Colombia: Las Zonas de Reserva
Campesina
pueden ayudar a frenar la
deforestación
7 de marzo de 2018
Las ZRC pueden ser una
figura de conservación y cierre de frontera agropecuaria si el Estado reconoce
las experiencias positivas locales.
(Artículo co-escrito
por Stefan Ortiz, María Johana Cadavid, Camilo Lastra y Germán Cardoza)
En los últimos días los medios
de comunicación han alertado sobre las quemas y talas que están devorando el
bosque amazónico y del piedemonte especialmente en el Guaviare
y el Caquetá. En estos dos departamentos de transición
andino-amazónica se encuentran amenazados ecosistemas fundamentales para el
funcionamiento ecológico y para la permanencia de los ciclos naturales. En este
caso, la conectividad de los Andes y la Amazonía está relacionada con la
circulación del agua en sus diferentes formas, así como de especies vegetales y
animales.
Por eso, las imágenes de las selvas ardiendo y de los potreros incrustándose
en cercanías a Chiribiquete, en la Serranía la Lindosa y en la Serranía de la
Macarena, generaron tanto impacto
en su momento. En todo caso, la indignación y preocupación será pasajera, pues hemos construido una
comprensión de la vida que desconecta lo social de lo natural, y que desconoce
las conexiones ecosistémicas, por lo que ahora no percibimos su influencia
directa en nuestras formas de vida.
Un elemento explicativo clave para entender lo
que está pasando es el acaparamiento de tierras. Este proceso de control
territorial está ligado a la especulación con la tierra (FAO, 20171), y no
siempre busca explotarla, ponerla a producir o aprovecharla económicamente por
medio de la agricultura, la ganadería o el turismo. El acaparamiento está
ligado a la búsqueda de una renta futura cuando esa tierra deforestada se
valorice por la construcción de carreteras, la urbanización y las oportunidades
de explotación.
Por eso se han mencionado como posibles causas
de este nuevo impulso, entre otras: la ampliación de la frontera agropecuaria,
el proceso de paz (y las expectativas que genera en términos de oportunidades
económicas para las regiones), la salida de la exguerrilla de las FARC de estos
territorios (pues ésta ejercía un control territorial que incluía un control
ambiental en medio de la guerra), los procesos de urbanización y de
construcción de carreteras como la “marginal
de la selva” (propiciada inicialmente por las mismas FARC y
ahora por el Ministerio
de Transporte, y que conectaría a San José del Guaviare con San
Vicente del Caguán).
Mientras el Estado central reacciona
lentamente, diseña, adopta e implementa medidas para detener esta crisis, los
acaparadores de tierras y sus redes criminales avanzan rápidamente, destruyendo
violentamente ecosistemas y territorios que difícilmente podrán recuperarse.
Este Estado es lento y burocrático. Por eso debería
articularse con las redes existentes en los territorios, que han diseñado
estrategias - muchas veces comunitarias- para frenar la expansión de la
frontera agropecuaria. Por ejemplo, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura
legal creada por
la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios (Decreto 1777 de 1996 y
Acuerdo 024 de 1996), busca “fomentar y estabilizar la economía campesina,
superar las causas de los conflictos sociales (…) y crear condiciones para el
logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”. Parte de las
estrategias para lograrlo incluye el control a la frontera agropecuaria, la
corrección de los fenómenos de concentración de tierras, el desarrollo y la
sostenibilidad de la economía campesina, el acceso de colonos y campesinos a la
tierra (incluidas tierras baldías a serles otorgadas preferentemente), la
sustitución de cultivos de uso ilícito, la protección y conservación del medio
ambiente.
Las ZRC tienen el potencial de ser una
herramienta de ordenamiento territorial y de ordenamiento social y ambiental de
la propiedad.
También pueden ayudar a contener la deforestación en áreas
donde este fenómeno está disparado, como el Guaviare y el Caquetá. De ser
suficientemente apoyadas por la institucionalidad, pueden contribuir a la
construcción de un modelo de desarrollo rural sostenible mediante la generación
de condiciones sociales y ambientales necesarias para cerrar la frontera
agropecuaria en estas regiones y, en general, en las zonas de amortiguación de
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (veraquí el acuerdo de voluntades de la Mesa de
Concertación Nacional entre campesinos e instituciones). Las ZRC pueden ser
entonces una figura complementaria de conservación y cierre de frontera.
Igualmente, las ZRC son una posibilidad real
del Estado a construirse desde las regiones de acuerdo a sus realidades
contextuales. Una posibilidad que requiere el reconocimiento al campesinado
que, desde sus territorios, construye propuestas sociales, económicas y
ambientales propias. Es el caso de los acuerdos y normas comunitarias de
conservación de ecosistemas, como la Línea Amarilla en la Serranía de San Lucas, Valle del
río Cimitarra (Magdalena Medio) y los acuerdos
comunitarios en el
Caquetá, Putumayo y Cabrera. Estas experiencias locales han mostrado su
capacidad de consolidar escenarios participativos de conservación, protección,
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas e incluso sustitución de cultivos
ilícitos por parte de los habitantes de estos territorios. Han resultado además
en escenarios propicios y eficaces para la resolución de conflictos
socio-ambientales.
A pesar de la estigmatización de las figura de
ZRC, de la ausencia de políticas públicas por parte del Estado, y de la
persecución a sus lideres y lideresas, reflejada en múltiples violaciones a los
derechos humanos, los pobladores de las ZRC y sus organizaciones
representativas han avanzado con agilidad e innovación, diseñando mecanismos
para hacer realidad propuestas de desarrollo local, reflejadas en sus Planes de
Desarrollo Sostenible. En ese proceso, han pedido la presencia integral del
Estado durante años, más allá de la presencia armada.
Si el Estado colombiano no es capaz de reconocer
esas experiencias, articularlas a otras estrategias institucionales, aportar un
financiamiento a largo plazo, y aceptar que su institucionalidad pública no
puede enfrentar sola las problemáticas socio-territoriales, difícilmente se
podrá consolidar un modelo alternativo de vida en estas regiones que logre
frenar la expansión de la frontera agropecuaria. El modelo que prevalecerá será
el de las redes criminales y su control territorial.
Así como existen redes criminales que han
permeado los territorios y que están propiciando la destrucción de la riqueza
biológica y cultural, en este caso en el Guaviare y el Caquetá, existen también
múltiples iniciativas y redes locales que, como ocurre en las ZRC, resisten y
construyen alternativas de vida que aportan soluciones potenciales a estas
problemáticas.
Con el liderazgo del campesinado y de sus
organizaciones representativas, esas redes pueden fortalecerse, replicarse y
mejorarse si el Estado las reconoce como aliadas y legítimas. Pero para ello,
la institucionalidad pública - en particular el Ministerio de Agricultura y el
de Ambiente, tiene que ser flexible, salir de sus rigideces burocráticas,
superar las subjetividades políticas de los administradores públicos, aplicar
la normatividad existente, acercarse y dialogar con las experiencias que los
territorios han logrado construir a pesar de las dificultades y del conflicto
armado aún latente.
Las comunidades campesinas pueden aportar
ideas y acciones para frenar la deforestación como actores activos de la
protección ambiental, de la conservación, del uso sostenible y de la
restauración de los ecosistemas. Ni ellas, ni el Estado central y sus
instituciones públicas, pueden solos.
Nota
1- FAO, 2017. Concentración y extranjerización de tierras productivas
en Colombia. Marco conceptual, legal e institucional. Contribución a la
aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable
de la Tenencia de la
Tierra. Bogotá : FAO – UPRA.
*Imágen de Portada:
Pacifista (aquí)
No hay comentarios:
Publicar un comentario