La líder de la
organización comunitaria, Berta Cáceres,
fue asesinada durante la lucha contra la hidr oeléctrica Agua Zarca
COPINH,
25 años de resistencia indígena en Honduras
5 de marzo de 2018
Por Enric Llopis (Rebelión)
En junio de 2017 el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció las
“amenazas constantes” –incluso con la presencia de individuos armados- a la
comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, al oeste
del país. Fundado en 1993, el COPINH se define como una organización
indigenista, antiimperialista y antipatriarcal. Las intimidaciones a miembros
de la coordinadora se produjeron mientras éstos laboraban en las vegas del
Achiotal y el Culatón, en el área donde la empresa Desarrollos
Energéticos SA (DESA) pretendía implantar la hidroeléctrica Agua Zarca ,
con una capacidad de generación energética de 21,7 megavatios. Uno de los
sujetos armados amenazó con asesinar a los hijos de Francisco Javier Sánchez, integrante
del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH. Sánchez ha participado en un
acto público organizado por la ONG Perifèries en Valencia. Los días 24 y 25 de
mayo de 2014 el líder Lenca también fue objeto de agresiones verbales, durante
las detenciones policiales y torturas que siguieron al asesinato en Río Blanco
de William Jacobo Rodríguez, activista contra el proyecto Agua Zarca.
Se cumplían entonces tres meses de la llegada
al poder del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido
Nacional, y las organizaciones populares le responsabilizaban de las políticas
represivas del Estado. En mayo de 2014 el COPINH informó de la muerte de otro
de sus militantes, Irene Meza, a causa de los disparos de bala al finalizar una
asamblea indígena en el municipio de San Francisco de Opalaca (Intibucá); las
comunidades señalaron como autores del crimen a empleados de la alcaldía, del
Partido Nacional. Francisco Javier Sánchez también denunció amenazas en el
verano de 2016, tras un viaje por Europa con Rosalina Domínguez, otra de las
líderes del Consejo Indígena de Río Blanco; a las pocas semanas de la gira,
cuatro encapuchados preguntaron por ellos a la medianoche en la comunidad de
Río Blanco.
El motivo de la visita a Europa era denunciar la participación en el proyecto Agua Zarca –en calidad de prestamistas y financiadores- del Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés parala Cooperación Industrial
(FinnFund). Otro cofinanciador era el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), institución regida por los ministros de Economía de los 13 países
miembro. Entre las empresas denunciadas también figura la alemana VoithHydro ,
participada por la
multinacional Siemens , que operaba mediante contratos para el
suministro de turbinas.
El motivo de la visita a Europa era denunciar la participación en el proyecto Agua Zarca –en calidad de prestamistas y financiadores- del Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para
Es la historia de una larga lucha contra la hidroeléctrica. Se
sucedieron las acciones por la defensa del territorio, como la manifestación de
julio de 2014 en Tegucigalpa, en la que participaron 300 activistas del COPINH;
o la de rechazo a la hidroeléctrica de DESA frente a la alcaldía de San
Francisco de Ojuera, en noviembre de 2015. El 1 de abril de 2013 comunidades de
los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara tomaron la carretera de acceso al
sector de Río Blanco, para impedir el acceso de las máquinas. Pidieron la
retirada del proyecto Agua Zarca, por razones como el impacto sobre el río
Gualcarque, sagrado para la población lenca; y subrayaron el incumplimiento del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, ratificado por Honduras en
1995, que establece el deber de consulta en las decisiones que afecten (a las
poblaciones) “mediante procedimientos apropiados” y “a través de sus
instituciones representativas”.
Durante la “toma”, el COPINH pidió apoyo internacional y en el resto del país, ya que delegados de las empresas accedieron a la vía ocupada, acompañados por la policía, y amenazaron a miembros de las comunidades. “Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados y sicarios”, informóla activista Berta Cáceres
en una entrevista a la BBC.
Según el consejo de organizaciones indígenas, los empleados
de las sociedades mercantiles destruyeron cultivos tradicionales y cercaron las
fuentes de agua.
¿De qué empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la sociedad titular y promotora dela hidroeléctrica Agua Zarca , prevista muy cerca de
la comunidad de San Francisco de Ojuera (Santa Bárbara). El informe “Hechos y
circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres”, publicado en febrero
de 2017 por las ONG Oxfam, Land Rights Now y Defensoras de la Madre Tierra , detalla
que en junio de 2010 DESA nombró desarrollador/gerente al ingeniero y
subteniente de Inteligencia Militar, Roberto David Castillo Mejía, quien
anteriormente había ejercido como Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE).
Durante la “toma”, el COPINH pidió apoyo internacional y en el resto del país, ya que delegados de las empresas accedieron a la vía ocupada, acompañados por la policía, y amenazaron a miembros de las comunidades. “Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados y sicarios”, informó
¿De qué empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la sociedad titular y promotora de
El Tribunal Superior de Cuentas investigó en
2009 al militar por cobrar un salario de las fuerzas armadas mientras laboraba
en la ENEE; y por la venta al ejército –a través de su empresa y a precio
sobrevalorado- de material de oficina. El pasado dos de marzo la Fiscalía
ordenó la detención de Castillo Mejía, expresidente ejecutivo de DESA, por
–según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal- ser la
persona “encargada de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los
autores materiales del asesinato” de Berta Cáceres. En un comunicado que
siguió a la detención, el COPIN denunció que Castillo es “sólo una pieza de la
estructura criminal y asesina”. En cuanto a las obras de Agua Zarca, corrieron
a cargo de la multinacional china de ingeniería y construcción Sinohydro, que a
finales de 2013 decidió su retirada del proyecto. Esta empresa desarrolla
actualmente en Honduras las obras de la hidroeléctrica Patuca III ,
en el departamento de Olancho, que contará con una capacidad instalada de 104
megavatios.
A los doce días de resistencia popular y bloqueo de las carreteras en abril de 2013, siete patrullas policiales procedieron al desalojo de los comunitarios, a lo que siguió una “retoma” pacífica. Continuabala lucha. Y la represión. Pasados tres meses,
un suboficial del ejército de Honduras asesinó a Tomás García, integrante del
Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad Lenca de Río Blanco y miembro del
COPINH; dos años después fue condenado por el homicidio. El hijo del líder
comunitario, Allan García, también resultó herido de bala. El historial de
hostigamientos y ataques es extenso. En marzo de 2016 varios pistoleros
asesinaron a otro dirigente del COPINH, Nelson García, tras un desalojo
efectuado por la
Policía Militar en el municipio de Río Lindo (Cortés). En
octubre de 2016 fue tiroteada la camioneta en la que se desplazaba el
coordinador general del COPINH, Tomás Gómez. Unos meses después, tres activistas
de la organización comunitaria –entre ellos la hija de Berta Cáceres, Bertha
Zúñiga- denunciaron dos ataques e intentos de asesinato.
El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua Zarca –FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energéticos SA (DESA) por el que finalizaban su “relación contractual”. Las dos sociedades dejaron de apoyar la construcción de la hidroeléctrica para –según afirmaron en un comunicado- “reducir las tensiones locales e internacionales en el área”. Pese a la retirada, “FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos humanos resultado del proyecto”, subrayaron portavoces del COPINH. También el 6 de julio DESA anunció que suspendía la ejecución de la infraestructura “durante el diálogo” con las comunidades, y “como gesto de buena voluntad”. Por otra parte, en octubre de 2017la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) declaró “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad
–interpuesto por el COPINH- contra dos Decretos aprobados por el Congreso
Nacional en 2011 que impulsaban la hidroeléctrica. La
Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), que reúne a
empresarios del sector, celebró la resolución judicial como señal de
“estabilidad jurídica para favorecer el clima de inversiones”.
La denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica además a la clase política. El exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016, ingresó en prisión preventiva y será juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusación contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliación irregular, en 2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificación implicaba un incremento en la capacidad de generación de la hidroeléctrica –de14,4 a 21,7 megavatios- y el traslado de las
obras de infraestructura, de Intibucá a San Francisco de Ojuera. Según la
fiscalía, el procedimiento violó el Convenio 167 de la OIT, que obliga a una
consulta libre, previa e informada a la población indígena afectada por los
proyectos. Otro exviceministro de la SERNA, Jonathan Laínez, se enfrenta a un
proceso penal por la concesión de la licencia ambiental en 2011 a la hidroeléctrica;
asimismo, la
Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural pidió -en
noviembre de 2016- el enjuiciamiento del exalcalde de Intibucá, Martiniano
Domínguez Meza, por una presunta concesión irregular de los permisos
municipales.
Sin embargo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en julio de 2017 anunció una investigación sobre el caso Agua Zarca, afirma que irá más allá en las pesquisas. Esta delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende aclarar las responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cuéllar, actualmente Fiscal Adjunto de la República y funcionario al frente de la SERNA cuando se otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo indagar, en colaboración conla Fiscalía Especial
de Etnias, acerca de posibles actos de corrupción, fraude y lavado de dinero en
las concesiones y financiación de DESA.
La MACCIH advierte que la empresa titular de Agua Zarca firmó con la Administración los contratos para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica; y por otra parte de suministro de potencia y energía eléctrica, antes incluso de obtener la licencia ambiental en marzo de 2011. Asimismo, según el informe “Situación de los pueblos indígenas en Honduras” (julio de 2016) dela
Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria
Tauli-Corpuz, en 2011 DESA empezó a comprar tierras en Río Blanco
“supuestamente de propiedad privada y municipal para la construcción de la
represa; sin embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de las
comunidades lenca”.
El COPINH convocó los días dos y tres de marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el país y a escala global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la líder ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres, asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se hallaba también el activista mexicanoGustavo
Castro Soto, que resultó herido de bala y es el único testigo de los hechos. La
convocatoria denuncia que el Estado de Honduras capturó a los autores
“materiales” e “intermedios ” del
crimen, pero no a aquellos sobre quienes recae la autoría intelectual:
empresarios y funcionarios estatales. En el municipio de La Esperanza, donde
hace más de dos décadas se fundó el COPIN, la organización comunitaria ha
convocado entre el 22 y el 24 de marzo el Encuentro “25 años por la Vida y la
Justicia”.Por la muerte de Berta Cáceres se encuentran en prisión preventiva y
acusados de asesinato (o en grado de tentativa) el exgerente del área social y
ambiental de DESA, Sergio Rodríguez Orellana; el exjefe de seguridad de DESA y
teniente retirado, Douglas Bustillo; el exmayor de las Fuerzas Armadas e
instructor de la
Policía Militar del Orden Público, Mariano Díaz Chávez; los
presuntos sicarios Elvin Rápalo, Emerson Duarte Meza y el oficial retirado
Edilson Duarte Meza; el supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, Óscar Torres Velásquez; y el
exmilitar hondureño Henry Hernández Rodríguez. Además en noviembre de 2017 fueron detenidos
un policía y un exagente policial, a quienes la Fiscalía acusa de presentar
pruebas falsas “con el fin de desviar la atención en las investigaciones”.
Pero con independencia de las imputaciones, el proceso está rodeado de circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente con la investigación judicial del homicidio de Berta Cáceres, después que dos individuos asaltaran el automóvil de la magistrada de la Corte de Apelaciones donde se hallabala
documentación. En el segundo aniversario del asesinato de
Berta Cáceres, organizaciones populares y la familia se concentraron en las
puertas del Ministerio Público (fiscalía) en Tegucigalpa, donde reclamaron la
captura y acusación de los autores intelectuales del crimen; el COPIMH denunció
que el Ministerio Público trata de “ocultar por todos los medios la verdad en el caso”. Los activistas también
pidieron al Fiscal General un informe sobre los proyectos hidroeléctricos
emplazados en los departamentos de Lempira, La Paz, Intibucá y Santa Bárbara.
A los doce días de resistencia popular y bloqueo de las carreteras en abril de 2013, siete patrullas policiales procedieron al desalojo de los comunitarios, a lo que siguió una “retoma” pacífica. Continuaba
El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua Zarca –FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energéticos SA (DESA) por el que finalizaban su “relación contractual”. Las dos sociedades dejaron de apoyar la construcción de la hidroeléctrica para –según afirmaron en un comunicado- “reducir las tensiones locales e internacionales en el área”. Pese a la retirada, “FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos humanos resultado del proyecto”, subrayaron portavoces del COPINH. También el 6 de julio DESA anunció que suspendía la ejecución de la infraestructura “durante el diálogo” con las comunidades, y “como gesto de buena voluntad”. Por otra parte, en octubre de 2017
La denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica además a la clase política. El exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016, ingresó en prisión preventiva y será juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusación contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliación irregular, en 2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificación implicaba un incremento en la capacidad de generación de la hidroeléctrica –de
Sin embargo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en julio de 2017 anunció una investigación sobre el caso Agua Zarca, afirma que irá más allá en las pesquisas. Esta delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende aclarar las responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cuéllar, actualmente Fiscal Adjunto de la República y funcionario al frente de la SERNA cuando se otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo indagar, en colaboración con
La MACCIH advierte que la empresa titular de Agua Zarca firmó con la Administración los contratos para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica; y por otra parte de suministro de potencia y energía eléctrica, antes incluso de obtener la licencia ambiental en marzo de 2011. Asimismo, según el informe “Situación de los pueblos indígenas en Honduras” (julio de 2016) de
El COPINH convocó los días dos y tres de marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el país y a escala global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la líder ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres, asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se hallaba también el activista mexicano
Pero con independencia de las imputaciones, el proceso está rodeado de circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente con la investigación judicial del homicidio de Berta Cáceres, después que dos individuos asaltaran el automóvil de la magistrada de la Corte de Apelaciones donde se hallaba
En noviembre de 2017 vio la luz un informe
–“Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”- del Grupo Asesor
de Expertos Internacionales (GAIPE), formado a instancias de la familia de la
líder ambientalista y el COPINH. Para la elaboración del documento, los
investigadores tuvieron acceso a información los registros telefónicos,
extracciones de aparatos electrónicos y tarjetas SIM, pruebas en las que se
basan las acusaciones de la fiscalía contra los ocho procesados. El grupo de
expertos concluye que la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Honduras
destinó protección a las instalaciones del proyecto Agua Zarca, “influida por
las relaciones con socios y personal directivo de DESA”. A partir del análisis
de la información, los expertos agregan que el Gobierno “omitió proteger a
Berta Cáceres, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre su vida”.
Otra de las conclusiones es la participación de directivos, empleados y
guardias privados de la empresa, así como de efectivos de las fuerzas de
seguridad y otras “estructuras paralelas” en actos delictivos perpetrados
antes, durante y con posterioridad al asesinato de Berta Cáceres.
El informe “Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta” dela ONG Global Witness
destaca que entre 2009, año del golpe de estado que derrocó al presidente
Manuel Zelaya, y enero de 2017 fueron asesinados 123 activistas por la defensa
del territorio en Honduras. En cuanto a la hidroeléctrica Agua Zarca
y DESA, la investigación apunta algunos vínculos con altas instancias de poder.
Por ejemplo, en la documentación de DESA figura como secretario Roberto Pacheco
Reyes, quien fue ministro de Gobernación y Justicia en el Gobierno de Honduras;
y como vicepresidente de la sociedad mercantil, Jacobo Nicolás Atala,
presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic Honduras y miembro de una de las
grandes familias de la oligarquía, los Atala. Además, 18 defensores de derechos
humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y periodistas beneficiarios de
medidas cautelares fueron asesinados entre 2009 y 2016, según el Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos pide a los estados la adopción de estas medidas en
situaciones de riesgo para personas o colectivos. Una de las asesinadas fue
Berta Isabel Cáceres. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238635
El informe “Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta” de
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