Postextractivismos en
Paraguay:
opciones más allá de la soja
opciones más allá de la soja
19 de octubre de 2017
Por Eduardo Gudynas (Rebelión)
Como ocurre en toda América Latina, en Paraguay se han expandido
vigorosamente los llamados extractivismos. Mientras que en varios países ese
aumento descansó en los sectores mineros y petroleros de exportación, el caso
paraguayo es particular por basarse en la agropecuaria pero también en la
electricidad.
Toda la evidencia internacional muestra que
los impactos locales de los extractivismos y sus efectos derrames son muy
graves, no dejan de aumentar y en contra de la retórica convencional, tienen
consecuencias económicas negativas. En Paraguay se repite la misma situación, y
es por esas razones que es urgente comenzar a pensar alternativas.
Esas opciones de salida reciben el nombre de “postextractivismos”,
y son motivo de creciente reflexión y disputa en varios países. En el presente
texto, que es parte de una serie sobre la situación en distintos países, se
comparten algunas ideas sobre ese tipo de alternativas. No se pretenden cubrir
todos los aspectos en juego, pero se ofrecen algunas pistas que permitan ir más
allá de la resistencia y la protesta, proponiendo estrategias que liberen al
país de la subordinación a la globalización.
Unos extractivismos singulares
Un primer paso consiste en precisar el
concepto de extractivismos. Recordemos que estos son un tipo particular de
apropiación de los recursos naturales, caracterizado por grandes volúmenes o
intensidad, y por destinarse sobre todo a exportarlos como materias primas (1).
Bajo esta definición, los extractivismos son plurales, incluyendo a los que
ocurren en la explotación minera y petrolera, pero también en sectores
agrícolas, ganaderos, forestales, etc. Como son emprendimientos organizados
para exportar recursos, todos ellos están anclados en mercados internacionales.
En Paraguay, el principal sector extractivista
es la soja. Se
cultiva en unos 3,5 millones hectáreas, lo que da cuenta de su enorme impacto
territorial; en la reciente campaña se cosecharon casi 10 millones de toneladas
(2), resultando en ser el primer rubro de exportación del país. Este es un
perfil extractivista que se asemeja al de Argentina o Uruguay.
Pero Paraguay es el único país donde ocurre un
extractivismo de energía eléctrica, o sea, donde se modifica un río por la
construcción de un represamiento hidroeléctrico, y la energía obtenida es
exportada directamente. En los demás países, las hidroeléctricas son parte de
las llamadas cuencas de soporte de los extractivismos, que incluyen obras o
espacios que brindan recursos para sostener las actividades extractivas. En
esos casos, las represas hidroeléctricas generan electricidad que necesitan los
extractivismos. Un ejemplo conocido se encuentra en la Amazonia de Brasil,
donde la represa de Tucuruí alimenta de energía a la explotación minera y
procesamiento de aluminio de Carajás. Esas represas no son extractivismos en sí
mismos, ya que no exportan la electricidad, sino que son construidas para
atender las necesidades de emprendimientos extractivos que están en otro sitio.
En cambio, en el caso paraguayo la energía de las represas sobre el río Paraná
es, en parte exportada, convirtiéndolo en un caso único de extractivismo
energético.
Finalmente, el otro sector extractivo
relevante es la
ganadería. El hato ganadero creció desde los 10 millones de
cabeza en 2006, a
más de 15 millones en 2016 (3). Su enfoque exportador es clarísimo; en 2015 se
faenaron para exportación 1,88 millones de cabezas, mientras que para el
mercado local apenas se destinaron 9 mil cabezas (4).
Estos y otros aprovechamientos de materias
primas dominan la oferta exportadora. En los últimos años, los commodities
están en el nivel del 90% del total de las exportaciones, aproximándose así a
los que se observa en los países hiperextractivista como Bolivia, Ecuador y
Venezuela.
Además, hay una marcada concentración en unos
pocos productos. El primer lugar lo ocupan la soja y sus derivados (tortas,
harinas y aceite), representando el 41,4 % de las exportaciones totales; le
siguen la electricidad (24%) y la carne vacuna (10,7%) (5). Distintos rubros
que en el pasado tenían relevancia se redujeron drásticamente; por ejemplo, el
algodón representaba el 9% de las exportaciones en el año 2000, casi tanto como
la carne vacuna en la actualidad, para casi desaparecer en los últimos años.
El peso de los sectores extractivos en la
economía es sustantivo; se estiman los ingresos por la soja en US$ 3 128
millones, los de la energía eléctrica en US$ 2 138 millones, y por la carne en
US$ 1 156 millones (6).
Todo esto implica que la economía paraguaya
sea más simple en comparación con las naciones vecinas. En el indicador de complejidad
económica, Paraguay ocupa el puesto 86 entre 126 países; se ubica, por ejemplo,
por debajo de Uruguay (lugar 55) otro país agropecuario, aunque muy por encima
de Bolivia (lugar 112), un país todavía más extractivista ya que combina
minería, hidrocarburos y agropecuaria (7).
El país está subordinado al comercio internacional. En unos casos
se relaciona por medios de cadenas “largas” (como la exportación de soja hacia
China) y otras casos son “cortas” (como la venta de energía a las naciones
vecinas). En cualquier caso, los cambios en los precios o demanda de materias
primas sea determinante en el ritmo de expansión o contracción de esos
sectores. En tanto esos productos se deben exportar, hay que aceptar las
condiciones en el flujo de capitales y comercio de bienes propias de la globalización. Eso
se complementa con una subordinación también en las importaciones, ya que se
deben comprar insumos para sostener esos extractivismos, desde combustible a
semillas y agroquímicos.
Empuje y adicción extractivista
Para poder abordar con propiedad una
alternativa a los extractivismos es necesario comenzar por reconocer que esas
prácticas productivas son promovidas activamente por distintos sectores
empresariales y políticos, y cuenta además con el respaldo de muchos técnicos.
No es un asunto de minorías. Sus defensores sostienen que son componentes
esenciales del desarrollo, entendiéndolo como un proceso encadenado:
extractivismos como el sojero permitiría aumentar las exportaciones y recibir
inversiones, lo que promovería el crecimiento de la economía, y ello generaría
efectos derrames tales como empleo y consumo en la población y el
financiamiento del Estado.
El apego a esos extractivismos se ha repetido
continuamente. La dependencia en exportar materias primas se profundizó en los
últimos años; pasó del nivel del 80% en el año 2000 al orden del 90% en 2015.
Es importante tener presente que esto ocurrió bajo gobiernos de distinto tipo:
superó el 80% en los gobierno de Macchi y Duarte, y rebasó el 90% con Lugo y Franco,
mientras ahora, en la
presidencia Cartes , oscila alrededor de ese nivel.
Situaciones similares se repiten en otros países, ya que las administraciones
progresistas en Ecuador, Bolivia o Venezuela en todos los casos reforzaron los
extractivismos.
Seguidamente se deben atender las
consecuencias, las que se pueden dividir entre los impactos locales por un
lado, y los llamados “efectos derrame” por otro lado. En el primer tipo se
incluyen impactos en los enclaves extractivistas, como la contaminación de suelos
y aguas, o el desplazamiento de comunidades. En el segundo se cuentan cambios
que se hacen en las políticas públicas para apoyar algunos emprendimientos pero
que no quedan restringidos a éstos, y terminan debilitando el marco normativo y
las políticas públicas en todo el país.
Entre los impactos directos se destacan
aquellos desencadenados por la agropecuaria (8). El aumento del área sojera ha
sido enorme; se lo estima en 136% entre 2002/03 a 2014/15, y sobre todo en el
occidente. Esto conlleva un aumento notable de impactos por agrotóxicos,
deforestación y las presiones sobre la fertilidad del suelo y los recursos
hídricos. Entretanto, la expansión ganadera sobre todo ocurrió en el Chaco,
convirtiéndose en un factor determinante de la deforestación y el
desplazamiento de comunidades. Se estima un crecimiento del 40% de la ganadería
en el oriente, pasando de 6,4 millones de cabezas en 2002 a unos 9 millones en
2014. La consecuencia ha sido la pérdida de unos 8 millones has de bosques
chaqueños con toda su biodiversidad. Cuando se suman los bosques destruidos en
la región oriental, se explica el calificativo de Paraguay como “campeón” de la
deforestación (9).
El desplazamiento de comunidades campesinas y
de sus prácticas agropecuarias también expresan impactos directos de los
extractivismos. Lo mismo ocurre en la violencia, la criminalización y otros
recortes sobre los derechos humanos, muchos alrededor de conflictos sobre la
tierra y la calidad de vida (10).
En paralelo se despliegan los efectos derrame.
Aunque en su origen está favorecer un emprendimiento o unos pocos, por ejemplo
rebajando exigencias sociales o ambientales, esas flexibilizaciones se
extienden a todos los sectores y en todo el país. Los casos más claros están en
la permisividad, falta de monitoreo e incluso de sanciones. Por ejemplo, se
indican que se han sumado unas 5 mil denuncias por tala de bosques, pero
prácticamente no ha habido ninguna condena (11). De la misma manera, se
naturaliza que se violen los derechos humanos de minorías. Se conforman de esta
manera “derrames” de todo tipo que alcanzan políticas públicas clave en materia
de ambiente, derechos y justicia.
Otro de los efectos derrame es lo que podría
entenderse como una “adicción” a los extractivismos. Los booms de exportaciones
de materias primas, y los altos ingresos que generan, promueven conductas de
buscar siempre un poco más, por ejemplo brindando nuevos beneficios a los
extractivimos. En paralelo, la hipertrofia extractivista inhibe el
fortalecimiento de otros sectores productivos, como pueden ser otras prácticas
agropecuarias, y en especial a la industria nacional. La bonanza hace que desde
los negocios convencionales sea, por ejemplo, más ventajoso exportar más soja
para importar más bienes en lugar de manufacturarlos en Paraguay. La economía
nacional se simplifica y no hay muchos incentivos para diversificarla.
Esos efectos derrame son evidentes en Paraguay. En la dimensión
económica se repite que es una gran ventaja la bajísima imposición tributaria,
y con ello se justifican las resistencias a cualquier cambio en ese sentido.
Parece no entenderse que esa tímida carga en impuestos obliga a ser todavía más
extractivista, ya que el gobierno recauda poco, y de ese limitado dinero, buena
parte termina en usos ineficientes (12). Por ello, para incrementar los
ingresos se busca aumentar los volúmenes de exportación, lanzándose a liberar
el avance de la frontera agropecuaria, tolerar la deforestación y amparar
nuevas inversiones. Esto genera más impactos locales y resistencias ciudadanas.
O sea, más efectos derrame de todo tipo. Sobre todo esto se inserta, además, la
idea de expandir programas asistencialistas, asumiéndose que los extractivismos
son fundamentales para poder pagarlos. Todas estas son dinámicas que se
retroalimentan constantemente, y cuanto más adicto es el país, más difícil se
vuelve la exploración de alternativas.
Finalmente, la evidencia de los países vecinos ha dejado en
evidencia las estrechas relaciones entre la corrupción y los extractivismos. El
pago de sobornos, los favores políticos, y otras prácticas ilegales, son usadas
para esconder impactos negativos, dejar de sancionar a los que violan normas
ambientales o sociales, y acceder a jugosos contratos o concesiones en los
sectores extractivos. Paraguay está entre los países con los peores indicadores
en transparencia ante la corrupción, en niveles similares a los de Bolivia,
Ecuador y Venezuela, todos ellos naciones hiperextractivistas (13).
El programa postextractivista
Frente a toda esta problemática de los
extractivismos, en distintos países se explora lo que puede denominarse como
programas postextractivistas. Son iniciativas de reflexiones y prácticas que,
frente a los impactos de los extractivismos, postulan un conjunto de políticas,
estrategias y acciones para, por un lado revertir los efectos más dañinos, y
por otro lado, paulatinamente desmontar la dependencia extractivista
promoviendo otros sectores (14).
A pesar de todas las resistencias desde
actores políticos, empresariales y buena parte de la academia, esta es una
discusión que ha avanzado en varios países. Fue un paso inevitable ya que los
gobiernos y empresarios que defendían a los extractivismos una y otra vez
respondían a los reclamos ciudadanos con preguntas como ¿cuál es su
alternativa? ¿cómo se mantendrá la economía nacional sin extractivismos? ¿dónde
se generará empleo?
La necesidad de atender esas cuestiones
promovió distintas investigaciones independientes, campañas de reflexión desde
la sociedad civil, la identificación de iniciativas locales exitosas, y muchas
otras tareas de este tipo. En aquellas naciones el foco estaba puesto en
alternativas a los extractivismos mineros y petroleros, cuyo equivalente para
países como Paraguay, sería priorizar un postextractivismo sojero. Y si eso fue
posible en aquellas naciones, nada impide avanzar en senderos similares en
Paraguay.
La perspectiva postextractivista insiste una y
otra vez en la necesidad de definiciones rigurosas, ya que eso permite entender
de mejor manera la situación actual y la vez diseñar estrategias alternativas.
Esto es necesario para revertir una de las más repetidas y simplistas críticas:
afirmar que el postextractivismo implicaría una Naturaleza intocada, la
prohibición de la agricultura o de cualquier uso de los recursos naturales. La
respuesta es sencilla: extractivismos y agricultura son dos conceptos
distintos. Existen múltiples formas de cultivos que pueden ser llevadas
adelante con baja o medio impacto en el ambiente y que no dependen de la
exportación hacia la
globalización. Tampoco se postula algo así como un regreso a
la prehistoria o rechazar la
tecnología. Por el contrario, el postextractivismo hace uso
de los más recientes hallazgos en ciencias ambientales y las mejores
tecnologías apropiadas. Su slogan es: cero pobreza y cero extinciones.
Sin duda, los postextractivismos postulan
cambios profundos en lo que se entiende actualmente como desarrollo. Insiste en
un uso de los recursos naturales más moderado, ajustado a las capacidades
ecológicas y los contextos sociales de cada sitio, y cuya primera prioridad es
sostener las necesidades nacionales y regionales, y no la exportación como
materias primas.
Unos cambios de este tipo no se pueden hacer
de un día para otro; no se reclama una revolución instantánea. La misma rigurosidad
que se aplica a las definiciones se usa para comprender que como los
extractivismos están tan intrincados en la economía y la política, y que son
defendidos por varios sectores sociales, se deberá abordar un cambio por
etapas. Es, al fin de cuentas, una alternativa dentro de procesos democráticos.
Por estas razones el postextractivismo se
expresa como un programa de transiciones. En ese marco se proponen dos tipos de
medidas: Las primeras son calificadas como de urgencia y emergencia, y apuntan
a desmontar los extractivismos que generan los impactos sociales y ambientales
más graves, especialmente donde afectan la salud de las personas, se impone con
violencia o se destruye la
Naturaleza. A ellas siguen acciones de otro tipo que
promuevan y protejan otros sectores productivos prestándole especial atención a
cómo se aprovechan los recursos naturales, el consumo de energía y agua que
requieren, la demanda de empleo que requieren, y el tipo de bienes que
producen. Todo esto requiere, a la vez, cambios en el marco tributario, en la
forma en que el Estado subsidia y apoya ciertas sectores, en cómo se piensan y
ejecutan las políticas públicas y en la inserción internacional.
Componentes claves en las transiciones
¿Cuáles serían algunos componentes destacados de
las transiciones postextractivistas en Paraguay? Algunas respuestas a esa
interrogante se comparten en esta sección.
Las medidas de urgencia y emergencia deben
apuntar a detener los daños sociales y ambientales más graves y contener los
efectos derrame. Esto significa impedir nuevas deforestaciones, proteger
ecoregiones relevantes como el Chaco y controlar efectivamente la contaminación
y los daños sobre la
salud. Implica a la vez salvaguardar a las comunidades
locales, para que puedan permanecer en sus territorio, deteniendo la
transferencias de tierras públicas, campesinas o indígenas al sector
agroexportador (15). No puede dejar de mencionarse que algunos megaproyectos,
como nuevas represas (por ejemplo Corpus Christi), deben abandonarse por sus
severos impactos sociales y ambientales. Paralelamente es necesario actuar
sobre los efectos derrame más graves, donde la prioridad está en los derechos
humanos y en impedir mas violencia rural.
Estas y otras medidas de urgencia apuntan a lo
que podría calificarse como un intento de evitar que el país muera por su
adicción extractivista. Se basa en medidas simples pero siempre postergadas,
tales como aplicar con efectividad las normas sociales y ambientales. Su
objetivo inmediato es reducir el peso de los extractivismos en las
exportaciones a que las materias primas no representen más del 50% del total, y
diversificándolas para que no sigan concentradas en unos pocos productos.
Las medidas de emergencia y urgencia buscan
además colocar al país en mejores condiciones para poder pasar a
transformaciones más sustanciales propias de las siguientes etapas de las
transiciones. Estas incluyen otras políticas ambientales, económicas y
sociales, reformas en el gasto público y el desempeño estatal, junto a cambios
en la inserción internacional. Aquí sólo es posible presentar algunos ejemplos
de ese amplio conjunto de medidas.
Es indispensable promover una diversificación
productiva, priorizando los sectores agropecuario e industrial. La transición
hacia prácticas orgánicas y agroecológicas tiene enormes ventajas ya que
aseguran reducir la presión sobre el agua y el suelo, menor consumo de
agroquímicos y combustibles, y requiere más empleo que el agronegocio. A su
vez, el país cuenta con varias ventajas para diversificar su canasta de
alimentos, bajar así las importaciones de comida y asegurar su soberanía en esa
materia, y también algunos de esos sectores con etapas industriales propias
dentro del país.
Es común que se planteen diversas objeciones
económicas a ese tipo de transiciones, casi todas ellas enfocadas en la pérdida
de ingreso por las exportaciones y la recaudación fiscal. Sin embargo es
necesario clarificar que los extractivismos evaden muchos de sus costos,
transfiriéndolos por ejemplo municipios y comunidades, y desde allí a toda la
sociedad, y además reciben muchos subsidios. Esto es muy común en varios países
y en Paraguay hay evidencia de lo mismo. En el país se debería descontar el
valor económico del daño ambiental que produce la sojización, un costo que
existe y que es transferido a la sociedad. Una primera estimación de algunos de
esos costos llevó a reclamar una tasa de US$ 364 millones/año sobre la soja
(16). En paralelo existen renuncian fiscales y subsidios explícitos o
implícitos; por ejemplo, se estimó que el país perdió en 2016, US$ 282 millones
en impuestos inmobiliarios rurales que no fueron adecuadamente asignados (17).
De esta manera, las transiciones requieren una
clarificación de las economías extractivistas, con una contabilización rigurosa
que muestre sus costos en lugar de ocultarlos y asigne su pago a quienes son
realmente sus responsables. Paralelamente, los dineros usados en aquellos
subsidios se pueden reorientar a apoyar la producción orgánica y ecológica, así
como ciertos sectores manufactureros. A su vez, el Estado debería dejar de
pagar por el daño ambiental y social, con lo cual genera ahorros genuinos que
también puede reorientar. Finalmente, se debe transitar hacia una carga
impositiva más justa y equitativa, lo que generará también más ingresos, aunque
sin duda eso desembocará en materias primas más caras.
Estas medidas y otras en el ámbito productivo
requieren cambiar la estructura y criterios de asignación del gasto público.
Debe apelarse a condiciones como la internalización de los costos ambientales,
el consumo de energía y agua, o la generación de empleo.
El Estado paraguayo también debería aprovechar
con más inteligencia sus ventajas en algunos recursos, y en particular la
disponibilidad en electricidad. Se ha presentado todo tipo de iniciativas para
transformar el sistema de transporte apelando a medios eléctricos tanto dentro
de ciudades como en el ferrocarril, y además para sostener cierto tipo de
industria.
Las consecuencias de las transiciones
económicas, fiscales y productivas tienen repercusiones en la inserción
internacional. En ese frente, la propuesta de transiciones plantea que es
necesario encarar la coordinación con los países vecinos para quebrar la
competencia entre vecinos en exportar más o menos los mismos commodities. Sin
duda esta es también tarea compleja, dado el descrédito de marcos de
integración como el MERCOSUR. Pero de cualquier manera, la superación de la
subordinación a la globalización impone que un conjunto de países puedan
coordinar el precio, la oferta y los modos de comercializar sus recursos
naturales. Existe urgencia en encarar esto para el caso de la soja ya que los
países vecinos también son grandes exportadores. En este frente, las propuestas
de transiciones buscan coordinaciones que parten de las complementaciones
ecológicas entre los países, el tejido de redes industriales regionales donde
participen todos los países, y regular el flujo de bienes y capitales.
Las medidas de este tipo, apenas esbozadas
aquí, requieren actuar en el campo político. En ese terreno se deberá desmontar
el hiperpresidencialismo para ampliar la base democrática en la construcción de
políticas. Esto va desde medidas evidentes, como asegurar la plena vigencia de
los derechos humanos y aplicar los procesos de consulta e información
ciudadana, a aquellos que fortalezcan los papeles de los poderes legislativos y
judiciales.
Tributos, tierra y extranjerización
Sin duda se pueden presentar dudas, críticas y
hasta objeciones a las transiciones postextractivistas. Vale la pena de examinar
algunas de ellas para clarificar un poco más la propuesta.
Considerando todas las distorsiones y
subsidios encubiertos en el extractivismo sojero, tienen mucho mérito las
actuales discusiones sobre la aplicación de una tasa a ese cultivo. La mirada postextractivista
apoyaría un cambio en ese sentido pero también ofrece algunas precisiones y
alertas.
En efecto, el instrumento a usar no debería
ser un impuesto (en el sentido estricto de esa medida, entendiéndolo como una
vía de recaudación estatal), sino una tasa dirigida a una restitución del
patrimonio ambiental o asegurar la salud pública. Esta no es una distinción
banal, ya que existe un riesgo mayúsculo en que el gobierno imponga ese cobro
con el mero propósito de recaudar más dinero, en lugar de usar esos fondos en
la restauración ambiental, descontaminar suelos y agua, asegurar la salud o
buscar alternativas productivas.
Otro peligro es que algunos actores locales
también busquen algún pago o compensación económica por un extractivismo. Hay
ocasiones en que incluso comunidades locales se dividen entre aquellos que
resisten un extractivismo por sus impactos y los que los ambicionan para cobrar
una cuota parte de las ganancias (una asociación perversa que se ha observado
en algunas comunidades indígenas que pagos o parte de las regalías de
petroleras).
Por lo tanto, una reforma tributaria
postextractivista debería implicar distintos instrumentos a los monocultivos de
soja, donde unos pueden ser impuestos convencionales (incluyendo tasas a las
sobreganancias en momentos de altos precios) pero otros deben ser tasas que
permitan recuperar los costos de proteger la naturaleza y la calidad ambiental.
Otro frente que debe considerar el
postextractivismo en Paraguay es la enorme desigualdad en el acceso a la tierra. El 63% de las
fincas del país apenas representan el 2% de la superficie agropecuaria censada
en 2008, mientras que un puñado de unos 600 terratenientes cuentan con el 40,7%
de la superficie total (18). Esa disparidad presiona hacia los extractivsmos en
sus dos extremos, tal como muestra la experiencia en los países vecinos.
Por un lado, los grandes hacendados se vuelcan
hacia los monocultivos de soja y a ganadería, ya que esa escala hace que esas
prácticas sean muy rentables bajo las actuales condiciones del mercado; su
prioridad está en convertir granos y carnes en mercadería de exportación.
Por otro lado, la experiencia en los países
vecinos muestra que también los pequeños y medianos agricultores en muchos
casos se orientan hacia el monocultivo de soja. Lo hacen por varias razones,
desde la expectativa de ganar más dinero a la necesidad de la pobreza o el
endeudamiento. En los otros países del Cono Sur esto ocurre por medio de
convenios de distintos tipos de alquiler o riesgo compartido entre una empresa
sojera y el dueño de la tierra, incluyendo el modelo argentino de inversiones
(pool de siembra) como algunas prácticas brasileñas de aprovecharse de
propietarios endeudados para convertirlos en sojeros. La persona no pierde la
propiedad sobre la tierra, pero su “socio” le impone el paquete tecnológico,
las semillas, el manejo del cultivo, la maquinaria y la comercialización. Existen
algunos síntomas de esto en Paraguay; por ejemplo, Guillermo Ortega encuentra
que en el departamento de San Pedro casi desapareció el cultivo tradicional de
algodón mientras la soja creció a 340 mil has, lo que indicaría que tierras
campesinas fueron compradas o alquiladas a grandes agricultores (19).
Lo que ocurre es que la propiedad del recurso,
en este caso la tierra, queda desacoplada de los modos de aprovechamiento, por
ejemplo la sojización.
Es una situación que se parece, sorpresivamente, a lo que
ocurre en el sector petrolero, donde el recurso es nacional e incluso
formalmente su extracción es controlada por una petrolera estatal, pero en los
hechos esas empresas hacen convenios de distinto tipo con las grandes
transnacionales petroleras, quienes son las que finalmente controlan su
extracción y comercialización, como se observa en Bolivia o Venezuela.
En el caso de la soja, en los países vecinos
se ha visto como muchos pequeños y medianos agricultores han cedido el manejo
de sus fincas a grandes empresas. A su vez, el control de ese sector está en
manos de grandes compañías que tienen muy poca tierra propia o ninguna, y que
deben ser entendidas como corporaciones especializadas en servicios y logística
agropecuaria.
Queda en claro que una reforma en el acceso a
la tierra es urgente, pero por sí sola no asegura vías de salida a la
dependencia extractivista y sus impactos. Por esta razón, los
postextractivismos apuntan tanto a la propiedad como al acceso a los recursos,
y las vías por las cuales éstos se insertan en cadenas productivas.
Toda esta problemática con los extractivismos
agropecuarios se acentúa por la extranjerización, tanto en la tenencia y manejo
de la tierra (con actores económicos de Argentina, Brasil y Uruguay), como en
la comercialización (por ejemplo empresas argentinas en granos o brasileñas
entre los frigoríficos), y todos ellos a su vez enmarcados en la presencia de
grandes transnacionales (como las proveedoras de semillas, insumos, o las que
encaminan las exportaciones). La agenda postextractivista impone una
recuperación del control nacional sobre todo ese entramado.
Posibilidades y límites de un postextractivismo
en Paraguay
En Paraguay también existen ventajas e incluso
nuevas oportunidades para avanzar en transiciones postextractivistas que no
deben pasar desapercibidas.
Hay un creciente consenso sobre los impactos
negativos de sectores como los monocultivos de soja, tanto en el país como en
las naciones vecinas. Las comunidades locales lo han sufrido directamente, y
hoy se organizan de mejor manera para enfrentarlo. En la opinión pública
también se ha instalado el debate sobre una tributación más justa al sector
sojero. No existen argumentos valederos para afirmar que se puede seguir en
esta misma senda extractivista por siempre como si ella no tuviera muchos
impactos negativos. Ese reconocimiento obliga a comenzar a pensar y a discutir
en serio sobre alternativas a los extractivismos.
Aún bajo los severos problemas ambientales
actuales, de todos modos el país cuenta con algunas ventajas ecológicas frente
a vecinos como Argentina, Brasil o Uruguay. Entre ellas se destaca que todavía
hay remanentes muy importantes de ambientes naturales, especialmente en el
Chaco. En aquellos países la situación es mucho peor. Las praderas y sabanas originales de las “pampas” del sur de Brasil, Uruguay y Argentina fueron
totalmente transformadas y artificializadas, enormes extensiones de bosques
naturales desaparecieron, y grandes humedales se han convertido a la agricultura. Apenas
quedan algunas minúsculas áreas de aquellos ecosistemas originales. Predominan
usos agropecuarios intensos desde hace más de un siglo, y ya presentan síntomas
de problemas a gran escala, como la contaminación generalizada del agua por
nitrógenos y fosfatos, o el deterioro del suelo. La destrucción ecológica
motorizada por la pareja soja – ganadería también avanza rápidamente en la
ecoregión del Cerrado, la segunda más grande Brasil, y se estima que la mitad
se perderá hacia la mitad de este siglo. De esta manera, lo que ahora se
observa en esos países vecinos mostraría la situación en la que quedaría
Paraguay en un futuro cercano. Esto encierra otros argumentos muy poderosos, ya
que basta ver los graves problemas con suelos y aguas para justificar la
urgencia de no repetir esos mismos errores.
De todos modos, como ocurre en buena parte del
continente, hay muchas resistencias a pensar y explorar cambios a los
extractivismos. Como eso sucede tanto bajo gobiernos conservadores como
progresistas, y como ese tipo de desarrollo es defendido desde todo tipo de
vertientes ideológicas, está claro que enfrentamos prejuicios y mitos que
tienen una honda raíz cultural. Todavía prevalecen las viejas ideas sobre el
desarrollo como crecimiento económico y sometimiento de la Naturaleza, la
ilusión con un líder presidencial compasivo que debería guiar a todo el pueblo,
y el menosprecio por campesinos e indígenas. Esa vieja manera de pensar aparece
en Paraguay una y otra vez. Por ejemplo, pocos meses atrás se festejaba la
inminente expansión del cultivo de soja en el Chaco, anunciándose que en pocos
años la región tendrá “enormes plantaciones” (20). En realidad ese anuncio
debería desencadenar alarmas ya que ello reforzaría la deforestación en el
Chaco, incrementaría la presión sobre el suelo y el agua, y volvería al país
todavía más extractivista. Sin embargo, la novedad era presentaba como una
bendición.
Por todo esto la tarea de pensar alternativas
a los extractivismos hoy dominantes pasa por romper esas cadenas culturales, y
volver a soñar con otros futuros. No hay una escasez de ideas y las
experiencias en otros países brindan ejemplos y apoyos solidarios. El reto está
en iniciar esa tarea cuanto antes, ya que las entrelazadas crisis sociales y
ambientales así lo exigen.
Notas
1. Ver Extracciones, extractivismos y
extrahecciones, E. Gudynas, Observatorio del Desarrollo, CLAES, 2013,
http://extractivismo.com/2013/02/extracciones-extractivismos-y-extrahecciones/
Una biblioteca con artículos, reportes y
libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede
encontrar en: www.extractivismo.com
2. Proyectan crecimiento del 7% en la cosecha
de soja, La Nación, Asunción, 15 agosto 2017,
http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/03/23/proyectan-crecimiento-del-7-en-la-cosecha-de-soja/
3. Hato ganadero superó las 14 millones de
cabezas, El Agro, 19 Octubre 2016, http://www.elagro.com.py/ganaderia/hato-ganadero-supero-los-14-millones-de-cabezas/
4. Vuyk, C. 2016. Industria cárnica.
Producción nacional estratégica ¿a beneficio de quién?, En: Con la soja al
cuello 2016. BASE IS, Asunción.
5. Indicadores para en 2013 a partir de la base de
datos de CEPAL (Cepalstat).
6. Datos para 2016 del Banco Central de
Paraguay.
7. Economic Complexity Index para 2015, en
Atlas of Economic Complexity, Universidad de Harvard, en
http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/country/2015/
8. Una introducción a los impactos directos
agropecuarios en Ortega, G. 2016. Mapeamiento del extractivismo. BASE IS,
Asunción; y en la serie Con
la Soja al Cuello, producida por BASE IS.
9. Paraguay, el “campeón” de la deforestación. ABC ,
Asunción, 30 marzo 2017, http://www.abc.com.py/nacionales/paraguay-el-que-mas-deforesta-1579104.html
10. Ver por ejemplo Palau, M. La dinámica de
la criminalización, En: Con la soja al cuello 2016. BASE IS, Asunción.; otros
casos en el informe Derechos Humanos Paraguay 2016, Codehupy, Asunción, 2016.
11. Denuncian inoperancia de jueces como una
causa de deforestación. Ultimas Hora, Asunción, 11 abril 2016.
http://www.ultimahora.com/denuncian-inoperancia-jueces-como-una-causa-deforestacion-n982362.html
12. Aportes complementarios, incluyendo el
complejo panorama de endeudamiento, se describe en el reporte de la Sociedad de
Economía Política de Paraguay (SPPY), ¿Qué paso con el “nuevo rumbo”? Tres años
del gobierno de Horacio Cartes, en Proyecto Democratización de la Información Paraguay ,
9 agosto 2016,
http://demoinfo.com.py/que-paso-con-el-nuevo-rumbo-tres-anos-del-gobierno-de-horacio-cartes/
13. El reporte 2016 de Transparencia
Internacional ubica a Paraguay en el ugar 123, en 176 países, con 31 puntos.
Bolivia ocupa el puesto 113 con 33 puntos, Ecuador el sitio 120 con 31 puntos,
y Venezuela el lugar 166 con 17 puntos.
14. Una biblioteca con textos y otros recursos
sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org
15. Estas son respuestas por ejemplo a
situaciones como las descritas en Paraguay: el “nuevo rumbo” apura el
acaparamiento de tierras campesinas e indígenas al cumplir sus tres años, J.
González S., Informe Especial, BASEI IS.
16. Cualquier impuesto queda corto frente al
daño ambiental que genera la soja en Paraguay, afirma investigador, BASE IS
Noticias, 30 junio 2017.
http://www.baseis.org.py/cualquier-impuesto-queda-corto-frente-al-dano-ambiental-que-genera-la-soja-en-paraguay-afirma-investigador/
17. Subsidios a sojeros y ganaderos en el 2016
sólo en Impuesto Inmobiliario Rural fue de US$ 282 millones. EA Paraguay, 18
agosto 2017,
http://ea.com.py/v2/subsidio-a-sojeros-y-ganaderos-en-el-2016-solo-en-impuesto-inmobiliario-rural-fue-de-us-282-millones/
18. Rojas Villagra, L. 2016. El Paraguay,
estado social de unos pocos. En: Con la soja al cuello 2016. BASE IS, Asunción.
19. Ortega, G. 2016. Agronegocios vs
Agricultura campesina. Resistir y producir. En: Con la soja al cuello 2016.
BASE IS, Asunción.
20. En pocos años se plantará soja extensiva
en el Chaco, 6 julio 2007, Ultima Hora, Asunción,
http://www.ultimahora.com/en-pocos-anos-se-plantara-soja-extensiva-el-chaco-n1094905.html
Una primera versión de este artículo fue
publicado por BASE-IS en Asunción (Paraguay). El artículo es parte de la serie
sobre post-extractivismos, en la cual se han publicado aportes para Argentina,
Chile, Colombia y Ecuador (disponibles en Rebelión). Eduardo Gudynas es investigador
principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en
Montevideo. Twitter: @EGudynas
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232990
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