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Estado
de excepción encubierto en Catalunya: doble
catarsis sobre
el régimen del 78
26 de marzo de 2018
Por Daniel Raventós y domingo, 30 de septiembre de 2018
“Estamos volviendo a una etapa negra de la historia de España que pensábamos que habíamos dejado definitivamente atrás. A través de la activación del artículo 155 CE el Gobierno de Mariano Rajoy, con el concurso, explicable aunque lamentable, de Ciudadanos, e inexplicable del PSOE, ha lanzado a la Fiscalía General, y a través de ella a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a la persecución penal del nacionalismo, como si fuera un enemigo al que hay que aniquilar.”
Estado
de excepción encubierto en Catalunya: doble
catarsis sobre
el régimen del 78
Un
estado de excepción más o menos encubierto. O “a la vieja usanza” en palabras del veterano
constitucionalista Javier Pérez Royo: “Estamos volviendo a una etapa negra de
la historia de España que pensábamos que habíamos dejado definitivamente atrás.
A través de la activación del artículo 155 CE el Gobierno de Mariano Rajoy, con
el concurso, explicable aunque lamentable, de Ciudadanos, e inexplicable del
PSOE, ha lanzado a
La
sesión de investidura del Parlament de Catalunya del jueves 22 de marzo y la
prisión provisional ordenada por el juez Llarena contra el candidato a la
presidencia de la Generalitat y otros cinco diputados independentistas el
sábado 24 de marzo, como consecuencia del auto del Tribunal Supremo del 21 del
mismo mes, así como la reactivación de las euro-ordenes de detención contra los
exiliados, que han llevado a la detención en Alemania del President Carles
Puigdemont, han supuesto una doble catarsis, que son en realidad las dos caras
de la misma moneda. Por una parte, la dirección del
proceso independentista, en manos de Junts per Catalunya y ERC, ha agotado su
capacidad de iniciativa. Por otra, su judicialización represiva pretende
impedir cualquier acumulación de fuerzas soberanista para una negociación
“bilateral” entre la Generalitat y el gobierno central. El régimen del 78 sólo
se puede mantener ya en Catalunya mediante la represión y la intervención
permanente de sus instituciones políticas. Un estado de excepción cada vez menos
encubierto.
La
prisión provisional para una nueva tanda de políticos electos catalanes
ordenada por el juez Llarena es un nuevo significativo en la escalada represiva
del régimen del 78 contra las libertades democráticas de Catalunya y, bueno
sería que algunos tomaran nota, del resto del Reino de España. Una parte
importante de la ciudadanía catalana (y no únicamente independentista como se
pretende interesadamente desde el bloque constitucionalista) está indignada. Y
salió a la calle masivamente en muchísimas ciudades y pueblos de Catalunya el
viernes 23 de marzo. Alguien lo dejó muy bien expresado: “Ahora Catalunya es
una manifestación”. Y lo seguirá siendo, sin la menor duda. La indignación está
más que justificada: hay representantes políticos elegidos, en unas elecciones
convocadas por el gobierno español, en la cárcel o el exilio y mientras,
“personas juzgadas y condenadas por corrupción, blanqueo y otras barbaridades siguen en libertad –por
ejemplo Urdangarín-…” según palabras de la poca sospechosa de ser
independentista catalana María José Pintor Sánchez-Ocaña.
Una nueva fase
política
Basta
comparar el discurso de investidura del candidato Jordi Turull
con el auto del Tribunal Supremo para constatar la
nueva fase política abierta esta semana. El primero solo es comprensible en su
inanidad autonomista como parte de la estrategia de defensa de Turull; mientras
que el segundo establece toda una genealogía de la voluntad política de la
dirección independentista para justificar la acusación del delito de rebelión, no
en el (supuesto) hecho incontestable de su “alzamiento violento”, sino en su
potencial intencionalidad de utilizar el “poderío de las masas” para doblegar a
la autoridad del estado.
Ninguna de estas dos posiciones políticas sobre lo
que ha sido el largo proceso soberanista catalán pueden dar cuenta de la
realidad social y política vivida por millones de personas.
Desde
el comienzo del procés -tras la sentencia del Tribunal Constitucional en junio
de 2010 contra el estatuto de autonomía de 2006, la manifestación de julio “Som
una nació, nosaltres decidim”, las elecciones autonómicas de noviembre de 2010
y el rechazo del “pacto fiscal” aprobado por el Parlament por el gobierno Rajoy
en septiembre del 2012- la estrategia de acumulación de fuerzas soberanista en
la calle para su gestión “bilateral” posterior por la Generalitat, ha fracasado
una y otra vez. En definitiva, porque la parte esencial no era la movilización
social, sino su instrumentalización: la negociación entre las élites centrales
y autonómicas del régimen del 78 de la redistribución fiscal que permitía
mantener un cierto nivel de consenso popular a través del gasto social y de
consenso oligárquico mediante el acceso clientelar al gasto público.
Estos
mecanismos de presión inter-oligárquicos estaban -y están- inscritos en la
propia naturaleza del “estado de las autonomías”. Lo que bloqueó la gestión de
su sistema de financiación común fueron las políticas de ajuste neoliberales a
partir de mayo de 2010 con el gobierno Zapatero, en primer lugar, y luego la
ofensiva reaccionaria del PP, uno de cuyos principales éxitos fue el recurso
contra el nuevo Estatuto de autonomía catalán de 2006. La escalada de la
movilización social soberanista articuló un catalanismo popular que, al situar
en primer plano el “derecho a decidir” – otra forma de decir el tradicional y
democrático derecho a la autodeterminación-, reafirmaba su soberanía y sus
aspiraciones democrático-republicanas frente a la gestión institucional
autonomista de CiU primero y del PDeCAT después. Una tensión en el campo
soberanista que, a medida que se reforzaban organizaciones como la ANC, Òmnium
Cultural y los Municipis per la Independència, se trasladaba a
un cuestionamiento de la hegemonía de CiU-PDeCAT por ERC, y el reforzamiento en
paralelo, en menor medida, de la CUP.
A
pesar de los vaivenes políticos del procés, de la
tenacidad de la movilización popular por conseguir el referéndum del 1 de
octubre y de la huelga cívica del 3 de octubre, de la respuesta electoral del 21
de diciembre a la intervención de la Generalitat, la estrategia de negociación
“bilateral” de la dirección independentista del procés se ha mantenido frente a la alternativa de una
estrategia unilateral de desarrollo de un proceso constituyente republicano.
Como han explicado los dirigentes del procés, la
República catalana fue “proclamada sin efectos jurídicos”. Y en vez de una
defensa política colectiva frente a la represión judicial, se respondió con una
multiplicidad de defensas basadas en la minimización de las responsabilidades
individuales.
El mérito de la CUP, ante el agotamiento evidente
de esta estrategia, que la dirección del procés ha conducido a un callejón sin
salida, ha sido explicarlo con todas sus consecuencias:
ni habrá recuperación de las instituciones autonómicas, ni el estado español
permitirá una nueva acumulación de fuerzas entorno a ellas, ni puede haber una
negociación “bilateral” sobre el alcance de la soberanía catalana. La República
catalana, el proceso constituyente popular para su construcción, es
incompatible con el régimen del 78.
La
narrativa del auto del Juez Llarena atribuye a la dirección del procés, acusada de rebelión, una lógica causal
conspirativa que implicaría su propio desbordamiento por una movilización
popular capaz de limitar la capacidad de acción política y represiva del estado
español, creando espacios para el propio ejercicio de su soberanía. Se trata de
una lectura liberal-conservadora de las consecuencias potenciales de la
“rebelión de las masas”, más allá de su manipulación en un conflicto
inter-oligárquico, que responde a una visión explicativa -y justificativa- de
la represión de los movimientos populares bajo
En
este sentido, la “normalización” no es sino una “superación de la fractura” que
pasa por la represión selectiva de la dirección independentista y una represión
generalizada del movimiento soberanista popular. Es decir, contra gran parte de
la población catalana. Incluso en su fórmula mejor intencionada, vamos a
suponerlo así, la de Miquel Iceta y el PSC, para limitar esta
represión a un “mal menor” que permita una utópica vuelta a la alternancia en
la Generalitat entre un tripartito transversal de las izquierdas catalanas y
una derecha catalanista reconstituida, frente al peligro que significa el nuevo
lerrouxismo de Ciudadanos. Se trata de un espejismo más o menos autoimpuesto.
La resistencia
al régimen del 78 como prioridad
La
represión y la intervención de las instituciones catalanas son aspectos mórbidos de la crisis estructural múltiple del
régimen del 78. Una crisis que se sigue acentuando en términos de
corrupción, incapacidad de gestión fiscal y presupuestaria, aumento de las
tensiones territoriales nacionales y crecimiento de
Las
cosas solo pueden ir a peor mientras la movilización de las resistencias
populares -como las mujeres el 8 de marzo, los pensionistas, las mareas
sanitarias- no construyan una nueva correlación de fuerzas y las bases de una
alternativa de izquierdas al régimen del 78. Una alternativa que sin el
reconocimiento claro, explícito y constante del derecho de autodeterminación de
las naciones históricas Catalunya, País Vasco y Galicia, y de
Un componente esencial de esas movilizaciones será
la defensa de las libertades democráticas, que hoy están suprimidas en Cataluña
por la represión judicial y la intervención de sus instituciones políticas. La
respuesta en positivo al agotamiento de la estrategia procesista comienza por la defensa unitaria del espacio
democrático de la movilización popular, contra la judicialización y la
represión de las libertades de asociación y manifestación. No es posible una
“recuperación de las instituciones” con políticos encarcelados por rebelión o
perseguidos en el exilio por intentar ejercer el mandato democrático de sus
electores. De nada servirá en este sentido un Govern elegido antes del próximo
22 de mayo si se somete a las condiciones de los gestores del art.155, sea el
gobierno Rajoy, sus fiscales o el Tribunal Constitucional. Como tampoco la
convocatoria estatal de nuevas elecciones autonómicas para intentar forzar la
voluntad del electorado hasta que el bloque del art. 155 tenga una mayoría
parlamentaria.
La
nueva fase abierta en la política catalana, concretada en la declaración institucional del President del Parlament
Torrent tras suspender la segunda sesión de investidura, tiene como
prioridad la recuperación de las libertades políticas intervenidas mediante la
movilización social de un frente antirrepresivo. El que Catalunya en Comú se haya sumado y participen en
él organizaciones sociales y sindicales no independentistas, en una mayoría
democrática soberanista, puede ser decisivo a la hora de estructurar la
resistencia contra el régimen del 78. De momento, gran parte de la población de
Catalunya está en la calle por la defensa de la libertad y la democracia.
http://www.sinpermiso.info/textos/estado-de-excepcion-encubierto-en-catalunya-doble-catarsis-sobre-el-regimen-del-78
Fuente:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2018/03/26/catalunya-estado-de-excepcion-encubierto/
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