México: Comienza la
guerra por el agua
9 de marzo de 2018
9 de marzo de 2018
Una de las causas de
la disputa por el vital líquido en México tiene su origen en que “prevalece un
modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy
particulares”, debido a que se fomenta la sobreexplotación y contaminación del
agua, otorgando miles de concesiones a industrias extractivas, a las que se les
permite contaminar y apropiarse de pozos o afluentes.
Lo anterior forma
parte del “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y
al Saneamiento en México 2017” ,
elaborado por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos con motivo
de la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, realizado
en mayo del año pasado.
En dicho informe se
plasma lo que desde hace años es una realidad en nuestro país: que las
industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de su
derecho al agua, lo que ha arreciado a partir de la reforma en materia
energética, que promovió el gobierno federal en 2013, y sus leyes secundarias
decretadas en el 2014.
En el espíritu de
dichas reformas se establece que las actividades de exploración y explotación
del subsuelo –minería, petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora
“preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la
superficie y del subsuelo”.
Eso es lo que ha
motivado a miles de empresas, principalmente del sector primario, tanto
estatales, como la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos
(Pemex), o privadas nacionales o trasnacionales, se hayan comenzado a apropiar
del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades
minoritarias como las de tipo agrícola, ganadera, comunitaria e incluso
habitacional.
Cifras de la organización CartoCrítica ,
indican que en comunidades originarias de las entidades Chihuahua, Coahuila, Colima,
Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se concentran
casi el 75 por ciento de los conflictos generados en todo el país por la
disputa del líquido con compañías dedicadas al sector minero.
Pero en lo que se
refiere a las cuencas hidrológicas, las que se encuentran más explotadas por
este sector de desarrollo económico, son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui,
San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco,
Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen en promedio
anual más de 328.4 millones de metros cúbicos de agua.
El agua que aportan
las cuencas de estos afluentes para el sostenimiento de la actividad minera
durante un año es el equivalente al que podrían utilizar en conjunto durante
casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de Monterrey,
Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07 por ciento
de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.
De acuerdo a los datos
de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) en su más reciente informe sobre
“Estadísticas del Agua en México 2016” ,
para el uso de la industria autoabastecida se destinan 634 mil 700 metros cúbicos
de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han
concesionado 414 mil 900
metros cúbicos de agua por año.
Comunidades vs.
empresas:
De todos los sectores
industriales que actualmente se disputan el agua con los pobladores de diversas
regiones, el de la minería es el que más agua consume para sostener su
actividad productiva, lo que ha llevado a la movilización constante de
organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución.
Sin embargo, dicha
protesta no ha surtido ningún efecto, salvo el que termina con pobladores
reclamantes del agua en conflicto con la ley, como es el caso de Cuetzalan, en
la zona norte del estado de Puebla, en donde un grupo de activistas que se
oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente
cuentan con orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General
de la República (PGR).
Lo mismo sucede en el
municipio de Mazapil, en Zacatecas, en donde un grupo de ejidatarios se
encuentran bajo proceso penal desde el 2015, a causa del reclamo de devolución de 28
pozos que el corporativo minero Gold Corp y Fresnillo PLC se apropiaron para
mantener la operatividad de la mina Peñasquito.
Los conflictos con la
justicia surgidos por el reclamo del agua no son exclusivos de las empresas
mineras; en el municipio de Saltillo, la empresa Aguas de Saltillo
mantiene un proceso judicial en el Tribunal Agrario con sede en Monterrey,
Nuevo León, a causa de que los habitantes del Ejido Jagüey de Ferniza fueron
despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron y ahora son utilizados para
vender el agua al gobierno local para el suministro a la población.
Otro caso de despojo
de agua, que mantiene vigente una disputa, es el que se registra en el ejido
Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde la CFE sustrae el
líquido desde los afluentes Los Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar
una termoeléctrica que ya opera, así como el área de pruebas de una segunda
planta que entrará en operación este mismo año.
Industria sedienta:
Datos pertenecientes
al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) publicados por la Conagua con
fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 detallan que durante el año pasado se
extrajeron 269.4 mil millones de metros cúbicos de agua superficial y
subterránea concesionada alrededor de todo el país.
Del universo de agua
concesionada, el 68 por ciento fue destinada a la generación de energía
eléctrica, pues para esta única actividad se emplearon 183.4 mil millones de
metros cúbicos del líquido; mientras que otros 58 mil millones de metros
cúbicos fueron utilizados en la industria agrícola.
A pesar de que la
Conagua no informa de manera puntual la cantidad de agua concesionada empleada
en el ramo de la minería, asegura que en el sector industrial a nivel general
se otorgó el permiso para que se extrajeran 6.4 mil millones de metros cúbicos
de líquido.
En el REPDA también se
informa que durante ese año el número de inscripciones por derechos de aguas
nacionales llegó a los 408 mil 832 al término del 2017, de las cuales los
sectores de la generación de energía eléctrica solo acaparó 133 títulos y 148
anexos.
Es decir, que por cada
título y anexo en promedio se extrajeron más de 22.9 millones de metros cúbicos
de agua; siendo la industria más sedienta de todas, con respecto al número de
títulos que posee. En el sector industrial, hubo 13 mil 662 títulos y anexos
cada uno extrajo en promedio 471 mil 510 metros cúbicos
de agua.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_Comienza_la_guerra_por_el_agua
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