Maduración
neoliberal y gobierno de transición
Revolución
Bolivariana 2014-2018:
el "Largo Viraje"
5 de septiembre de 2018
Por
Emiliano
Teran Mantovani
(Rebelión)
El reciente anuncio del “Programa de Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica” por parte del Gobierno nacional (ago. 2018) ha llegado a
ser señalado por varios sectores críticos como un “paquetazo neoliberal”. El
problema es que los “paquetazos” están históricamente vinculados al recetario
ortodoxo del Consenso de Washington (primordialmente estructurado por el FMI),
llevado adelante mediante la «terapia de shock». Estamos ante otra faceta
diferente de neoliberalismo, heterodoxa, híbrida, estratégica y flexible; de
permanentes reacomodos, ajustes y mutaciones, en la cual coexisten mecanismos de
flexibilización y desregulación, formas de mercantilización y financiarización,
comercialización (orientación a las exportaciones y al mercado global),
corporativización (organización según el modelo de negocios), o incluso formas
parciales de privatización de facto, con intervenciones estatales, ciertas
narrativas de izquierda y mecanismos selectivos de distribución social de la
renta petrolera.
A nuestro juicio, para poder comprender este proceso en su complejidad, debemos renunciar de una vez por todas al ya viejo empeño de relacionar neoliberalismo únicamente con su forma “pura”, ortodoxa (vinculada a los años 90, al FMI, al Consenso de Washington o solamente a las privatizaciones). Los tiempos han cambiado. El costo político de la imposición de programas de ajuste mediante terapias de shock en países latinoamericanos y otros del mundo, fue y ha sido altísimo –provocando numerosas revueltas populares y caída de gobiernos–, por lo que a las autoridades gubernamentales les es también conveniente impulsar este modelo con matices, adaptaciones, grados diferenciados de intensidad y flexibilidad. El propio FMI llegó a declarar públicamente en 2016 que estaban ante un “replanteamiento de la política” de la institución, expresando autocríticas a algunos pilares de sus recetas ortodoxas.
En América Latina, el último boom de los commodities contribuyó en
este proceso de versatilización del
neoliberalismo Post-Consenso de Washington, lo cual pudo además viabilizarse a
través de políticas de financiarización de las clases populares, utilizando
múltiples mecanismos distributivos para la incorporación de buena parte de la
sociedad anteriormente excluida del consumo y de los instrumentos financieros.
Si bien las recetas más ortodoxas no desaparecen en este nuevo
período (si no, ¿hacia dónde se dirige el actual gobierno de Mauricio Macri en
Argentina?), el posicionamiento de China en América Latina supuso también la
penetración de sus particulares formas de acumulación neoliberales –«neoliberalism
with chinese characteristics»(Harvey dixit)– rotuladas, por ejemplo, por las
zonas económicas especiales (promovidas desde las reformas liberalizadoras de
Deng Xiaoping post-1979); la promoción de endeudamiento público masivo por parte
de los Estados receptores, principalmente para la expansión del sector primario;
etc. En este sentido, el variado ensamblaje de modalidades y tipologías del
extractivismo en la región está también marcado por las políticas del
Consenso de Beijing.
Comprender las
dinámicas de esto que hemos llamado el neoliberalismo
mutante, es útil para visibilizarlo como un método para:
a) configurar
una forma de gobernabilidad más sostenible en el tiempo;
b) allanar una
transición socialmente más tolerable, ante el agotamiento y fin del ciclo
progresista;
c) preparar el
camino para un eventual giro a la ortodoxia u horizonte de despojo masivo,
apuntando con posterioridad a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de
neoliberalismo.
Antes que un
paquetazo –de la marca del «Gran Viraje» de Carlos Andrés Pérez II–, nos
encontramos, tal vez, ante la etapa madura de una transición político-económica
en el país, la cual inicia en 2014 y ha ido desmantelando gradualmente los
pilares progresistas de la llamada Revolución Bolivariana: nacionalismo
energético, democracia popular participativa, economía anti-neoliberal en favor
de los más desfavorecidos y soberanía nacional.
Asistimos a un proceso de re-estructuración de la economía extractivista –lo que hemos llamado una nueva fase del extractivismo en Venezuela –, el cual se ha desarrollado como un Largo Viraje, en el que se van llevando adelante reformas legales, normativas, políticas y medidas económicas, que van dándole cada vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal.
Pero este proceso
no hay que interpretarlo como uno lineal e inevitable. Más bien ocurre en un
contexto político accidentado, inestable, volátil y de intensas disputas, que
incluyen claro está, la incidencia de actores geopolíticos. Lo que es necesario
resaltar es que, incluso los grupos de poder que pugnan, comparten los
principios de re-estructuración económica –en consonancia con las grandes
potencias foráneas, sea EEUU, China, Rusia, etc–, previendo en primeros términos
la solución a los problemas internos de liquidez por parte del Estado, la
recuperación y relanzamiento de la economía extractivista, el equilibrio del
mercado interno, el desmontaje de obstáculos al crecimiento, el favorecimiento
al capital y arreglos favorables a los inversores foráneos y, por supuesto, el
mantenimiento del poder político y el control de las empresas clave del país.
El llamado
‘Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica’ es en realidad
parte de un devenir económico de varios años. A pesar de que en el período
2009-2013 ya se expresaban síntomas de agotamiento del modelo de acumulación
–determinados por su sesgo extractivista, la acentuación de la dependencia a los
sectores primarios, la crisis mundial 2008-2009 y el “Efecto China” vivido
nuevamente por Venezuela como una enfermedad
holandesa– y de estancamiento político del proyecto bolivariano, es a partir
de 2014 cuando comienzan a darse pasos más claros que van apuntando a una
re-estructuración económica.
Una corriente pragmática va tomando el timón de ciertos sectores,
como lo fue por ejemplo la gestión de Eulogio del Pino en la presidencia de
Petróleos de Venezuela S.A. desde 2014, comenzando a estructurar lo que llamó un
“régimen especial de inversiones”, en el cual se van configurando reformas en
los marcos de negocios que apuntan a la flexibilización progresiva
en favor de
las corporaciones transnacionales, principalmente en lo que respecta a la Faja
Petrolífera del Orinoco, lo que posteriormente se tomaría como modelo en los
marcos del resto de los sectores extractivos. Este mismo año aparecen las
llamadas “Zonas Económicas Especiales”, una figura de una muy alta significancia, que plantea la instalación un régimen de liberalización radical
de los territorios asignados para un desarrollo acelerado.
Otro elemento que destaca es la búsqueda de avance a las nuevas
fronteras de los commodities, con miras a abrir nuevos polos extractivos para la
captación de divisas y el relanzamiento de otros ya existentes (como por ejemplo
Carbozulia). Ya en 2015 comienza a re-emerger y tomar fuerza el Arco Minero del
Orinoco, lo que va a ir oficializándose en 2016, de la mano de la llamada
“Agenda Económica Bolivariana”, que
suponía una importante promoción del avance de fronteras, dándole
especialmente a la minería un rol nunca visto anteriormente en la historia
contemporánea venezolana.
Se van creando mecanismos para el incremento en la participación y
poder de las empresas transnacionales en los emprendimientos extractivos, como
lo estipulado en la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades
Petroquímicas (30-12-2015), que contempla la posibilidad de participación
mayoritariamente privada; como lo reflejan las loas al proyecto Cardón IV (Gas
offshore en Paraguaná), de inversión 100% privada (Repsol 50% y Eni 50%); como
ocurre por la incapacidad financiera de PDVSA, que hace que la parte accionaria
de la misma sea cubierta mediante préstamo de su socio extranjero; o en la
invitación a las empresas a ser, además de accionistas, financistas de los
proyectos.
Resaltamos la
expansión y sofisticación de la mercantilización y financiarización de la
naturaleza, que van desde la ya más vieja vinculación directa de la deuda con
parte de la producción petrolera diaria (relación Fondo Chino – pago de la deuda
con petróleo), al ofrecimiento de retribución a los inversores directamente con
commodities (ej., el ‘atractivo’ carbón venezolano), avances en la certificación
de todas las reservas mineras del país –y su consiguiente inscripción en las
dinámicas de valores de las principales bolsas mundiales de commodities–, y la
aparición del Petro como
una denominación monetaria digital, probablemente multifuncional –como unidad de
cuenta, bono y criptomoneda– respaldada con petróleo y otros “recursos
naturales” a futuro.
Adicionalmente, se va haciendo más nítida, creciente y enfática la orientación de la economía nacional a las exportaciones y al mercado global (principio de comercialización), al tiempo que se hacen evidentes la introducción y posicionamiento de términos económicos propios de la ortodoxia neoliberal, lo cual se expresa claramente en los discursos que se producen en torno al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica: disciplina fiscal, crecimiento sostenido, prosperidad, equilibrio macro-económico, poderoso mercado interno, entre otros.Leyes y medidas como la “Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva” (diciembre 2017) y el reciente decreto (2/08/2018) de exoneración del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimiento de PDVSA y sus empresas filiales y mixtas (que abarca a las corporaciones petroleras foráneas asociadas) –siendo que el cobro del mismo ha sido una especie de emblema histórico del ejercicio de soberanía por parte del Estado venezolano– son varios ejemplos de los mecanismos clave que van trazando el camino más próximo hasta la llegada de este último anuncio para un programa de recuperación económica.
Todo esto se ha
producido en el marco de políticas diferenciadas y paradójicas de distribución
de la renta, que hace coexistir, por ejemplo, la adjudicación directa de bonos a
través del llamado “Carnet de la Patria”, la formalización de permanentes
aumentos de los salarios nominales o políticas de corte social como el “Plan
Chamba Juvenil” (para incorporar jóvenes al campo laboral), con severos recortes
a las importaciones, que contrastan con el pago puntual de la deuda pública
externa y su servicio; imposición de sacrificios u omisiones en relación a las
dramáticas carencias de bienes de primera necesidad y servicios públicos;
absoluta falta de transparencia de las cuentas públicas y asignaciones a
discreción de los excedentes con base en criterios partidistas; y un aumento de
la represión y control social, ante las protestas crecientes. Recursos como la
emisión masiva de dinero inorgánico –reconocida recientemente por el Gobierno
nacional– han permitido matizar lo que hubiese podido ser una mayor austeridad
en el gasto público.
El conjunto de estas medidas distributivas no sólo no logran paliar la crisis actual –sobre todo en el caso de los sectores sociales más desfavorecidos–, sino que básicamente representan medidas compensatorias que no interrumpen el proceso de transformación y re-formateo conservador del régimen progresista previo.
Vivir
hipotecados: ¿hacia un perverso rentismo hiper-financiarizado?
La orientación
del conjunto de medidas presentadas como el ‘Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad Económica’ pudiera resumirse en la búsqueda
desesperada de captación de divisas recurriendo, en una primera capa,
fundamentalmente a las estructuras del sector primario (extractivismo). Para
ello se centran en dos pilares: a) el Petro como
unidad de cuenta y bono (y potencial criptomoneda minable), creando un sistema
de anclaje del mismo a la fuerza material fundamental de la economía capitalista
doméstica (petróleo y demás ‘recursos naturales’) que, ante la ruina y colapso
de la producción nacional, aparece principalmente en su forma más cruda
(petróleo bajo el suelo, oro en bóvedas) y como commodity a futuro; b)
favorecimiento a la inversión extranjera para el deseado aumento de la
“producción” de los sectores extractivos (claramente para la exportación), así
como la necesidad de la recuperación fiscal y tributaria, pero que no podría
perjudicar a las empresas foráneas y que debería ser cargado sobre la población
de maneras selectivas y tolerables (ej. aumento del IVA con excepciones, aumento
progresivo de la gasolina y cobros de la misma a través del llamado Carnet de la
Patria).
Una segunda capa,
se refiere a las formas de distribución de estos excedentes, divisas y recursos
(como por ejemplo, la devaluación del tipo de cambio y su unificación en una
sola modalidad) en las cuales, como ya se ha dicho, se promueven asignaciones
precariamente paliativas (como el aumento nominal de salarios) y a discreción de
los intereses político-partidistas.
En esencia, lo
que queremos destacar son los peligros que conlleva este intento de anclaje y
sustentación de la economía formal en una especie de nueva meta-economía,
fundamentalmente especulativa, en la cual se desborda la relativa relación
causal barriles de petróleo/renta petrolera, para entrar en dinámicas perversas
de un tipo de rentismo de
obligaciones, que tiene más un formato del tipo instrumento financiero a
futuro. Esto abre el camino a la formación de una especie de fase de
hiper-financiarización del capitalismo rentístico, sin poder al momento
determinar qué dimensiones podría desarrollar.
Lo que complica
aún más las cosas es que se crean estas obligaciones –pues se van a tener que
respaldar en petróleo, divisas equivalentes o algo que haga que el Petro tenga
valor, validez y credibilidad en el mercado, y que sea recaudable– a partir de
crudos que son mucho más costosos, económicamente inestables y complicados de
extraer, como lo son los extra-pesados de la Faja del Orinoco, lo que implica
que en realidad el respaldo sería el conjunto de recursos naturales del país, la
participación en los emprendimientos económicos y, en general, los bienes de la
nación, concediendo soberanía a los acreedores.
Así que ya no es
sólo la dependencia del rentismo de hoy, sino el de mañana y varios años más por
delante. La trampa de este tipo de instrumentos es el encierro que se provoca en
el círculo vicioso de la dependencia al extractivismo. Como se promueve la
profundización de la extracción de petróleo, y ahora de la minería, esto
consolida el hecho de que no haya otra “fortaleza económica” que el propio
extractivismo –como ha ocurrido históricamente–, dejándonos en una orfandad
productiva que favorece a la depreciación del valor real de la moneda, el
desabastecimiento de productos nacionales, la especulación y la inflación. El
devenir de la política imperante, sería la combinación de estas formas
selectivas de distribución de emisiones y divisas de manera clientelar, con un
aumento de la represión y control social.
Los más optimistas pedirán que se confíe en estas medidas –¿y cómo será que llegamos hasta este punto?–, las cuales serían provisionales para salir del hoyo y ahora sí, poder arrancar hacia una economía productiva. Pero no importa cuántas promesas se hagan, no hay forma de que prospere ningún programa económico si no se cuestiona y transforma radicalmente la estructura corrupta de distribución de la renta, esa misma que se ha instalado de tal manera, que ha producido la institucionalización del desfalco, y por tanto, la instalación de estas nuevas relaciones de poder, formas de desigualdad social y de hipotecamiento y devastación de la naturaleza.
La solución a
esta grave crisis es fundamentalmente política.
Se nos agota el
tiempo
La situación en
Venezuela es dramática, en muchos sentidos, de alta gravedad y de muy sensibles
tensiones políticas. La geopolítica estadounidense en América Latina, en
articulación con sus aliados regionales, se ha tornado notoriamente agresiva con
el país, generando medidas económicas en su contra y abriendo posibilidades para
el desencadenamiento de escenarios realmente peligrosos. Pero estamos ante una
disputa entre coaliciones políticas, determinada por el control del poder del
Estado, los procesos de captación de renta y la gestión de los mercados y
recursos naturales. Y en esta disputa los pueblos están sencillamente en un
segundo plano.
Es inútil insistir en que la
vía de neutralización de los sectores sociales que tomaron la bandera de cambio
revolucionario, y el desmontaje paulatino de los pilares progresistas del
proyecto bolivariano durante el gobierno de Nicolás Maduro, era un camino
inevitable.
Hay ya un largo registro de críticas y señalamientos que, desde diversos
sectores del campo popular –incluyendo amplios sectores del chavismo de base–
fueron alertando de medidas y políticas que debían tomar otros rumbos. A estas
alturas,
se evidencia que el actual
gobierno está cumpliendo la tarea de configurar una transición hacia otro
régimen político en el que se está combinando la maduración neoliberal y el
autoritarismo.
La pregunta ante
estos complejos escenarios es qué pueden hacer los pueblos para salir adelante.
La izquierda no puede sólo pensar desde la ‘razón de Estado’, la real
politik, o únicamente fungir como la consejera del príncipe. Mucho menos
convertirse en censora de los sectores críticos, construyendo chivos
expiatorios, generando sospechas criminalizadoras sobre la diversidad y
pretendiendo colocarse en una posición de superioridad moral, cuando
precisamente el silencio cómplice es uno de los factores que ha contribuido al
crecimiento y consolidación de las tendencias restauradoras, conservadoras,
autoritarias y corruptas en el Gobierno Bolivariano. La izquierda no puede
disolver su proyecto ético –sencillamente no vale todo– y olvidar que su núcleo
es pensar desde abajo, en clave popular.
Si hay
alternativas al neoliberalismo, a la guerra, al despojo, al autoritarismo y al
extractivismo, estas deberán emerger y crecer desde el seno de las bases
sociales. Para ello no sólo habrá que desbordar los códigos dominantes de la
política polarizada, sino crear otros nuevos.
Las enfermeras
organizadas, los sectores de base que impulsan la marcha campesina, comunidades
indígenas que resisten dignamente a los despojos en sus territorios, comuneros y
comunas, docentes, entre otros, son voces dispersas, fragmentadas, pero en
movimiento, y por tanto, son siempre horizonte de posibilidad. Y en este
sentido, conviene resaltar el que es, a nuestro juicio, el gran dilema
político-popular: ¿cuál será el rol del chavismo popular crítico ante esta
situación? Esta parece ser la clave que podría favorecer un giro virtuoso de la
situación.
Como pueblos, no
tenemos más que nuestras tradiciones e historias de luchas, los saldos
organizativos de los últimos años, y nuestras pulsiones y descontentos.
Se nos agota el tiempo...
* Emiliano
Teran Mantovani es investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)
y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
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