Diana Lenton: “Sigue existiendo un
proceso genocida”
Diana Lenton es antropóloga y
especialista en genocidio y políticas indígenas. Desde Enredando las Mañanas conversamos
con ella acerca del histórico conflicto en torno al territorio de las
comunidades mapuche que tomó relevancia en los últimos meses ante la
desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Por RNMA.
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El conflicto por el territorio
originario de las comunidades mapuche en relación con el Estado argentino (y
podríamos agregar chileno) es un conflicto que no empezó hace dos meses con la
represión ordenada por Noceti y ejecutada por Gendarmería Nacional que devino
en la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la fuerza pública.
Todo lo contrario, la historia nos demuestra que la configuración del Estado
Nación desde el Siglo XIX ha ido cercenando territorios ancestrales a todas las
comunidades comprendidas en los límites establecidos que conforman nuestro
país, desplegando una marcada política genocida.
Es un conflicto que tiene larga data,
y que recién ahora “es la noticia del día para muchos medios ”
reflexiona Diana Lenton, antropóloga especialista en genocidio y políticas
indígenas, y continúa “tantas cosas que se dicen, parece que cualquier cosa es válida, los
comentarios, las noticias, cualquier cosa se puede retorcer argumentativamente
para que los mapuches sean los responsables. Un poco es la operación de revictimizar a
las víctimas, olvidándose de que los mapuches vienen de un conflicto en
el que son las víctimas.” Es que, argumenta Diana, estamos en un
proceso donde se está ejecutando “toda una operación mediática y política del
gobierno en esa dirección también”.
De acuerdo con este argumento, Diana
continua su análisis: “venimos sosteniendo que las campañas del desierto significaron un
genocidio para los pueblos originarios, también sostenemos que es un genocidio
que todavía continúa, en el sentido de que no hubo un corte, no hubo ninguna
gestión de gobierno que haya tenido la voluntad política de cortar con ese
genocidio, sino que sigue existiendo un proceso genocida.”
De esta manera, sostiene que los
pueblos originarios están en “la mira de una política
extractiva” de sus territorios, de su fuerza de trabajo. Siendo que
ellos “defienden
el territorio y la forma de vivir en el territorio, no solamente por el hecho
de ser propietario, sino por la posibilidad de que en ese territorio se puede
vivir de acuerdo con sus formas de vida, que implica toda la vida y todas las
fuerzas naturales, como también religioso”. Para implementarse,
este modelo extractivo necesitó construir un paradigma del otro diferente, que
imponga como cierta una manera de mirarlo, pensarlo, juzgarlo, siendo esto
parte constitutiva “del individualismo, de este ataque a la solidaridad, a los lazos sociales,
a cualquier búsqueda de justicia”, sostiene Diana.
Es así que, a través del proceso
histórico, se fue construyendo discursivamente una manera de ser indígena como
alguien inferior a ser explotado: “como mano de obra, como productor de bienes y de
servicios, ni hablar con todo lo que tiene que ver con el género, con la
violencia de género, las violaciones” desde la época de la
conquista, hasta en el siglo XIX que se convierte en racismo, el cual expresa
Diana “no es
solo el desprecio por el otro sino que se articula con toda una ideología que
tiene que justificar eso científicamente, que justifica por qué el otro puede
ser maltratado, exterminado, perseguido, exiliado, etc.”
En Argentina todas estas teorías
seudo-científicas se articularon, en el caso Mapuce, con la idea de “extranjeridad”,
una teoría que viene de la víspera de la campaña al desierto y que se utilizó
como justificación de la
misma. En esta línea, Diana argumenta que: “la idea de que la
campaña al desierto se legitima como si fuera una guerra más de la
independencia o de defensa de las fronteras, porque en realidad los mapuches
serían chilenos. Y luego, ahora no solamente se trata de personas inferiores,
haraganes, refractarios a la civilización como se decía en el siglo XIX, además
son extranjeros y encima son setentistas”.
Diana atribuye estos sentidos
actuales al accionar de los medios
masivos de comunicación, que en su mayoría en sintonía con el gobierno
nacional, direccionan y construyen una mirada dicotómica, una “vuelta a la
teoría de los dos demonios”, entre quienes reclaman por Santiago Maldonado que
son tildados de “K” y “previenen al ‘ciudadano honesto’ de que detrás del reclamo por el territorio
puede estar la violencia de los setenta, cuando en realidad la violencia de los 70 está
bajando por parte del Estado” ya que sostiene que “estamos asistiendo a la
creación de discursos que justifican la violencia por parte de cualquier fuerza
militarizada contra las personas que protestan en plaza de mayo, contra
cualquier persona que quiera reclamar algo”.
Continua su argumento: “Sin embargo, parece que
en algún lugar de lo discursivo termina siendo eficaz un argumento que es tan
ridículo. Existe ese deseo de que el otro desaparezca. Y esa generación
del deseo de que el otro desaparezca porque es distinto y nos esta haciendo
daño, es lo que justifica el
genocidio, es la primera acción para poder posibilitar ese genocidio. Por eso se habla de la instancia de
realización simbólica de genocidio en el sentido que perduran las condiciones,
que son estas condiciones discursivas, cuando el otro está convertido en el
chivo emisario, y también las condiciones materiales, que tienen que ver con la
reducción del otro en estado de pobreza, que lo hace mas vulnerable”.
Este es un proceso que viene de antaño,
no sólo en la Patagonia con las campañas al desierto del siglo XIX, sino mucho
más cercanas, en el norte argentino con la masacre de los Pilagá en 1947, el
caso de Agustín Santillán que sigue preso por la causa Wichí , Facundo Jones Huala también preso, Félix Díaz,
referente Qom, entre otros representantes indígenas que nos recuerda Diana en
sus reflexiones, sosteniendo que “toda la política indígena está judicializada
(…)Todos han pasado por la cárcel en algún momento o han tenido procesos
judiciales con amenazas concretas de ir a la cárcel, y además están todos
judicializados, en el sentido de que la mayoría de ellos tienen que presentarse
en la comisaría cada quince días para firmar, para demostrar que no se fue del
país”.
Desde este tipo de acoso judicial que
es utilizado por el Estado para controlar y dificultar la vida de las
comunidades indígenas, hasta la otra cara de la moneda, que es “la falta de acceso a la
justicia, cuando ellos son víctimas de hechos que quieren denunciar.”
De esta manera, Diana reflexiona que resulta “muy evidente la desigualdad, la justicia no
es ciega ni es pareja, y esto es parte de que esta cuestión de la construcción
del otro como algo que tiene que ser destruido, tiene un efecto concreto.”
Dicho esto en un contexto en el cual
se prorrogó el tratamiento de la
Ley N ° 26.160 que contempla la emergencia de la propiedad de
las tierras ancestrales indígenas, prorrogada por considerar que el tema está
muy “politizado”. Por consiguiente, pareciera aún más evidente que las comunidades
indígenas se encuentran relegadas bajo un paradigma discursivo oficial que las
representa como “un grupo que no puede ser tolerado porque ese grupo altera la paz
social, nos impide desarrollarnos, nos impide tener dominio del territorio, nos
impide tener un país moderno, impiden el cambio y por lo tanto deben ser
borrados del mapa”, reflexiona
Diana.
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