IIRSA: Resistencias desde
los
territorios indígenas a
este nuevo ciclo de colonización
14 de marzo de 2018
Los hechos demuestran que IIRSA está
provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del
Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos
indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con
pérdida de biodiversidad, de medios
de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras
generaciones.
Por Ely Jiménez Cortés
5 de marzo de 2018
En América latina el
siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las
fronteras extractivas hacia espacios que solo parcialmente habían sido
‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de
pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de
conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización,
donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon
de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no
vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a
muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso
en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen
hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y
las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas
de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras
como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”
Mediante programas
multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la
Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN,
la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con
megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos
indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por
gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial,
de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el
BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima
con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar
emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’.
Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de
colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza
lenta y silenciosamente.
En la región
sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales
(carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de
los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los
emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas,
centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas
obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado
mayor resistencia. Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras
IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente,
evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en
condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial.
Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan
contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas
con otros sectores subalternizados.
Aunque no se puede
obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y
naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor
vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su
territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta
línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los
impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como
efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA
está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del
Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos
indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con
pérdida de biodiversidad, de medios
de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras
generaciones”. Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de
proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone
a través de complejas estrategias de control social, que consideran:
(a) La negación de la
presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se
ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios
no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el
carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la
negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la
OIT, no es necesaria ni pertinente.
(b) La aplicación
selectiva y burocrática de la consulta indígena. En escenarios de conflicto, se
aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele
operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un
taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no
reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica
cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.
(c) La implementación
de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen
el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y
desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen
usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se
identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de
la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son
estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos
‘ignorantes’.
(d) La fragmentación
de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos
sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar
su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas
locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose
como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la
planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.
(e) Disociar los
proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o,
por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como
carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos,
agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se
gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota
la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.
En su conjunto estas
estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos
territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante
señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países
que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite
gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo,
Chile), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente
reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos
casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico,
sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y,
consecuentemente, del ejercicio colonizador.
Algunos conflictos
emblemáticos
El plan IIRSA-COSIPLAN
está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a
otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La
transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias.
En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha
intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el
control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los
primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en
tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está
emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este
contexto, destacamos los siguientes conflictos:
(a) Conflicto por la variante San
Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es
parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y
Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor
atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores
tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno
colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había
población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus
lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde
nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga
denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los
desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los
Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte,
junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización
indígena de carácter nacional.
(b) Conflicto por la hidroeléctrica
Cachuela Esperanza (Bolivia). Este proyecto forma parte del
Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas
San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID
Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente
boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que
agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su
detractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano,
pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental,
principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos
indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de
esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y
tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha
instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene
como un conflicto latente.
c) Conflicto por el
tramo II de la
carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más
conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que
ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera
de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que
conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí
con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo,
atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño
y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no
indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de
la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al
gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto
nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’
al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.
(d) Conflicto por la carretera Interoceánica
Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia;
y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de
Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en
aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la
región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la
resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades
masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su
rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht ,
que aun remece la política peruana y brasilera.
Estos casos
ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos
territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya
se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es
ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es
la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan
fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de
IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de
colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas
y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de
acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se
resisten, no han sido derrotados.
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