La líder de la
organización comunitaria, Berta Cáceres,
fue asesinada durante la lucha contra la hidroeléctrica Agua Zarca
COPINH, 25 años de
resistencia indígena
en Honduras
5
de marzo de 2018
Por Enric Llopis (Rebelión)
En junio de 2017 el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció las
“amenazas constantes” –incluso con la presencia de individuos armados- a la
comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, al oeste
del país. Fundado en 1993, el COPINH se define como una organización
indigenista, antiimperialista y antipatriarcal. Las intimidaciones a miembros
de la coordinadora se produjeron mientras éstos laboraban en las vegas del
Achiotal y el Culatón, en el área donde la empresa Desarrollos
Energéticos SA (DESA) pretendía implantar la hidroeléctrica Agua Zarca ,
con una capacidad de generación energética de 21,7 megavatios. Uno de los
sujetos armados amenazó con asesinar a los hijos de Francisco Javier Sánchez,
integrante del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH. Sánchez ha
participado en un acto público organizado por la ONG Perifèries en
Valencia. Los días 24 y 25 de mayo de 2014 el líder Lenca también fue objeto de
agresiones verbales, durante las detenciones policiales y torturas que
siguieron al asesinato en Río Blanco de William Jacobo Rodríguez, activista
contra el proyecto Agua Zarca.
Se cumplían entonces tres meses de la llegada
al poder del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido
Nacional, y las organizaciones populares le responsabilizaban de las políticas
represivas del Estado. En mayo de 2014 el COPINH informó de la muerte de otro
de sus militantes, Irene Meza, a causa de los disparos de bala al finalizar una
asamblea indígena en el municipio deSan Francisco de Opalaca (Intibucá); las
comunidades señalaron como autores del crimen a empleados de la alcaldía, del
Partido Nacional. Francisco Javier Sánchez también denunció amenazas en el
verano de 2016, tras un viaje por Europa con Rosalina Domínguez, otra de las
líderes del Consejo Indígena de Río Blanco; a las pocas semanas de la gira,
cuatro encapuchados preguntaron por ellos a la medianoche en la comunidad de
Río Blanco.
El motivo de la visita a Europa era denunciar
la participación en el proyecto Agua Zarca –en calidad de prestamistas y
financiadores- del Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para
la Cooperación
Industrial (FinnFund). Otro cofinanciadorera el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución regida por los
ministros de Economía de los 13 países miembro. Entre las empresas denunciadas
también figura la
alemana VoithHydro , participada por la multinacional Siemens ,
que operaba mediante contratos para el suministro de turbinas.
Es la historia de una larga lucha contrala hidroeléctrica. Se
sucedieron las acciones por la defensa del territorio, como la manifestación de
julio de 2014 en Tegucigalpa, en la que participaron 300 activistas del COPINH;
o la de rechazo a la hidroeléctrica de DESA frente a la alcaldía de San
Francisco de Ojuera, en noviembre de 2015. El 1 de abril de 2013 comunidades de
los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara tomaron la carretera de acceso al
sector de Río Blanco, para impedir el acceso de las máquinas. Pidieron la
retirada del proyecto Agua Zarca, por razones como el impacto sobre el río
Gualcarque, sagrado para la población lenca; y subrayaron el incumplimiento del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, ratificado por Honduras en
1995, que establece el deber de consulta en las decisiones que afecten (a las
poblaciones) “mediante procedimientos apropiados” y “a través de sus
instituciones representativas”.
Es la historia de una larga lucha contra
Durante la “toma”, el COPINH pidió apoyo internacional y en el resto del país, ya que delegados de las empresas accedieron a la vía ocupada, acompañados por la policía, y amenazaron a miembros de las comunidades. “Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados y sicarios”, informó
¿De qué empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la sociedad titular y promotora de
El Tribunal Superior de Cuentas investigó en 2009 al militar por cobrar un salario de las fuerzas armadas mientras laboraba en la ENEE; y por la venta al ejército –a través de su empresa y a precio sobrevalorado- de material de oficina. El pasado dos de marzo la Fiscalía ordenó la detención de Castillo Mejía, expresidente ejecutivo de DESA, por –según las investigaciones de
A los doce días de resistencia popular y
bloqueo de las carreteras en abril de 2013, siete patrullas policiales
procedieron al desalojo de los comunitarios, a lo que siguió una “retoma”
pacífica. Continuaba la
lucha. Y la represión. Pasados tres meses, un suboficial del
ejército de Honduras asesinó a Tomás García, integrante del Consejo Indígena y
Auxiliar de la comunidad
Lenca de Río Blanco y miembro del COPINH; dos años después
fue condenado por el homicidio. El hijo del líder comunitario, Allan García,
también resultó herido de bala. El historial de hostigamientos y ataques es
extenso. En marzo de 2016 varios pistoleros asesinaron a otro dirigente del
COPINH, Nelson García, tras un desalojo efectuado por la Policía Militar en
el municipio de Río Lindo (Cortés). En octubre de 2016 fue tiroteada la
camioneta en la que se desplazaba el coordinador general del COPINH, Tomás
Gómez. Unos meses después, tres activistas de la organización comunitaria
–entre ellos la hija de Berta Cáceres, Bertha Zúñiga- denunciaron dos ataques e
intentos de asesinato.
El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua Zarca –FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energéticos SA (DESA) por el que finalizaban su “relación contractual”. Las dos sociedades dejaron de apoyar la construcción de la hidroeléctrica para –según afirmaron en un comunicado- “reducir las tensiones locales e internacionales en el área”. Pese a la retirada, “FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos humanos resultado del proyecto”, subrayaron portavoces del COPINH. También el 6 de julio DESA anunció que suspendía la ejecución de la infraestructura “durante el diálogo” con las comunidades, y “como gesto de buena voluntad”. Por otra parte, en octubre de 2017la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) declaró “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad
–interpuesto por el COPINH- contra dos Decretos aprobados por el Congreso
Nacional en 2011 que impulsaban la hidroeléctrica. La
Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), que reúne a
empresarios del sector, celebró la resolución judicial como señal de
“estabilidad jurídica para favorecer el clima de inversiones”.
El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua Zarca –FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energéticos SA (DESA) por el que finalizaban su “relación contractual”. Las dos sociedades dejaron de apoyar la construcción de la hidroeléctrica para –según afirmaron en un comunicado- “reducir las tensiones locales e internacionales en el área”. Pese a la retirada, “FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos humanos resultado del proyecto”, subrayaron portavoces del COPINH. También el 6 de julio DESA anunció que suspendía la ejecución de la infraestructura “durante el diálogo” con las comunidades, y “como gesto de buena voluntad”. Por otra parte, en octubre de 2017
La denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica además a la clase política. El exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016, ingresó en prisión preventiva y será juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusación contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliación irregular, en 2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificación implicaba un incremento en la capacidad de generación de la hidroeléctrica –de
Sin embargo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en julio de 2017 anunció una investigación sobre el caso Agua Zarca, afirma que irá más allá en las pesquisas. Esta delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende aclarar las responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cuéllar, actualmente Fiscal Adjunto de la República y funcionario al frente de la SERNA cuando se otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo indagar, en colaboración con
La MACCIH advierte que la empresa titular de Agua Zarca firmó con la Administración los contratos para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica; y por otra parte de suministro de potencia y energía eléctrica, antes incluso de obtener la licencia ambiental en marzo de 2011. Asimismo, según el informe “Situación de los pueblos indígenas en Honduras” (julio de 2016) de
El COPINH convocó los días dos y tres de marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el país y a escala global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la líder ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres, asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se hallaba también el activista mexicano
Pero con independencia de las imputaciones, el proceso está rodeado de circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente con la investigación judicial del homicidio de Berta Cáceres, después que dos individuos asaltaran el automóvil de la magistrada de la Corte de Apelaciones donde se hallaba
En noviembre de 2017 vio la luz un informe –“Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”- del Grupo Asesor de Expertos Internacionales (GAIPE), formado a instancias de la familia de la líder ambientalista y el COPINH. Para la elaboración del documento, los investigadores tuvieron acceso a información los registros telefónicos, extracciones de aparatos electrónicos y tarjetas SIM, pruebas en las que se basan las acusaciones de la fiscalía contra los ocho procesados. El grupo de expertos concluye que la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Honduras destinó protección a las instalaciones del proyecto Agua Zarca, “influida por las relaciones con socios y personal directivo de DESA”. A partir del análisis de la información, los expertos agregan que el Gobierno “omitió proteger a Berta Cáceres, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre su vida”. Otra de las conclusiones es la participación de directivos, empleados y guardias privados de la empresa, así como de efectivos de las fuerzas de seguridad y otras “estructuras paralelas” en actos delictivos perpetrados antes, durante y con posterioridad al asesinato de Berta Cáceres.
El informe “Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta” de
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