Argentina: NO a la Ley Monsanto-Bayer de Semillas. ¡Agroecología y
soberanía alimentaria YA!
4 de septiembre de 2018
"Lo
que no saben ellos es que no necesitamos de nadie que venga a mejorarnos las
semillas. Hace 12.000 años que lo venimos haciendo los pueblos, y nos ha ido
bastante mejor que ahora, con este modelo ecocida y genocida. La semilla es un
patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, no una mercancía.
Es una propiedad colectiva, y el uso
propio de ellas es un derecho humano irrenunciable, y elemental para la
biodiversidad génica
"Es bien de a poquito, que los días se van alargando. Los
rayos del sol nos acompañan un poco más. Pronto ya las flores comenzarán a
aparecer y a perfumarnos los días. Un pulso. La tierra, exhala. Todo lo que
juntó para sí, lo exhala de a poquito embelleciéndonos los días y mostrando
otra forma más, de su vitalidad, de su fuerza, de su resistencia.
Lo que hoy nos convoca acá, a mí particularmente atrás de un
teclado, y a vos, a ustedes, en sus múltiples formas, es una gran discusión que
se está dando hoy en toda la
Argentina. El jueves 30 de agosto, se discute, con escasa
representación de los sectores sociales involucrados, y después de dos años sin
entrar en tema, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, cuatro
proyectos de ley que pretenden reformar la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas, Ley número 20.247.
Ésta, para quien no la conoce, se trata de una ley que pretende
profundizar un modelo productivo de agronegocios que nada nos deja, más que
”alimentos” llenos de agrotóxicos, que en su mayoría no son alimentos, sino
comodities, pueblos fumigados, desmonte, éxodo rural, niñxs con malformaciones,
cáncer, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Nos deja el amargor de
ver a nuestrxs parientxs morir, a nuestrxs amigxs, nos deja el campo despoblado
y las villas llenas. El avance de la frontera agrícola está en cada rincón del
mundo.
La ley les otorgaría a las semilleras, a través de un sistema de
patentes y derechos de obtentor, el derecho de cobrar regalías por cada semilla
certificada que se vuelva a usar, luego de la primer cosecha. Este derecho se
conoce como derecho a la propiedad intelectual. Lxs agricultorxs, ya no podrán
almacenar, sembrar e intercambiar semillas que ellxs mismxs produjeron. Si la
ley se implementase, sería ilegal hacer uso propio de las semillas que durante
12 mil años fueron co-evolucionando junto a los pueblos, cuando éstos
aprendieron a cultivar y desarrollar la agricultura.
La ley crearía un sistema policial para asegurar que las
disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y
embargo de los cultivos. El no cumplimiento de la ley sería considerado delito
penal y se “sancionará a los responsables con: llamado de atención,
apercibimiento, y multas de hasta un millón (1.000.000) de unidades
referenciales de sanción (URS), decomiso de semillas, cultivos, mercadería, y/o
demás elementos de infracción, (…) suspensión temporal o permanente del
registro correspondiente, inhabilitación temporal o permanente, y clausura
parcial o total, temporal o permanente del/de los lugar/es donde se haya
cometido la infracción”. (Art. 61).
El artículo 64 dice que “los funcionarios actuantes en
cumplimiento de esta ley pueden inspeccionar, en cualquier momento, lugares,
locales, plantas, depósitos, galpones, campos, predios, transportes, entre
otros (…), extraer todo tipo de materiales, (…) efectuar todo tipo de análisis,
(…) intervenir e inmovilizar cualquier partida de semilla en presunta infracción
hasta tanto la misma sea colocada en condiciones legales (…).”
No solo las semillas certificadas serán criminalizadas, sino que
toda semilla debe estar inscripta en el “Registro Nacional de Creaciones
Fitogenéticas”, y toda semilla que no cumpla con este requisito, será
igualmente criminalizada. Por otro lado, de acuerdo al proyecto de ley, todo
“descubrimiento” de obtenciones vegetales por parte de las empresas, podrá ser
certificada, y por ende arrebatada de los pueblos. Este fenómeno se conoce como
“biopiratería”.
Ley Monsanto (ahora Bayer) de semillas. Así es conocida en todo
Latinoamérica. Son múltiples los países que se enfrentan a este gigante, y la
raíz del problema está en un convenio internacional al cual los países pueden
adherir. Este convenio se llama UPOV 91. Actualmente, Argentina tiene una ley
de semillas del año 73, impuesta durante la dictadura, y en el año 94,
adherimos a UPOV 78.
La gran diferencia entre ambos convenios yace en que UPOV 91
criminaliza la reproducción de las semillas criollas y nativas, y protege a las
empresas. Su argumento: Las empresas semilleras necesitan seguir cobrando por
la semilla que “mejoraron”, para poder seguir invirtiendo en investigación, y
seguir “mejorándolas”.
Lo que no saben ellos es que no necesitamos de nadie que venga a
mejorarnos las semillas. Hace 12.000 años que lo venimos haciendo los pueblos,
y nos ha ido bastante mejor que ahora, con este modelo ecocida y genocida.
La semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la
humanidad, no una mercancía. Es una propiedad colectiva, y el uso propio de
ellas es un derecho humano irrenunciable, y elemental para la biodiversidad
génica. Cabe aclarar, que los derechos de propiedad intelectual están
subordinados por los derechos humanos, por lo que la ley adopta carácter
inconstitucional al ir en contra de los derechos humanos.
Hay que comprender también, que Raimundo Lavingnolle, actual
director del Instituto Nacional de Semillas, ente que regularía la aplicación
de la ley, no es nadie inocente, sino que tiene una carrera profesional extensa
de las manos de las corporaciones, y enunció hace poco, orgullosamente, que
casi fue presidente de la UPOV, cuando trabajó allá en Ginebra.
Tanto este personaje, como Rubinstein (Ministro de Salud), Bergman
(Ministro de ambiente y desarrollo sustentable), Etchevere (Ministro de
Agroindustrias) y Lino Barañao (Ministro de Tecnología e Innovación
Productiva), hablan y defienden las Buenas Prácticas Agrícolas, palabras que
nos robaron y vaciaron de contenidos. No existe buena práctica agrícola que
eche venenos al suelo, al aire y al agua, cuando estudios como el de Damián
Marino demuestran que el glifosato, la atrazina, y el AMPA, se encuentra hasta
en el agua de lluvia, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al
Glifosato como probable cancerígeno, cuando ya condenaron a Monsanto por casi
300 millones de dólares para indemnizar a un jardinero estadounidense que
contrajo cáncer terminal a raíz de este mismo herbicida.
Los pueblos fumigados de hoy en día, reciben una carga real de
exposición de 40 a
70 litros
de glifosato por habitante, por año, según estudios realizados por el Dr.
Medardo Avila Vazquez, coordinador Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Y dentro de los agrotóxicos, en cuanto a la toxicidad, el
glifosato no es el peor.
Esta nota, corta para la extensión de este tema tan complejo, no
me alcanza para terminar de argumentar por qué, desde las entrañas de los
pueblos, le decimos que NO al intento de implementar la Ley Monsanto-Bayer
de semillas. Puedo sí, recomendarles el documental de Victoria Solano, 9.70,
que trata de la implementación, en Colombia, de una resolución muy similar a la
que acá quieren aplicar (ya que se trata de adherir a UPOV 91), y muestra las
graves consecuencias que trajo. Otro material interesante es “Ley de semillas:
Alerta Argentina”, y en particular, el comunicado de la Multisectorial contra la ley Monsanto de
semillas.
Necesitamos una ley de semillas que no nos criminalice, que no nos
haga entrar en jugarretas burocráticas. Necesitamos un estado que garantice
ferias de ventas de alimentos sanos e intercambio de semillas, donde se cuide
la biodiversidad, y no se deje en manos de las semilleras, quienes ya se
encargaron de borrar el 75% de la biodiversidad de nuestros cultivos.
Necesitamos un marco legal que resguarde e impulse bancos de
semillas criollas y nativas para proteger al campesinado. Necesitamos un estado
que garantice el acceso a la tierra para quien la produce, un estado que
prohíba los transgénicos, y más que los transgénicos, el paquete tecnológico de
envenenamiento, que genera en lxs agricultorxs la dependencia absoluta de
insumos. Necesitamos agroecología para producir sanamente, necesitamos
soberanía alimentaria para decidir qué comer, dónde, y cómo producir.
Necesitamos que lxs ingenierxs no repitan como loros, lo que las
multinacionales dicen.
Necesitamos que nuestrxs diputadxs y senadorxs nos representen.
Para finalizar, y para que no nos avasalle la realidad, es vital
entender que ésta ley la quisieron implementar en el año 2012, 2014 y 2016 en
Argentina, y que, gracias a la organización y a la movilización social, se pudo
frenar. Depende de que nos informemos y seamos solidarixs entre nosotrxs para
que los dirigentes de este país no sigan entregando nuestra soberanía.
Pulsemos, entonces, como pulsa la tierra. Inhalemos.
Exhalemos. Carguémosnos, como se carga ella, para florecer.
Para tener fuerza vital, para resistir. Para defender la vida."
Fotografía en las manos mágicas y el corazón prendido fuego de Benjamin
Arboit, durante la charla-debate organizada entre el MALP, la UTT y la COTEPO,
en el galpón de la UTT, y con la cálida y esperanzadora presencia de Tami
Perelmuter Perelmuter y Marcos Ezequiel Filardi.
¡¡¡Gracias y nos vemos el 5 de septiembre en el congreso, en el
SEMILLAZO!!!
QUE SE LLENEN LAS CALLES DE LUCHA, QUE UNA VEZ MÁS LE VAMOS A
DECIR
NO A LA
LEY MONSANTO BAYER DE SEMILLAS
NO AL AGRONEGOCIO
¡¡¡AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA YA!!!
Agosto de 2018
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_NO_a_la_Ley _Monsanto-Bayer_de_Semillas._!Agroecologia_y_soberania_alimentaria_YA
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