablar. El 27 de diciembre del año pasado, el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 decidió otorgarle la prisión
domiciliaria en su cómoda casa en Mar del Plata.
La movilización y el
repudio masivo lograron que el 16 de marzo la Sala IV de la Cámara Federal de
Casación Penal revocara su domiciliaria. Actualmente está preso en el Penal de Ezeiza
y está siendo juzgado por los crímenes de la Brigada de San Justo. Pero se
sigue dando el lujo de no estar presente en las audiencias y hacerlo por
teleconferencia.
Pese a los constantes
intentos de las clases dominantes y sus servidores del Estado e intelectuales,
no puede haber olvido, ni perdón ni reconciliación. El Estado es responsable de
tanta impunidad, de que López no haya aparecido en estos doce años, de que sus
verdugos sigan caminando por las calles como si nada, de que Chicha Mariani se
haya ido de esta vida sin encontrara su nieta Clara Anahí (después de haber
luchado hasta sus 94 años) y de que tantos crímenes de lesa humanidad sigan
impunes.
Con más fuerzas que
nunca, a doce años de la segunda desaparición de Julio López reafirmamos el compromiso
inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y
efectiva, para todos los genocidas. Por todas las compañeras y todos los
compañeros. Presentes, ahora y siempre.
Fuente:
http://www.laizquierdadiario.com/La-desaparicion-de-Julio-Lopez-el-crimen-que-el-kirchnerismo-se-nego-a-investigar
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