Los nudos del petróleo en Colombia
Ambiente y ciencia,
política y democracia
13 de febrero de 2018
Por Eduardo Gudynas (Rebelión)
En los últimos meses han recrudecido en Colombia los debates sobre
el papel de las consultas locales frente a los extractivismos, el papel de los
científicos y los modos de construir políticas ambientales. Esa se debió sobre
todo a varias declaraciones de una reconocida bióloga colombiana, Brigitte
Baptiste, quien minimizó los impactos ambientales de la explotación petrolera,
defendió a las empresas y sostuvo que se debía sacar hasta la última gota de
crudo.
Lo relevante de ese caso es que ese tipo de defensas de los
extractivismos también se escuchan en Perú, Ecuador, Bolivia y los demás países
de la región. Es
más común que esas posturas sean esgrimidas por individuos en el gobierno,
buena parte de la academia, empresas y distintos sectores ciudadanos. En el
caso colombiano, Baptiste es además directora del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, una institución clave en las
políticas ambientales en ese país, encargada de otras cosas de la delimitación
de los ambientes de Páramo que tanto resisten las mineras.
Todo esto amerita analizar ese tipo de posturas.
Aquí se comparte un ejercicio en ese sentido. No tiene el propósito de
personalizar las reacciones, pero como excusa para un debate que sea
conceptual, serio y constructivo. Tampoco se pretende agotar el asunto, pero se
busca mostrar las implicancias de presupuestos tales como minimizar los
impactos ambientales de los extractivismos, o jerarquizar los saberes
académicos sobre los vaivenes de las creencias ciudadanas. Esto lleva a
sostener que será necesario desarmar nudos de esos tipos para poder explorar
alternativas que realmente aseguren la calidad de vida y la sobrevida de la
Naturaleza.
Punto de partida: los impactos
Como no podría ser de otra manera, el sector
petrolero, como otros extractivismos, insiste en que sus impactos ambientales
son menores o tolerables, que hay mecanismos de mitigación adecuados, y en caso
de accidente se aplican apropiadas acciones de remediación. Esa perspectiva
aparece en una de las recientes entrevistas a Baptiste, agregando que las
compañías petroleras han “asimilado muy bien” en los últimos 25-30 años todo el
desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales, sobre todo en
“disminuir costos sociales y ecosistémicos” de los impactos (1). Agrega que esa
“innovación” es impresionante, y que los pozos de petróleo son “casi de impacto
cero”.
Dichos de este tipo necesitan ser analizados en detalle,
considerando su validez científica, sus implicancias en las políticas y gestión
ambiental, y sus consecuencias en las vinculaciones con la sociedad civil.
Comenzando un análisis en el terreno de la
evidencia disponible, sostener que los pozos petroleros tienen un impacto “casi
cero” carece de apoyos científicos. Muy por el contrario, hay una enorme
cantidad de estudios que muestran los impactos del sector petrolero. No es
posible aquí citar toda esa información, por motivos de espacio en primer
lugar, pero de todos modos se presentan algunas referencias ilustrativas para
dejar en claro que existe mucha evidencia académica de respaldo.
Considerando las actividades petroleras en
todas sus fases, ya en las etapas de explotación y prospección se encuentran
impactos ambientales. Por ejemplo la apertura de caminos y los estudios
sísmicos generan fragmentación en los ecosistemas naturales e impactan sobre la
biodiversidad (2). Entonces, desde un inicio, aún antes de sacar el primer
barril, la sola exploración y prospección produce efectos ambientales
negativos.
En las etapas de operación se suman más
problemas, por los efectos de las torres y sus plataformas, las perforaciones, la
gestión del agua, la caminería de acceso, instalaciones de bombeo, sitios de
disposición de aguas, lodos y otros residuos, etc. (3). Se genera contaminación
en el suelo y el agua subterránea y superficial, distintos efectos sobre el
subsuelo, pequeños y grandes derrames, quemas, etc.
La sola cercanía a los pozos petroleros ya
afecta la salud de los árboles (4) . Se lanzan al aire y al agua compuestos
peligrosos, muchos de ellos tóxicos, y varios cancerígenos (como los
hidrocarburos policíclicos aromáticos - PAHs) (5). Aumenta la deforestación y
eso desencadena una pérdida de la fauna y flora local (6). Las innovaciones
tecnológicas como los taladros direccionales múltiples que parten desde un
emplazamiento “isla”, reducen el número de plataformas, pero se encuentra que
pueden generar más contaminantes líquidos y tiene mayores riesgos de pérdidas.
Ha recibido mucha atención la contaminación del agua, y en los países vecinos a
Colombia se ha acumulado mucha evidencia (7). La disposición final de aguas y
lodos tóxicos sigue siendo un enorme problema. Por ejemplo, en Estados Unidos,
el sector de hidrocarburos genera más residuos líquidos y sólidos que todas las
demás categorías sumadas (urbanos, agrícolas, mineros, etc.). La fuente de
éstos está en taladrar y bombear, y todo esto se minimiza como “agua producida”
en lugar del término que debería recibir: residuos peligrosos o tóxicos (8).
Los pozos petroleros no están aislados, sino que para cumplir sus
funciones necesitan de conectores como oleoductos o gasoductos, los que a su
vez tienen impactos ambientales de todo tipo, tanto en la fase de construcción
como en la de operación (9).
Finalmente, los pozos petroleros tienen una vida útil, y la etapa
de abandono produce pasivos ambientales, que mantienen la contaminación por
largo tiempo, como muestran varios casos en Bolivia (10).
Este breve repaso atendió algunos aspectos destacados en el
petróleo y gas convencional y en el medio terrestre. Pero la situación es más
compleja en las operaciones marinas, y todavía más con hidrocarburos no
convencionales y tecnologías de fractura hidráulica.
Aunque existen evidencias y estudios de problemas de este tipo en
Colombia, alguno podrá argumentar que los casos más graves de malas prácticas
son propios de otros países, y que la gestión ambiental colombiana es muy
superior, controlando adecuadamente los impactos ambientales y sociales en
emprendimientos extractivos. Estimo que la evidencia de los últimos años lleva
a tener muchas cautelas en seguir ese camino (basta repasar los detallados
informes de la Contraloría para el sector minero).
Además de las cuestiones ambientales que se indicaron en esta
sección, no debe olvidarse que el sector petrolero también produce efectos
negativos sociales, tales como invasión de territorios y comunidades
campesinas, impactos sobre la salud pública, violación de derechos humanos, y
participación en redes de corrupción.
En estos y otros campos opera la defensa de los extractivismos,
minimizando o negando estas consecuencias, los riesgos enfrentados, y en cambio
se enfatizan aspectos positivos como los ingresos económicos, para así generar
discursos de legitimación (11).
Considerando todos estos aspectos, una
evaluación de los emprendimientos petroleros no puede partir desde la premisa
que tienen un impacto “casi cero” o que son “amigables” con la biodiversidad. Por
el contrario, tienen sustantivos efectos, muchos de ellos conocidos y
posiblemente otros todavía no evaluados adecuadamente. Entonces, la discusión
debe avanzar hacia entender mejor esos impactos, y por cierto habrá efectos que
serán socialmente aceptados y otros, en cambio, serán rechazados.
Escalas e intensidad de los impactos
Una preconcepción análoga a la de los
impactos “casi cero” en los emprendimientos petroleros se repite en varias
defensas de la minería. Entre
ellas se encuentra sostener que la superficie territorial afectada por una
megamina es, por ejemplo, menor a algún sector agrícola, y por lo tanto éste
sería el problema más grave y no tanto la minería. Razonamientos
de este tipo también se han defendido en Colombia.
En esas comparaciones hay un aspecto cierto:
la superficie de una minera es menor a la de, por ejemplo, el cultivo de café
en una región. Sin embargo restringirse a esto es engañoso. En efecto, estamos
ante dos actividades muy distintas, ya que una descansa en recursos
no-renovables que se agotan, y la otra aprovecha la renovabilidad, aunque ambas
acarrean efectos territoriales ampliados. Esas confusiones en parte se deben a
que no se maneja un concepto preciso de extractivismo.
La explotación minera y petrolera implica una
pérdida ecológica que es irreversible (sea el mineral como el crudo no se
pueden recuperar). En la agricultura hay circunstancias en que puede ocurrir
algo análogo (por ejemplo por pérdida total del suelo), pero también cuenta con
otras opciones que ofrecen un amplio abanico de aprovechamientos, cada uno con
sus posibilidades de sustentabilidad, y diferentes efectos sobre la
biodiversidad y el ambiente.
La teoría de los extractivismos alerta que la megaminería en
realidad representa una amputación ecológica. Es una condición de extremo
impacto ambiental que implica una remoción física del ambiente. Bajo esas
condiciones, hablar de remediación o restauración de tajos abiertos resulta un
eufemismo tecnocrático. Se pierde la gravedad de esas amputaciones ecológicas y
en cambio se discuten efectos secundarios alrededor de esas heridas.
Esto se pierde de vista cuando se hace algo
así como un ranking entre afectaciones ecológicas únicamente por la superficie
comprometida. A mi modo de ver, asumir que los enclaves mineros o petroleros
serían menos graves que algún sector agrícola extractivista, es como si dos
pacientes con dos graves pero distintos tipos de cánceres terminales se
encontraran y se pusieran a discutir cuál de está mejor. Se termina alentando
el estancamiento en la toma de decisiones, ya que si se aplica esa premisa hay
que considerar cuáles serían las políticas ambientales a seguir: ¿permitir la
megaminería y recortar la agropecuaria? ¿prohibir el cultivo de arroz pero
dejar operando Cerrejón? Parece que olvidamos que, por ejemplo, podemos
reconvertir el uso de la tierra hacia prácticas agroecológicas, pero no existe
nada parecido a una explotación minera o petrolera “ecológica” u “orgánica”.
A su vez, desde la teoría de los
extractivismos se reconoce que la superficie de los enclaves son distintas;
acotados en un pozo petrolero o una minera, y amplios y difusos en la agricultura. Pero
los dos tipos de apropiación de recursos tienen efectos geográficos ampliados
que también cubren enormes superficies, debidos entre otros factores a las
redes de conectores que vinculan esos enclaves, o a la reterritorialización que
ocurre cuando se imponen concesiones mineras o petroleras sobre otros tipos de territorios.
Por ejemplo, un detallado estudio en Ecuador
muestra que los bloques petroleros se superponen o afectan el conjunto de áreas
protegidas, incluyendo algunas de alta biodiversidad. Se genera una geografía
extractivista que acota y limita los sitios de conservación, donde las áreas
protegidas no pueden asegurar una adecuada protección por ser pequeños, poco
representativos, desconectados, etc. (12).
Por lo tanto, cualquier intento de legitimar
un extractivismo por la superficie de su enclave no es una buena aproximación,
ya que existen efectos territoriales ampliados que se minimizan u olvidan.
Petróleo y cambio climático
Las confusiones entre la ponderación de
impactos y las escalas reaparecen al abordarse el papel del cambio climático.
Como se sabe, uno de los flancos de más dura crítica al sector petrolero apunta
a su responsabilidad en la generación de gases invernadero. Cuando Baptiste
defiende a las petroleras, minimiza esa correspondencia con el cambio climático
diciendo que Colombia “no aporta” gases de efecto invernadero o que su
contribución no es significativa, y que las importantes son las que provienen
desde la agricultura, ganadería y deforestación.
Comencemos por indicar que es incorrecto
afirmar que Colombia “no aporta” gases invernadero. En realidad, una reciente
estimación indica que emite 177.6 mega toneladas de equivalentes de CO2.
Seguramente aquel dicho fue una metáfora ya que Baptiste agrega que esas
emisiones no son “sensibles” en el total global al estar en el orden del “cero,
coma, cero, cero, algo”. Pero tampoco es ese el caso, en tanto la participación
colombiana en el total mundial es mucho más alta, ubicándose en el 0.37%. Se
comprende la imagen de sus dichos, pero mi punto es que si buena parte de su
discurso insiste en privilegiar el saber científico frente a los “mitos”
populares, y por eso mismo se debe ser riguroso en el lenguaje.
Tampoco es correcta su afirmación que las
principales emisiones vienen del medio rural (agropecuaria, deforestación y
cambios en el uso del suelo). Por el contrario, la principal fuente de
emisiones colombianas, con el 49% del total, es lo que se denomina como sector
“energético” (que incluye la quema de combustibles, la generación de
electricidad, el transporte, la construcción, etc.). Asociados a peste se
encuentran gases de procesos industriales y residuos, con 7.6%. En cambio, las
emisiones que provienen del medio rural, la agricultura y los cambios en el uso
del suelo se estiman en 40% del total (13).
Como resultado, Colombia es un aportante a los
gases invernadero, y dentro del país estos se generan sobre todo desde los
sectores de energía, agricultura y deforestación. Pero no puede olvidarse que
el petróleo extraído de Colombia se quemará en otros países, lo que refuerza la
necesidad de manejar con mucha cautela las responsabilidades nacionales.
Esta no es una cuestión menor, ya que varios
países sudamericanos insisten en que su contribución a los gases invernadero es
menor, y por ello se sienten liberados de asumir restricciones en el sector
petrolero. Un caso extremo es Bolivia, ya que critica a casi todos los países
en la temática del cambio climático pero a simultáneamente apuesta a aumentar
la explotación petrolera, incluso en territorios indígenas y áreas protegidas.
Es muy útil seguir el rastro desde cada
empresa petrolera, ya que, por ejemplo, lo que se extrae en el Medio Oriente se
quemará pongamos por caso en países industrializados. Si en lugar de poner el
foco en los países, se atiende a las responsabilidades de las empresas, la situación
es otra. Sumando las emisiones de CO2 a la atmósfera entre fines del siglo XIX
(1880) al año 2010, las empresas más contaminantes fueron Saudi Aramco (empresa
estatal de Arabia Saudita), seguida por Chevron (corporación privada basada en
EE.UU.) (14). En ese tipo de evaluaciones, Ecopetrol de Colombia aparece en el
puesto 59 en un ranking global de las 90 empresas petroleras más contaminantes.
Entonces, tanto las empresas como el país, tienen responsabilidades en estos
aspectos.
Minimizar esas responsabilidades en el cambio climático global
está reñido con las alertas del Panel Internacional en Cambio Climático y con
las metas de los convenios internacionales en esa materia, como el Acuerdo de
París. Recordemos que se postula un tope a las emisiones de gases de carbono
para evitar un aumento peligroso de la temperatura media del planeta, y ello
impone restricciones a la civilización petrolera. Entre ellas está el llamado a
dejar de explotar el petróleo que queda en el subsuelo para evitar que se lo queme
y aumente la concentración de gases invernadero.
Cuando se apuesta a explotar hasta la última gota de petróleo
invocando necesidades económicas nacionales como minimizando los impactos
locales, se sigue un razonamiento que no es muy distinto al de Donald Trump,
quien también prioriza los intereses económicos nacionales y no cree que la
explotación de hidrocarburos o carbón sean un problema ecológico. Es una
postura que tampoco se condice con entender que el cambio climático se está
convirtiendo en una seria amenaza para la biodiversidad en el planeta, y por
ello, también en Colombia.
Los roles empresariales
En la promoción de los extractivismos también
se cuentan las defensas a las empresas, presentándolas como eficientes e
innovadoras, que aprovechan todos los avances científicos-tecnológicos para
reducir sus impactos, y responsables con el ambiente y las comunidades. Algunos
de esas ideas también aparecen en una de las entrevistas a Baptiste cuando
enumera cualidades, todas positivas y con adjetivos contundentes: el sector
petrolero es dinámico, muestra una “innovación impresionante”, ha reinvertido
buena parte de su “riqueza” en innovación, genera todo el tiempo competitividad
y eficiencia (15). El razonamiento prosigue con señalar que como la gente “no
percibe” una evolución que sería positiva, esto genera desconfianza e
incertidumbre en la gente.
Una vez más, como la ciudadanía “no sabe” es que rechaza a
los extractivismos, sugiriéndose que “si supiera” posiblemente los abrazaría.
Esa paradisíaca imagen de las empresas
extractivas debe ser sujeta a un escrutinio más riguroso. Comenzando por lo más
obvio nunca debe olvidarse que la “riqueza” de las empresas petroleras (o sea
capital) va sobre todo a sus accionistas y los servicios de su deuda, y no a la
innovación científico-tecnológica. En efecto, ha existido una caída estimada en
el 15% de las reinversiones en investigación y desarrollo de las compañías en
2015, y un adicional 5 % en 2016, según la Agencia Internacional
de Energía (16).
Las evaluaciones de los esquemas de
responsabilidad social empresarial muestran que no tienen efectos sustantivos o
son muy modestos en la gestión ambiental (17). El sector petrolero tiene un
historial negativo en el cumplimiento de exigencias y controles ambientales. La
evidencia comparada en otros países sudamericanos confirma eso, observándose
incumplimientos de normas ambientales como de sus propios códigos de
responsabilidad empresarial, no necesariamente emplean las mejores tecnologías
disponibles, ocultan accidentes, etc. (18). Ni siquiera los nuevos gobiernos
progresistas han sabido encauzar de otra manera la responsabilidad social
empresarial (19). Incluso en EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental
repetidamente encuentra todo tipo de irregularidades e incumplimientos en el
sector petrolero (20).
Además, al contrario del optimismo tecnológico
simplista, las empresas siguen involucradas en accidentes, especialmente
derrames. Esto es muy claro en la Amazonia de Ecuador y Perú (21). Parecería
que esta problemática es más difícil de asumir en Colombia en tanto algunos
conocidos derrames se han debido a sabotajes. Sin embargo también hay casos
debido a otras razones. Entre ellos, el derrame en Casanare en junio de 2016,
que ocasionó una emergencia ambiental, repite lo observado en los países
vecinos (empresa que no informa a tiempo, críticas al mantenimiento del ducto,
acusaciones a las comunidades locales) (22). Por lo tanto, asumir un paraíso de
empresas muy juiciosas y un Estado muy riguroso en el manejo petrolero, puede
ser aventurado.
Hay otras confusiones asociadas que también deben señalarse. Entre
ellas siempre hay que recordar que las empresas petroleras no tienen por
finalidad proteger la naturaleza; su meta es asegurar beneficios económicos que
mantenga su funcionamiento y generen beneficios económicos para sus
propietarios. Es necesario tener esto presente cuando hay momentos en que se
trata a esas empresas como si fueran un ministerio del ambiente o una agencia
de beneficio social. Incluso centro del propio sector petrolero reconocen que
el propósito fundamental de la ingeniería petrolera no es proteger el ambiente
sino maximizar la extracción, y que para que éstos sea posible en las
circunstancias actuales se deben atender los impactos ambientales y cumplir con
exigencias y controles (23). En otras palabras, se asumen medidas ambientales
no como un fin en sí mismas, sino como una inevitable condición para mantener
la rentabilidad.
Dos posturas científicas
En cuestiones como las que se acaban de
examinar, la
defensa de los extractivismos muchas veces está asociada a ciertas concepciones
de la ciencia y a determinadas prácticas epistemológicas. Cuando se insiste en
minimizar los impactos ambientales o se cree sinceramente que esos efectos se
pueden resolver con la tecnología, nos encontramos en el terreno de las viejas
ciencias cartesianas. Estas abordan al ambiente como un sistema que se puede
conocer en detalle, y a su interior discurren interacciones simples, que pueden
ser predichas con cierta eficacia. Es por lo tanto una mirada parecida a la de
física o química. El ecólogo sería como un ingeniero que conoce todos los
componentes de la máquina ecológica, y puede actuar removiendo o incluyendo
piezas, cambiando la dinámica de funcionamiento, para así generar una gestión
ambiental.
En cambio, los más recientes avances en ciencias ambientales
discurren casi en un sentido inverso. El ambiente no se puede reducir a una
simple maquinaria, ya que en la naturaleza no todos los componentes son
conocidos, se entienden parcialmente las relaciones entre ellos, y tampoco esos
procesos discurren como simples relaciones de causa – efecto. Toda esa
incertidumbre es mucho más alta en América Latina, porque los conocimientos
sobre la fauna y flora, y la base física, son todavía muy parciales. Hay todo
tipo de interacciones y buena parte no son lineales ni acotadas en el tiempo o
el espacio. De esta manera, las nuevas ciencias ambientales se mueven en la
incertidumbre, y hacen del riesgo un elemento clave (24). El ecólogo que sigue
esta mirada tiene muchas resistencias a meter sus manos dentro de los
ecosistemas, ya que no conoce todos sus componentes y menos aún las
consecuencias que puedan tener sus intervenciones.
Los clásicos estudios ambientales que se siguen aplicando a los extractivismos
son parte de la vieja mirada de la ciencia, y descansan en esa epistemología
cartesiana. Por ello creen que pueden predecir efectos ambientales y afirman
saber cómo mitigarlos. En cambio, lo que se necesita frente a los
extractivismos son evaluaciones que incorporen las incertidumbres, y desde allí
ponderan cuáles son los riesgos, los posibles impactos negativos. Un ejemplo de
las incertezas aparece en la reciente acción de la Procuraduría frente a un
pozo de Ecopetrol en Meta, entre otras cosas por carecer un estudio adecuado de
los acuíferos y cuerpos de agua (25). La mirada clásica afirmará, por ejemplo,
que no habrá accidentes de derrame en una plataforma petrolera, mientras que el
abordaje de la complejidad asumirá que éstos son posibles, y que en caso de
ocurrir indica cuáles serán los posibles impactos.
Cuando se examina un emprendimiento petrolero toda esa
complejidad queda en evidencia, y sobre ello se solapan incertezas sociales,
económicas y políticas. Es por esto que desde la perspectiva de la complejidad
nunca se diría que la explotación petrolera tiene “cero” impactos, ya que eso
es imposible de confirmar desde un punto de vista ecológico. En cambio,
reconociendo la incertidumbre, se enumerarían los riesgos ecológicos de esas
actividades.
Consecuencias en políticas públicas
A partir de estas precisiones es posible pasar
a considerar algunas implicaciones en el campo de las políticas y la gestión
ambiental. En este terreno, las posturas que afirman que el petróleo tiene
impactos “casi cero” genera una cascada de consecuencias negativas para las
políticas ambientales. Algunas se pueden mencionar aquí.
Entre ellas está un potencialmente
debilitamiento de las capacidades de evaluación ambiental. Por ejemplo, se
puede argumentar que dados los recursos escasos del Estado, realizar
evaluaciones de impacto ambiental en ese sector no es una prioridad, o que como
sus efectos son reducidos habría que rebajarles las exigencias y monitoreos. Es
más, como ese discurso va de la mano con el que presenta a las empresas como
muy buenos gestores ambientales, no faltaría quienes sostuvieran que se debe
dejar el control ambiental en manos de las propias corporaciones, las que
cuidarían del ambiente por sí mismas.
Esas posiciones en política y gestión ambiental
deben ser rechazadas. Más arriba se ofrecieron ejemplos de la base científica
que muestra la realidad de los impactos del sector petrolero. Como muchos
países reconocen eso, y lo han aprendido tras decenas de impactos y conflictos,
sus Estados imponen evaluaciones de impacto ambiental, con sus guías
específicas para el sector, protocolos de evaluación, etc. Entonces el discurso
debe ser otro: los riesgos de esos emprendimientos y sus impactos obligan a
redoblar las exigencias y vigilancias, y éstas deben estar en manos del Estado,
tanto a nivel central como local.
Un segundo conjunto de consecuencias podría
afectar a las políticas en investigación en biodiversidad y ecología. Si se
sostiene desde la propia academia que la explotación petrolera no tiene impactos
potencialmente graves, se brindan argumentos a políticos y tomadores de
decisiones para desestimar el financiamiento de esos estudios en el ámbito
académico, como por ejemplo las universidades. Como los fondos disponibles para
la investigación son escasos, los políticos de turno e incluso los académicos
podrían decidir con cierta razón que deben ser enfocados allí donde es más
urgente, y como petróleo y minas parecen no serlo, podrían ser removidos de las
asignaciones de fondos. Se favorece incluso una mayor dependencia a conseguir
financiamiento de las propias empresas petroleras, las que apoyarán lo que
quieran y bajo las condiciones que deseen. Se consolida así una situación donde
las investigaciones y conocimientos siempre serán limitados, alimentándose
todavía más la ilusión de la ausencia de impactos.
Finalmente, hay otros componentes referidos a
las políticas en cambio climático que ya fueron analizados arriba.
Economía y desarrollo
Otro sendero seguido en la defensa de los
extractivismos parte de su importancia en alimentar el crecimiento económico.
Aquí también Baptiste ha sido muy elocuente en afirmar que se debe sacar hasta
la última gota de petróleo en Colombia. En esos dichos apela a ideas
complementarias: otras estrategias de reconversión energética tendrían un alto
costo fiscal, el petróleo tiene impactos “cero”, los aportes colombianos al
cambio climático “no existen”, etc.
Si bien, como ya se analizaron arriba ideas
tales como minimizar los impactos, es importante considerar los otros aspectos
económicos. En esa dimensión, es necesario comprender que el precio de mercado
del crudo no incorpora los costos ambientales del sector. En realidad,
Colombia, como los demás países petroleros, acepta un dumping ecológico
vendiendo esos recursos mientras socializa los costos económicos de sus efectos
negativos. En el valor del barril de crudo no está, por ejemplo, el costo
económico de descontaminar un río. Sin contar con esa información no se pueden
aplicar evaluaciones serias de los costos y los beneficios económicos de
extraer petróleo. Dicho de otro modo, la academia carece de la información
necesaria para decir que es “ventajoso” sacar todos los hidrocarburos. En
Ecuador, donde fue realizado una evaluación multicriterio que incorpora algunos
de esos otros aspectos, arrojó que para el país es más beneficioso dejar el
crudo en el subsuelo amazónico (26).
Un segundo asunto, es que cuando se presenta a
la exportación petrolera como motor del desarrollo, uno queda adherido a
visiones convencionales de la economía y del desarrollo. Se asume que las
exportaciones de recursos naturales promueven crecimiento económico, y que éste
genera derrames que permitirían reducir la pobreza, por ejemplo. Ese es
justamente el reduccionismo economicista que han combatido los estudios
ambientales por lo menos desde fines de la década de 1960, pero que de todos
modos una y otra vez reaparecen en nuestros países. Esa perspectiva ignora que
en casi todos los países que dependen de la exportación petrolera se deteriora
la diversificación productiva y se primarizan, muchos quedan atrapados en
situaciones del tipo “enfermedad holandesa” con un dólar barato, consumismo de
productos importados y débil industria nacional, se deteriora el entramado
democrático, no logran superar la pobreza, etc. Además, hay aportes
sudamericanos que muestran lo debatible que son las supuestas conexiones entre
exportaciones petroleras y financiamiento de la reducción de la pobreza, o
aquellos que revelan la escandalosa situación donde el Estado termina
subsidiando a las petroleras (27).
Finalmente, es muy común que en esas
discusiones se confundan aspectos económicos y ecológicos. Es que aun
admitiendo impactos ambientales, los promotores de los extractivismos ofrecen
mecanismos de compensación económica, tales como asistencia en salud, vivienda,
alimentos, empleo, etc. A veces se califica a esto como intervenciones
positivas de las empresas extractivas, cuando en realidad una compensación
económica no reemplaza ni es igual a la protección ambiental; son relaciones
del tipo “te contamino, pero te pago”.
Impactos locales y efectos derrame
Las posturas de reducir la relevancia de los
impactos ambientales locales mientras se jerarquizan los supuestos beneficios
económicos saca ventaja de dos limitaciones conceptuales: definiciones
imprecisas y vagas de los extractivismos, y la confusión de sus impactos
locales y los efectos derrame.
Los extractivismos son un tipo particular de
apropiación de recursos naturales que está basado en remover grandes volúmenes
o con alta intensidad, y que en su mayor parte son exportados como materias
primas. Entendidos de esta manera son actividades ancladas localmente, pero
dependientes de la
globalización. Entonces , por ejemplo, puede haber remociones
de minerales o prácticas agrícolas que no son extractivismos (28).
Los extractivismos por un lado ocasionan
impactos locales, como los efectos sobre la biodiversidad o la salud de las
personas, y por otro lado generan efectos derrames, tales como alterar las
dinámicas económicas o modificar las políticas públicas. Estos últimos no están
acotados a un sitio, sino que incluyen el rediseño de políticas y estrategias
que son nacionales y cubren todo el territorio, para hacerlas funcionales a los
extractivismos. Ejemplos muy claros son los límites a la información y
participación ciudadana, los recortes de los derechos de las personas o
naturalizar la violencia con la que se imponen los extractivismos.
En sectores como hidrocarburos y megaminería
los efectos derrame pueden ser mucho más importantes y graves que los impactos
locales. Esto se debe a que no son fácilmente identificados como tales y son
además más difíciles de revertir.
Política, democracia y saberes
Entre los efectos derrames están aquellos que
inciden sobre la
democracia. En forma muy esquemática, la evidencia disponible
en América del Sur muestra que los extractivismos siempre buscan reducir o
anular distintos mecanismos democráticos, ya que allí donde la ciudadanía es
adecuadamente informada, intercambia experiencias locales, y participa en las
decisiones, es más proclive a rechazar esas actividades por sus altos riesgos.
Entonces, los promotores de los extractivismos
no sólo defienden esas actividades, sino que en paralelo atacan mecanismos
democráticos como el libre acceso a la información o las consultas ciudadanas.
Se argumenta que las comunidades locales no están informadas adecuadamente, no
saben analizar los datos, o tienen intereses políticos ocultos. Por lo tanto no
tendría sentido que votaran, sino que antes deben ser “informadas” o
“educadas”. En paralelo, se postula que las consultas no son necesarias, ya que
le legitimidad democrática ocurre una vez, en el momento de las elecciones
nacionales, departamentales o locales. Las personas que ganaron las elecciones
pueden tomar todas las decisiones que quieren y no tienen obligaciones de
consultar a la gente.
Dicho de otro modo, se atacan instrumentos de democracia
delegativa y se potencian delegaciones verticales de la representación popular.
Bajo esta dinámica no puede sorprender que se
utilice la reputación de los saberes científicos para darle a los expertos un
papel significativo en decidir las políticas sobre los recursos naturales que
de alguna manera limitan o condicionan otras prácticas de participación ciudadana.
Se asume que éstos poseen un conocimiento suficiente, objetivo, adecuado, y
privilegiado frente a otros saberes al momento de decidir las estrategias de
desarrollo.
Esas posiciones tienen que ser evaluadas. La situación
latinoamericana es compleja, ya que gran parte de la academia defiende y
reproduce a los extractivismos. Pongamos por caso, los ingenieros de minas o
petroleros creen sinceramente en ese tipo de actividades, y hay muchos que
consideran que sus impactos son menores, pueden ser manejados o que son costos
a pagar por el progreso económico. En cambio, en todos los países, los grupos
de científicos que alertan sobre los problemas locales y los efectos derrame de
los extractivismos son muchos menores, y no faltan casos donde son hostigados
dentro de sus propias instituciones.
En paralelo, hay empresas extractivas que
financian a ese entramado académico, sea por impuestos, fondos sectoriales o
proyectos específicos. Esto ha generado, por ejemplo en Argentina, reacciones
de algunos grupos universitarios ante los fondos mineros ya que entienden que
comprometen las independencias institucionales.
Por lo tanto no existe un “único” saber
científico, ni un “único” modo de practicar la ciencia. Hay todo
tipo de abordajes teóricos y prácticos, unos recostados sobre la simpleza y
otros sobre la complejidad, y éstos a su vez están atravesados por distintas
formas de entender la explotación de la Naturaleza, diferentes posturas éticas
y morales sobre qué implica, por ejemplo, contaminar el agua o desplazar una
comunidad, y además, todo ello puede ser afectado por intereses económicos o
ideologías políticas.
Esto permite que gobiernos, partidos políticos
y empresas, fácilmente puedan seleccionar posiciones de académicos que
defienden los extractivismos, mientras excluyen a otros. De manera similar
operan los medios de prensa
convencionales. Se diseminan de esa manera discursos en favor de los
extractivismos y que presentan a las comunidades locales como ignorantes.
Los grupos de la sociedad civil quedan
atrapados en esta dinámica. Algunos se ven forzados a contratar sus propios
“expertos” para poner evidencia impactos que otros niegan. Esta es una tarea
que no es sencilla, ya que las empresas cuentan con muchos más científicos y
consultores, y además tienen más dinero para contratarlos. Sólo en algunos
casos, en ciertos países, estallaron batallas entre saberes y contra-saberes
expertos de envergadura (por ejemplo, sobre la afectación del agua en el
proyecto minero Conga en Perú o las consecuencias de los agroquímicos asociados
a los transgénicos en varios países).
Sin duda que en el seno de las comunidades así
como dentro de movimientos sociales hay todo tipo de manejo de la información,
con mayor o menor calidad. Es cierto que se escuchan disparates, pero el vecino
de una comunidad no está obligado a cumplir con los estándares de la
comunicación científica, y no puede ser juzgado bajo esa escala. Reconocido
esto, me parece apresurado acusar a los grupos ciudadanos de estar atrapados en
mitos o campañas publicitarias, cuando una buena parte de esa mitología también
afecta a los ámbitos académicos convencionales. Es más, el mecanismo
prevaleciente es inverso, ya que los extractivismos siguen vigentes en buena
medida gracias a amplias campañas mediáticas. A veces se vuelve un milagro que
una comunidad pueda tener una visión independiente sobre esas actividades si la
prensa, los políticos, empresarios y muchos catedráticos no dejan de repetir
las bondades y necesidades de esos emprendimientos.
Desde la mirada de las comunidades locales es
totalmente comprensible que desconfíen de los expertos, y esto no debe ser
tomado a la ligera como una muestra de ignorancia o atavismo. Pensamos por un
momento qué sucede cuando líderes comunitarios que vienen escuchando una y otra
vez que el dictamen experto que el extractivismo no tendrá mayores
consecuencias, pero de todos modos estalla un impacto. ¿Qué sucede cuando se
revisa con cuidado la información de un proyecto similar en otra región o país
y se encuentra que ha dejado todo tipo de impactos negativos? ¿Cuáles deberían
ser las reacciones cuando tras examinar con detalle los discursos expertos se
encuentran múltiples errores e imprecisiones según los estándares de ese mismo
saber académico? Planteo estas preguntas retóricas para mostrar que las
comunidades locales y la sociedad civil tienen todo el derecho de ser
desconfiadas.
Reconocer esta problemática no significa caer
en una postura anti-científica. Muy por el contrario, las nuevas miradas en
ciencias del ambiente mencionadas arriba, reconocen la diversidad de saberes, y
no tienen vergüenza en presentarse a sí mismas como un tipo de conocimiento
entre varios otros. Su reconocimiento de las incertidumbres y complejidades les
obliga a promover la participación y el diálogo. Es una ciencia que intenta no
ser petulante, sino que presenta cuáles son los riesgos, por ejemplo ecológicos
o sanitarios de los extractivismos, y busca discutirlos con las comunidades
locales ya que ellas sufrirán antes que nadie esos impactos. Es una postura que
comprende que los saberes locales y tradicionales tienen unos conocimientos
ecológicos que enriquecen los estudios que puedan llevar adelante los biólogos
y ecólogos. Ese aporte no es una carga ni entorpece el trabajo, sino que es una
necesidad. La mejor evaluación ambiental necesita de la participación y
consulta ciudadana.
Existen, por lo tanto, múltiples esfuerzos de
democratizar las evaluaciones ambientales y mejorar la participación ciudadana
en las políticas ambientales. Muchos de éstos surgieron en el norte ante
emprendimientos complejos, como las centrales nucleares, las que a semejanza de
las petroleras también insisten en que no producen impactos, tienen la mejor
tecnología y son completamente seguras (29). Aquí en el sur, contamos con la
rica tradición de la llamada investigación-acción-participante que ofrece
muchas complementariedades con una ecología de la complejidad. Caminos
de este tipo son los que deben explorarse.
Desatando los nudos
La posibilidad de debatir sobre los
extractivismos y sus implicancias en Colombia, debe ser más que bienvenida. Es
muy bueno que esto ocurra, ya que permite entender mejor las particularidades
de ese tipo de explotación de los recursos naturales y sus implicancias en la
política y economía de cada nación.
La propia discusión muestra que no es una
cuestión banal o una manía de los académicos. Alrededor de estos asuntos están
en juego muchos elementos críticos, tales como las concepciones de desarrollo,
la inserción del país en el comercio global, y el destino de su patrimonio
ecológico. Obliga, además, a identificar distintos modos de entender la
ciencia, la construcción de políticas públicas y los sentidos de la democracia. En todo
eso están los nudos que mantienen bien atado a los extractivismos en el desarrollo
contemporáneo.
Estoy convencido que buena parte de los
intervinientes en estos debates comparten la percepción que las actuales
estrategias son insostenibles. Sin embargo, a mi modo de ver, los problemas no
se solucionarán con medidas de compensación o remediaciones tecnológicas,
mientras se persiste en vender nuestros recursos naturales a la voracidad de la globalización. Estamos
ante prácticas con impactos y derrames más negativos de lo que muchos asumen.
Por lo tanto, todo ese anudado de los extractivismos y el desarrollo debe ser
desatado, para dejar en claro esos efectos como sus riesgos. Esa es una tarea
desafiante, y que sólo es posible con el concurso de amplios sectores sociales.
Referencias
1."Me opongo a las consultas populares
hechas por campañas mediáticas": Brigitte Baptiste, entrevista de A.
Vargas Ferro, La Silla
Vacía , 10 enero 2018,
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/me-opongo-las-consultas-populares-hechas-por-campanas-mediaticas
2.Por ejemplo, en la región de Yasuní, en la
Amazonia de Ecuador, esos caminos impactaron sobre la biodiversidad, generaron
efectos “borde”, alteraron la composición de especies, y algunos grupos, como
primates o anfibios, se reducen. En ambientes que no son tropicales, como las
estepas del sur de Argentina, a lo largo de las líneas de estudios sísmicos se
pierde la vegetación original, la recuperación es limitada y se vuelven más
frecuentes las especies exóticas.
WCS. 2006. Efectos de las carreteras sobre la
fauna silvestre en el Parque Nacional Yasuní. Wildlife
Conservation Society, Quito
McCracken, S.
F., y M. R. J. Forstner. 2014. Oil road effects on the anuran community of a
high canopy tank bromeliad (Aechmea zebrina) in the upper Amazon Basin , Ecuador
Fiori, S. M., y S. M. Zalba. 2003. Potential impacts of petroleum exploration and exploitation on
biodiversity in a Patagonian Nature Reserve, Argentina
3. Una introducción a toda esta compleja
temática en Orszulik, S. 2016. Environmental
technology in the oil industry, 2da edición. Springer, Heidelberg
4. Arellano, P.
et al., 2015. Detecting the effects of hydrocarbon pollution in the Amazon
forest using hypersectral satellite images. Environmental Pollution 205:
225-239.
5. Abdel-Shafy,
H.I. y M.S.M. Mansour. 2016.
A review on polycyclic aromatic hidrocarbons: source,
environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal
Petroleum 25: 107-123.
6. La deforestación resulta de efectos directos
de la explotación petrolera como asociados ya que los caminos son usados por
otros actores involucrados en la tala ilegal, tráfico de fauna o la agricultura. Véase
por ejemplo a Fontaine, G. 2003. Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador:
reglas de juego. FLACSO y GPA Petroecuador, Quito.
7. El caso más conocido está resumido en The
Texaco-Chevron Case in Ecuador, EJOLT, Fact Sheet 42, 2015. Ver además, para
Bolivia, Mamni, W. y colab., 2003. Contaminación del agua e impacto por
actividad hidrocarburífera en la Serranía Aguaragüe. PIEB , La Paz
8. O’Rourke, D.
y S. Connolly. 2003. Just oil? The distribution of environmental and social
impacts of oil production and consumption. Annual Review Environmental Resources 28:
587-617.
9. Por ejemplo, el controvertido Oleoducto de
Crudos Pesados en Ecuador impacta en las aves, especialmente en frugívoros e
insectívoras. Tellkamp, M. P. et al., 2004. Preliminary
results about the short term impacts of the construction of the crude oil
pipeline in Northwest Pichincha . Lyonia 6:97–125.
10. Campanini, J. y colab. 2014. Los límites
de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el
Aguaragüe. Informe OMAL No 12, Cochabamba.
11. Esto se analiza en Gudynas, E. 2014.
Sustentación, aceptación y legitimación de los extractivismos: múltiples
expresiones pero un mismo basamento. Opera, Bogotá,
14: 137-159.
12. Lessmann, J.
et al., 2016. Large expansion of oil industry in the Ecuadorian Amazon:
biodiversity vulnerability and conservation alternatives. Ecology and Evolution
6(14): 4997-5012.
13. Datos del
CAIT del World Resources Institute, resumidos en Greenhouse gas emissions in Colombia
14. Ekwurzel,
B., y colab., 2017. The rise in global atmospheric CO2, surface temperature,
and sea level from emissions traced to major carbon producers. Climatic Change 144:
579-590.
15. Me opongo a las consultas populares …;
entrevista citada en la nota 1.
16. IEA: Oil,
Gas R&D Investment Stumbles, Despite Technology Benefits, V. Addison,
E&P (Exploration & Production) Magazine, 11 Julio 2017,
https://www.epmag.com/iea-oil-gas-rd-investment-stumbles-despite-technology-benefits-1642791#p=full
17. Frynas, J.G.
2005. The false developmental promise of Corporate Social Responsibility:
evidence from multinational oil companies. International Affairs 81 (3): 581-598.
18. Un buen ejemplo se registra en Ecuador:
Kimerling, J. 2001. International standards in Ecuador Columbia
19. Cisneros, P.
y L. Christel. 2014. The democracy deficit of corporate social responsibility
in post-neoliberal times: an analysis of the Argentinian and Ecuadorian
experiences. Journal Cleaner Production 84: 174-182.
20. Vése O’Rourke y Connolly, 2003, en la nota
8.
21. Por ejemplo, en Perú se padecen muchos
derrames por roturas de oleoductos, a un promedio de uno cada 3 meses. Hay medios que sostienen que la principal causa es el
sabotaje, pero evaluación reciente muestra que al menos el 60% se deben a otras
razones, entre ellas malos mantenimientos por las empresas. Asimismo, mientras
las empresas afirman dice que esos derrames no afectan el ambiente, las
evaluaciones independientes muestran su daño sobre la fauna y flora. Véase J.C.
Ruiz M. y colab., Mitos y verdades sobre los derrames de petróleo en el Perú,
IDL, Justicia Viva, 27 octubre, Lima,
http://www.justiciaviva.org.pe/new/mitos-y-verdades-sobre-los-derrames-de-petroleo-en-el-peru/
Honty, G. Perú: 60 derrames en 15 años. ALAI
(Agencia Latino Americana de Informaciones), 10 marzo 2016, Quito,
https://www.alainet.org/es/articulo/175970
22. Después de 3 días apareció explicación de
Perenco Colombia Limited sobre derrame de crudo, Prensa Libre Casanare, 21
Junio 2017, http://prensalibrecasanare.com/industriapetrolera/25735-despuys-de-3-dnas-apareciu-explicaciun-de-perenco-colombia-limited-sobre-derrame-de-crudo.html
Derrame de petróleo ocasiona desastre
ambiental en Yopal, W Radio, 22 junio 2017, http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/derrame-de-petroleo-ocasiona-desastre-ambiental-en-yopal/20170622/nota/3500128.aspx
23. Véase por ejemplo la guía sobre
tecnologías de control ambiental petrolero de Wojtanowicz, A.K. Environmental
control technology for oilfield processes, En: Environmental technology in the
oil industry (S. Orszulik, ed). Springer, Heidelberg.
24. Esta posición corresponde con la llamada
“ciencia posnormal”; véase Funtowicz, S.O. y J.R. Ravetz. 2000. La ciencia
posnormal. Icaria, Barcelona.
25. La Procuraduría pidió frenar el pozo
estrella de Ecopetrol, M.P. Rubiano, El Espectador, Bogotá, 4 setiembre 2017,
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-procuraduria-pidio-frenar-el-pozo-estrella-de-ecopetrol-articulo-711519
26. Vallejo, M.C. y colab. 2011. La iniciativa Yasuní-ITT
desde una perspectiva multicriterial. PNUD y FAO, Quito.
27. Distintas implicancias económicas se
analizan en Gudynas, E. 2015. Extractivismos, economía y política de un modo de
entender el desarrollo y la naturaleza. CEDIB y CLAES, Cochabamba.
28. La definición de extractivismos, y un
resumen de la distinción entre sus impactos y derrames en Gudynas, E. 2015.
Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame. La Revista, boletín
Sociedad Suiza Americanistas, 76: 13-23. Un análisis más detallado en Gudynas,
citado en la nota 27.
29. Un ejemplo de esas prácticas son los
llamados “foros híbridos”; véase Callon, M, P. Lascoumes y Y. Barthe. 2011. Acting in an uncertain world. An essay on technical democracy. MIT Press, Cambridge.
Eduardo Gudynas es analista en temas de
ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).
Una primera versión de este artículo se publicó en Palabras al Margen
(Colombia), No 122, 31 enero 2018. Blog del autor: www.accionyreaccion.com ;
twitter: @EGudynas.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237767
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