Capítulo 1. ¿A qué viene el Convenio 169 de la OIT? ¿Autonomía
para los pueblos o legitimización de la explotación?
2 de febrero de 2018
"Los
indígenas protegen cerca del 80% de la biodiversidad del planeta y son
propietarios legales de menos del 11% de dichas tierras, según datos del Banco
Mundial, lo que pone a los pueblos en una situación de vulnerabilidad y en un
estado permanente de guerra frente a las empresas y gobiernos para proteger sus
territorios".
Los territorios de los pueblos indígenas son
en el mundo los locales donde todavía se preserva los recursos naturales
cotizados por las empresas. Los indígenas protegen cerca del 80% de la
biodiversidad del planeta y son propietarios legales de menos del 11% de dichas
tierras, según datos del Banco Mundial, lo que pone a los pueblos en una
situación de vulnerabilidad y en un estado permanente de guerra frente a las
empresas y gobiernos para proteger sus territorios.
El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre pueblos indígenas y tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, ha sido la principal
herramienta internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. En la
teoría, dicho Convenio garantiza a los pueblos de los países signatarios el
derecho a su tierra y, por lo tanto, establece que para cualquier proyecto que
empresas o gobiernos desarrollen en sus territorio, debe realizarse una
consulta libre, previa e informada.
El equipo de este reportaje recorrió el sur de
México y todos los países de Centroamérica continental y registró diferentes
situaciones y estrategias de empresas y gobiernos para implementar
megaproyectos en los territorios indígenas.
Una de las situaciones recurrentes es que las
empresas y el Estado invaden los territorios, sin establecer ningún tipo de
diálogo con la comunidad, negociando las tierras individualmente. La
contaminación o destrucción de los recursos, la violencia por los conflictos
por el territorio han generado la expulsión de los indígenas. En estas
situaciones, gran parte de los pueblos visitados invocan el Convenio 169 de la
OIT en su lucha política y jurídica, para exigir el derecho a ser consultados.
Existen aquellos pueblos que logran soportar
la presión de toda naturaleza y declararse territorio libre de los
megaproyectos. Estas situaciones exigen una organización y una cohesión muy
grande de la comunidad, ya que no tienen respaldo jurídico, para no permitir
que las empresas entren en sus territorios.
Otra situación es que cuando los pueblos
logran iniciar un proceso de consulta, se observa que estos procesos en casi su
totalidad no respetan la autodeterminación de los pueblos y generan conflictos
tan violentos como los generados en la primera situación: muertes,
persecuciones y destrucción del tejido social de las comunidades.
La consulta esta cada vez más presente también
en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se
logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el
Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de
respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas, una forma de
justificar la presencia de sus inversiones en el territorio a partir de un
consentimiento del pueblo. En realidad, en los casos en que se realiza la
consulta, el Estado y las empresas persisten en desconocer los resultados que
no les son favorables, manipulan a líderes, en algunos casos son sometidos a
juicio y en otros ejecutados, como fue el caso de Berta Cáceres, en Honduras.
Como el Convenio 169 sigue siendo la principal
herramienta del Derecho Internacional, y es frecuentemente invocado por los
pueblos en sus luchas, este trabajo reportará cómo las consultas están llegando
a los territorios de dos pueblos indígenas, cuáles son las implicaciones y
conflictos generados. Son pueblos que están en fases distintas del proceso de
consulta. Los Broran, en Costa Rica, donde hay un proceso nacional de
construcción de un protocolo de consulta y los Garífunas, en Honduras, donde se
está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para
regularizar el proceso.
- Foto por Renata Bessi.
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