Tribuna viento sur
Pobreza laboral y
degradación del empleo
28 de octubre de 2017
Por Mikel de la Fuente
El riesgo de pobreza
y/o exclusión social se mide en la Unión Europea a través del indicador AROPE. Según
este indicador una persona está en situación AROPE cuando cumpla al menos uno
de los siguientes tres criterios: 1. Estar en Riesgo de Pobreza, lo que se
produce cuando viva en un hogar con una renta inferior al umbral de pobreza,
que se define como el valor que corresponde al 60% de la mediana del ingreso
estatal equivalente. 2. Estar en situación de Privación Material Severa: cuando
no viva en un hogar que no disponga de al menos cuatro de nueve conceptos de
consumo básico. 3. Vivir en hogar con baja intensidad de trabajo, que se mide
como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros del
hogar y el número de meses que podrían trabajar teóricamente como máximo todas
las personas en edad de trabajar.
Según el VII informe
de la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España 2008-2016, en el Estado Español
ese riesgo abarcaba en 2016 al 27,9% de la población total (12,9 millones de
personas), siendo la tasa más alta la correspondiente al grupo de personas
adultas jóvenes, de 16 a
29 años, con un 37,60%. Según el INE en el 2015 el 58,0 de las mujeres y el
70,4 de los hombres en paro se encontraban en esa situación de riesgo. En
hombres, el porcentaje más alto en el año 2015 corresponde a los hombres
parados (70,4%) y el segundo lugar a los hombres inactivos (46,1%). Según un
informe del Observatorio Empresarial contra la Pobreza de enero de 2017, el
riesgo de pobreza alcanza el 60% entre los jóvenes desempleados. El desempleo,
especialmente el de larga duración (más de un año en paro), se mantiene en el
elevadísimo porcentaje del 58% en el segundo trimestre de este año, siendo llamativo
un porcentaje superior y en aumento, del 65%, en una Comunidad Autónoma “rica”,
como la del País
Vasco. El 40,7% de las personas paradas, 1,59 millones,
llevan desempleadas más de 24 meses, seis veces más que en 2008.
El elevadísimo
desempleo, que según el mismo Banco de España, incluso con crecimientos
importantes del PIB seguirá siendo superior en el 60% a la media europea en el
2019, y las “reformas” laborales que han aumentado el poder empresarial para
contratar, despedir, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo,
privilegiado la negociación colectiva de empresa en detrimento de la sectorial,
las dobles escalas salariales, etc., han impulsado la caída de los salarios.
Según la Encuesta Anual
de Estructura Salarial del INE del año 2015, hecha pública en junio de 2017,
durante el período 2010-2015 el salario más frecuente pasó de 16 489 a 16 498
euros/año, mientras que en ese período la inflación aumentó el 8,7%, lo que
supone un importante retroceso del salario real. Por otra parte, según la misma Encuesta el
salario más frecuente ha sido en ese período 6608 euros inferior al salario
medio, lo que muestra que la mayoría de las personas que trabajan se sitúan en
los estratos de menores retribuciones 1/.
En las últimas décadas
está apareciendo con fuerza el fenómeno de los trabajadores pobres (working
poor), los que se consideran en el primer criterio de AROPE. La
delimitación de pobreza laboral combina dos niveles de análisis: el estatus en
relación con el trabajo de las personas individuales, conforme al cual se
clasifica a la población entre “trabajadora” y “no trabajadora” y el de la
renta de los hogares en el que viven las personas, conforme a la cual se clasifican
como “pobres” o “no pobres”. El bajo salario se establece en relación con el
salario mediano de la economía 2/.
Para las Estadísticas de la
Unión Europea sobre renta y condiciones de vida (EU-SILC) la
definición de pobreza en el trabajo (“in-work poverty”) incorpora dos
elementos: el status en relación con el trabajo de las personas individuales y
el de renta de los hogares en la que viven. Según las reglas de la UE, working poors son aquellas personas que están
empleadas, por cuenta ajena o por cuenta propia al menos siete meses al año, y
cuyos ingresos, ajustados conforme al número de miembros del hogar y su
composición, son inferiores al 60% de la mediana estatal. En las últimas
décadas, en paralelo al desarrollo de las políticas neoliberales, el fenómeno
de los trabajadores pobres (working poor) se ha convertido en un dato
estructural en la generalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Se
constata que losworking poors hacen frente a más
problemas sociales que el conjunto de la población, ya que la pobreza laboral
se encuentra asociada con niveles más bajos de bienestar subjetivo, tienen
importantes problemas para acceder a un alojamiento adecuado y mantienen relaciones
deficientes con otras personas y sentimientos de exclusión social.
El empleo reduce el
riesgo de pobreza, pero de ninguna forma lo elimina. El desempleo puede ser
reducido –o contenido-, por la multiplicación de empleos precarios: a tiempo
parcial, eventuales, de duración determinada, etc. La crisis ha acentuado las
tendencias a la segmentación del mercado de trabajo entre “los pequeños
currelos” y los empleos cualificados y bien remunerados, lo que constituye una
razón suplementaria para considerar que la tasa de desempleo no es un indicador
suficiente para apreciar la situación del mercado de trabajo 3/.
El Estado español ocupa el tercer lugar, tanto en el 2007 como en
el 2014, en el ranking de los Estados con mayores índices de pobreza laboral,
tras Rumanía y Grecia. Además, el indicador de privación material severa, que a
diferencia del anterior se ve mucho menos afectado por las variaciones
macroeconómicas, entre otras en los ingresos medios ,
también ha aumentado en 5,3 puntos entre esos años.
Razones del aumento de la pobreza laboral
Entre los factores explicativos de ese aumento un papel destacado
consiste en el desarrollo de los llamados contratos laborales “atípicos” o no
estándar, es decir, diferentes del contrato indefinido a jornada completa.
Estos contratos se desarrollan especialmente entre los bajos salarios, que son
los que han experimentado de forma más intensa el ajuste salarial, además de
haber sufrido la mayor reducción de empleo. El aumento de la contratación temporal y a
tiempo parcial ha incrementado el número de personas de bajos ingresos,
especialmente mujeres y jóvenes y, frecuentemente, esos trabajos no suponen un
paso hacia mejores empleos. Algunos analistas de la OCDE, con el argumento de
suprimir obstáculos desde el lado de la demanda de los jóvenes, han propuesto
reducir sus salarios directos e indirectos, mediante la instauración de un
sub-salario mínimo para ellos, la reducción de las cotizaciones sociales
aplicables y la puesta en práctica de contratos de aprendizaje con salario
inferior al salario mínimo por el “compromiso de formación” que implican (en
muchos casos, teórico). Sin embargo, análisis de la misma OCDE constataban
que el trabajo a tiempo parcial y el temporal, se caracterizan por
desigualdades salariales más pronunciadas (superiores a la mitad en Holanda y
en los países nórdicos) y, de hecho, han contribuido al crecimiento de las
desigualdades en los países (entre ellos el Estado español) 5/.
En el siguiente cuadro se puede apreciar como la proporción del riesgo de
pobreza es más elevado en esas modalidades contractuales.
Aunque la actual tasa de temporalidad, de casi el 27%, es inferior
a la de 2008, justamente por el despido masivo de los contratos temporales, ha
aumentado en el último año. Según la EPA los contratos indefinidos han
aumentado en el segundo trimestre de 2017 en 93 600, mientras que los
contratos temporales lo han hecho en 255 900. En los años de la crisis ha
tenido lugar un uso cada vez mayor de los contratos de corta duración: la duración
media de los contratos es de 55 días, el 25% de los contratos son de una
duración inferior a una semana y se realizan especialmente con personas de bajo
nivel educativo. En algunas comunidades autónomas el peso de la temporalidad es
aún más elevada: según un informe de la UGT, en Galicia el 34’7% de los
contratos temporales en 2016 fue de menos de siete días, siete puntos por
encima de la media del Estado y un cinco por ciento más que en 2012. El aumento
del número de contratos temporales de duración muy reducida entre los jóvenes
reduce su probabilidad de acceder a contratos indefinidos 6/.
El aumento de los períodos sin trabajo debido a la creciente
rotación laboral derivada de los contratos cada vez más cortos y los salarios
inferiores de los nuevos empleos han dado lugar a que los salarios de la gente
con contrato temporal hayan sufrido una reducción salarial durante la crisis
del doble de quienes tenían contrato indefinido. Los trabajadores estables,
entendiendo por tales quienes se mantuvieron en el empleo entre 2008 y 2013
experimentaron una reducción de salarios del 1,6% entre 2008 y 2013, mientras
que los inestables, es decir, quienes cambiaron de empleo, en la mayoría de los
casos alternando el empleo con el desempleo, cayeron un 17% en el mismo
período. En términos de poder adquisitivo, los primeros perdieron el 10,4% pero
los inestables llegaron hasta el 25,8% 7/.
En el Estado Español el tiempo parcial alcanza al 15,26 % de
las personas asalariadas en el segundo trimestre de 2017 y se está concentrando
en empresas de mayor tamaño. Este trabajo se distribuye desigualmente entre los
dos sexos: el 72 % de los contratos a tiempo parcial corresponde a las
mujeres y un porcentaje muy importante de los nuevos contratos son a tiempo
parcial. El tiempo parcial va unido, de forma muy mayoritaria, a los bajos
salarios. En efecto, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo
trimestre de 2017, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo
completo y parcial es de 5,12 euros por hora (15,52 euros/hora de media para el
tiempo completo frente a 10,40 para el tiempo parcial) y está en aumento en los
últimos años. La parcialidad afecta especialmente a los jóvenes: los salarios
de los contratos de los jóvenes menores de 26 años que entraron en el mercado
laboral en 2015 eran un 14,4% inferiores a los que recogían estos mismos contratos
en 2008 y esa menor retribución de los contratos de entrada se debe
principalmente al mayor peso del tiempo parcial. En el siguiente gráfico se
puede observar la gran distancia en el riesgo de pobreza laboral entre quienes
trabajan a tiempo completo y lo hacen a tiempo parcial, con notables
diferencias entre los Estados donde la diferencia es menor, por el mejor trato,
legal y convenido colectivamente, al tiempo parcial, entre otros, Holanda,
Austria y Luxemburgo, frente a otros Estados, como el español, con proporciones
cuatro o cinco veces superiores en el riesgo de pobreza.
La devaluación salarial ha afectado
especialmente a las personas que ya con anterioridad a la crisis cobraban los
salarios más bajos; según datos de la EPA, la caída salarial media fue del 3,0%
entre 2009 y 2013, pero en el decil de los ingresos más bajos, que comprende a
la gente más precaria (a tiempo parcial, con contratos temporales, con escasa
antigüedad en la empresa) alcanzó el 16,4% 8/.
Según la última EPA de 2016, la principal razón del
trabajo a tiempo parcial es la de no poder acceder a uno a tiempo completo,
involuntariedad que ha aumentado desde el 35% de 2008 hasta una media de más
del 65% en el 2017. El Estado español, junto a Eslovenia, es el país de la OCDE
donde más ha aumentado esa involuntariedad entre 2000 y 2015, junto a
Eslovenia. El porcentaje es mayor en casi diez puntos entre los hombres (66%)
que entre las mujeres (58%), Esta diferencia se explica por la dedicación muy
mayoritaria de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados: mientras que la
segunda razón de los hombres para tener un trabajo a tiempo parcial es la
compatibilización con los estudios y solo un 3% para realizar actividades de
cuidado, los porcentajes respectivos de las mujeres son del 4,2% y casi el 20%.
Los trabajadores autónomos o por cuenta propia sin empleados
(“autoempleados” en la terminología del informe de Eurofound) sufren tasas de
pobreza superiores a los trabajadores por cuenta ajena en la mayoría de los
Estados miembros, entre ellos el Estado español. Esta situación, que permite
desmitificar las loas al “emprendedurismo”, se debe a la necesidad de una parte
de la gente parada de obtener ingresos, para las que se establecen en sectores
a los que pueden acceder sin disponer previamente de capitales propios
importantes, como la hostelería o el comercio entre otros, muy saturados, y de
los que obtienen ingresos muy bajos, cuando no se ven obligados al cierre por
no poder pagar los alquileres. En otros casos, su relación jurídica como
trabajadores por cuenta propia esconde que trabajan para empresas de forma
exclusiva o muy mayoritaria, pero si eso si asumiendo los costes fiscales y de
seguridad social. La movilización de los trabajadores de Telefónica-Movistar en
los últimos años en exigencia de acabar con la cesión ilegal, las subcontratas
y los falsos autónomos ha sido un ejemplo de las prácticas en esta materia de
las grandes empresas y ha probado que la lucha permite hacer retroceder las
formas más retrógradas de deterioro laboral.
Desigualdad y trabajadores pobres
La otra cara de la pobreza laboral es el aumento de la riqueza y la desigualdad. Sólo
entre 2015 y 2016 el número de los millonarios (cuyo patrimonio supera el
millón de dólares) se ha incrementado en siete mil en el Estado español,
pasando a 338 mil (Global Wealth Databook 2016) y desde inicio de la crisis en
el 60%. Su riqueza se aproxima a los 500 000 millones de euros. Según la
Oficina de Estudios de Investigación Económica de Estados Unidos, entre el 30%
y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles está en paraísos
fiscales, lo que supone que aproximadamente 140.000 millones de euros (más del
12% del PIB) no tributan.
En los años de recesión, la brecha salarial entre directivos del
conjunto de las empresas y el resto de los trabajadores se ha multiplicado por
diez y la relación entre el salario de los dirigentes y el del resto de los
trabajadores que era, de media, de 3,2 en el 2010, es de 3,5 en el 2017.
Obviamente, la diferencia es muchísimo más elevada entre las empresas del IBEX
35, cuyos consejeros cobran 116 veces el salario medio de sus trabajadores.
Pobreza, protección por desempleo y salario mínimo
Las prestaciones de desempleo cubren de forma muy insuficiente las
situaciones de desempleo, especialmente desde la reforma de 2012, que ha dado
lugar a que el número de beneficiarios se reduzca continuamente. En el primer
trimestre de 2017 el total de la cobertura de las prestaciones era el 54,9%,
frente a un 79,9% del 2010, es decir, que el 45% de las personas paradas no
tiene ningún tipo de protección por desempleo. Las llamadas prestaciones
contributivas cubren a una parte reducida de los perceptores (el 37%), ya que
su duración máxima de dos años ha dado lugar a la desprotección de quienes no
han encontrado empleo (o lo ha sido de duración muy corta) tras haber
finalizado el cobro de las mismas. Las muy prestaciones asistenciales, que son
percibidas por el 63% de los beneficiarios son de muy escasa cuantía (en casi
todos los casos se limita a 430,27 euros mes) y duración. Una de sus variantes
más importantes, el subsidio de los mayores de 52 años sufrió un empeoramiento
radical en el 2013.
Las rentas mínimas de inserción que conceden las comunidades
autónomas suponen la única vía de garantía de rentas de las personas paradas
que no tienen acceso a las prestaciones por desempleo (el citado 45%) y de las
que tengan ingresos laborales de muy baja cuantía. La generalización de los bajos
salarios contribuye a desincentivar el acceso al mercado de trabajo de las
personas inactivas y de perceptores de las rentas mínimas, en los casos en que
éstas concedan prestaciones de cierta cobertura y cuantía 9/,
es decir, fundamentalmente la Comunidad Autónoma Vasca ,
Navarra y Catalunya, que ha mejorado sustancialmente sus prestaciones desde la
aprobación de la
Renta Garantizada de Ciudadanía en julio de 2017 10/.
Ello da lugar a un cambio en el perfil de los perceptores de la prestación, en
el sentido de aumentar el porcentaje de quienes perciben la misma como
complemento a los bajos salarios, a pesar de que las comunidades autónomas
tienen dificultades para financiar los servicios públicos y las prestaciones
sociales por la presión de la
Unión Europea , asumida gustosamente por el gobierno español,
para la contención de los déficits públicos. La solución de esta problemática
exige una elevación sustancial del salario mínimo, en línea con las
reivindicaciones de los sindicatos vascos ELA y LAB de fijación del mismo en
una cuantía de 1.200 euros mensuales 11/.
Notas: Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article13144
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